Los munduruku: La piedra en el zapato de Dilma

Ocuparon 17 días la hidroeléctrica de Belo Monte, expulsaron de sus tierras a investigadores involucrados en la construcción de centrales en el río Tapajós y prometieron resistir, hasta las ultimas consecuencias, para impedir el avance de las políticas desarrollistas en la Amazonia.
Brasil. Fotografía: Ruy Sposati.
Brasil. Fotografía: Ruy Sposati.

“El Gobierno dice que, queriendo o no, el proyecto seguirá adelante. Eso es afrontar a la ley.” Quien lo dice es Maria Leusa Kaba, vice coordinadora de la Asociación Indígena Pusuru, una de las organizaciones que representan los indios munduruku, que hoy suman más de 13.000 y desde hace siglos ocupan regiones de los Estados de Amazona, Pará y Mato Grosso en Brasil. El proyecto a que Leusa se refiere es el complejo de centrales hidroeléctricas que será construido en toda la cuenca hidrográfica del río Tapajós y en sus afluentes, situados en el corazón de la selva amazónica. Leusa habla también de los apartados de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989) y de la Constitución brasileña que garantizan el derecho de consulta de los pueblos indígenas que se vean afectados por decisiones del Gobierno, como es el caso de la construcción de estas centrales. “El Gobierno menciona apenas los beneficios, nunca los impactos”, completa Leusa.

Ese atropello, definido de manera tan sencilla como acertada por Leusa, ha enfrentado al Gobierno federal brasileño y a los munduruku, especialmente en los últimos ocho meses. El Palacio del Planalto parece tambalearse. La presidencia ya congeló, por ejemplo, los estudios de viabilidad económica y ambiental que se llevaban a cabo en el sur de Pará (un avance sustancial, considerando las resistencias a discutir la aplicación efectiva del derecho de consulta).

Los indios, a su vez, ocuparon la gran central de Belo Monte en dos ocasiones, manteniendo la obra paralizada por 17 días entre los meses de mayo y junio, el período más largo del que se tiene registro. Después, viajaron para Brasília para negociar con la Secretaría General de la Presidencia una solución. Al volver a sus aldeas, expulsaron de sus tierras a las personas funcionarias que estaban al servicio de la empresa estatal de energía Eletrobrás (los invasores llevaban a cabo los primeros estudios para la implantación de hidroeléctricas en la región).

“Todas las informaciones que he recolectado con investigadores independientes, de conocedores de los pueblos indígenas y tradicionales, de movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales, dejan claro que el proceso, una vez concluido, será catastrófico e irreversible en términos socioambientales”, dice el arqueólogo y profesor de la Universidad Federal de Pará Raoni Valle, que desde hace tiempo estudia diferentes pueblos indígenas en la región. “No hace falta entrar en detalles técnicos para percibir algo obvio: las centenas de millares de personas que sobreviven de los recursos biosistémicos del Tapajós tendrán sus modos de supervivencia física y cultural irremediablemente colapsados”, concluye.

Historia de resistencia

Más allá de los impactos económicos y sociales están también los daños culturales, particularmente crueles si tenemos en cuenta la histórica resistencia protagonizada por los mundurukus desde el primer contacto con el hombre blanco, alrededor de 240 años atrás. “La Cascada de las Siete Caídas (…) es el lugar donde los muertos están viviendo, el cielo de los muertos, es decir, el mundo de los vivos, el reino de los muertos”, dice una carta conjunta enviada por los indios a la presidenta Dilma Rousseff durante la ocupación de Belo Monte. “Es un lugar sagrado para los munduruku, kayabi y apiakás, donde también los peces procrean, diversas especies de todos los tamaños, donde existe la madre de los peces. En las paredes están pinturas rupestres dejadas por Muraycoko (padre de la escrita), la escrita dejada para los munduruku (…)” A partir de ese exasperado intento de que se tenga en cuenta su legado histórico, social y cultural se entiende por qué Leusa frecuentemente repite, con toda su vehemencia, “la tierra es nuestra riqueza”.

Esa comprensión de la profunda relación entre su vida y la manutención de sus fronteras tradicionales rindió a los munduruku extensos registros en la historiografía brasileña, normalmente asociados a sus cualidades guerreras y a su costumbre de cortar y momificar las cabezas de sus enemigos vencidos. Por siglos, organizados en un poderoso ejército indígena, los munduruku consiguieron mantener la casi inviolabilidad de sus tierras.

A lo largo de los tres últimos siglos, entretanto, ese pueblo fue combatido y después utilizado por el colonizador portugués para garantizar la ocupación del interior de la selva amazónica. Más tarde, durante los ciclos del caucho, sucumbió a la violencia que marcaba la industria de extracción por presión y fue obligado a dejar sus tierras en el interior y acercase a los ríos, en particular el Teles Pires, al Juruena y al Tapajós.

“Creo que es posible relacionar la obstinación de ese pueblo en luchar por el territorio con la profundidad de su historia, fuertemente enraizada en esa área geográfica”, explica el profesor Valle. “Allá está toda la memoria de una sociedad que puede tener cuatro mil años de vida transformacional, lo que se evidencia en la enorme relación de los lugares sagrados que identifican por toda la zona del medio y del alto Tapajós.”

Brasil. Fotografía: Ruy Sposati.
Brasil. Fotografía: Ruy Sposati.

Derechos ignorados y falta de voluntad política

Según Adelar Cupsinski, abogado del Consejo Misionario Indigenista (CIMI), que asesora a los indígenas, la falta de avances en las negociaciones con el Gobierno se debe a la escasa voluntad política para hacer valer la Convención 169 de la OIT. “El derecho de consulta no debe servir apenas para matar la curiosidad, y sí para condicionar la toma de decisiones”, dice, criticando la prerrogativa impuesta por el Gobierno de no dar a los pueblos indígenas el poder de veto sobre la ejecución de las obras. “Si los indios prueban que la central será devastadora, a punto de arriesgar su cultura y su modo de vida, el proyecto no debe ser realizado.” El abogado calcula que las ocho instalaciones previstas por el Plan Decenal de Expansión de Energía del Gobierno federal para la región inundarán 50 de las 118 aldeas munduruku.

“Ellos dicen que molestamos su trabajo. Nosotros decimos que ellos están molestando el nuestro, nuestra vida”, dice Cândido Munduruku, presidente de la Pusuru. “Mientras el Gobierno mande a la Policía Federal (PF) para dialogar, no vamos a querer el diálogo.” Cândido se refiere al episodio más trágico y violento de esa contienda: el ataque de la PF a la aldea de Teles Pires en noviembre de 2012. Bajo el pretexto de desarticular redes de explotación y comercio ilegal de oro en el marco de la Operación Eldorado, la fuerza nacional despejó sobre la población munduruku bombas de gas lacrimógeno, balas de goma y también munición real. Los indios, en aquel entonces, habían acabado de manifestarse públicamente en contra del avance desarrollista en la Amazonia.

Durante la operación, Adenilson Munduruku cayó muerto por tres disparos. Docenas de indígenas fueron heridos y todo su patrimonio fue destrozado. En su testimonio a la Procuraduría General de la República, Iandra Waro, hija del cacique de Teles Pires, afirmó que la policía creía que “acabando con la minería los indios aceptarían la central”. Cléber Busato, secretario ejecutivo del Consejo Misionario Indigenista, afirma que “fue evidentemente una demostración de fuerza por parte del Estado en el intento de hacer al pueblo munduruku retroceder en su posición en contra de las hidroeléctricas, lo que no sucedió”.

El ataque a la aldea viene siendo investigado por el Ministerio Público Federal, al igual que otros dos procesos civiles (por lo menos) en los que los indígenas exigen que, antes de cualquier procedimiento para la construcción de las centrales de Teles Pires y San Luis, las poblaciones afectadas sean debidamente consultadas. Como explica el procurador de la República Felício Pontes, el proceso de Teles Pires ha recibido dos decisiones favorables, pero éstas han sido suplantadas por el Tribunal Regional Federal con una “suspensión de seguridad”, un recurso jurídico heredado de la dictadura que garantiza la continuidad de un emprendimiento de supuesta importancia para la economía nacional aunque haya contestación social.

En nombre del desarrollo

Ese tipo de lectura de los procesos económicos y sociales, que todo lo justifica en nombre de la necesidad de desarrollar los rincones más remotos de Brasil, ha culminado en los últimos años en crisis como la del ya mencionado proyecto de Belo Monte, en el Río Xingu, en Pará.

La central hidroeléctrica, que sería la tercera más grande del mundo si se llega a terminar, afectará de manera directa a por lo menos diez etnias. Ya ha consumido 30.000 millones de reales, muy por encima de los 16.000 previstos inicialmente. Los recurrentes atropellos y violaciones durante la construcción obligaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a emitir, en 2011, una medida cautelar forzando el Gobierno brasileño a paralizar la obra. La medida se suspendió meses después.

“El desarrollo sostenible sólo puede ser efectivo consultando, entendiendo, aceptando e implementando las posiciones de quienes realmente vienen sosteniendo y manejando la biodiversidad amazónica desde hace miles de años: los pueblos indígenas, que lo hacen pese a todos los problemas que les hemos causado y los cambios culturales y ambientales que les hemos impuesto”, afirma Valle. Esa cada vez más evidente contradicción explica por qué la central del Xingu fue escogida por los munduruku para mostrar la intransigencia de sus interlocutores en el caso del Tapajós. “Ellos saben que, después de Belo Monte, serán los próximos”, dice Felicio Pontes.

Es importante resaltar, por otra parte, que esa política de desprecio total a los pueblos indígenas no se materializa tan sólo en los lugares en los que se realizan obras. En el Congreso Nacional, en Brasília, y también en el Planalto, desde donde despacha la presidenta Dilma Rousseff, se viene articulando la más violenta embestida del agronegocio en contra de los pueblos tradicionales en los últimos años. La llamada “bancada ruralista”, encargada de defender los intereses de ese sector en franca expansión sobre las fronteras de la selva, es una de las más expresivas de la Cámara de los Diputados y es hoy importante aliada estratégica del Partido de los Trabajadores.

Los efectos de esa alianza pueden concretarse, en un futuro breve, en la aprobación de un Proyecto de Enmienda Constitucional que transfiere al poder legislativo la responsabilidad de homologar tierras indígenas, hoy una prerrogativa exclusiva del Ejecutivo. Casi la totalidad de los miembros de la Comisión Especial formada para analizar el proyecto, incluso su presidente y su relator, son contrarios a la demarcación de nuevas fronteras.

Es importante subrayar que el Gobierno no viene invirtiendo prácticamente nada en la delimitación, demarcación y reglamentación de tierras indígenas. A lo largo de todo el año de 2012, según datos del CIMI, apenas se invirtieron seis millones de reales. La falta de voluntad política para garantizar el derecho indígena a la tierra se reflejó directamente en el número de áreas legalizadas (se declararon tan sólo dos a lo largo de ese año) y también en el aumento de la violencia. Entre 2011 y 2012 el numero de asesinatos de indígenas creció un 17,6 por ciento.

Interlocución imposible

“Nosotros sabemos que esas obras dejan un gran pasivo social y ambiental y eso genera desconfianza, una especie de mecanismo de defensa en esas poblaciones”, admite Paulo Maldos, secretario de articulación social de la Secretaría General de la Presidencia, responsable de la comunicación entre las poblaciones indígenas y el Gobierno. Maldos afirma que hay deseo por parte del Planalto de implementar la Convención 169 de la OIT, pero huye del asunto cuando se le pregunta sobre cómo se haría la consulta y el peso que ésta tendría en cuanto a las decisiones del Gobierno, especialmente si el resultado es contrario a la ejecución de las obras. “No se puede resumir la consulta a un sí o a un no”, dice.

En 2011, a causa de las controversias alrededor del proyecto de Belo Monte, la Secretaría General de la Presidencia creó un grupo de trabajo interministerial para discutir la reglamentación de lo que sería la “consulta previa libre e informada”, pero ninguna organización indígena participó en la última reunión, evidenciando una de las principales fallas del proceso: la falta de legitimidad. Para las organizaciones indígenas, la creación de un marco legal bajo los moldes propuestos por el Gobierno en ese foro no tiene otro objetivo que viabilizar las obras, pese la discordancia de los pueblos afectados, justamente por no conferirles derecho de veto.

Según carta publicada en agosto de 2013 por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, la prueba de la instrumentalización del derecho de consulta previa es la intransigencia del Gobierno para discutir, por ejemplo, la Portaria 303 de la Advocacia- Geral da Uniâo[1], que extiende una futura decisión del Supremo Tribunal Federal respecto a la demarcación de las tierras indígenas de Raposa Serra do Sol (el juicio puede darse aún en 2013) a todas las otras tierras indígenas brasileñas. En la práctica, la decisión impone “limites severos a los derechos de usufructo exclusivo de los pueblos sobre sus tierras”, según el CIMI, permitiendo, por ejemplo, la revisión de procesos de demarcación ya finalizados.

Mientras sus interlocutores hablan solos, los munduruku cierran filas para organizar la resistencia. El día 30 de agosto, una audiencia pública en la ciudad de Santarén reunió, bajo liderazgo de los mundurukus, a representantes de todos los grupos afectados por los nuevos proyectos. Una carta divulgada al final de la reunión muestra que no están dispuestos a dar pasos atrás: “La autoritaria y equivocada política energética del Gobierno brasileño oprime a los pueblos indígenas y a las organizaciones que son conscientes de sus derechos y de las obligaciones del Estado”, dice el documento. “Las acciones del Gobierno brasileño son típicas de regímenes totalitarios y dictatoriales que, recientemente, llevaron a la muerte de dos indígenas (munduruku y terena) e instalaron un clima de terror en sus territorios”.

La carta, firmada por 26 entidades de la sociedad civil, también insta al Supremo Tribunal Federal de Brasil a hacer valer los derechos constitucionales y solicita que los órganos de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas intervengan junto al Gobierno por el incumplimiento de los tratados internacionales firmados por Brasil.

Como queda claro, la violencia y la militarización de las negociaciones no han fragmentado o menguado la lucha de los munduruku. Según afirma Raoni Valle, “ninguna de las estrategias de miedo, presión, terrorismo de Estado y guerra de baja intensidad impuestas a los indios han resultado eficientes”. “Ellos están allá como una roca granítica guardando la corriente, desviando el río de la Historia para que las represas y el Gobierno no hagan eso por ellos. Son los dueños del alto Tapajós. No hay oportunidad de negociar su genocidio.”


Laura Daudén es periodista.

Artículo publicado en el número 58 de Pueblos – Revista de Información y Debate, cuarto trimestre de 2013.


NOTAS:

  1. La Portaria 303 entró en vigor el 16/07/2012. Más información en la web de la Advocacia-Geral da Uniâo (AGU), www.agu.gov.br.

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