Europa, al borde del precipicio

Negociación de cuotas que no acaban de traducirse en reubicación de las personas refugiadas, vallas, drones, controles internos, confiscación de bienes, trabas a la reagrupación familiar, pulseras identificativas, señalamientos y expulsiones. Ante las necesidades de acogida y asilo de las personas que están llegando a sus fronteras, la UE, yerma de sus ancestrales proclamaciones de libertad y seguridad, conculca sus obligaciones y acuerdos. Sin una nueva política europea de Asilo y Migración que priorice los derechos humanos, seguirán muriendo personas en el mar y con ellas se hundirá también el proyecto europeo.

El 20 de julio de 2015 la Comisión Europea propone la rápida reubicación de 40.000 personas refugiadas que se encontraban en Grecia y en Italia. Pide solidaridad y colaboración al resto de los 28 países de la UE. El Gobierno español manifiesta estar en disposición de acoger sólo a 2.739 cuando se le pedía más del doble[1].

El 3 de septiembre nos conmueve la enorme tragedia de la aparición del cadáver del niño Aylan Kurdi, varado para siempre sobre una playa turca con sus zapatitos nuevos y su niqui impoluto. Se parece a nuestros hijos e hijas, pero también a los de nuestra clase política. Las conciencias de buena parte de Europa se resquebrajan. Muchas personas descubren de este modo tan traumático que existen las personas refugiadas y empujan a los políticos a diseñar un plan de acogida urgente y masivo.

Llegada de un bote de personas refugiadas desde Turquía a la playa próxima al mirador de Katia (sur de Lesbos). Fotografía de Germán García Marroquín.

Llegada de un bote de personas refugiadas desde Turquía a la playa próxima al mirador de Katia (sur de Lesbos). Fotografía de Germán García Marroquín.

El 9 de septiembre la Comisión Europea pide un esfuerzo adicional a los países miembros de la UE para reubicar a 120.000 personas refugiadas más desde Grecia (50.400), Italia (15.600), y Hungría (54.000). Debían sumarse a las 40.000 ya aprobadas en julio. Se establece la reubicación de 160.000 personas con una ponderación de criterios de división de manera que a España le correspondía acoger a 14.931 nuevas personas refugiadas[2]. Se pide también un mecanismo de reubicación permanente para ayudar a cualquier país miembro ante una situación de “extrema presión migratoria”.

Se reclama una política de retorno más eficaz hacia las personas en situación irregular en aplicación de la Directiva 2008/115 de la Unión Europea, y se valora la dimensión exterior de la crisis con apoyo a Jordania, Líbano y Turquía, países a los que están llegando un mayor número de personas refugiadas. Al mismo tiempo, se refuerzan las operaciones navales militares de vigilancia -que no de salvamento- en el Mediterráneo con la llamada “Eunavfor Med” para desmantelamiento de redes que trafican con personas migrantes.

El 24 de septiembre se aprueba la Decisión 2015/1601 por la cual se fijan unas medidas provisionales de protección internacional en beneficio de Italia y Grecia. Cabe recalcar quienes son los destinatarios de las medidas: los países afectados, no las personas refugiadas.

El Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) asigna 6.000 euros por cada persona solicitante de asilo que sea recibida en un país de la UE, mientras que Italia y Grecia recibirían 500 euros adicionales por cada persona refugiada que “envíen”. Está claro que hay recursos suficientes. Italia y Grecia debían garantizar la toma de huellas e identificación rápida de las y los solicitantes a través de los denominados hotspots con ayuda de la EASO (Oficina Europea de Apoyo al Asilo), ACNUR, EUROPOL, FRONTEX, y funcionarios policiales de los dos países.

Se pedía que antes del 26 de septiembre de 2016 un total de 54.000 solicitantes se reubicasen desde Grecia e Italia. Se informaba también a las y los solicitantes de protección internacional de las consecuencias de los desplazamientos irregulares dentro de la Unión Europea por cuanto la libertad de circulación estaba limitada. España se comprometía, en definitiva, a acoger un total de 14.931 personas refugiadas, pero Hungría cae del proceso de reubicación y se redistribuyen las cifras. A España le corresponden finalmente: 1.300 personas de la primera cuota de julio de 2015, más 1.896 a reubicar desde Italia y 6.127 a reubicar desde Grecia.

En total son 9.323 personas -en lugar de las 14.931 iniciales-, por lo que se reduce prácticamente a la mitad el número personas a reubicar en el país mientras la llegada de personas inmigrantes y refugiadas a las costas mediterráneas por sus propios medios sigue siendo continua. Una auténtica “subasta de refugiados” que CEAR deplora.

