Bolivia: el espejismo de la bonanza económica

El gobierno de Bolivia atraviesa por una oleada de protestas sociales. Desde el 2010 el número de conflictos se ha disparado, superando un record de 25 años[1]. El nuevo ciclo rebelde expone la erosión de la legitimidad con que un año antes Evo Morales conquistara un segundo mandato con un masivo apoyo electoral. Las contradicciones entre su programa de gobierno, su discurso presuntamente respetuoso de la Madre Tierra y su efectiva gestión pública extractivista, además de los métodos para hacer frente a la situación convulsionada con una feroz represión como la que propinara a la pacífica movilización de los indígenas del TIPNIS (Territorio indígena y parque nacional Isiboro-Secure), han dado lugar a una avalancha de cuestionamientos acerca de su calidad de gobierno popular, indígena y antineoliberal.

El gobierno de Morales presenta cifras económicas pretendidamente irrebatibles para mostrar una supuesta “bonanza económica”: disminución de la pobreza extrema (de 38,2 por ciento en 2005 a 24,3 en 2011) y moderada (de 60,6 por ciento en 2005 a 48,5 en 2011); incremento del PIB per cápita (de 1.010 dólares en 2005 a 2.238 en 2011); incremento del salario mínimo (de 440 bolivianos en 2005 a 815 en 2011, unos 64 dólares); y disminución del desempleo abierto (de 8,1 por ciento en 2005 a 5,5 en 2011). ¿Cómo se explica entonces que la inusitada conflictividad sociopolítica esté centrada en los conflictos denominados económicos?[2]

Ilustración: Paula Cabildo.

Ateniéndonos a los sectores movilizados, entre el año 2011 y 2012 destacan el sector de trabajadores/as, y de ahí los públicos (en especial maestros/as y salubristas). También el resurgimiento de las movilizaciones de trabajadores/as fabriles, que demandaron sin éxito un incremento salarial que repusiera la pérdida del poder adquisitivo de sus ingresos, ocasionada, entre otros factores, por el incremento de los precios de los carburantes dictada por el Gobierno en diciembre de 2010. A lo largo de 2011, pero con énfasis entre los meses de enero y mayo, se desataron protestas en casi todo el país, característica novedosa, pues la Central Obrera Boliviana (COB) no lograba desde hace más de una década semejante capacidad de convocatoria entre sus afiliados.

La pugna tiene sus antecedentes en 2010, periodo en el que estos mismos sectores demandaron similar incremento salarial. Aquel reclamo no llegó a ser atendido gracias a una hábil maniobra del Ejecutivo, que dividió la movilización enfrentando a los pocos sectores que recibieron un considerable aumento (trabajadores mineros de Huanuni) contra la mayor parte que no lo consiguió. En 2011 y 2012 el conflicto se resolvió con similar estrategia divisionista, con la particularidad de que además de la denunciada “traición” de los dirigentes de la COB, el gobierno castigó con descuentos a los sectores movilizados, a pesar de haber acordado con sus máximos representantes “COBistas” no hacerlo. Las contradicciones de fondo fueron evidentes. Si el gobierno se jacta de una bonanza económica, ¿por qué no atendió los justos reclamos de los/as trabajadores/as?

A pesar de la victoria gubernamental, el costo político de los conflictos salariales fue muy alto. Tanto que la otrora aliada y oficialista COB se tornó, más por la presión de los sectores de base disconformes que por convicción de sus dirigentes, todavía muy sumisos al Ejecutivo, en parte de la oposición social a las políticas gubernamentales.

