No hay agua para Palestina

El acceso al agua de la población palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania, está estrictamente limitada por las políticas actuales del Gobierno israelí, afectando enormemente a sus vidas. El presente artículo analiza las principales causas de esta precaria situación hídrica, y explica los efectos que este limitado acceso al agua tiene sobre las vidas de las personas.
Al Rashayida, sureste de Belén (Cisjordania). Fotografía: Arturas Morozovas.

Al Rashayida, sureste de Belén (Cisjordania). Fotografía: Arturas Morozovas.

La distribución del acceso al agua entre Israel y Palestina se basa en unos términos esencialmente injustos. La denegación del derecho al agua de Palestina se ha convertido en un elemento permanente en el marco del Acuerdo provisional Oslo II, que concede a Israel el control sobre prácticamente todos los recursos hídricos compartidos, siendo sólo el 17% del acuífero de la Montaña la única fuente significativa de agua dulce para la población palestina de Cisjordania[1]. Así, se ha creado un régimen hídrico que perpetúa la discriminación en la gestión y asignación de este recurso entre Israel y Palestina. Además de controlar los recursos hídricos subterráneos comunes, Israel también ha denegado a Palestina el acceso al río Jordán (la otra fuente de agua dulce de Cisjordania) y prohibido la utilización de su agua desde la ocupación de Cisjordania en 1967.

En 2015 se cumplió el vigésimo aniversario de los Acuerdos de Oslo II, firmados en 1995 con carácter temporal y que establecían un periodo de transición que no debía superar los 5 años. Veinte años después, la población palestina no está más cerca de hacer efectivo su derecho humano básico al agua. El porcentaje de los recursos hídricos comunes asignado oficialmente a Palestina no ha superado los niveles de 1995 (Acuerdos de Oslo II), a pesar de que la población palestina se ha duplicado desde esa fecha. Es más, en realidad los y las palestinas de Cisjordania tienen acceso a un menor volumen de agua per cápita en los últimos años que cuando se firmaron los Acuerdos, extrayendo del acuífero de la Montaña un volumen de agua entre un 10% y un 20% inferior a los índices establecidos[2], lo cual es resultado directo de las continuas restricciones que Israel impone al desarrollo de una infraestructura hídrica básica en Palestina, y especialmente, a la construcción de pozos.

En consecuencia, la tasa media de consumo de agua para uso doméstico entre la población palestina de Cisjordania se cifra en aproximadamente 40 litros per cápita diarios (l/c/d), cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda que sean 100 l/c/d[3]. En Gaza, el consumo medio diario es de 79 l/c/d, pero la mayoría de este agua está contaminada con nitratos y cloruro, y por lo tanto no es apta para el consumo humano[4]. El insuficiente acceso al agua en Cisjordania y, sobre todo, la deficiente calidad del agua en la Franja de Gaza aumentan el riesgo de que la población palestina se vea aquejada de dolencias y enfermedades e impide que se desarrollen medios de vida sostenibles. Sin embargo en Israel, el consumo medio de agua asciende a 300 l/c/d.

Al Rashayida, sureste de Belén (Cisjordania). Fotografía: Arturas Morozovas.

Al Rashayida, sureste de Belén (Cisjordania). Fotografía: Arturas Morozovas.

Restricciones al planeamiento palestino en Cisjordania

Israel impone su régimen de planeamiento ilegal en la zona C de Cisjordania (abarca más del 60% de Cisjordania y se encuentra bajo el total control civil y militar de Israel). En consecuencia, cualquier tipo de obra de construcción o reparación en la Zona C requiere un permiso de las autoridades israelíes. En los últimos años, el 97% de las solicitudes de permiso enviadas por Palestina han sido rechazadas, permitiendo que Israel consiga privar a la población palestina de su derecho a planificar, desarrollar y gestionar sus recursos hídricos y terrestres de acuerdo con sus necesidades.

Además, los proyectos de agua, saneamiento e higiene están sujetos a una doble restricción sobre desarrollo de infraestructuras en esta zona: la ejercida por la Administración Civil israelí y la del Comité Conjunto para los recursos hídricos (JWC, por sus siglas en inglés) creado por los Acuerdos de Oslo II. El JWC se concibió como un mecanismo de cooperación a través del cual ambas partes se reunirían y adoptarían decisiones mutuas. Sin embargo, en la práctica ha supuesto que Israel tenga un absoluto derecho de veto sobre los proyectos hídricos palestinos en la Cisjordania ocupada, supeditando la aprobación de los mismos a que Palestina dé luz verde a las infraestructuras israelíes en los asentamientos[5]. Así, el JWC, que debería ser un mecanismo de “cooperación”, se ha convertido en una herramienta de “dominación” para que actualmente, el 30% del total del suministro municipal de agua de que disponen las y los palestinos tenga que ser comprado a Israel[6].

La imposibilidad de conseguir permisos deja a la población palestina ante la desagradable disyuntiva de no construir o hacerlo sin permiso, arriesgándose a que esas infraestructuras sean demolidas. En 2014 se produjeron 42 demoliciones de infraestructuras básicas de agua y saneamiento palestinas y en 2015 (hasta septiembre) han sido demolidos otros 36 equipamientos de este tipo[7]. La demolición de estos equipamientos (pozos, cisternas, tanques de almacenamiento de aguas pluviales, letrinas y estaciones de tratamiento de agua potable, etc.), ha sido un elemento constante de la ocupación israelí, y sigue siendo una de las principales causas de desplazamiento de población palestina, especialmente en la zona C. Alrededor de 113.000 personas que residen en 70 comunidades, 50.000 de ellas en la zona C, no tienen acceso a agua corriente. Dependen de las aguas pluviales que almacenan en cisternas y del agua que venden comerciantes privados, que llega a las comunidades en camiones. El derecho internacional humanitario y los derechos humanos prohíben expresamente la destrucción de infraestructuras esenciales para la salud pública y el suministro de agua.

La situación hídrica en Gaza

Los 1,8 millones de palestinos y palestinas que viven en la Franja de Gaza necesitan una solución urgente a su problema de acceso al agua. Dependen de una pequeña parte del acuífero de la costa, un recurso hídrico compartido con Israel y Egipto, convertido en su única fuente de agua. El porcentaje del acuífero asignado a Gaza no basta para satisfacer las necesidades de su población y, debido a la ausencia de fuentes de agua alternativas el acuífero de la costa está sobreexplotado: el volumen de agua extraído es cuatro veces superior a lo que permitiría su capacidad de recarga anual sostenible. Gaza se enfrenta así a una crisis medioambiental provocada por décadas de explotación excesiva y contaminación producida por aguas residuales, agroquímicos y el avance de aguas salobres, que han puesto en peligro el acuífero. En este momento el 96%8 del agua extraída del acuífero de la costa no es apta para el consumo humano, y las Naciones Unidas estiman que ya en 2016 el acuífero habrá quedado totalmente inutilizable[9].

Actualmente más del 60% de la población de Gaza depende del agua desalada que compran a proveedores privados, mientras siguen utilizando el agua salada procedente del acuífero para saneamiento y uso doméstico. En cuanto al agua del mercado privado, no sólo su calidad no está regulada, sino que su precio es tan elevado que las familias de Gaza terminan dedicando hasta un tercio de sus ingresos a adquirirla. La escasez de agua se ve agravada por la de energía eléctrica, fundamental para que haya agua corriente, así como para el funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas. Además, debido a la escasez de combustible, la central eléctrica de Gaza funciona a la mitad de su capacidad, por lo que las plantas de tratamiento de aguas residuales también operan por debajo de su capacidad. En consecuencia, cada día se vierten desde Gaza al Mediterráneo hasta 90 millones de litros de aguas residuales y de aguas sin tratar o parcialmente tratadas[10].

