La comunicación como eje de transformación social, desde la experiencia del Foro Andaluz de Comunicación

Un halo de esperanza. Un momento de fuerza y de unión, de no sentirnos solos en nuestras demandas. La manifestación que llenó las calles de Valencia tras el anunciado cierre de la Radio Televisión Valenciana conmocionó e indignó a muchas personas que, lejos del debate sobre el derecho a la comunicación, entendieron la importante desposesión a la que nos están sometiendo en nombre de la austeridad. En Valencia, así como en Grecia y otras partes de la vieja Europa, hemos pasado de avanzar en el camino del progreso social a construir una profunda barricada que contenga el ataque sistemático a nuestro sistema de bienestar y de derechos. Y uno de ellos, es, indiscutiblemente, el derecho a la comunicación y la información de la ciudadanía.
Fotografía: Hazeina Rodríguez.

Fotografía: Hazeina Rodríguez.

Más de 30 años después del famoso Informe Mc Bride y de los debates acerca de la necesidad de instaurar un Nuevo Orden Mundial de la Información y de la Comunicación (NOMIC) en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), vemos muy de cerca oportunidades perdidas, necesidades insatisfechas y logros lejanos, como los que acontecen en Latinoamérica; pero, sobre todo, un sentimiento creciente de apropiación por parte de la ciudadanía de la demanda de una comunicación diferente en todos los ámbitos y bajo el enfoque fundamental de los derechos humanos.

Si el advenimiento de la democracia en nuestro país, así como en toda la Europa intervenida por el capital, supuso esa conexión entre la libertad de mercado y la protección del Estado, la comunicación, al menos en el caso español, quedó del lado del primero. Treinta y cinco años después, los medios públicos cierran, los medios privados comerciales concentran las frecuencias de radio y televisión del espacio audiovisual y el tercer sector sigue siendo marginal y estando penalizado. Por su parte, el periodismo y sus profesionales son líderes en precariedad y desregulación de sus funciones, tan esenciales para la democracia y la garantía de los derechos que de ella se derivan.

La escasa y mala regulación en el caso de la comunicación ha provocado no sólo una crisis democrática sin parangón en la historia moderna de nuestro país, sino del propio periodismo, dada su responsabilidad con la sociedad y su conexión con la ciudadanía. Los medios de comunicación tienen una función social esencial en democracia y, por tanto, deben ser considerados en nuestro ordenamiento legal como empresas especiales socioeconómicas, sin distinción de si su titularidad es pública o privada, con o sin ánimo de lucro.

La función de los medios audiovisuales que ocupan un espacio de titularidad pública ha de ser la de facilitar a la ciudadanía el ejercicio de un derecho humano, no el de violarlo. El sistema audiovisual actual, distribuido entre lo público y lo privado, ha fracasado y resulta necesario democratizar las comunicaciones. El momento actual (desde muchas otras perspectivas, amargo) nos brinda una época de cambios, oportunidades y transformaciones sociales que hemos de aprovechar.

Los medios

El debate sobre las empresas mediáticas y su uso para salvaguardar ciertos intereses no deja de estar, también hoy día, en el campo del oscurantismo paranoide. Sin embargo, es necesaria una reflexión sobre la importancia de los medios en la configuración de nuestro imaginario colectivo, como sociedad y como individuos; en el reflejo de nuestra idiosincrasia y en el respeto mutuo a nuestro y otros ecosistemas sociales, políticos y económicos. Esta reflexión es muy marginal en Europa hoy día, en contraste con muchos países de Latinoamérica en los que la regulación en el sector audiovisual se ha convertido en uno de los grandes desafíos democratizadores de los actuales gobiernos. Las experiencias argentinas, uruguayas o ecuatorianas llegan después de una férrea lucha que entendía que la concentración de la propiedad de los medios en pocas manos suponía una amenaza constante a las frágiles instituciones públicas del Estado.

En nuestro país, el expolio al que se ha visto sometida la ciudadanía respecto al espectro radioeléctrico, unido al robo que ha supuesto la mala gestión de algunos de los medios públicos, han llevado a una situación en la que en el momento de mayor necesidad de una comunicación al servicio de la ciudadanía nos encontramos con una mayor dependencia en cuanto a los mismos poderes que nos han llevado a la situación actual.

De la normalización a la alternativa

Hemos sucumbido a una información intervenida. Consumido una comunicación insalubre, podrida, perniciosa para nuestra salud social. Pertenecemos, así como la creciente legión de personas que año a año engrosan las listas de la ciudadanía digitalizada, a una generación atomizada y alienada tendente a sustituir la participación por una ilusión de comunicación, táctil e interactiva. Una estafa imaginaria que merma las bases para una democracia real.

