El Canal Interoceánico de Nicaragua o cómo entrar en el juego de la geopolítica china

“No habrá oro en el mundo que nos haga ceder en esto, porque el Gran Lago (Lago Cocibolca) es la mayor reserva de agua de Centroamérica y no la vamos a poner en riesgo con un mega-proyecto como un canal interoceánico”. Estas son las palabras de Daniel Ortega, cuando en el 2007, se le preguntó por el proyecto del Canal Interoceánico de Nicaragua. Apenas a cuatro meses de haber retomado la presidencia de la República, su discurso antiimperialista y soberanista, ocupaba sus apariciones públicas. Nueve años después, la realidad se perfila de forma muy diferente.
Los grupos feministas y de mujeres están tomando en Nicaragua un papel protagonista dentro de la sociedad civil como oposición al proyecto bajo el lema: soberanía para mi cuerpo, soberanía para mi país. Fotografía: Rosibel Kreimann.

Los grupos feministas y de mujeres están tomando en Nicaragua un papel protagonista dentro de la sociedad civil como oposición al proyecto bajo el lema: soberanía para mi cuerpo, soberanía para mi país. Fotografía: Rosibel Kreimann.

La idea de construir un canal para unir el océano Atlántico y el Pacífico a través de Nicaragua, estaba ya en la mente de los colonizadores españoles. La idea revolucionaría el transporte marítimo, ahorrando costos y evitando las peligrosas aguas del Cabo de Hornos. Incluso antes de concebirse el Canal de Panamá, inaugurado el 15 de agosto de 1914, Estados Unidos ya había sondeado Nicaragua para la construcción de un canal interoceánico. Los altos costos, desanimaron a los inversores. En 2004 el ejecutivo liberal, bajo la presidencia de Enrique Bolaños, volvió a reconsiderar el proyecto. El presupuesto necesario de 25 mil millones de dólares estadounidenses (25 veces el presupuesto anual de la nación), hizo inviable la propuesta.

Tras varios intentos serios de construir un Canal Interoceánico en Nicaragua, y desde una perspectiva histórica, el Gobierno que consiguiera poner en marcha este megaproyecto, quedaría marcado en la historia. Y su presidente, también.

La ruta del canal, no ha cambiado prácticamente a lo largo de los siglos: entrando por la costa caribe, los barcos de gran calado atravesarían el Lago Cocibolca (Lago Nicaragua) y saldrían de nuevo al océano por la costa pacífica.

La obra, cuya ruta fue anunciada en julio del 2014 (incluso antes de haberse hechos públicos los Estudios de Impacto Ambiental y Social), atravesará el gran lago de Nicaragua. Mientras el punto de entrada en el pacífico será Brito, en el lado del caribe será Punta Gorda. El Canal, que tendrá una longitud de 278 kilómetros, con un ancho que variará entre los 230 y los 520 metros y con una profundidad de entre 26 y 30 metros (casi el doble de profundo y ancho que el de Panamá), estará en servicio a partir del 2020, si todos los planes le salen bien al Gobierno. Es decir, las obras, que ya han comenzado oficialmente a finales del año 2015, deberán tener una duración máxima de cinco añosi.

El Canal de Nicaragua estará ubicado en un lugar ideal entre la costa del golfo de México, Japón y Corea, y permitirá que las empresas multinacionales proveedoras de productos básicos (madera, hierro, petróleo, etc.) puedan transportar sus mercancías en buques Super Post Panamax, ofreciendo la ruta más corta de transporte marítimo entre Asia y muchos puertos de la Costa Este de los Estados Unidos. Nicaragua entraría con este proyecto en el juego geoestratégico mundial.

LA DECISIÓN DEL CANAL Y LAS LEYES “RELÁMPAGO”

Daniel Ortega, presidente de la República y líder histórico del partido de Gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), vuelve al poder en enero del 2007 y retoma la idea de la construcción del canal. La hace viable ante los ojos de la población nicaragüense, que a través de los medios de comunicación oficialistas reciben el proyecto como la única posibilidad de mejorar las condiciones de vida en un país que ocupa el puesto 132 según el Índice de Desarrollo Humano.

Pero es importante revisar cómo se han desarrollado los primeros pasos, para entender la situación de represión por parte del Estado que vive en estos momentos la sociedad civil, personas campesinas y personas indígenas en Nicaragua opositoras al proyecto.