Consecuencias de la guerra y el bloqueo

La situación hídrica de Gaza ha empeorado aún más a causa de la reciente guerra de 2014, que provocó la destrucción masiva de las infraestructuras de agua, saneamiento y electricidad, además de agravar el deterioro de la ya vulnerable situación de los servicios públicos en la Franja de Gaza. Los daños causados por los ataques aéreos israelíes a la infraestructura de agua y saneamiento durante la última guerra ascienden a aproximadamente 34 millones de dólares. Más de 33.000 metros de redes de abastecimiento han sufrido daños (sin incluir el norte de Gaza, donde los escombros no han permitido evaluar los daños), al igual que el 12% de los pozos de Gaza. El bloqueo impuesto por Israel a la Franja de Gaza, en vigor desde junio de 2007, continúa obstaculizando tanto la rehabilitación de las infraestructuras de abastecimiento de agua y eliminación de aguas residuales como la construcción de otras nuevas, enormemente necesarias. En consecuencia, más de un año después de la guerra, 120.000 personas siguen sin tener acceso al sistema de abastecimiento de agua y dependen de la ayuda humanitaria. Además, debido a losdaños sufridos por las instalaciones de tratamiento de agua potable, el 23% de la población de Gaza carece de conexión al sistema de alcantarillado11.

Las obligaciones de Israel

Las políticas israelíes en Cisjordania no permiten que Palestina tenga control sobre sus propios recursos hídricos naturales, ni capacidad para crear infraestructuras suficientes para garantizar su acceso al agua y el saneamiento. Según el derecho internacional humanitario Israel es, como potencia ocupante, el principal responsable de velar por el bienestar de la población ocupada, incluyendo la provisión de servicios de agua y saneamiento adecuados. Asimismo, Israel tiene la obligación de proteger los recursos del territorio ocupado y de no utilizarlos en su beneficio o en el de su ciudadanía. Las actuales políticas israelíes de distribución y acceso al agua son pues contrarias a sus obligaciones jurídicas internacionales.

El bloqueo de Gaza constituye una forma de castigo colectivo que ha sido condenado por la comunidad internacional. Las preocupaciones israelíes en materia de seguridad no justifican el amplio alcance de las restricciones ni las catastróficas consecuencias del bloqueo para la población civil de Gaza. La única manera de que el maltrecho sector del agua y el saneamiento en Gaza pueda desarrollarse y recibir la ayuda que necesita con urgencia es levantar el bloqueo.

Además, durante la guerra Israel atacó y destruyó las instalaciones de agua potable y saneamiento de Gaza, contraviniendo así las disposiciones del derecho internacional humanitario que prohíben los ataques militares indiscriminados a propiedades e infraestructuras civiles. Los principales actores implicados, como la Unión Europea, sus estados miembro y los donantes pertinentes deben cumplir con sus obligaciones en calidad de terceros y exigir a Israel que garantice la protección de las infraestructuras de agua, saneamiento e higiene.


Jovita Sandaite es responsable de incidencia del grupo de Emergency, Water, Sanitation and Hygiene (EWASH), una coalición formada por 28 organizaciones que trabajan para mejorar la situación en materia de agua, saneamiento e higiene en los Territorios Palestinos Ocupados.

Traducido por Ruth Pérez Lázaro.

Artículo publicado en el nº68 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2016.


NOTAS:

  1. Acuerdo Provisional Israelí-Palestino sobre Cisjordania y la Franja de Gaza. Anexo III Protocolo sobre Asuntos Civiles, 1995.
  2. Autoridad Palestina del Agua (PWA). “Status Report of the Water Resources in the Occupied State of Palestine”, 2012.
  3. Información proporcionada por la PWA (2015).
  4. PWA (2014): “Water Resources Status Summary Report/Gaza Strip”.
  5. Selby, Jan (2015): How did Rawabi get its water?
  6. PWA (2012): “Status Report of the Water Resources in the Occupied State of Palestine”.
  7. UN OCHA Demolition System (2015).
  8. Ficha informativa de la PWA (2015): “Water Crisis Deepens: Without Sustainable Solutions, Future at Stake”.
  9. Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el proceso de paz en Oriente Medio (UNSCO, 2012): “Gaza en 2020 – ¿un lugar habitable?”.
  10. Ficha informativa de la PWA (2015): “ Water Crisis Deepens: Without Sustainable Solutions, Future at Stake”.
  11. Datos proporcionados por el grupo temático (clúster) sobre agua, saneamiento e higiene (WASH) en Gaza, 2015.

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