Hemos normalizado una situación anormal; una constante violación del derecho humano a la comunicación y la información. Hemos normalizado el incumplimiento diario del artículo 20 de nuestra Constitución[1]; el 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[2] y otra decena de convenciones internacionales. Normalizado y asumido que la comunicación sólo pertenecía a grandes conglomerados de accionistas y de capital de riesgo. Normalizado que el espacio radioeléctrico le pertenece a quien pueda pagarlo. Normalizado que la participación no es posible a través de los medios de comunicación. Que no nos pertenecen. Normalizada la precariedad de los profesionales de la comunicación. Normalizada la imparcialidad, la falacia y el lenguaje eufemístico.

Sin embargo, el despertar social que supuso el 15M impulsó un proceso de politización que la ciudadanía acogió con gran fuerza tras las acampadas y que ahora se traduce en medios de comunicación que ofrecen una visión alternativa a los poderosos conglomerados económicos mediáticos. Desde entonces, la proliferación de cientos de medios digitales, algunos con elementos novedosos, se acerca a una ciudadanía ansiosa por obtener respuestas contemporáneas a preguntas no tan novedosas. Si antes temíamos que la sobreinformación y el ritmo trepidante del consumo informativo a través de los nuevos formatos provocaran una sociedad alienada y atomizada, la necesaria búsqueda de un discurso alternativo, de nuevos ejemplos que se alejen del discurso único y de las estructuras clásicas, parece estar encima de la mesa.

La imposibilidad de participar en el audiovisual a través de medios propios y de visibilizar otras voces en los medios públicos, unido al proceso de criminalización y deslegitimación que ha sufrido la ciudadanía organizada a través de los comerciales, ha llevado a los movimientos sociales a dirigir la mirada hacia la comunicación, su ejercicio como herramienta fundamental de contrapoder y su uso para visibilizar otras voces, alternativas y marginadas del debate público en esa gran plaza que es la comunicación.

El papel de los movimientos sociales en el curso de las demandas por otra comunicación posible es fundamental. Desde el primer momento, los movimientos sociales sufrieron, en las plazas y manifestaciones, un momento de reacción defensiva que pronto se tradujo en una actitud propositiva y afirmativa. Pasaron de la crítica a la acción y a la actividad política a través de los propios medios. El 15M, así como sus diversas formas de organización, ha sido muy crítico con los medios pero también ha sido consciente de que son herramientas muy útiles para difundir su mensaje y legitimarse.

El hartazgo de la información corrompida y el divorcio entre la ciudadanía y el periodismo han dado un empuje a la apropiación del espacio comunicativo a través de los medios. Un asalto a los medios que nos obliga a repensar qué comunicación queremos pero, sobre todo, para qué la queremos.

Fotografía: Hazeina Rodríguez.

Fotografía: Hazeina Rodríguez.

Participación

La comunicación es a la democracia lo que la censura a los totalitarismos. Eliminar las barreras para la participación ciudadana no es sólo facilitar cauces para la participación, es crear las estructuras correctas y adaptarlas de forma dinámica a la ciudadanía para que ésta se apropie de las mismas.

Una democracia más real supone una participación más real de la ciudadanía en los asuntos públicos. El actual bloqueo de los cauces de participación, así como la negativa a ofertar nuevas vías demandadas por la sociedad, está ayudando a la apropiación por parte de la ciudadanía del derecho a la comunicación. Pero no nos engañemos, esta apropiación se está llevando a cabo de una forma alternativa, marginal y casi clandestina en el espacio audiovisual. Es por ello que se hace necesario y urgente abrir los medios de comunicación a la ciudadanía para dar respuesta a esa demanda social masiva de participación.

Una de esas vías ya está en marcha: el derecho de acceso a los medios públicos. Un derecho que garantiza el artículo 20.3 de la Constitución y que desarrolla en Andalucía el artículo 211 del Estatuto de Autonomía, así como las distintas leyes de las corporaciones públicas de radiotelevisión estatal y regionales. Herramienta que, pese a que está en vías de desarrollo, corre peligro de extinción antes de nacer por la amenaza que supone el cierre de los medios públicos y la puerta abierta a la privatización de los mismos que impulsa la Ley de Administración Local[3].

Es necesario blindar legalmente el derecho de la ciudadanía a tener sus propios medios de comunicación, pero también a poder disfrutar de unos medios públicos profesionales y rigurosos. Es por ello que no sólo es imprescindible avanzar en el derecho de acceso a los medios públicos, sino que hay que advertir que su cierre supondría la imposibilidad de ejercer este otro derecho.

El Foro Andaluz de Comunicación, Educación y Ciudadanía

Pese a los avances, la permeabilidad del debate no ha llegado, todavía, a considerar el derecho a la información y la comunicación como un elemento fundamental para impulsar, desde la base, la trasformación social necesaria en nuestras viejas estructuras de reparto del poder. Al menos no de forma masiva, lo cual es fundamental para su éxito. Vemos un ejemplo en Argentina, donde han sido la movilización ciudadana y los movimientos sociales los que se han apropiado de esta demanda, haciéndola masiva y logrando un éxito a nivel legislativo. Llegar a ese momento de empoderamiento y apropiación en nuestra sociedad es uno de los objetivos que se marca desde 2010 el Foro Andaluz de Comunicación, Educación y Ciudadanía.