En sentido contrario, el gobierno de Morales se esmeró en buscar el acercamiento con sus pasados mayores opositores: la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y su sector más conservador, el de los empresarios agroindustriales aglutinados en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

Justamente al finalizar el convulso 2011, el gobierno convocó a una cumbre social para “recibir propuestas y demandas de los sectores sociales”. Entre los grandes ausentes se hallaron los sectores asalariados afiliados a la COB. Por el contrario, el gobierno aplaudió la notable presencia en el encuentro de la CEPB, entidad que, además de saludar la iniciativa, elevó a la misma un conjunto de propuestas para forjar un “pacto con el gobierno”[3]. Entre estas demandas y las conclusiones de la cumbre se evidencia con claridad la cristalización de un acuerdo con base en el respeto a la agenda de los empresarios para que ésta se transforme en nuevas políticas públicas. La primera de las medidas fue en realidad una muestra de la buena voluntad política del gobierno hacia sus nuevos aliados: les concedió la paralización por cinco años de la verificación de la Función Económica y Social (FES) para la tenencia de la propiedad agraria. Gracias a ella, los latifundistas no deberán probar el uso productivo de sus fondos por lo menos los siguientes cinco años[4].

La búsqueda de acercamiento con el empresariado agroindustrial tuvo un momento emblemático a mediados de 2011 cuando, mediante la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, se legalizaron los cultivos y semillas transgénicas, base de su negocio de agro exportación de soya y etanol. Recientemente, en agosto de 2012, el gobierno ha anunciado una nueva medida para contentar a este sector permitiendo la ampliación de la frontera agrícola hasta 11 millones de hectáreas (¡un incremento mayor a cinco veces!).

Mientras que el gobierno estimuló directamente la expansión del sector agroindustrial, le reservó a los territorios indígenas una campaña de descalificación bajo la acusación de ser los nuevos latifundios improductivos. En respuesta a las abiertas amenazas del Ejecutivo y sus organizaciones campesinas aliadas, que advierten con auditar la “función social” de los territorios indígenas apara redistribuirlos, los indígenas se encuentran movilizados desde junio de 2011 en defensa de sus territorios amenazados, entre otros, por infraestructuras de exportación como la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que atraviesa el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). El gobierno se empeña en construirla favoreciendo a los campesinos colonizadores y a los intereses agroexportadores brasileros, a costa de la violación de los derechos más básicos de los habitantes de este territorio indígena. En 15 meses de conflicto, las organizaciones indígenas han resultado confrontadas entre sí como nunca antes en su historia reciente. Nuevamente, de ser aliados y hasta sustento simbólico del proceso, pasaron a ser sus más acérrimos detractores, a decir del gobierno.

Bonanza en tiempos de crisis

Si hasta la víspera al discurso gubernamental le fue posible adjudicarse un manejo exitoso de los efectos de la crisis internacional, recientemente la situación ha cambiado, exponiendo la alta vulnerabilidad de la economía de Bolivia.

La conflictividad social revela los límites del periodo de bonanza. En 2010 89,59 por ciento de las exportaciones del país se concentraron en tres sectores: hidrocarburos (43,22 por ciento), minerales (35,12) y agroindustriales (11,25). En el primer sector, Brasil es el principal destino, con el 35,03 por ciento; seguido de Argentina, con el 8,02 por ciento. En el segundo, Estados Unidos, Japón, Bélgica, Corea del sur, China y Suiza, representan los mayores destinos de los minerales bolivianos. En el caso de los agroindustriales, la quinua comprada por Perú y reexportada por éste a Estados Unidos y Europa representó el 5,75 por ciento, y la soya con destino a Venezuela y Colombia alcanza un 8,34 por ciento. En síntesis, un puñado de países determina la producción (al ser el origen de las principales empresas extractivistas, como la PETROBRAS, que es la principal extractora de gas natural, o la japonesa SUMITOMO, que es la mayor explotadora de plomo, plata y zinc) y son al mismo tiempo el principal destino de las exportaciones bolivianas.

