– Ana, ¿qué es una personería?, ¿qué trabajo haces allí?
– Las personerías son entidades locales que cuentan con muchísimos años en la legislación colombiana. Cada uno de los más de 1.000 municipios del país tiene una personería, y en 2005 las autoridades de Medellín hicieron una apuesta por crear en el marco de la suya una unidad para los derechos humanos que trabaja las 24 horas del día. Acompañamos a la ciudadanía en sus peticiones y quejas hacia los distintos entes del Estado; recibimos las quejas de la población que se tiene que desplazar, de las personas agredidas por la fuerza pública; ayudamos en la búsqueda de los servicios de salud, que son bien complejos y que están bien difíciles, y en las denuncias en contra de los actores armados, que enviamos a la Fiscalía General.
También hacemos verificaciones de casos de derechos humanos y contamos con un grupo de investigación social que elabora cada año un informe donde damos seguimiento a temas como el derecho a la vida, la libertad, la integridad personal, la educación, la salud, los derechos de las mujeres, de la comunidad indígena, de la población LGTB… Trabajamos unas 58 personas, entre auxiliares, conductores, investigadores, abogados, etc. Medellín tiene aproximadamente dos millones y medio de habitantes, todos los días llega gente desplazada. En una ciudad tan grande y con tantos problemas, esto requiere un grupo humano grande y una apuesta política.
– ¿Es clara esa apuesta? ¿Ha habido choques con las administraciones o intentos de cerrar las personerías?
– Cuando Uribe Vélez llegó a la presidencia en 2002 hizo todo lo que estuvo a su alcance para eliminarlas, pero no pudo. Lo tenía que hacer a través de un referéndum, que se hundió, y encontramos mucho apoyo. Son tan importantes las personerías que antes e que las alcaldías se escogiesen por elección popular, algo que empezó a hacerse en 1988, los representantes en los municipios de la sociedad y de las comunidades no eran los alcaldes, eran los personeros. Lo que sí ocurre en los municipios en los que se hace un verdadero trabajo de veeduría y de control es que sí existe cierta tensión con las autoridades locales.
– La imagen que llega a Europa de Medellín coincide con la de Colombia, compleja y contradictoria. ¿A qué Medellín se asemeja más la ciudad, a la pobre y violenta de La vendedora de rosas de Gaviria o a la de los eventos de negocios? ¿Es otra?
– En Medellín perviven estas dos ciudades. Podríamos decir que no es una ciudad, que son dos, completamente distintas. Por un lado está ese Medellín internacional de las cumbres, imparable y que genera buenas condiciones para determinadas personas; pero por otro está el de la mayor parte de la población, que sufre el desempleo, la pobreza, la miseria, que vive en condiciones difíciles, infrahumanas.
El conflicto armado continúa en Medellín, se sigue presentando, convulsiona la vida de la gente, presiona, desplaza y asesina, y violenta a las mujeres. Todo eso sigue existiendo siguiendo la suerte de lo nacional, porque no es un asunto sólo de Medellín sino de las grandes ciudades.
– Según datos oficiales, en los últimos años han mejorado mucho los índices de desempleo e indigencia en la ciudad, a pesar de que siguen siendo más elevados que la media colombiana. ¿Lo ves así?
– Es muy compleja la situación en cuanto a derechos sociales, económicos y culturales. Si en los derechos civiles y políticos hay problemas, en esto también. Medellín recibe muchísima población desplazada. El desempleo pervive, sigue existiendo la pobreza, las condiciones de salud no son las mejores precisamente… La miseria duele muchísimo. Denunciamos continuamente la existencia de esas dos ciudades: la de quienes lo tienen todo, el 21 o 22 por ciento de la población, y la de quienes carecen de todo. Aunque la administración hace un esfuerzo, no hay una política de empleo clara, no se apuesta por la superación de la pobreza absoluta, ni en Medellín ni en otra ciudad de Colombia que yo conozca. Las políticas son asistenciales desde lo nacional y lo local, buscan paliar los problemas, pero no hay un programa del que puedas decir: “mire, con esto hemos reducido así los niveles de pobreza”.
– ¿Y la violencia contra la mujer?
– En el derecho a la vida nos falta mucho para llegar a una situación aceptable. Perviven actores armados que le dan continuidad a lo paramilitar, que también están vinculados al negocio de las drogas y a la toma de algunas rentas legales. La conflictividad en Medellín es una mezcla, está manejada por unos actores que, digamos, son unos híbridos, no queremos llamarles paramilitares netos pero tampoco bandas criminales. Hacen que el conflicto permanezca y que deje miles de víctimas de homicidios, de desplazamientos forzados. Hacen que haya una violencia sexual contra la mujer diferente a la histórica de siempre, que continúa existiendo y también es muy grave.
Esta violencia la utilizan los actores armados como forma de esclavizar a mujeres. Se las llevan muy niñas, las tienen esclavas en sus casas y las utilizan sexualmente, y sus familias no pueden recuperarlas porque igual son amenazadas. Es la degradación absoluta del conflicto, porque utilizan la violación como un mecanismo de fuerza, de castigo, hacia la mujer.
– ¿Es muy grande la implicación de los jóvenes en esta violencia?
– Muchos de los actores armados tienen entre 18 y 26 años. No tenemos ese censo, pero lo vemos cuando vamos a los barrios, o por los índices de violencia en homicidios, amenazas y desplazamientos. Se podría decir que son los jóvenes los que están resultando más afectados por el conflicto, pero en los grupos armados hay mucho adulto, que son los manejan los hilos de este poder.
– Antioquia es uno de los tres departamentos que reciben casi la mitad de los fondos destinados a cooperación internacional por la Unión Europea y la AECID[1]. Además es una de las regiones con más inversión de multinacionales. ¿Crees que puede haber alguna relación?
– Antioquia ha estado muy afectada por el conflicto armado, y en esa medida ha habido inversión extranjera en diversos programas y proyectos. Una de esas inversiones se ha hecho precisamente en mi región de origen, el oriente antioqueño. Ahí se llevó a cabo el II Laboratorio de Paz, dentro de las estrategias de la UE de apoyo a países en conflicto. Los 23 municipios se vieron impactados por estos recursos… Pero de eso a que se hayan cambiado las condiciones hay un camino muy largo, no ha cambiado nada, aunque fuese interesante la inversión. También puede ser cierto que las inversiones tengan algo que ver con la búsqueda de procesos transnacionales, de multinacionales, aunque me parece difuso. Vale la pena que ustedes como europeos hagan ese análisis y que nosotros, como países objetos de subvenciones, también lo hagamos, para que no pequemos de inocentes o de demasiado perspicaces.
– En mayo se conocía la decisión de la Corte Constitucional de respaldar la restitución de tierras a las comunidades de Las Pavas en el Sur de Bolívar. ¿Qué opinas al respecto?
– Una de las consecuencias más dramáticas de lo que ha vivido Colombia en los últimos tiempos es el tema del desplazamiento forzado y el despojo de tierras. No es una práctica nueva, ha sido utilizada tanto por los terratenientes como por los grupos armados ilegales. Que hoy en Colombia se esté hablando en serio de restituir las tierras a los campesinos es un avance que hay que celebrar. Pero hay una gran discusión sobre la restitución de tierras a miles y miles de desplazados, que lo son a veces por efectos per se de la guerra pero a veces también porque los terratenientes han utilizado la guerra y la violencia para acceder a tierras gratis e incrementar sus posesiones.
Todo parece indicar que se va a aprobar la Ley de Víctimas [2], y la discusión es cómo el Estado va a garantizar realmente que esas tierras se devuelvan con seguridad. Está muy en entredicho. Urabá es uno de los territorios más ricos de Colombia, una de las zonas que ha sufrido de manera más perversa los efectos de la guerra y de las desigualdades. Allí el despojo de tierras ha sido sistemático y permanente.
En los últimos años, hablando de la reparación, el Estado ha tratado de devolver unas tierras… Y esto ha sido todavía más sangriento, porque las personas a las que les devolvían fueron asesinadas en Urabá. Parece ser que quien hable de la recuperación de tierras, del regreso a sus lugares de origen, sobre todo en Urabá, corre un peligro mayor al que corre cualquier víctima en Colombia. Los grandes terratenientes, que han adquirido la tierra de manera ilegal e ilegítima, no quieren soltarla. Esto no es tan sencillo como que hay dos o tres actores armados de poca monta, el tema de las tierras obedece a una situación de gran calado y muy grave.
– En todos o en alguno de los aspectos que hemos comentado, ¿puede ser positivo el cambio de gobierno?
– Hay una continuidad con respecto a propuestas anteriores. Hay un cambio de tono, sin duda, aunque no creo que incida mucho en el fondo, en lo que pueda pasar a nivel social, político o económico. Hay un statu quo que va a permanecer, y el presidente hace parte de ello, a pesar de que sea importante el paso de un estilo un tanto “terrateniente” a otro un poco más diplomático. No sé si va a cambiar algo con los falsos positivos [3], por ejemplo, porque es un momento distinto en el accionar de los grupos. Pero en las fuerzas armadas y en la policía nacional faltan muchísimas purgas…
– Asombra ver las imágenes de las condiciones en las que viven determinados militares condenados por violaciones de los derechos humanos… Son como hoteles de lujo.
– Sí, creo que se han difundido en todo el mundo. Más parecen de hoteles, y con delitos mucho más graves que algunas de las personas que están hoy en los centros de reclusión comunes, hacinados. Colombia tiene un problema de cárceles gravísimo. El Instituto Nacional Penitenciario no ha querido entender que, por más que son delincuentes que han perdido su libertad, tienen una dignidad humana. En las cárceles se vulneran de manera flagrante los derechos humanos. Bellavista, en Medellín, está construida para 2.500 personas y en este momento tiene 7.000. Los servicios de salud no se prestan de la debida forma y las condiciones de hacinamiento agravan la situación, los problemas de alimentación, de insalubridad. En las cárceles de mujeres, las relaciones homosexuales están totalmente limitadas. Los guardas, los directores, y también el personal femenino, ven un beso entre mujeres como un acto obsceno, que debe ser sancionado, castigado. Es la mentalidad patriarcal.
– Con respecto a la crisis internacional, ¿qué se está haciendo?
– Juan Manuel Santos habla de muchas cosas, de sus famosas locomotoras… Pero habrá que ver cómo funcionan. La crisis nos afecta mucho, muchísimo. Hemos tenido una ola invernal que se ha convertido en una catástrofe nacional y que ha profundizado la problemática social. Esperar que la pobreza en Colombia se supere en cuatro años… No lo veo tan posible. Bueno, todos los milagros pueden suceder.
– A pesar de todo, eres optimista.
– He leído que para que haya milagros se necesita un determinado pensamiento. En algún momento se hicieron milagros. Vamos a ver si ahora…
Andrea Gago Menor forma parte del consejo de redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate.
Este artículo ha sido publicado en el nº 47 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2011.
NOTAS:
- La Cooperación Internacional en Colombia. Un estudio sobre la intervención del Estado español y la Unión Europea. Paz con Dignidad, Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), Madrid, diciembre de 2010.
- La Ley de Víctimas de la Violencia y Restitución de la Tierra se aprobó a comienzos de junio de 2011.
- Ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército de personas que son presentadas como muertas en combate.
