Río+20: el futuro que NO queremos

Veinte años han pasado desde Río 92. En la misma línea en que se había planteado la Conferencia de Río+20 de junio de 2012 [1] se han ido celebrando a lo largo de estas dos décadas encuentros internacionales para evaluar los progresos y desarrollar programas de refuerzo. [2] Sin embargo, la declaración final se limita a vagas y suavizadas alusiones al progreso “insuficiente” y “desigual”. Una de las primeras cosas que podemos concluir de Río+20 es, por tanto, la falta de preparación (y tal vez también de honestidad) de los líderes para reconocer tanto la dimensión de la crisis en que el planeta está inmerso como la urgencia del cambio. Una crisis global precisa una visión global, y ésta ha brillado por su ausencia. [1]: Ver: www.uncsd2012.org. [2]: Río+5 en Nueva York, Río+10 en Johanesburgo, reuniones anuales de la Comisión de Desarrollo Sostenible, etc.

El foco del debate ha estado en la llamada “economía verde”, término promovido por las economías ricas y por Naciones Unidas que pretendía recibir en esta conferencia algo así como el marchamo de “ofi cialidad” o una especie de bendición política internacional. En los meses previos se pretendió allanar el camino, promoviendo una revisión a la baja de los derechos básicos y un debilitamiento de principios ya consolidados en Río 92, lo que facilitaría el proceso de mercantilización sobre los recursos más esenciales.

Foto: Jairo Marcos

Así, durante el proceso de elaboración del borrador la postura de algunos países hizo peligrar varias referencias al derecho humano al agua.[1] El derecho a la alimentación y a la nutrición adecuada (y algunos más) llegaron sin consensuar. También algunos de los principios más elementales aprobados en Río 92, como el de responsabilidades comunes pero diferenciadas, fueron atacados en el proceso, así como varias referencias a la equidad. Todo esto provocó la indignación de las ONG, pero también de otros grandes grupos de Naciones Unidas, como el de Mujeres o el de Sindicatos.[2]

Estos elementos fueron finalmente más o menos restituidos en el acuerdo. Éste es casi uno de los pocos avances reseñables, aunque el contar como avance principal un mero “no retroceso” habla por sí solo de los resultados.

ECONOMÍA VERDE

La “economía verde” es un concepto ambiguo cuyo grado de concreción ha sido uno de los ejes de disputa de la Conferencia. La ONU la defi ne como una economía “baja en carbono, eficiente en recursos y socialmente inclusiva”. [3] Estos objetivos son, además de insufi cientes, un brindis al sol. No hay nada que ponga en cuestión las bases de funcionamiento del capitalismo, nada que permita apartarnos de una tendencia de acumulación y concentración de la riqueza, nada que permita alterar las actuales relaciones de poder ni la obtención del máximo benefi cio como objetivo…

Considera que valorar económicamente los aspectos ecológicos y sociales va a permitir la preservación de los mismos. Como afi rma claramente el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la transición a una economía verde pasa por que las grandes corporaciones e inversionistas la encuentren atractiva. Se convierte así la crisis ecológica en una oportunidad de negocio y deja fuera asuntos como la justicia ambiental y social, la distribución de la riqueza, la deuda ecológica y el acaparamiento de tierras. Además, sienta las bases para un nuevo ciclo de financiarización de la economía, basado esta vez en la conversión de los recursos naturales y las funciones ecosistémicas en activos financieros.

Foto: Erika González.

Los países del G77[4] han rechazado en cierto modo esta visión, que se refiere a la naturaleza como el “capital natural”, y han sido más proclives a que este nuevo concepto sea algo que cada país dote de contenido según su propio criterio. Quizás por eso en el texto final la economía verde no queda identificada como la herramienta clave para la consecución del desarrollo sostenible con la fortaleza que algunos actores, como la Unión Europea, pretendían. A pesar de todo, éste seguirá con su agenda, extendiendo prácticas como los mercados de carbono o los programas de reducción de emisiones de la deforestación y la degradación de bosques (REDD) a otros campos.

