Los derechos de las mujeres en América Latina frente al aborto inseguro e ilegal

El aborto inducido en condiciones de riesgo practicado en un contexto legal restrictivo constituye una problemática de salud pública por sus consecuencias en la morbimortalidad de las mujeres. Es asimismo una violación de sus derechos humanos, reconocidos en diversos instrumentos del Sistema de las Naciones Unidas. Abordamos a continuación esta realidad en cinco países latinoamericanos (Nicaragua, Guatemala, Perú, Uruguay y México), reflexionando sobre distintas estrategias desarrolladas desde la sociedad civil para la ampliación de derechos.

p55_aborto_paula1En América Latina, a pesar de una prevalencia elevada de los abortos inseguros, que superan el 95 por ciento de los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo[1], las políticas estatales siguen dominadas por legislaciones restrictivas[2]. Esta doble dimensión (en tanto violación de derechos y riesgo sanitario) asociada al aborto realizado en condiciones de riesgo ha nucleado a dos tipos de actores: el movimiento feminista y las organizaciones de profesionales de la salud.

El primero ha centrado sus demandas en la ampliación de derechos, visibilizando cómo la penalización del aborto lesiona la autonomía y la salud de las mujeres; mientras que el segundo ha puesto de manifiesto el rol político de su práctica profesional y ha desarrollado varias iniciativas para disminuir la morbimortalidad.

Ambos actores han contribuido al desarrollo del tema desde la sociedad civil, brindando elementos para la ampliación de la noción de ciudadanía de las mujeres al concebir la inclusión de un factor fundamental para la concreción de sus derechos sexuales y reproductivos: el que puedan ejercer su derecho a la autodeterminación reproductiva y practicarse abortos voluntariamente, sin que exista riesgo para su salud ni para su seguridad, dentro de un marco de derechos.

Los datos a los que hace referencia este artículo fueron en su mayoría aportados por las organizaciones de Nicaragua, Guatemala, Perú, Uruguay y México participantes del taller regional “Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos en América Latina: intercambio de experiencias de estrategias dirigidas a mejorar el acceso a servicios de aborto seguro y legal”, organizado por Médicos del Mundo Francia (MDMF)[3]. Este taller representó una oportunidad para compartir estrategias de promoción de abortos legales y seguros, permitiendo aprender de las acciones de los demás actores, identificando obstáculos y oportunidades para alcanzar la plena concreción de los derechos de las mujeres.

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Una mirada desde la sociedad civil

Para abordar la situación en cada país se ha decidido comenzar por el más restrictivo de los contextos y finalizar con el más permisivo, de modo que puede considerarse a los diferentes casos expuestos como un continuo entre ambos extremos: Nicaragua, Guatemala, Perú, Uruguay y México.

A pesar de los contextos restrictivos, existen diversas iniciativas que se desarrollan en el plano de la salud sexual y reproductiva con miras a intervenir sobre distintas facetas del aborto inducido. No obstante, las limitaciones que plantean las normativas legales de cada país influyen en el tipo de iniciativa que se desarrolla públicamente: así, dentro de los contextos restringidos,

Nicaragua se diferencia de los demás países por la prohibición total del aborto que estipula su Código Penal a partir del año 2006 y la severidad de penas que plantea para quienes lo practiquen. De hecho, con sólo proporcionar información sobre el aborto las y los profesionales de la salud pueden ser encarcelados, por lo que su accionar está severamente restringido en la esfera pública.

Grupos de mujeres organizadas como SÍMujer y Mujeres Autónomas, por su parte, han mantenido acciones permanentes tanto en el plano nacional como internacional. En este último han llevado el caso de Nicaragua ante diversas instancias, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Civiles y Políticos en Ginebra y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, logrando posicionamientos que cuestionan la reciente penalización total del aborto, que rompió con más de 170 años de vigencia de la causal por aborto terapéutico.

En Perú, donde el aborto es ilegal y está penalizado (con excepción del terapéutico, al que las mujeres tienen muy escaso acceso), se estima que un 35 por ciento del millón de embarazos que se registran anualmente termina en aborto inducido[4]. Existe una gran desigualdad: las mujeres de menor nivel socioeconómico y las que viven en el medio rural son más proclives a realizarse procedimientos en peores condiciones[5].

