Berta no murió, se multiplicó…

“Fui a las comunidades lenca para dar un curso sobre energías renovables, organizado por el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), y Berta me ofreció su casa”, relataba Gustavo Castro. “Estuvimos hablando en el porche de su casita hasta tarde; y finalmente nos retiramos a dormir. Estaba trabajando con el ordenador, en mi cama, cuando se oyó un fuerte golpe. Habían tirado la puerta de la cocina. Al momento se abrió bruscamente la puerta de mi habitación y me vi encañonado, mientras oí a Berta enfrentar a sus agresores; varios disparos y cuando quien me apuntaba a la frente hizo el gesto definitivo de disparar, me encogí instintivamente y me tiré al suelo. El disparo me atravesó la oreja y la mano con la que me tapaba la cara. Me dieron por muerto y salieron huyendo”. Gustavo Castro es un buen amigo de Chiapas, dirigente muy conocido y reconocido del MAPDER, que lucha contra las grandes presas en México. Habían pasado varias semanas, pero aún se estremecía al contarlo, allá en la embajada mexicana en Tegucigalpa, donde la embajadora, Dª Dolores Jiménez, le protegió durante más de un mes, salvándole sin duda la vida.

El asesinato de Berta Cáceres Flores no ha sido el único. Antes que ella, 130 líderes y lideresas comunitarias, abogados y periodistas habían sido asesinados en Honduras desde el golpe de Estado de 2009. Asesinatos en su mayoría relacionados con la lucha de las comunidades indígenas y garífunas frente a proyectos de minería, grandes presas, negocios madereros y acaparamiento de tierras para actividades agroexportadoras.

Berta lideraba desde el COPINH la resistencia del pueblo lenca frente al proyecto de presa hidroeléctrica de Agua Zarca, promovida por una empresa hondureña, DESA, vinculada a miembros del Gobierno y del ejército, y financiada por la corporación alemana Voith Siemens, el banco holandés FMO (Netherlands Development Finance Company), el finlandés Finnfund (Finnish Fund for Industrial Cooperation) y el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica), en el que España tiene participación directa. Ante el escándalo internacional que supuso el asesinato de Berta (Premio Goldman 2015), el FMO decidió suspender “temporalmente” sus operaciones en Honduras, mientras crece la presión sobre los demás bancos, y la exigencia al Gobierno para que acepte una investigación independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En un mundo en el que las vetas de muchos minerales, como el oro, prácticamente se han agotado, pasando a ser rentable asolar territorios enteros para obtener un gramo de oro por tonelada de material dinamitado; en el que el acaparamiento de tierras empieza a ser un negocio global y los bosques y ríos vivos, que aún existen, suscitan la codicia de las transnacionales; la defensa del territorio ha pasado a ser cuestión de vida o muerte para muchas comunidades campesinase indígenas.

Bajo el argumento de promover el desarrollo, grandes corporaciones, instituciones financieras internacionales y grandes potencias, como EEUU, UE, China o Canadá, vienen promoviendo, con la colaboración de los respectivos Gobiernos, planes de desarrollo y supuestos programas de ayuda, al amparo de tratados internacionales, que se basan en la entrega de los recursos naturales y del territorio mismo, como clave de ese pretendido desarrollo. En el caso de Honduras, este marco viene presidido por el Acuerdo de Asociación UE–Centroamérica; la Alianza para la Prosperidad; el Tratado de Libre Comercio EEUU-República Dominicana y Centroamérica-DR-CAFTA; y en un futuro próximo, posiblemente, el Tratado Transpacífico-TPP.

La tragedia ya no radica sólo en el expolio de recursos naturales, sino en la destrucción misma de ecosistemas y territorios. El problema no reside sólo en que las transnacionales se lleven el petróleo, el oro u otros minerales, sino en lo que queda detrás: valles asolados y relaves mineros que envenenarán por siglos las cabeceras fluviales; ríos muertos en los que desapareció la pesca para siempre y fondos de valle inundados en los que nunca más volverán a vivir las comunidades que los habitaron desde antes de que llegaran los españoles; bosques arrasados por empresas madereras que pasan a ser pastizales y cultivos de exportación en manos de grandes hacendados y multinacionales, etc.

Un capitalismo cada vez más depredador

Sin ánimo de ser apocalíptico, debemos ser conscientes de la fase en la que se encuentra el modelo de desarrollo capitalista que nos han impuesto y que hemos aceptado: una fase en la que el desarrollo no pasa simplemente por la apropiación desigual de la riqueza, sino por la depredación exhaustiva de los recursos naturales, aún a costa de la sostenibilidad de la vida. Por ello, la bandera tradicional de la justicia social se torna cada vez más en un reto de justicia ambiental, que integra los principios de equidad y sostenibilidad.