Se avanza en la creación de una denominada -y muy polémica- Guardia Europea de Fronteras y Costas, por la que 1.500 miembros van a llevar a cabo operaciones conjuntas y rápidas en las fronteras, incluso atravesándolas sin consentimiento. Se prevé la vigilancia de costas a través de drones en el Mediterráneo y el aceleramiento de los retornos. Además, se fijan controles de la ciudadanía de la Unión Europea en las fronteras exteriores con posibilidad de consultar las bases de datos, de acceder al Sistema de Información Schengen (S.I.S.), investigar datos biométricos, pasaportes, etc.

Europa, más Europa, toda Europa

¡Adelante Europa! Hagamos un repaso breve de las actuaciones y omisiones que han realizado algunos países: En 2015 Alemania ha recibido 1.100.000 personas solicitantes de asilo. Angela Merkel ha tolerado la derogación tácita del Convenio de Dublín (que obliga a pedir asilo en el primer país seguro) permitiendo una afluencia importante en su territorio. Sin embargo, se han previsto confiscaciones parciales de bienes a las personas refugiadas en los Estados de Baviera y de Baden Württemberg, como más tarde ha hecho Dinamarca. Desde el 28 de enero se acelera además la expulsión de personas en situación irregular y el país vive un resurgimiento de movimientos xenófobos y racistas.

Dinamarca ha modificado su normativa de Extranjería permitiendo, además de la confiscación de bienes, retrasar hasta 3 años el proceso para permitir las reagrupaciones familiares, la única vía segura para emprender un viaje de huida.

Suecia ha fijado la posibilidad de expulsar hasta 80.000 personas solicitantes de asilo de su territorio; Finlandia ha pedido a las personas solicitantes que trabajen gratuitamente; Austria ha solicitado la suspensión de la reubicación del 30 por ciento de la cuota de personas refugiadas que tenía asignada; en Bélgica, los alcaldes de las zonas costeras acaban de manifestar que “Bélgica necesita un Guantánamo para los inmigrantes ilegales pero sin torturas”. Se ha convertido en el séptimo país europeo que reintroduce los controles fronterizos para impedir que demandantes de asilo procedentes de Calais puedan llegar a sus ciudades.

En Polonia, Chequia, Eslovaquia y Hungría se han levantado vallas para frenar la “ola” de personas refugiadas. En este último país, el Presidente Viktor Orban ha modificado además el Código Penal con penas privativas de libertad de 3 años a personas inmigrantes y solicitantes de asilo.

La jungla de Calais en Francia ha sido desmontada por orden judicial obligando a miles de personas inmigrantes y refugiadas a abandonar los precarios campamentos en los que albergaban la ilusoria esperanza de atravesar el Canal de la Mancha y llegar al Reino Unido.

Inglaterra ha establecido en Cardiff un sistema de pulseras de colores para solicitantes de asilo de cara a identificar sus tres comidas diarias. En Middlesbrough se pintan las puertas de rojo en las casas de las personas refugiadas, al igual que se hacía con los judíos en la Alemania nazi.

Sólo en 2015 llegaron a Grecia 868.000 personas, un país que no tiene capacidad para garantizar la acogida, asistencia sanitaria primaria e identificación de las personas solicitantes. No existe justicia gratuita, ni garantía de tutela judicial efectiva para recurrir las denegaciones de protección internacional. Ha fracasado la protección y acogida de menores no acompañados. El Convenio de Dublín está suspendido desde 2011 y varios países amenazan con cerrar sus fronteras con Grecia o expulsarla del espacio Schengen.

La UE ha prometido a Turquía 3.000 millones de euros para atender a las más de 2,2 millones de personas refugiadas sirias que acoge pero, sobre todo, para frenar la llegada de solicitantes de asilo, única preocupación de la Unión. El acuerdo alcanzado el pasado 7 de marzo entre la Unión Europea y Turquía ahonda en la conversión de este país en gendarme y ‘campo de refugiados’, permitiendo la vulneración del principio de no devolución de la Convención de Ginebra. Se quiere devolver a Turquía a las personas refugiadas que provengan de allí, pese a no tratarse de un país seguro. Organizaciones de derechos humanos han denunciado devoluciones a Siria desde Turquía y el uso de la violencia por parte de las autoridades. Las mafias continuarán explotando a las personas refugiadas en las peligrosísimas y mortales travesías del Egeo.

En España, a comienzos del pasado año hubo una denuncia del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre las devoluciones ilegales y la arbitrariedad de los traslados de solicitantes de asilo desde Ceuta y Melilla a la península. Hemos padecido el archivo de la denuncia por el terrible caso de 15 personas muertas en la frontera de Tarajal, en Ceuta, que ha sido recurrida por CEAR. La Ley de Seguridad Ciudadana ha sido modificada permitiendo la legalización de las eufemísticamente llamadas “devoluciones en caliente”, y tras 6 años de entrada en vigor de la última Ley de Asilo (12/2009), sigue sin aprobarse su Reglamento de desarrollo.

