La guerra silenciosa del extractivismo

El pasado mes de julio, con menos de una semana de intervalo, fueron asesinadas Gloria Capitán, en Filipinas y Lesbia Yaneth en Honduras. Ambas tenían en común ser activistas destacadas en defensa de su comunidad frente a proyectos extractivos. Ambas se enfrentaban a intereses empresariales que no dudan en incluir la violencia en su estrategia y que cuentan con la protección y cobertura de sus respectivos gobiernos.

Ambos asesinatos, a uno y otro extremo del Pacífico, constituían un fiel reflejo de una guerra silenciosa[1] global, que enfrenta en diferentes continentes a cientos de alianzas comunitarias locales en defensa de su territorio y sus bienes naturales, con entramados económico-financieros de corporaciones transnacionales, a los que los Estados de turno ofrecen sus servicios de seguridad y protección legal.

Estamos ante la sombra alargada del metabolismo del capitalismo financiero del siglo XXI, en el que el 1% de la población mundial posee tanto dinero líquido o invertido como el 99% restante de la población mundial. Y en el que el valor nominal de los derivados financieros supera en 10 veces el valor del PIB mundial.

Dicho metabolismo demanda continua y crecientemente toda clase de materias primas, algunas cada vez más escasas, y la presión sobre los territorios que las albergan se hace cada  vez más irrefrenable. En este contexto tenemos identificados al menos tres graves focos de conflictos bélicos: en Oriente Próximo, en todo el centro de África y en Ucrania. Incluso los grandes medios de comunicación reconocen, aunque con la letra pequeña, que todos ellos son, en el fondo, conflictos por los “recursos naturales”.

Antimotines al servicio de las industrias extractivas. Protegiendo la maquinaria y no la Vida. La Puya (Guatemala), 23 de mayo de 2014. Fotografía: Ricard Busquets.

Antimotines al servicio de las industrias extractivas. Protegiendo la maquinaria y no la Vida. La Puya (Guatemala), 23 de mayo de 2014. Fotografía: Ricard Busquets.

Pero además existe esa otra guerra, más dispersa y silenciosa, de cientos de conflictos locales, con una serie de rasgos sistemáticamente repetidos y con un goteo constante de víctimas mortales y de muchísimas otras víctimas heridas en su integridad física, psicológica, en sus derechos, criminalizadas, desposeídas de sus territorios y medios de vida. Es una guerra declarada por los grandes poderes financieros y ejecutada por empresas transnacionales, encargadas de generar beneficios a partir de la extracción masiva de bienes naturales para su transformación industrial en “bienes de consumo”, pero, en muchas ocasiones, simplemente para su especulación en los mercados financieros.

Las víctimas de estos conflictos (ya sea en guerras declaradas o en la silenciosa) son sacrificios humanos (muertes, despojo, desplazamientos forzosos, persecuciones…), que demanda en grandes cantidades al único dios verdadero al que veneran todos los señores de la guerra y todos los mercados, ya sea en China, en el Golfo Pérsico, en Rusia, en Israel, en Europa, en EEUU o Brasil: el capitalismo financiero.

Las víctimas de los conflictos ambientales 

La organización británica Global Witness nos ofrece cada año a principios del verano un informe que podríamos considerar en buena medida como un parte de esta guerra silenciosa. En el Informe de 2015, presentado el junio pasado bajo el título de En terreno peligroso[2], apuntaba algunos datos y tendencias clave comunes a esta otra guerra en diferentes continentes y en diversidad de contextos locales:

  • “185 activistas ambientales fueron asesinados en el año 2015, la cifra anual más alta que se ha registrado, con una media de más de tres por semana. Esa lamentable cifra representa un aumento de un 59% respecto a 2014, que, a su vez, había aumentado un 20% respecto a 2013”. Prácticamente 2/3 partes de los asesinatos ocurrieron en Centroamérica y Sudamérica: Brasil (50), Colombia (26), Perú (12), Nicaragua (12), Guatemala (10), Honduras (8) y México (4). Fuera de este área, Filipinas (33), República del Congo (11), India (6) e Indonesia (3) son los países que han registrado más casos.
  • “La minería es el sector más relacionado con asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente, con 42 casos. La agroindustria, las presas hidroeléctricas y la tala son otras de las principales causas”.
  • “En este informe se saca a la luz la inmensa vulnerabilidad de los pueblos indígenas. Casi un 40 % de las víctimas de 2015”.
  • “De entre los casos bien documentados, encontramos 16 relacionados con grupos paramilitares, 13 con el ejército, 11 con la policía y 11 con guardas de seguridad privados, lo que implica claramente que el Estado o las empresas están relacionados con los asesinatos”.