Cuando vemos crecer en el mundo la lucha contra las grandes presas, lo que se escenifica, más que la disputa por el recurso agua, es la defensa del territorio y de los ríos. Los pueblos que se oponen a la construcción de grandes presas, no reivindican el agua que fluye por el río, sino el río mismo como fuente de vida; así como los territorios, los fondos de valle, fértiles y acogedores, en los que viven desde hace siglos. Defienden la pesca, la tierra, la alimentación y la salud de sus comunidades. De igual manera que
quienes tienen la desgracia de tener oro bajo sus pies, no ambicionan ese oro, sino que reivindican su derecho a vivir en paz, saludablemente, en sus tierras, que lo fueron de sus ancestros.

Reunión de la Misión con diputados y diputadas de diversos partidos en el Congreso de Honduras. Fotografía: Misión “Justicia para Berta Cáceres Flores".

Reunión de la Misión con diputados y diputadas de diversos partidos en el Congreso de Honduras. Fotografía: Misión “Justicia para Berta Cáceres Flores”.

En Honduras, esta depredación de recursos y territorios se ve descarnadamente exacerbada por la dictadura de facto que impera desde el golpe de Estado de 2009. Desde entonces, el país se ha convertido en el más inseguro de América Latina, especialmente para los defensores y defensoras de los derechos humanos y del medioambiente. Tal y como denunciaba recientemente la Misión Internacional de Observación “Justicia para Berta Cáceres”, de la que tengo el honor de formar parte, impera una falta de independencia del poder judicial, una manifiesta debilidad del Estado de derecho y una desconfianza generalizada de la gente en las instituciones, que no sienten como suyas. En este contexto, la misión identificó una estrategia sistemática de criminalización de los movimientos sociales de defensa de la tierra y de los derechos humanos, como el COPINH y la Red de Defensoras de Derechos Humanos, cuyos dirigentes, a menudo mujeres, son sistemáticamente perseguidas, reprimidas e incluso asesinadas, como fue el caso de Berta, y pocos días después el de Nelson Noé García (dirigente también del COPINH), sin que en ningún caso se haya identificado y castigado a los culpables.

En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado numerosas medidas cautelares a personas en riesgo, entre las que estuvo Berta. Dos informes del Centro para la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) valoran las actuaciones del Estado Hondureño en el desarrollo de esas medidas, así como las amenazas y agresiones sufridas por Berta desde 2013. El primero constata que las medidas de protección fueron tardías, parciales e ineficaces, eludiendo en todo momento investigar las amenazas sufridas por Berta; el segundo de los informes detalla 27 eventos relevantes de agresión o amenaza sobre Berta y el personal del COPINH desde julio de 2013 hasta el día de sus asesinato, explicitando nombres, empresas e instituciones implicadas.

Desde que volví de la misión en Honduras, me emociono con el recuerdo de esa mujer, en plena manifestación, que me cogió fuerte la mano y, mirándome a los ojos, me dijo: “gracias, Sr. Arrojo, gracias por venir; pero cuando vuelvan a sus países, no nos dejen solas… Gritamos que ‘nos tienen miedo, porque no les tenemos miedo’, pero en realidad tenemos mucho miedo. Yo sé que, si se atrevieron a matar a Bertita, a mí me van a violar o matar en cualquier esquina; pero tenemos que seguir, no nos queda otra”. Mientras, se oía a la multitud repetir una y mil veces “¡Berta no murió, se multiplicó!”. Y yo, cada vez que lo recuerdo, como ahora, lloro, y redoblo mi compromiso con aquella señora, con el pueblo hondureño y con los pueblos de América Latina que luchan, pletóricos de dignidad, por la justicia ambiental.

Recientemente se dio a conocer la detención de personas vinculadas a la empresa DESA. Si es así, y a falta de informaciones más precisas, parecería que la presión ciudadana, hondureña e internacional, estaría generando nuevos frutos, en la línea obvia de investigación que el Gobierno hondureño debería haber priorizado y que sin embargo ha venido eludiendo durante todo este tiempo. El primer fruto fue la salida de Gustavo Castro de Honduras, tras un mes de injustificada retención en Honduras. En todo caso, la demora injustificable (2 meses) en el proceso de investigación sugiere todo tipo de sospechas sobre su rigor, razón por la que gana mayor vigencia, si cabe, la demanda de la familia de Berta, del COPINH y de la Misión Internacional de que el Gobierno acepte una investigación internacional independiente por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


Pedro Arrojo Agudo es diputado de Podemos y miembro de la Misión de Observación Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores”.

Artículo publicado en el nº70 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2016.


 

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