Esta reprimarización de la economía boliviana originada en los últimos años (2004-2011), a partir de un nuevo ciclo favorable en las condiciones de intercambio, explica la aludida vulnerabilidad de la economía nacional frente a fenómenos externos emergentes de la crisis. Dos de los más importantes previsibles cambios son, por un lado, la disminución de los precios de las materias primas estratégicas y su consiguiente efecto referido al incremento de los volúmenes de exportación, necesarios para compensar los bajos precios; el incremento del déficit fiscal debido a la gran dependencia del presupuesto público nacional y subnacional de la renta hidrocarburífera; la insostenibilidad del gasto público (el presupuesto de algunas de las políticas sociales “pro pobres” ya depende de donaciones de organismos como el Banco Mundial); y dependencia del financiamiento público de los organismos internacionales y de países emergentes como Brasil y China. Por otro lado, el incremento de la inflación importada promovida por los mercados especulativos, expresada en el aumento constante de los insumos agroindustriales, que son asumidos por los productores, desde los pequeños campesinos pobres hasta los grandes, y el resultante aumento del precio de los alimentos para las familias.

Durante el periodo precedente se dieron circunstancias favorables para que el Estado boliviano impusiera a las transnacionales del petróleo una mayor tributación debido a la escalada en los precios[5]. La renta petrolera dio sustento a nuevas políticas redistributivas o a la ampliación de aquellas promovidas durante el neoliberalismo[6]. En la presente gestión se ha estimado alrededor de un cuatro por ciento de déficit fiscal[7]. Bajo este contexto se hace mucho más complicado satisfacer las demandas sociales y más factible, como ocurrió durante la crisis política de 2000 -2005, la opción por la represión como método para eludir los reclamos.

La crisis mundial revela lo efímero de la bonanza económica y los logros en materia de lucha contra la pobreza, que podría remontar hacia cifras nuevamente calamitosas de continuar el ascendente de los precios de los alimentos. Del mismo modo que una disminución de los precios de los minerales (que ya experimentaron un sentido descenso de 14 dólares la libra fina de estaño en 2011 a 9,01 dólares en 2012) podría significar una pérdida significativa de puestos de trabajo en este sector, uno de los de mayor expansión en los últimos años[8].


Marco Gandarillas es sociólogo, investigador social y director ejecutivo del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).

Este artículo ha sido publicado en el nº 54 de Pueblos – Revista de Información y Debate, Cuarto trimestre de 2012.

Publicado también en euskera en el Dosier “Hego Amerika: Erronkak eta aukerak” – 54 zenbakia – Laugarren hiruhilekoa – 2012.


1. Fundación Milenio: Informe nacional de coyuntura, número 146, 11 de mayo de 2012.
2. Estos se concentran en el rechazo al incremento del costo de vida, demandas de incremento de los ingresos y temas laborales y salariales, así como el control de recursos naturales como dinamizador de desarrollo familiar, local y regional. En UNIR: Informe de la conflictividad en Bolivia. La conflictividad económica. Enero a junio 2011.
3. CEPB: Para un crecimiento sostenido, con equidad y menor pobreza: pacto nacional por la producción, la inversión y el empleo, diciembre de 2011.
4. Disposición que vulnera la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, promulgada por el propio Morales en 2006 y la nueva Constitución Política.
5. El precio del gas con destino a Brasil se incrementó de 2,59 dólares el millar de BTU en 2005 a 5,86 en 2010.
6. La más emblemática es la actual Renta Dignidad, denominada en su origen Bonosol, que asciende a un monto anual de 1.800 bolivianos (alrededor de 200 euros) a los mayores de 60 años que no perciban rentas o jubilación.
7. De acuerdo a los datos de la Fundación Jubileo, sin la renta petrolera y minera el déficit fiscal de 2011 que alcanzó a 0,8 por ciento habría alcanzado el 9,6. Jubileo: ‘Sin los actuales ingresos por hidrocarburos la situación económica sería crítica’, número 23, junio-agosto 2012.
8. Tan solo en el sector público, la empresa COMIBOL pasó de 315 trabajadores en 2005 a 5.732 en 2011. En Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural: Las empresas estatales en el nuevo modelo económico de Bolivia, 2012.


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