Veinte años después los líderes mundiales han vuelto a cometer el mismo error: situar el crecimiento económico en el lado de las soluciones en lugar de en el de las causas, ignorando nuevamente los límites del planeta. Incluso, llega a justifi car el que no se haya avanzado más en materia de desarrollo sostenible por las “múltiples crisis económicas, financieras, de alimentos…”, como si se trataran de desastres naturales sobrevenidos e independientes del funcionamiento del sistema.

El texto acordado, en contra de lo que su nombre quiere reflejar, trata en realidad del futuro “que no queremos” y del futuro “que no será”, del futuro imposible, en tanto en cuanto no definamos correctamente los problemas.

ESTADOS, ONU Y EMPRESAS EN RÍO+20

El proceso de construcción de la conferencia de Río+20 ha estado marcado por un gran desinterés por parte de los Estados. Algunas y algunos de los más destacados no asistieron, como Barack Obama, Angela Merkel o David Cameron. Otros acudieron, pero más motivados por agendas paralelas que por la propia conferencia.

Mayor ha sido el interés de las multinacionales, que han visto en Río+20 una ocasión jugosa para sacar provecho de la crisis ambiental. Las empresas se han dedicado a abogar por sustituir las regulaciones por códigos de buenas prácticas y los requisitos legales por directrices, así como a presionar a los gobiernos para que cuestionen los derechos más esenciales.

Esto ha provocado una fuerte crítica por parte de la sociedad civil, que ha denunciado la cooptación de la agenda de Naciones Unidas por parte de las corporaciones.[5] La ONU carece en la actualidad [6] de un mecanismo de control sobre las actividades de las multinacionales pero, además, los grupos de presión tienen cada vez mayor incidencia en las posturas de los gobiernos nacionales y en las negociaciones multilaterales. También son más fuertes en determinados espacios de discusión y organismos de la propia ONU, que se embarcan en dudosas asociaciones con el sector privado.[7]

PARTICIPACIÓN CIVIL EN LA CUMBRE OFICIAL

El evento de Río+20 se quiso presentar a la sociedad como un proceso más participativo que nunca. Es cierto que por primera vez cualquier persona individual o cualquier ONG pudo hacer contribuciones al borrador cero, pero no es menos cierto que la infl uencia de estas contribuciones ha sido muy escasa. Espejismo participativo. Los Diálogos del Desarrollo Sostenible, por ejemplo, fueron un espacio mixto que pretendía sentar en la misma mesa a la sociedad civil, a la comunidad científica y a los sectores público y privado para pensar “soluciones” en torno al desarrollo sostenible. No tuvieron ninguna
incidencia en la agenda.

En cualquier caso, el papel jugado por las ONG en el proceso oficial en los meses previos a la conferencia ha sido muy importante para crear una barrera de contención y control de daños. Para un trabajo verdadero sobre alternativas, la Cumbre de los Pueblos fue el espacio elegido por la sociedad civil, al grito de “¡Ven a reinventar el mundo!”.

CUMBRE DE LOS PUEBLOS

Durante la Cumbre de los Pueblos, celebrada de forma paralela a la conferencia oficial, las organizaciones de la sociedad civil lanzaron una campaña internacional para avanzar hacia un marco político y normativo que permita limitar la capacidad de acción de las multinacionales y dilucidar sus responsabilidades, llegando a juzgar sus violaciones ambientales y sociales en numerosos países como crímenes contra la humanidad.[8]

Desde algunas de las organizaciones han surgido iniciativas interesantes para influir en la agenda ofi cial. Los tratados de sostenibilidad de los pueblos[9], por ejemplo,  proporcionan una plataforma para que las organizaciones plasmen de forma conjunta en formato de “futurible” tratado su visión para un mundo sostenible. También merece la pena destacar el trabajo de varias organizaciones en The Access Initiative (TAI) [10], dirigido a lograr un nuevo convenio internacional sobre información ambiental, participación pública y acceso efectivo a la justicia.

