El Estado colombiano, culpable del desplazamiento forzado de comunidades afrodescendientes del Chocó

La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabiliza al Estado colombiano por la operación militar Génesis (1997) en la que se produjo el desplazamiento forzado de las comunidades afrodescendientes del Cacarica, en el departamento del Chocó, y el asesinato del campesino Marino López, como mecanismo de terror para quedarse con las tierras.
Alberto Franco y Janis Orejuela en una de sus reuniones a su paso por España./ PBI España
Alberto Franco y Janis Orejuela en una de sus reuniones a su paso por España./ PBI España

“La noticia de que habían entrado los paramilitares a la comunidad de Bijao, que habían cogido a Marino López y que le habían cortado las extremidades y se habían puesto a jugar al fútbol con su cabeza, nos causó mucho miedo y generó mucho terror en toda la zona. Eran cerca de las siete de la mañana y yo me disponía a salir a la escuela con mis hermanos, pero los bombardeos empezaron a escucharse de lejos y el miedo nos inundó. Salimos corriendo hacia otra comunidad vecina, no sabíamos muy bien a dónde ir. Los niños llorábamos, muchos se separaban de sus padres sin saber por qué”.

Janis Orejuela era un niño en la mañana del 24 de febrero de 1997, justo el día en que la cuenca colombiana del río Cacarica, frente a Panamá, se despertó en tragedia. Comenzaba una operación militar por tierra y por aire que iba a durar tres fatídicos días cuyos fines eran desconocidos para las personas que allí vivían. Empezaba la Operación Génesis.

Militares y paramilitares actuaron con violencia ante los argumentos de rescatar a un infante de marina secuestrado meses antes, desmantelar las minas antipersonas en la zona, atacar las estructuras del Frente 57 de las FARC y apresar a su cabecilla Efraín Guzmán. Pero la agresividad de sus actos, como los machetazos que recibió el campesino Marino López Mena decapitándole en el acto, provocó que las comunidades del Chocó se vieran obligadas a desalojar sus tierras de inmediato, después de que les quemaran sus casas. Aproximadamente, 3.500 personas fueron desplazas a Turbo, en Antioquia, donde vivían hacinadas y en condiciones infrahumanas. Fue entonces cuando la población empezó a organizarse ante su situación de desplazamiento y a ser acompañados por la Comisión Intereclesial Justicia y Paz (CIJP).

Alberto Franco, miembro de la CIJP, explica que los primeros apoyos tenían que ver con la búsqueda de soluciones para descongestionar el coliseo deportivo donde se alojaban las personas desplazadas a Turbo. A partir de ahí, surgieron los primeros diálogos con las comunidades que expresaban su deseo de retornar a sus tierras, pero también exigían denuncias internacionales y presión para que el Estado asumiese la responsabilidad y crease una Comisión Mixta de Seguimiento de Verificación de la situación por la que estaban pasando. Con ella, se permitiría ascender al nivel político y trasladar lo ocurrido a la Comunidad Internacional representada en el cuerpo diplomático y en organismos de derechos humanos.

Gracias a ese esfuerzo y al trabajo de todos estos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado recientemente al Estado colombiano como culpable de desplazamiento forzado de las que fueron víctimas las comunidades del Cacarica en el año 1997 y del asesinato de Marino López, así como de la no investigación, la desatención a las comunidades y el no haber gestionado el regreso en condiciones dignas.

Franco expresa su satisfacción ante esta esperada sentencia, aprobada en noviembre de 2013, y ante la lucha de todos estos años por parte de las comunidades afrodescendientes, no sólo para condenar lo ocurrido sino también para denunciar los constantes desplazamientos forzados y saqueos de sus tierras. Y es que la persecución sistemática de la comunidad del Cacarica expresada por algunas situaciones militares y paramilitares con amenazas reiterativas sobre miembros de la comunidad es palpable, al igual que para otras personas reclamantes de tierras, así como para las que defienden estas causas y denuncian a los responsables.

Alberto y Janis viajan a España en el marco de una gira por varios países de Europa con el objetivo de compartir la sentencia y buscar apoyos para que al fin su Estado cumpla las obligaciones de la condena. “Se trata de compartir nuestros testimonios buscando un respaldo internacional para las comunidades del Cacarica, en el marco del diálogo con el Gobierno para el cumplimiento de la sentencia”, explica Alberto.

Además de la culpabilidad del Estado colombiano, la sentencia de la Corte señala también a algunas empresas como responsables en el desplazamiento forzado y en el saqueo de la madera, una vez desplazada la comunidad. Y es que la zona es un lugar estratégico entre fronteras, con alto interés económico, turístico y medioambiental. Por lo tanto, “se pone sobre el tapete el hecho de que detrás del desplazamiento forzado hay intereses sobre el territorio de las gentes que se ven desplazadas por estas corporaciones”, añade Alberto afirmando lo que ya sabían.

Proceso colectivo

Pero el recorrido hasta aquí no ha sido fácil. La comunidad ha tenido que tomar conciencia de la vulneración de sus derechos de una manera “muy fuerte” para poder analizar qué pasó, por qué pasó y planear el regreso, así como la decisión de reclamar justicia e ir hasta las últimas consecuencias. Y es que son víctimas a pesar de que el Estado negara el desplazamiento forzado por militares y paramilitares y se les acusara, además, de formar parte de la guerrilla.