Honduras es el país con más víctimas y más impunidad de los crímenes teniendo en cuenta los datos acumulados de la última década.

Una de las objeciones que se puede poner a los informes de Global Witness es su “ceguera de género”. No encontramos datos segregados, ni valoraciones sobre el impacto diferencial, ni los fenómenos concretos de violencia (y sus implicaciones) de los que son objeto las mujeres defensoras de la vida y el territorio. Por tanto, nos dejan sin la observación de una importante parte de esta realidad.

A este respecto otras organizaciones como la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo o la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras llaman la atención sobre aspectos que no pueden ser obviados: “Las defensoras de derechos humanos son atacadas por lo que son, su identidad de género, y por lo que hacen. Enfrentan el mismo tipo de riesgos que el resto de activistas. Sin embargo, como mujeres, también están expuestas a la violencia y los riesgos específicos relacionados con su género, y son objeto de violencia porque desafían las normas y los estereotipos existentes.

La criminalización de sus luchas, el aumento de los poderes fácticos de actores no estatales, los ataques virtuales derivados del uso de nuevas tecnologías y las violencias y discriminación al interior de sus propios movimientos y familias, las colocan en una situación de riesgo que afecta su seguridad y su derecho a defender”.

Violento desalojo de la resistencia pacífica anti-minera de La Puya (Guatemala). Fotografía: James Rodríguez.

Violento desalojo de la resistencia pacífica anti-minera de La Puya (Guatemala). Fotografía: James Rodríguez.

Y definen como “componente de género” estos fenómenos característicos y añadidos en la violencia hacia las mujeres en contextos de conflictos por el territorio, fenómenos tan reales y necesarios deben ser abordados, como los que describe Global Witness en sus informes.

El extractivismo en la base del capitalismo global

Eduardo Gudynas define el extractivismo como la “extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, orientados esencialmente a ser exportados como materias primas sin procesar”. “Independientemente de su extensión, por lo general, el extractivismo se expresa en nuestros países bajo las llamadas ‘economías de enclave’. Éstas se asemejan a una ‘isla’, con escasas relaciones y vinculaciones con el resto de la economía nacional. Esto se debe a que buena parte de sus insumos y tecnologías son importados, una proporción significativa de su personal técnico también es extranjero, y a su vez, no nutren cadenas industriales nacionales”.

“Redes de producción y comercialización internacional, con entramados de flujos, nodos e interconexiones internacionales donde se procesan los recursos naturales, se manufacturan bienes intermedios y finales, y se los comercializa, hasta su consumo final”[3].

La Unión Europea es una región extremadamente dependiente de todo tipo de bienes naturales. Tiene la peor proporción entre demanda de materias primas y disponibilidad de ellas en su propio territorio. Por eso en los últimos años la Comisión Europea ha aprobado diferentes informes y estrategias para la protección de sus intereses al respecto en todo el mundo.

“Europa importa el 100% de muchas de las materias primas que necesita su industria, ya que la producción interna, por ejemplo de metales, se limita a tan sólo un 3% aproximado de la producción mundial”[4].

Además, “se espera que la extracción global de recursos se incremente de 58 billones de toneladas en 2005 a más de 100 billones de toneladas en 2030, un 75% en 25 años”[5].

Uno de los medios más eficaces para defender el “derecho” de la Unión Europea a extraer materias primas y despojar a las comunidades de diferentes continentes han sido los sistemas de protección de las inversiones transnacionales, que garantizan los acuerdos comerciales o Tratados (llamados) de Libre Comercio. Por tanto los TLC son herramientas esenciales en la dinámica del extractivismo global.

“Es llamativo que la estrategia prevé que tres actores trabajen conjuntamente para el desarrollo de estos pilares: la Comisión, los “Estados Miembros” (es decir, sus gobiernos) y la industria. No desean los incómodos controles de los parlamentos o, peor aún, de la sociedad civil y de las asociaciones no gubernamentales que desde años trabajan para unas relaciones comerciales justas entre países ricos y países empobrecidos. Su objetivo es garantizar el acceso a los mercados de países emergentes a las empresas de la UE, a través de tratados comerciales bilaterales orientados a la protección de sus intereses”[6].

Solidaridad internacional y defensa de la sostenibilidad de la vida

El caso de Berta Cáceres, la dirigente del COPINH asesinada el pasado 3 de marzo en Honduras ha servido, por lo menos, para sacudir conciencias y para atraer la atención hacia la guerra silenciosa y hacia algunas de estas características que la definen. Ha servido también para poner luz a los entramados de intereses que existen detrás de estos episodios de violencia. Unos entramados con ramificaciones que nos son muy cercanas.

Más allá del foco de atención inicial sobre la empresa local DESA, que estaba imponiendo su proyecto de represa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque, frente a las comunidades indígenas lencas que llevaban casi una década de persistente defensa de su territorio ancestral, nos encontramos con fondos de inversión holandeses y finlandeses, ambos con participación pública, o con la empresa alemana Siemens.

Un aspecto clave para la solidaridad internacional y para la defensa de los DDHH es la capacidad por establecer esta trazabilidad de las responsabilidades en las vulneraciones de DDHH y en el despojo de comunidades en cualquier lugar del mundo.

Extender la conciencia de que estamos ante un fenómeno global, no solamente porque sucede en diferentes continentes a la vez y con unas pautas claramente comunes, sino porque los episodios de violencia que despiertan nuestra solidaridad, forman parte de un fenómeno sistémico, el extractivismo, con unos entramados globales y ramificaciones de actores e intereses, que nos apelan directamente.

Por tanto, la solidaridad internacional ante estos fenómenos graves y crecientes de vulneración de DDHH implica la denuncia de actores transnacionales privados (en muchos casos con inversión pública directa o mediante la protección jurídica de los TLC). Supone abrir el foco público hacia estos entramados y su dinámica que, por supuesto, prefieren siempre permanecer en la penumbra. Se trata, pues de una estrategia solidaria con un doble horizonte:

En primer término la protección de las personas criminalizadas, perseguidas, amenazadas por ejercer sus legítimos derechos a defender sus territorios y sus comunidades, y la denuncia de todo el entramado del extractivismo hasta llegar a sus orígenes (que a menudo son los mismos actores que presionan para la vulneración y los recortes de derechos en nuestros propios países).

En segundo término, un trabajo más de fondo para dejar claro que no solamente “otro mundo es posible”, sino imprescindible. En términos de lo que planteaba el manifiesto “Última llamada”, que ahora cumple justamente dos años:

“Es fundamental que los proyectos alternativos tomen conciencia de las implicaciones que suponen los límites del crecimiento y diseñen propuestas de cambio mucho más audaces. No bastan políticas que vuelvan a las recetas del capitalismo keynesiano. Un nuevo ciclo de expansión es inviable: no hay base material, ni espacio ecológico y recursos naturales que pudieran sustentarlo.

Deberíamos ser capaces de ganar grandes mayorías para un cambio de modelo económico, energético, social y cultural. Además de combatir las injusticias originadas por el ejercicio de la dominación y la acumulación de riqueza, hablamos de un modelo que asuma la realidad, haga las paces con la naturaleza y posibilite la vida buena dentro de los límites ecológicos de la Tierra”[7].


Àlex Guillamón es coordinador de Entrepueblos.

Artículo publicado en el nº71 de Pueblos – Revista de Información y Debate, cuarto trimestre de 2016.


NOTAS:

  1. Este término fue acuñado por el novelista peruano Manuel Scorza para describir los conflictos que enfrentaron a comunidades andinas con hacendados y empresas mineras en los 60.
  2. Global Witness (2015): En terreno peligroso. Londres.
  3. Gudynas, E. (2013): Extracciones, extractivismos y extrahecciones. Observatorio del Desarrollo (CLAES), Montevideo.
  4. Rubio, G. (2011): Saca el metal y corre. Los países emergentes, la Unión Europea y las materias primas no energéticas del Sur global. Salva la Selva.
  5. The raw materials initiative – meeting our critical needs for growth and jobs in Europe (2008), Comission of European Communities, Bruselas.
  6. Guainazzi. M. (2009): La Unión Europea, ¡a por los pobres! Observatorio de Servicios Públicos de ATTAC-Madrid.
  7. “Manifiesto última llamada”, VV.AA., 2014.

 


 

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