La Cumbre de los Pueblos en Río+20 por la justicia social y ambiental, contra la mercantilización de la vida y en defensa de los bienes comunes” fue organizada por la sociedad civil global, guiada por el comité facilitador de la sociedad civil brasileña. [11] Ha sido un espacio libre de corporaciones y que ha pretendido visibilizarse como “un proceso de acumulación histórica y convergente de luchas locales, regionales y globales que tienen como marco político la lucha anticapitalista, clasista, anti-racista anti-patriarcal y anti-homofóbica”.

El reto era el de trascender la imagen de maremágnum de pequeñas o grandes luchas y campañas aisladas, el modelo que ha dominado hasta ahora los foros sociales, para lograr una expresión de unidad, captar la atención de los Estados y erigirse en alternativa coherente. En parte lo ha logrado, se ha producido un avance cualitativo en la forma de presentar las resistencias.

Ha quedado también muy patente, como ya hemos señalado, la crítica a la captura corporativa de la agenda política. También se ha reivindicado la necesidad de nuevos paradigmas alternativos al capitalismo, basados en el respecto a los bienes comunes, en el derecho de acceso a los recursos, en los derechos de la naturaleza y de las generaciones futuras, en la economía solidaria, en la soberanía alimentaria, en los cuidados, o en el decrecimiento, desde la convicción de que otro mundo todavía es posible. La declaración final de la Cumbre fue entregada al Secretario General de naciones Unidas, Ban Ki-moon, el día del cierre de la Conferencia oficial.


Samuel Martín-Sosa Rodríguez es responsable de Internacional de Ecologistas en Acción.

Este artículo ha sido publicado en el nº 53 de Pueblos – Revista de Información y Debate – Tercer trimestre de 2012.

Publicado también en euskera. Dosier “Ingurune justizia eta garapena” – 53 zenbakia – Hirugarren hiruhilekoa – 2012


[1]: La ONU aprobó en 2010 la resolución A/64/L.63/Rev.1, que contempla el derecho humano al agua y al saneamiento.
[2]: www.ipetitions.com/petition/rightsatrisk. Ver noticia “Alta Comisionada para los Derechos Humanos insta a los estados a introducir los derechos humanos en Rio +20” en www.unric.org. “An Open Letter from Special Procedures mandate-holders of the Human Rights Council to States negotiating the Outcome Document of the Rio+20 Summit”, ver en www.ohchr.org.
[3]: PNUMA (2011): Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Síntesis para los encargados de la formulación de políticas. Informe disponible en: www.unep.org/greeneconomy.
[4]: Ver: www.g77.org.
[5]: Declaración conjunta de la sociedad civil “No más control y cooptación empresarial de las Naciones Unidas”. El texto puede descargarse a través de la web de Ecologistas en Acción, www.ecologistasenaccion.org.
[6]: Desde la década de los 70 hasta 1993 existió la Comisión sobre Empresas Transnacionales, encargada entre otras cosas de supervisar el sector privado a nivel global. Desapareció por la presión de las empresas sobre los gobiernos.
[7]: Hay ejemplos de asociaciones entre grandes corporaciones y organismos como UNICEF, PNUD, OMS, UNESCO o PNUMA. Para más información se puede consultar el informe Liberemos a la ONU de la cooptación empresarial, editado en 2012 por Amigos de la Tierra Internacional.
[8]: Agencia Latinoamericana de Información (2012): Capital transnacional vs.  Resistencia de los pueblos. Disponible en www.tni.org.
[9]: Ver: sustainabilitytreaties.org.
[10]: Ver: www.accessinitiative.org.
[11]: Este comité agrupa a una amplia gama de organizaciones brasileñas que actúan en varias áreas, como los derechos humanos, desarrollo, empleo, medio ambiente y sostenibilidad.


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