Todo ello hizo que se generase un “profundo sentimiento de solidaridad” y se plantearan acciones tanto jurídicas como no jurídicas para afirmar su derecho a la verdad y a la justicia. Tanto es así que a partir del año 2003 propusieron la creación de un Tribunal de Patriarcas y Matriarcas que realizase un proceso de enjuiciamiento contra el Estado. Todo ello, también, porque durante el tiempo que duró el desplazamiento los paramilitares y militares mantuvieron presencia alrededor del coliseo deportivo donde se encontraban las comunidades desplazadas, generando una situación de tensión y de riesgo constante –así como de delito, según Alberto-, que hizo que se tuvieran que solicitar medidas cautelares de protección. Lo que permitió a la comunidad interlocutar con el Gobierno a nivel nacional generando, a su vez, presión política.

“Esta sentencia es muy relevante porque es el primer caso donde una operación militar llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos propiamente como operación militar, es la propia Operación Génesis la que entra en cuestionamiento en la Corte”, explica Alberto entusiasmado. Incide en que esto tiene unos aspectos muy valiosos y abre otras posibilidades hacia el futuro para que las comunidades desplazadas puedan recurrir al sistema interamericano. Además, es el primer caso colectivo de comunidades afrodescendientes y es el primer caso por desplazamiento forzado en Colombia, lo que se traduce como “muy importante” en un país que tiene más de cuatro millones de personas desplazadas.

Janis explica que la sentencia ha causado mucha alegría entre la comunidad porque reconocía que habían sido brutalmente desplazados de sus tierras. Pero no con ello, se conformaron y empezaron a proponer una reparación colectiva integral para las comunidades afectadas que exige vivienda, educación y sanidad dignas, ya que “hasta ahora la comunidad no ha tenido los mecanismos para acceder a sus derechos y mejorar las condiciones de vida”, especifica.

Y es que la sentencia obliga al Estado colombiano a hacer la reparación en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pero la comunidad quiere negociar las condiciones con el Gobierno debido a que esta ley -según Alberto- “no está siendo ejecutada por la autoridades”.

Pasos del Estado colombiano

Han pasado ya casi siete meses del pronunciamiento de la sentencia y tanto Alberto como Janis se muestran escépticos por cómo el Estado colombiano respetará la situación. “Tenemos experiencia de que es muy bueno a la hora de expresar el acatamiento de las leyes, pero no hacerlo en la práctica”, relatan. De ahí que vean como algo necesario y fundamental que haya un seguimiento de la Comunidad Internacional “porque eso puede generar presión para que el Estado cumpla y sobretodo que cumpla en unas condiciones satisfactorias, por eso mismo estamos en Europa en busca de apoyos”.

Hasta ahora se han reunido con el cuerpo diplomático de varios países, con eurodiputados, con representantes de países ante la Unión Europea (UE), con organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, con medios de comunicación…, y de todos esos encuentros, se destaca las muestras positivas hacia la comunidad del Cacarica y la disponibilidad de la Comunidad Internacional para seguir denunciando y reclamando protección.

Colombia vive en estos momentos un proceso de negociación de paz, lo que se otea como positivo para su pueblo. “La paz sólo es posible con una salida negociada del conflicto”, dice Alberto cuando se le pregunta por estos acuerdos. Asegura que es necesaria una salida negociada y ve importante que tanto el Gobierno como las guerrillas hayan caído en la cuenta de que ninguno de los dos va a ganar militarmente.

Pero también tiene claro que “los actores que están en la mesa no representan a la mayoría de las y los colombianos”. El miembro de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz considera que la guerrilla no es vocera de las comunidades ni de la sociedad civil porque éstas “tienen su propia palabra”, así como el Gobierno tampoco les representa. “Es un Gobierno que ha estado vinculado a graves violaciones de derechos humanos, marcado por la corrupción y elegido por una minoría y en un sistema electoral corrupto”. Por lo que “hay que tomar conciencia del hecho de que la sociedad civil y las víctimas tienen derecho a decir una palabra, aunque también somos conscientes de que en la mesa de La Habana no se define todo”.

Colombia acaba de elegir a su presidente, de nuevo Juan Manuel Santos, quien fuera ministro de Defensa durante las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos en el gobierno de Álvaro Úribe. Mientras, su contrincante Óscar Iván Zuluaga ha sido delfín de Uribe y durante la Operación Génesis fue el gobernador de Antioquía, de ahí que la decisión haya estado difícil para un pueblo que presenta esperanzas abiertas al proceso de paz iniciado con las FARC.

Pero a pesar de la situación de inestabilidad y de conflicto que vive Colombia, Alberto y Janis se muestran entusiasmados. Esta sentencia les ha dado fuerzas para continuar en su lucha incluso conviviendo con amenazas constantes, especialmente ellos que suelen trabajar en el acompañamiento a víctimas de operaciones militares donde los denunciados son empresarios y políticos de alto nivel. Pero las energías no les faltan para seguir defendiendo las garantías y derechos de las personas porque, como señala Alberto con una sonrisa especial, “hay necesidad de luchas globales para problemas globales que tengan concreción en cada lugar”.


Silvia Arjona Martín y César M. García son socios fundadores de la Asociación Extremaña de Comunicación Social (AECOS).


 

Print Friendly

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *