Jazmín Barrios, presidenta del tribunal que dictó la sentencia contra el dictador guatemalteco Ríos Montt: “Quedó demostrado en el juicio que existió racismo y que éste fue la base para el delito de genocidio”

Iris Jazmín Barrios formó hace trece años parte del tribunal que condenó a los responsables del asesinato del obispo y defensor de derechos humanos gutemalteco Juan Gerardi. Hace unos meses, presidió el tribunal que dictó la sentencia contra el dictador Efraín Ríos Montt por delitos de genocidio y contra los deberes de autoridad. A pesar de la anulación de esta última sentencia y de tener que acompañarse de escoltas por las amenazas que lleva años recibiendo, continúa confiando en las posibilidades de la justicia guatemalteca. Uno de los últimos reconocimientos a su trabajo ha sido el Premio Derechos Humanos 2013 concedido por el Consejo General de la Abogacía Española.
Jazmín Barrios, fotografiada por Andrea Nieto Callejo.

Jazmín Barrios, fotografiada por Andrea Nieto Callejo.

– ¿Cuál es el trabajo del Tribunal de Alto Riesgo?

– Fue creado para juzgar los delitos que actualmente están azotando más a la ciudad de Guatemala, como feminicidios, parricidios, asesinatos, delitos de asociación ilícita o conspiraciones, y también genocidios. Dan seguridad a jueces, abogados defensores, fiscales y, sobre todo, a testigos. Los casos del conflicto armado se están juzgando ahora porque en su momento las víctimas no tuvieron acceso a la justicia en Guatemala. Fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que resolvió que debían ser investigados, juzgados y sancionados.

– ¿Tiene Guatemala hoy una legislación adecuada para tratar casos de derechos humanos o hay que juzgar estos casos fuera del país?

– Tenemos una legislación adecuada. Tenemos también un derecho convencional, lo que significa que las resoluciones emanadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de necesario cumplimiento en Guatemala. El Ministerio Público está obligado a investigar y los órganos jurisdiccionales a juzgar y sancionar esta clase de delitos. En ocasiones no somos jueces sólo a nivel de Guatemala sino también, podríamos decir así, americano, y debemos cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana. Tenemos las herramientas para poder trabajar no sólo a nivel de leyes penales, del derecho interno, sino también a nivel de derecho internacional.

– Sin embargo, algunas sentencias que han emanado de los tribunales de Guatemala en los últimos 20 años hacen dudar de si realmente es independiente el poder judicial. ¿Podéis los jueces dictar las sentencias que consideráis necesarias?

– Sí, y prueba de ello es que dictamos la sentencia en el caso de genocidio en el cual se juzgó a Efraín Ríos Montt. Mantenemos nuestra independencia judicial. Puede ser que en algún momento otras esferas de la judicatura a otros niveles puedan pensar diferente, pero eso no hace que los jueces que tenemos a nuestro cargo cierto tipo de casos no actuemos con respecto a la ley y mantengamos la independencia.

– ¿Qué sintió usted cuando la nombraron jueza para un caso como el de Ríos Montt?

– Nada en particular, es parte de mi trabajo. Me dedico todos los días a llevar casos de Alto Riesgo.

– Pero Ríos Montt no es un ciudadano cualquiera, tiene cierta proyección internacional. Es expresidente, ex jefe del Ejército…

– El Derecho Penal es de acto, no de autor. Juzga los actos cometidos por las personas.

– ¿Cuál fue el elemento central de la sentencia que dictó contra Efraín Ríos Montt el tribunal que usted presidió?

– La sentencia la dictamos los tres jueces. En la parte principal aparece la identificación de la causa y del tribunal, la fecha de la sentencia, la identificación de los objetos procesales… Hay una parte muy bonita que dice: “En nombre del pueblo de la República de Guatemala, este tribunal dicta sentencia”. Ahí se menciona a los dos acusados[1]. Luego viene la identificación de los dos procesados y la acusación del Ministerio Público. Posteriormente, los hechos que se comprobaron durante el desarrollo del debate, el análisis y los razonamientos por los que el tribunal va a condenar o a absolver. Aparece la identificación de cada perito, cuál fue el peritaje y la valoración del tribunal. Después viene el análisis de cada uno de los testigos y la valoración que damos a cada uno de los testigos.

Jazmín Barrios, fotografiada por Andrea Nieto Callejo.

Jazmín Barrios, fotografiada por Andrea Nieto Callejo.

Por ejemplo, en el peritaje histórico, el doctor Andrés Estrada hace una relación de la cultura de los ixiles, cómo se comunican con la naturaleza, la forma en que las mujeres van educando a los niños y manteniendo la cultura de generación en generación. Explica también por qué se sintieron tan agredidos, tan mortificados, cuando se les obligó a un desplazamiento forzoso. En su peritaje, Paloma Soria explica todo lo referente a los abusos sexuales de las mujeres en el área ixil. Si vamos al análisis de los testigos podemos encontrar que la mayor parte de mujeres habló de las violaciones por parte de soldados. También dentro del análisis de los testigos encontramos los mismos modelos o patrones de conducta utilizados para efectuar la muerte de forma violenta de miles de personas pertenecientes al grupo ixil, lo que también se corrobora con peritajes de los líderes clandestinos.

Realizamos un análisis y decimos por qué valoramos los peritajes, los testigos; por qué creemos en lo que las personas dijeron y cuál es la utilidad que tienen para determinar la responsabilidad de los hechos que se juzgan. Posteriormente encontramos un apartado en el que se habla de la responsabilidad penal de los acusados, que es la parte medular de la sentencia. Explicamos que en toda actividad humana existe una planificación, por mínima que sea. Logramos conectar la planificación de, valga la redundancia, el Plan Victoria 83, Victoria 82, y el Plan Sofía. Los dos primeros dan a conocer la forma en que se practicó la muerte de estas personas ixil. El Plan Sofía es directamente la ejecución, la práctica de todo ello.

– ¿A cuánto tiempo fue sentenciado Ríos Montt?

– En la parte resolutiva decimos que condenamos a 50 años por el delito de genocidio y 30 años por los delitos contra los deberes de autoridad. Al otro procesado se le absolvió. En la parte fundamental de la sentencia decimos que él, como jefe del Estado, tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo en el área ixil y podía haberlo evitado. Sin embargo, no lo hizo. Tenía la capacidad para hacerlo, pero no lo hizo.

– Es la primera sentencia por genocidio en Guatemala. ¿Qué supone esto?

– Este juicio presenta varios aspectos. Por una parte, da a conocer la Historia de todos los guatemaltecos. Por otra parte, también hace justicia a las víctimas, aplica un debido proceso y da a conocer que existe igualdad para juzgar y que, sea la persona que sea la que lo haya cometido, tiene una responsabilidad ante el pueblo de Guatemala y ante la Justicia guatemalteca.

– Ha habido sectores en Guatemala que han dicho que los jueces que han sentenciado han tenido presiones externas. ¿Es cierto esto?

– No tuvimos presión, salvo la de los medios de comunicación. No recibimos amenazas contra nosotros. Creemos firmemente en la independencia judicial y eso lo dimos a conocer en nuestra forma de actuar. Nadie nos obligó a dictar esa sentencia, sino que cumplimos con nuestro deber. Lo que sí existió, y en ello quiero hacer mucho énfasis, fue presión a través de los medios de comunicación, una campaña sistemática: cambiando las noticias, no dando a conocer lo que realmente se estaba produciendo en el juicio… Creo que quienes sí lo dieron a conocer fueron los medios de comunicación internacionales, pero los medios de comunicación de mi país se centraron en ayudar a la defensa de los acusados.

– ¿Qué opinión tiene de lo que ha pasado posteriormente, del trato judicial a Efraín Ríos Montt? Hay sectores que dicen que esa sentencia es papel mojado, diferentes interpretaciones del día después.

– La sentencia fue anulada. En ningún momento se dijo que estuviese mal elaborada, mal fundamentada. Se anuló para dejarla sin efecto, sin entrar a conocer su contenido. Respeto lo que dijo la Corte de Constitucionalidad, más no lo comparto.

– En Guatemala sigue habiendo un alto índice de homicidios, secuestros, vulneración de derechos humanos… ¿Qué se puede hacer para bajar estos índices escandalosos?

– Hay que ordenar las ideas. Cuando ocurre un delito se culpa al organismo judicial, al sistema de justicia, pero el “antes” no corresponde al organismo judicial. Hay que definir y mejorar las políticas criminales, hay que prevenir. La investigación la hace el Ministerio Público y nosotros llevamos a cabo un juicio. A nosotros nos corresponde sancionar si es que existe culpabilidad y si se demuestra la responsabilidad penal de los acusados. Pero, antes de que se cometa el delito, tienen que intervenir políticas para prevenir.

– ¿Tienen medios los tribunales guatemaltecos para dar respuesta a tal avalancha de vulneración de derechos humanos?

– Sí, pero se deben crear más tribunales. Ha crecido la población guatemalteca, somos aproximadamente unos dieciséis millones de personas. Sin embargo, los que siguen funcionando son los mismos que antes.

– Los jueces de Guatemala sólo pueden estar cinco años en determinados cargos y luego son renovados. ¿Sería necesaria una revisión de la carrera judicial?

– De acuerdo con la Constitución, nos corresponden cinco años en el cargo y cada cinco años somos evaluados nuevamente. No existe, en el fondo, una verdadera carrera judicial. Hay carrera cuando se tiene la posibilidad de ascender pero, en nuestro caso, sólo cumplimos esos cinco años y se renueva nuestro contrato si hemos cumplido con los requisitos. Lo que todos los jueces queremos es que exista realmente esa carrera judicial que nos permita tener mayor independencia en la judicatura y mayor estabilidad laboral.

– Si el desempeño de un juez es evaluado cada cinco años, ¿no se puede ver presionado en cuanto a las sentencias?

– Creo que puede generar inestabilidad laboral y puede, en algún caso, influir en el ánimo de algún juez. Es una cuestión eminentemente personal y de orden ético, que de hecho no debería darse. Pero puedo responder por mí misma, no por todos los demás.

– Después de haber presidido el tribunal que ha dictado la sentencia sobre Ríos Montt y después de que esa sentencia haya sido anulada, ¿cuál es su porvenir en la carrera judicial? Hay quienes dicen que se ha terminado.

– No lo creo. El año pasado fui confirmada para seguir trabajando como jueza presidenta del Tribunal de Alto Riesgo. No hay ningún motivo por el que puedan decirme que no puedo seguir como jueza. Ahí está la evaluación correspondiente. Si no fuera así, estarían violando mi independencia judicial y mis derechos laborales.

– ¿Podemos decir que ya no hay racismo sobre los indígenas, por lo menos en el aparato judicial?

– El hecho de que exista o no exista racismo no depende de la judicatura, son dos cosas diferentes. El racismo es un aspecto que debemos de ver desde lo puramente sociológico, no depende de la judicatura. Como jueces tenemos que aplicar el principio de igualdad sin diferencias en cuanto a aspectos económicos, políticos, sociales o pertenencia a un grupo étnico. Lo que sí quedó demostrado en el juicio es que existió racismo y que éste fue la base para que se diera delito de genocidio.

– Algunos organismos internacionales y el propio Gobierno de Guatemala han llegado a la conclusión de que había deficiencias en el tratamiento a los derechos humanos en el país. Eso ha llevado a que instancias de Naciones Unidas o la propia Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) estén presentes en Guatemala. ¿Qué opinión tiene usted de estas instituciones?

– Creo que es positivo, que el acompañamiento que se ha dado a nivel internacional ha permitido que Guatemala mejore en cuanto al respeto de los derechos humanos. La creación de la CICIG ha servido para que se puedan juzgar en Guatemala casos que son importantes dentro de la misma sociedad y para que se realicen las investigaciones en una mejor forma, acompañando al Ministerio Público.

– Llaman la atención fuera de Guatemala los asesinatos de mujeres. ¿Cómo valora judicialmente el tratamiento de esta lacra? ¿Se está avanzando?

– En Guatemala se le ha dado amplia difusión y apoyo a los tribunales y juzgados de feminicidio. Actualmente hay dos juzgados y también dos tribunales de feminicidio, que tienen altas cuotas, por decirlo así, de casos. Se les ha dado un amplio apoyo a nivel de recursos humanos y tienen sus propias sedes desde 2012. En todas las instituciones se apoya a las mujeres para que puedan hacer sus denuncias cuando son víctimas de cualquier delito de violencia contra la mujer. A los familiares de las víctimas de feminicidio también se da el apoyo necesario por parte del Ministerio Público, en lo que es la investigación, y en las judicaturas, para iniciar los procesos correspondientes.

– Una jueza honesta y de renombre internacional como usted, ¿siente miedo, se siente amenazada?

– He sufrido muchísimas amenazas desde el primer año que ejercí la judicatura, pero en este caso de genocidio no fueron directas. He tenido amenazas por el caso Gerardi[2] y también de otros, aunque a veces no se llegan a determinar los casos de los que proceden. Por el caso de genocidio he tenido amenazas a través de los medios de comunicación. Es decir, que utilizaron otro tipo de procedimiento, por decirlo así, o un mecanismo diferente.

– ¿Tiene que llevar escolta?

– Sí, siempre. Pero prefiero no decir exactamente el número. Me conduzco en carro blindado al trabajo.

– Los medios de comunicación han ejercido mucha presión sobre usted, llegando a airear aspectos de su vida personal. ¿Cómo lo lleva?

– Con naturalidad. Respeto el trabajo de los medios, pero creo que debe hacerse sin dañar a las demás personas. Constituyen el cuarto poder y son los que difunden las noticias. Lo que me gustaría es que trataran de ser objetivos, que trasladasen las ideas y las cosas tal y como ocurren, que no las tergiversasen, porque eso da margen a que las personas piensen de forma equivocada sobre lo que realmente estamos haciendo quienes trabajamos en la judicatura.

– ¿Hay alguna otra cuestión que quiera aclararnos o ampliarnos?

– Pueden seguir confiando en la justicia guatemalteca. Los jueces, mis compañeros y yo, somos personas íntegras y dictamos la sentencia de genocidio basándonos en las pruebas que se presentaron.


Luis Nieto Pereira es coordinador de Paz con Dignidad y de Pueblos-Revista de Información y Debate.

Publicado en el nº 60 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2014.


NOTAS: 

  1. El Tribunal Primero A de Mayor Riesgo condenó en mayo de 2013 a 80 años de prisión a José Efraín Ríos Montt por los delitos de genocidio y delitos de deberes contra la humanidad. Absolvió de los mismos cargos a José Mauricio Rodríguez Sánchez, ex jefe de Inteligencia Militar.
  2. Jazmín Barrios formó parte del tribunal que condenó a 20 años de prisión a los exmilitares que participaron en el asesinato del obispo y defensor de los derechos humanos Juan Gerardi.

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