Porque no pensamos que la comunicación que queremos sea posible sin educación y porque pensamos que es una herramienta fundamental para la participación de la ciudadanía, en el actual contexto social, político y moral, este Foro ciudadano se posiciona como un elemento clave para el éxito de la futura Ley de Comunicación Audiovisual Andaluza. Una Ley de Comunicación que puede sentar las bases de la diferencia con respecto al resto del Estado español y colocar a Andalucía a la vanguardia legislativa en materia de comunicación. Es por ello que, entre la ilusión y la cautela, cientos de organizaciones y personas comprometidas trabajan para que esta ley se haga participada, que las asociaciones, medios de comunicación, ONG, periodistas, ciudadanía y organizaciones de profesionales del sector sean partícipes de esta oportunidad.

Entre las demandas del Foro está la reivindicación histórica de destinar un tercio del espectro radioeléctrico a la sociedad civil, así como la urgencia de poner orden en el espectro radioeléctrico, evitando la concentración de medios en pocas manos y corrigiendo así la pérdida de soberanía que durante décadas ha sufrido la ciudadanía al tratar el espacio radioeléctrico como una mera mercancía. Para conseguir esto, creemos necesario realizar un llamamiento a todas las personas y organizaciones a que se sumen y repliquen estas demandas por todo el Estado español y en todas las esferas, porque consideramos que supone el primer paso de apropiación de la sociedad civil del derecho a la comunicación, anclado en las barricadas de la universidad y los medios comunitarios y que se impone ahora como una necesidad imprescindible ante el cambio social.

Reflexiones para el cambio: una comunicación diferente

¿Cómo podemos iniciar una transformación social si las voces que se alzan en la plaza pública, que es la comunicación, dicen siempre lo mismo? Apostar por un futuro mejor es apostar por una democracia en la que todas las visiones estén encima de la mesa. Es por ello que iniciar esta participación, desde la base, en la construcción de las estructuras y del modelo comunicativo, es fundamental para que éste sea propio y tenga la utilidad y finalidades deseadas. La formación y educación en el consumo crítico de medios, así como el impulso a iniciativas de comunicación para la participación, son fundamentales para dar el primer paso hacia el cambio social.

¿Estamos preparados y preparadas para realizar otra comunicación? La contaminación mediática que durante generaciones hemos consumido ha supuesto un diseño superficial y deformado de nuestro pensamiento. ¿Acaso ya es demasiado tarde para rechazar la inmediatez y apostar por la rigurosidad? ¿Alejarnos de los focos y enfrentarnos al análisis? ¿Seremos capaces de tratar con pluralidad, extensión y profundidad diversos argumentos en un sano debate de ideas?

Es necesario reconstruir, con urgencia, un imaginario colectivo que rompa con el ecosistema basado en el desarrollo impuesto desde las esferas del poder económico. Nos preguntamos si no será tarde, si no tendrán que pasar varias generaciones como ha ocurrido en Latinoamérica, para que el expolio y la desposesión material y moral de nuestras sociedades actuales conlleven tal grado de indignación y rebeldía que lleven a reivindicar el espacio público como eje de transformación. Lo que no cabe duda es que, cuando llegue ese momento, será la comunicación la herramienta en la que se base el proceso de transformación social que cada vez más grupos sociales demandan.


Foro Andaluz de Comunicación

  • En la web del Foro puedes ver las 15 propuestas y mínimos que plantea frente a la Ley Andaluza de Comunicación Audiovisual.
  • El Foro impulsa una campaña comunicativa, educativa y de incidencia con el lema #TúTambién. En su página web están publicadas las Historias de vida (versión audiovisual) de personas anónimas que “practican la comunicación con todo el derecho”.
  • El Foro ha publicado la Guía de recomendaciones para ejercer el derecho a la información y a la comunicación (ver web).
  • En internet: www.comunicacionyciudadania.org, #TúTambién, #foroandaluzcomunicacion, www.facebook.com/ForoAndaluzComunicacion.

Javier Díaz Muriana, @jdmuriana, es periodista. Colabora con Onda Color, es vocal de Movimientos Sociales del Sindicato de Periodistas de Andalucía y participa en el Foro Andaluz de Comunicación, Educación y Ciudadanía.

Publicado en el nº 60 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2014.


NOTAS:

  1. Artículo 20, Constitución española, 1978. “Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial”.
  2. Artículo 19, Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948. “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
  3. El Congreso de los Diputados aprobó el 19 de diciembre de 2013 el texto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

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