El proceso de la construcción del canal se pone en marcha bajo el auspicio de dos leyes aprobadas en dos sesiones relámpago de la Asamblea Nacional: la Ley 800 aprobada en 2012 y la Ley 840 aprobada en 2013. Ambas leyes, contemplan el “Canal Interoceánico de Nicaragua como prioridad e interés supremo nacional”. O lo que equivaldría a decir, que estas leyes son las que normarán de ahora en adelante en muchos aspectos legales el país, teniendo a nivel legislativo más poder que por ejemplo, instrumentos nacionales de protección de los recursos naturales. Un ejemplo es la Ley General de Aguas Nacionales, que establecía que el lago Cocibolca, “deberá considerarse como reserva nacional de agua potable, siendo del más elevado interés y prioridad nacional para la seguridad su conservación”.

Cinco días después de la publicación de la Ley 840, se publica el Acuerdo Marco de Concesión e Implementación con relación al Canal de Nicaragua (AMC), dónde se normaba que en “el lapso de 18 meses se realice una reforma constitucional para legalizar las disposiciones del mismo”ii con el claro objetivo de cambiar la Constitución de Nicaragua para adaptarse a los intereses corporativos de las empresas involucradas en su construcción. La pregunta en 2016 sigue siendo la misma que en 2012: ¿qué intereses están detrás de una inversión para este gran canal que según datos oficiales del Gobierno tendrá un costo de 50 mil millones de dólares?

Pero el Acuerdo Marco y ambas leyes, no solo han abierto la puerta a la construcción del canal, sino también a la construcción de al menos 10 subproyectos (todavía con una localización no determinada), como los define el artículo 2 de la Ley 840: dos puertos de aguas profundas en cada costa; un oleoducto que conecte las dos áreas litorales del caribe y del pacífico; un canal seco para la construcción de una vía férrea que una los dos puertos de aguas profundas; dos zonas de libre comercio en ambos lados y dos aeropuertos internacionales en dichas zonas. La Ley también regula “que el inversionista podrá determinar así mismo, otra(s) infraestructura(s) necesaria(s) para el desarrollo y operación de uno o más de tales sub-proyectos”, como áreas turísticas, centrales eléctricas, fábricas de cemento y acero, un lago artificial en la costa caribe y otras instalaciones.

Este proyecto está desde luego bien pensado para atraer a las inversiones extranjeras. El Artículo 18 recoge que “el Gobierno deberá compensar completa y oportunamente a cada parte de sub-proyecto por todo los daños o pérdidas sufridas (….) como consecuencia de una declaración de inconstitucionalidad (…) y se deberán tomar todas las medidas alternativas que se necesiten para alcanzar el mismo resultado en términos prácticos y económicos que se buscaba alcanzar a través de la acción u omisión no ejecutada”. Es decir, que si alguna parte del canal o de los proyectos asociados a él no se pueden ejecutar, las empresas involucradas tendrán derecho a recibir por parte del Estado una compensación económica, asegurando la ejecución efectiva de este proyecto. Esto supone que las inversiones, tanto extranjeras como nacionales, se asegurarán una ganancia, o bien realizando el proyecto, o a través de indemnizaciones estatales. Esto es lo que se llama, una apuesta segura.

El discurso oficialista sobre los futuros beneficios económicos para Nicaragua está siendo rebatido, tal y como expone la abogada ambientalista Mónica López Baltodano, férrea opositora al Canal: “con la Ley 840 el proyecto fue privatizado. Se anuló lo establecido en la Ley 800, que garantizaba el 51 por ciento de las acciones del Canal a favor del Estado nicaragüense. Ahora el Estado tendrá solamente el 1 por ciento de las acciones una vez que entre en operaciones el Canal, y tendrá que transcurrir medio siglo para que podamos aspirar al 50 por ciento”iii.

Quizás, la pregunta más importante a la hora de valorar si un proyecto de tal envergadura es realista, en un país con un PIB que en el 2014 era de casi 12 mil millones de dólares (según datos del Banco Mundial), es saber de dónde van a venir los fondos necesarios.

Y es aquí cuando aparece el multimillonario chino Wang Jing, propietario del joven consorcio HK Nicaragua Canal Development Investment Co., Limited (HKC) y que según la revista Forbes, es el decimosegundo empresario más rico de China. Antes de la creación de HKC, su interés principal eran las telecomunicaciones, la minería y la agricultura. Wang crea asimismo en noviembre del 2012 en las Islas Caimán, la empresa HKND Group Holdings Limited (HKND), “compañía exenta y de responsabilidad limitada”, que será a partir de ahora la responsable del proyecto. La otra empresa involucrada en el Canal, sería la Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras S.A., sociedad constituida bajo las leyes de Nicaragua, y adquirida por las empresas filiales de HKNC el 12 de abril del 2013.

El Acuerdo Marco de Concesión determina que “el Gobierno identificó a la empresa extranjera HKND Group como el socio más adecuado para ayudar a Nicaragua a alcanzar sus objetivos con relación al Proyecto (…) estableciendo una relación exclusiva entre las partes en relación al Canal y otros sub-proyectos de infraestructura relacionados”.

No hay mucha información hasta el momento sobre las empresas detrás de este proyecto, ni sobre el origen de las mismas. Tanto el Gobierno nicaragüense como la empresa HKND, están llevando a cabo desde el inicio del proceso, una campaña de desinformación, o mejor dicho, de “no-información”. Ha sido la sociedad civil organizada y grupos de personas del ámbito científico y académico, las que han hecho posible iluminar hasta cierto punto la oscuridad actual.

La abogada López Baltodano, ha logrado determinar que el proyecto del canal se gestiona a través de quince sociedades que forman “una red enmarañada (de empresas) que van “escondiendo” y “diluyendo” la titularidad de las obligaciones con el Estado de Nicaragua lo que dificultaría un escenario futuro de demandas (…). El problema es que todo esto está pasando con el consentimiento del Gobierno”.

Otros datos más para confirmar lo difícil que es entender cómo funciona este proyecto: a finales del 2014, se descubrió que cinco empresas del grupo de Wang están en Islas Caimán, una en Nicaragua, siete en Holanda, una en Hong Kong y la más importante en Beijing. Además, se descubrió otra nueva empresa, la Beijing Dayang New River Investment Managament Ltd., inscrita en Hong Kong con 1.290 dólares de capital y controlada por HKND, y que recibió 10.000 acciones de HKC.

Pero no solo existen inversiones extranjeras que tendrían participación en los beneficios del canal y de los sub proyectos. Una clase elitista nicaragüense, con buenas relaciones con el partido, también podrían beneficiarse con la obra.

Mapa elaborado por el Centro Humbolt

Mapa elaborado por el Centro Humbolt

POSIBLES EFECTOS DEL CANAL INTEROCEÁNICO

La empresa China HKND subcontrató a la consultora inglesa Environmental Resources Management (ERM) para la realización del Estudio de Impacto Ambiental y Social. Dicha empresa, subcontrató a su vez en un periodo récord, a personas expertas nicaragüenses para la realización de estudios de campo, que duraron aproximadamente dos meses. El trazado del canal y su exacta localización se oficializó en unacto en Managua, en julio de 2014. El contenido de los estudios (que por supuesto avalaban su construcción), se hicieron públicos a finales del año 2015. Desde entonces, se han recogida críticas a los mismos desde la comunidad científica nacional e internacional. El documento, por ejemplo, no tiene en cuenta qué sucedería, si se produjera un terremoto, en una región donde la cadena volcánica de los Maribios, que corre paralela a la costa pacífica y que está actualmente activa. O si se produjera de nuevo un huracán como el Mitch, que arrasó la región en 1998.

Los posibles efectos medioambientales (incluso si solo nos concentráramos en los efectos que el propio Canal tendría sin pensar en el resto de los sub-proyectos), serían catastróficos. El dragado del Lago Cocibolca (imprescindible para alcanzar la profundidad de calado necesaria para los barcos), y su salinización, son solo dos de muchos de los efectos negativos sobre las ciudades y comunidades que utilizan su agua, tanto para consumo humano como para riego.

El Canal asimismo, separaría el territorio prácticamente en dos, afectando a las poblaciones, que no tendrían modo de atravesar de norte a sur el país. Este aislamiento, tendría sin lugar a dudas efectos negativos en la fauna y flora (entre ellas muchas especies endémicas que todavía residen en las reservas naturales del país) y en los ecosistemas de bosque húmedo tropical, poniendo en peligro el Corredor Biológico Mesoamericano. Si se evaluaran también los efectos de los sub-proyectos, los impactos ambientales serían tan elevados, que dejarían a la región sin uno de sus países con mayor diversidad.