A nivel de las y los profesionales de la salud, desde 1991 la Red ESAR (Educación para la Salud Reproductiva) en ese país desarrolla acciones de capacitación y sensibilización en la prevención del embarazo no deseado, en el tratamiento del aborto incompleto y en la atención post aborto, con un enfoque de calidad. Por parte de las mujeres organizadas, la asociación Flora Tristán ha planteado al aborto inseguro e ilegal como un problema de salud pública y de desigualdad social. Esta organización desarrolla un trabajo amplio que comprende la articulación con diversos actores en torno a la elaboración de protocolos de atención del aborto terapéutico, lo que ha logrado situar el tema en la agenda pública.

En Guatemala, donde el Código Penal únicamente permite el aborto terapéutico y el culposo (es decir, el causado por conducta imprudente), se estima que más de un tercio de las 180.000 guatemaltecas que enfrentan embarazos no planificados cada año buscan un aborto, la mayoría de las veces inseguro debido a que se recurre a la clandestinidad[6]. Al igual que en Perú, son las mujeres en situación de pobreza y las del medio rural las que tienen mayor riesgo de tener complicaciones y de no recibir el adecuado tratamiento[7].

En ese país, la organización de profesionales Mujeres Médicas comenzó a implementar su Programa de Atención Post Aborto en el año 2002, después de que las profesionales constataran el maltrato al que eran sometidas las mujeres que presentaban abortos incompletos en los centros de salud. El objetivo fue capacitar a todo el personal médico y paramédico de los servicios de gineco-obstetricia y a las médicas privadas. A través de ello se desarrolló un proceso de sensibilización del personal y se situó en la agenda nacional el tema del aborto inducido.

Por su parte, el movimiento de mujeres en Guatemala también lleva a cabo acciones de sensibilización respecto a temas relacionados con el aborto, haciendo hincapié en la laicidad del Estado. La organización Tierra Viva, por ejemplo, trabaja en la sensibilización de lideresas, realiza talleres con periodistas y monitorea la cobertura de los medios sobre el tema.

En Uruguay, país en el que el aborto está penalizado desde 1938 (aunque con cuatro causales: honor, violación, razones de salud y angustia económica), las movilizaciones constantes de las mujeres organizadas colocaron el tema de la despenalización en la agenda pública nacional. Desde que se produce la recuperación democrática en el año 1985 hasta la actualidad, estas organizaciones han impulsado la modificación de la situación legal del aborto voluntario, sumando a diversos actores de la sociedad civil y de la academia.

Este esfuerzo ha tenido un correlato a nivel parlamentario, ya que, desde ese entonces y en cada legislatura, se han presentado diversos proyectos de ley para modificar el Código Penal. El más reciente fue aprobado por el Parlamento en 2012 y todo indica que será promulgado próximamente por el Poder Ejecutivo. Éste suspende la pena del delito del aborto voluntario antes de la duodécima semana, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones.

Por otra parte, la estrategia de reducción de riesgos y daños desarrollada por profesionales de la salud nucleados en Iniciativas Sanitarias posicionó al aborto inseguro como un problema de salud pública, logrando incorporar la consulta por embarazo no deseado al sistema de salud a partir de 2004. Esta estrategia fue plasmada en una ordenanza ministerial y años más tarde fue incorporada en la Ley 18.426, asegurando su extensión a todo el territorio nacional[8]. Con la ley vigente es el Ministerio de Salud Pública el responsable de la implementación de estos servicios integrales en todo el país.

En México, si bien ninguna de las entidades federativas prohíbe totalmente la interrupción voluntaria del embarazo, la amplia mayoría de éstas considera que el aborto es la interrupción del producto de la concepción en cualquiera de sus etapas y (aunque con excepciones) prevén penas por ello. La salvedad es el Distrito Federal (DF), donde desde 2007 es legal la interrupción del embarazo hasta la duodécima semana de gestación.

El DF destaca por ser singular tanto en su contexto nacional como entre los países que son analizados en este artículo. En el DF se produjeron determinados factores que culminaron en la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE): por una parte, desde la sociedad civil las organizaciones de mujeres formaron en el año 2000 la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, una plataforma que impulsó la movilización y tuvo un papel muy importante en el asesoramiento respecto a las reformas legales. Por otra parte, el tema del aborto inducido había estado presente en las elecciones federales de 2006, dado que en ese año había contendido para la presidencia una candidata feminista. En 2007, un diputado de su partido lanzó la primera iniciativa para legalizar el aborto, que fue aprobada ese mismo año. Esto se produjo en un contexto en que la iglesia católica se encontraba debilitada.

Una vez que la ILE fue una realidad, el DF comenzó a garantizar servicios públicos de aborto con niveles crecientes de satisfacción para las usuarias. La sociedad civil no se retiró sino que continuó presente en el monitoreo de la experiencia, generando propuestas de mejora a ser implementadas por la Secretaría de Salud.

Entre el déficit democrático y la concreción efectiva de la ciudadanía de las mujeres

En la conceptualización del aborto inseguro e ilegal como problema de salud pública y obstáculo para la concreción efectiva de los derechos de las mujeres latinoamericanas han sido claves las acciones desarrolladas por la sociedad civil. Como se indicó, la doble dimensión del problema ha nucleado en torno a su resolución a mujeres organizadas y a organizaciones de profesionales de la salud. Ambos actores han sido fundamentales para dar visibilidad al problema en tanto vulneración de derechos de las mujeres, resaltando la existencia de un déficit democrático que las afecta específicamente y que perjudica particularmente a las de menores recursos.

En la amplificación de la voz de estos actores ha sido clave un factor que, si bien no se ha analizado aún en profundidad, no puede dejar de mencionarse: se trata de la cooperación internacional y, particularmente, de la que se genera a través de organizaciones de la sociedad civil que tienen su origen en países en los que el aborto constituye un derecho. Estas organizaciones han sido un foco constante de apoyo, ampliando el conocimiento técnico sobre el tema y apuntando al desarrollo de los vínculos entre actores que trabajan en la temática desde sus realidades locales.

La sociedad civil ha desarrollado diversas estrategias tanto para incidir directamente en el cambio legal que despenalice y/o legalice la interrupción voluntaria del embarazo (lo que se observa mayoritariamente en las mujeres organizadas) como para reducir los daños y riesgos asociados a la práctica del aborto inseguro (estrategia que predomina en las organizaciones de profesionales). Ambos acercamientos se realizan desde una perspectiva de derechos y han sido fundamentales para posicionar el tema en la agenda pública y lograr incidencia en el ámbito de la representación política.

No obstante, pese a que pueden encontrarse estas líneas comunes a las diferentes estrategias de la sociedad civil, existen especificidades que responden a características singulares de los diferentes países y que se relacionan particularmente con el grado de restricción o permisividad de sus legislaciones. En este sentido, se observa que en Nicaragua, país que presenta el más alto grado de restricción de los que fueron analizados, si bien se desarrollan estrategias a nivel nacional existe un fuerte direccionamiento de las acciones hacia la denuncia de la situación a nivel internacional. En otros países en los que el aborto inducido está penalizado pero existen exenciones bajo determinadas causales se producen acciones a nivel nacional que buscan garantizar el acceso al aborto cuando está comprendido dentro de la ley, se brinda información a las mujeres, se capacita y sensibiliza al personal médico y se trabaja con las autoridades sanitarias. Se trata de acciones que posicionan de otra forma el tema en la agenda pública e influyen en las y los tomadores de decisiones.

El caso del DF ofrece una buena oportunidad para observar hasta qué grado son determinantes las acciones emprendidas por la sociedad civil para lograr avances significativos en la concreción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Allí se observa que las estrategias llevadas a cabo por las organizaciones sociales son fundamentales para generar un cambio legal que favorezca a las mujeres, y que una vez logrado, es necesario dar seguimiento a la situación para monitorear su funcionamiento, la calidad de la atención que se brinda y disminuir las barreras de acceso a los servicios.

En todos los países analizados, los actores de la sociedad civil que promueven soluciones frente al aborto ilegal practicado en condiciones de riesgo han posicionado el tema en tanto impedimento para lograr una democracia igualitaria en su enfoque hacia el género, que no vulnere los derechos de las mujeres. Al hacerlo, han problematizado la concepción tradicional de la ciudadanía, que necesariamente debe ser ampliada para abarcar los derechos sexuales y reproductivos y, particularmente, el derecho de cada mujer a interrumpir su embarazo si así lo desea sin que su salud corra riesgos evitables y respetando su autonomía.


Marcela Schenck (genco.uruguay@medecinsdumonde.net) forma parte de Médicos del Mundo Francia – Misión en Uruguay, junto a Carine Thibaut, también autora de este artículo. Las restantes autoras son: Sandrine Simon y Camila Giugliani (Médecins du Monde France) y Mónica Gorgoroso (IS).

Este artículo ha sido publicado en el nº 55 de Pueblos – Revista de Información y Debate – Primer trimestre de 2013.


NOTAS:

  1. World Health Organization (2011): Global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2008, Geneva.
  2. En cuanto a las excepciones referentes a la restrictividad respecto a la situación legal del aborto inducido en los diferentes países y territorios de la región, siguiendo la clasificación de Singh et al (2009) a grandes rasgos puede señalarse que éste se reconoce como derecho en tres países y territorios (Cuba, República Cooperativa de Guyana y Puerto Rico). Dos de los casos que se analizan en este artículo, México DF (a nivel federal) y Uruguay (a nivel nacional) también se encuentran dentro de los contextos que, aunque con ciertas condicionantes, habilitan la interrupción voluntaria del embarazo.
  3. Septiembre de 2012. Taller impulsado por la misión Uruguay de Médicos del Mundo Francia con las organizaciones de la sociedad civil Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) e Iniciativas Sanitarias (IS). Se presentó como una instancia de intercambio entre organizaciones feministas y de profesionales de la salud. Las organizaciones que presentaron datos incluidos en este artículo fueron: SÍMujer y Mujeres Autónomas, de Nicaragua; Red ESAR (Educación para la Salud Reproductiva) y Flora Tristán, de Perú; Mujeres Médicas y Tierra Viva, de Guatemala; Equidad de Género Ciudadanía Trabajo y Familia AC, de México; Mujer y Salud en Uruguay e Iniciativas Sanitarias, en Uruguay.
  4. Ferrando, Delicia (2006): El aborto clandestino en el Perú. Revisión, Centro de la Mujer Peruana, Lima, Flora Tristán, Pathfinder.
  5. Ídem.
  6. Prada, Elena; et al. (2006): Embarazo no planeado y aborto inseguro en Guatemala: causas y consecuencias, Nueva York, Guttmacher Institute.
  7. Ídem.
  8. Briozzo, Leonel; et al. (2007): Iniciativas Sanitarias contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo, Montevideo, Arena. Gorgoroso, Monica; et al. (2010): Ser parte de la solución… La experiencia de Iniciativas Sanitarias, Montevideo, Iniciativas Sanitarias.

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Un pensamiento en “Los derechos de las mujeres en América Latina frente al aborto inseguro e ilegal”

  1. El aborto no es un derecho. El aborto es una violación de los derechos del bebé a nacer. El derecho a vivir de la persona que hay en el vientre de una mujer embarazada está por encima de la salud de la mujer, o más bien de la comodidad o egoísmo de esta mujer y de la persona que la ha dejado embarazada, ya que el padre tiene las mismas obligaciones que la madre hacia la criatura que han traído al mundo, tienen que protegerla, alimentarla y educarla hasta que sepa valerse por si misma.

    Si no pueden hacer todo esto por el bebé que no se hubieran acostado. Pero si aún así no quieren criarlo, que por lo menos lo den en adopción o lo entreguen a un orfanato, allí por lo menos tendrá la posibilidad de vivir. Que la posibilidad de vivir sí que se la dieron al padre y a la madre responsables de esa criatura. Muchas gracias por publicar este comentario, aunque no esté de acuerdo con sus ideas. Un saludo desde España:

    Salvador

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