España presentó ante la Unión Europea un “proyecto piloto” para la acogida de 50 personas. Hasta la fecha han llegado 18 de las 9.323 que deberíamos acoger mediante las cuotas de reubicación. Las personas refugiadas se ven obligadas a llegar por sus propios medios, muchas de ellas sufriendo las penosas condiciones de la frontera sur.

La Organización Internacional para las Migraciones informa de que a lo largo de 2015 han llegado por mar a Europa 1.011.712 personas, al tiempo que han muerto o desaparecido 3.771 personas. En lo que llevamos de 2016, otras 110.054 personas refugiadas más han arribado a las costas griegas e italianas y, al cierre de este artículo, ya asciende a 413 el número de personas muertas o desaparecidas. La sangría es imparable.

Mientras tanto el proceso de reubicación -absolutamente penoso y desesperantemente ralentizado- ha permitido hasta 24 de febrero de 2016 tan solo la reubicación de 303 personas desde Italia y de 295 desde Grecia, lo que suma la ridícula cifra de 598 de las 160.000 previstas a dos años.

El ex director de Frontex, Gil Arias, decía hace unas semanas que tardaríamos a este ritmo “300 años en llevar a cabo la culminación de este proceso”, lo que está obligando a las personas refugiadas a reubicarse por sí mismas ante el flagrante incumplimiento por parte de Europa de sus compromisos.

Europa parece asustada y cicatera. Se han agitado temores infundados y se ha criminalizado a un colectivo que llega huyendo de la misma violencia que sufrió París. La población europea nunca hubiéramos cerrado la puerta de nuestra casa a la gente que huía despavorida de la sala de fiestas Bataclan. La falta de pudor de algunos políticos ha alimentado el fuego de fundamentalismos políticos y religiosos poniendo en peligro la Europa de los derechos y las libertades.

La Europa Vieja

Europa reunida, pero no unida. Deserción clamorosa de nuestras obligaciones y acuerdos firmados por esta ya no Vieja Europa sino Europa Vieja, yerma y marchita de sus ancestrales sentimientos y proclamaciones de acogida y solidaridad. En tiempos de oscuridad y turbulencia hay que cultivar el discurso de la lucidez y la prudencia
comprometida y responsable.

Se convocan “cumbres de Estado” constantemente para abordar la “crisis de los refugiados”, pero no la crisis de Europa. La UE no puede convertirse en un reducto defensivo contra nadie. Se nos prometía un espacio de libertad y respeto a los derechos humanos y hoy sufrimos la vergüenza de ver morir en nuestras fronteras a quienes quieren ejercer el derecho de asilo, de ver mancillada la dignidad a quienes olo buscan poner su vida a salvo.

No existen visados para las personas refugiadas. Si existen mafias que les extorsionan y sangran, reclamando sumas ingentes de dinero por ocupar una de las abarrotadas plazas en cayucos, pateras y barcos desvencijados, porque no hay otra alternativa de abandonar el terror y la vulneración de los derechos humanos. Las necesidades son más acuciantes que la extorsión y anteriores a ella.

Hay que desarrollar una nueva política europea de Asilo y Migración que priorice a las personas. Poner en marcha operaciones de rescate y salvamento seguras y eficaces, cumpliendo el inexcusable deber de auxilio y socorro a los náufragos en alta mar para evitar que el Mediterráneo y otros mares del mundo se sigan convirtiendo en abigarrados y silentes cementerios.

Sin vías legales y seguras que garanticen el derecho de asilo a las personas refugiadas no evitaremos que emprendan infaustas travesías que les abocan a la muerte y, en el “mejor de los casos”, a la deportación.

Debemos abordar las causas últimas de los desplazamientos forzados. De otro modo seguiremos asistiendo impasibles a este dramático éxodo de seres humanos necesitados de paz, seguridad, y libertad, la misma que les niegan sus países de origen y que les aboca a escapar a toda costa y por cualquier medio. Exactamente igual que hubiéramos hecho tú, yo, y nuestras familias.


Javier Galparsoro es abogado y presidente de CEAR-Euskadi.

Artículo publicado en el nº69 de Pueblos – Revista de Información y Debate, segundo trimestre de 2016.


NOTAS:

  1. En este primer momento España no acepta la cuota que se le solicita basada en el PIB y en la población y que no sobrepasaba las 6.000 personas entre cuotas de reubicación (dirigidas a personas refugiadas que ya están en Europa) y de reasentamiento (dirigido a personas refugiadas en países limítrofes a los países de origen).
  2. 40 por ciento en función del tamaño de la población; 40 por ciento en función del PIB; 10 por ciento en función de las solicitudes de asilo tramitadas y el 10 por ciento restante en función de la tasa de desempleo.

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