¿Y si pensamos en los efectos a nivel de la sociedad? Según la empresa HKND, serán al menos 27.000 las personas que tendrán que ser desplazadas. Y estos son datos únicamente referidos al Canal en sí, sin contar los sub-proyectos. Según el Centro Humbolt, entidad independiente que está haciendo públicos estudios propios ante la falta de información, el número podría aumentar hasta las 100.000 personas. La mayoría de los desplazamientos serían forzosos, y dejarían a un elevado número de personas, tanto sin casa como sin tierra, en un país principalmente rural. Aunque la legislación contempla el pago de algunas indemnizaciones, todavía no está claro cómo se haría este cómputo, ni qué personas tendrían derecho a él. Lo único cierto, es que en Nicaragua hay todavía muchas familias que no cuentan con título de propiedad de la tierra tras la fallida reforma agraria. Y si pensamos en las mujeres, sería una situación todavía más dramática, ya que solo un mínimo porcentaje de ellas, cuentan con dicha titularidad.

Nicaragua es, además, un país que cuenta actualmente con gran número de territorios indígenas, sobre todo en la costa caribe, y que se verán afectados por el canal. El día 3 de mayo, se hizo oficial la noticia de que se había firmado un acuerdo entre el representante de la Comisión Nacional de Desarrollo del Gran Canal y el presidente del Gobierno Territorial Rama y Kriol, Héctor Thomas McCrea. A través de este acuerdo, el señor McCrea, habría arrendado a HKND de forma indefinida, 266 kilómetros cuadrados del sureste de Nicaragua, pertenecientes a los Territorios Indígenas Rama y Kriol. El acuerdo será “de obligatorio cumplimiento”, y solamente podrá revisarse 20 años después de su firma. Tras el anuncio de la firma del convenio, personas lideresas indígenas de Bangkukuk, Monkey Point y Wiring Cay han denunciado que no fueron consultadas para la firma.

Aunque es evidente que la construcción del Canal Interoceánico en Nicaragua beneficiará a grupos de poder nacionales y extranjeros, las preguntas sobre quién o quienes son realmente los consorcios detrás del proyecto, y a qué intereses geoestratégicos responden, siguen sin respuesta. Casi desde la aprobación de las dos leyes y el Acuerdo Marco, la población nicaragüense, está dividida entre las personas partidarias y las detractoras del proyecto. El secretismo por parte del Estado y de la empresa adjudicataria de la obra, están evidenciando procesos tan claros de corrupción, amiguismo, y clientelismo, que incluso las personas que confían en que el Canal traerá riqueza al país, exigen más información sobre el mismo. Desde la sociedad civil, asociaciones feministas, personas campesinas, comunidades indígenas, comunidad científica y otros grupos sociales, está habiendo un movimiento activo de movilización en contra del proyecto. La respuesta del Estado: movilización de la policía y del ejército con el objetivo de intimidar a aquellas personas, que ejercen su derecho a manifestarse pacíficamente, como señaló en abril de este año una declaración pública de Amnistía Internacional. Y de hecho, ya se han registrado varios casos graves de violencia policial en contra de las personas manifestantes e incluso, casos de muertes.

Hasta la fecha, se han realizado más de 65 marchas para pedir la derogación de la Ley 840, cuatro de ellas de carácter nacional (la última en abril de este año). Asimismo, se han presentado varias iniciativas ciudadanas para solicitar a la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad en contra de dicha Ley. Ninguna ha obtenido una respuesta afirmativa. Qué pasará con el proyecto y los sub-proyectos es todavía una incógnita, aunque tratándose de un año electoral, seguramente tengamos que esperar hasta noviembre para saber algo más de su avance.


Ruth Vicente es experta en proyectos de medio ambiente y lleva varios años trabajando para la cooperación alemana con Nicaragua.


Notas:

i El Canal de Nicaragua: La bomba geoestratégica de Latinoamérica que cambiará la historia. RT. 4 agosto 2015 (https://actualidad.rt.com/actualidad/182117-gran-canal-nicaragua-bomba-latinoamerica).

ii Enríquez, Octavio: “Telaraña de empresas de maletín tras el Canal”. El Confidencial. 6 noviembre 2014 (http://confidencial.com.ni/archivos/articulo/20075/telarana-de-empresas-de-maletin-tras-el-canal).

iii López Baltodano, Mónica (2014): “Canal Interoceánico: 25 verdades, 40 violaciones a la Constitución”. Nicaragua. Revista Envío. Número 382 (http://www.envio.org.ni/articulo/4793).

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