“Bienvenidos todos los conflictos, menos aquellos que exterminan físicamente a sus adversarios”. Con estas palabras iniciaba sus clases el profesor colombiano Alfredo Correa de Andréis, asesinado a manos de paramilitares el 17 de septiembre de 2004, en Barranquilla. Su hermana Madga ha participado en La Habana en las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC, como víctima del paramilitarismo. Magda está presente, interviene mientras entrevistamos a Julián F. Martínez, el autor del libro “ChuzaDASs, ocho años de espionaje y barbarie”, una investigación sobre la persecución de la disidencia orquestada por el Gobierno de Álvaro Uribe.
Desde la antigüedad, los sistemas penitenciarios se han ido acoplando a las necesidades políticas y económicas de cada momento. A lo largo de su sombría historia, siempre han existido revueltas, hacinamiento y masacres, y siempre las cárceles han sido un instrumento para castigar y deshacerse de la oposición. A pesar de que son innumerables los informes y estudios que explican que las prisiones no sirven para prevenir los delitos ni transformar a las y los transgresores, en todos los puntos del planeta hay cárceles abiertas, y en muchas ocasiones incluso podemos decir que éstas han sufrido pocos cambios en los últimos siglos. Las cárceles colombianas, desde la década de los veinte del siglo pasado, han ido sufriendo cambios para servir principalmente al objetivo de lucha contra la insurgencia.
Hay claros indicios de que estamos frente al agotamiento de un ciclo político en América Latina, y en el tránsito hacia otra fase que nos enfrenta a una serie de amenazas de diferentes grados para los pueblos de la región. Es importante destacar que los diversos procesos de lucha social latinoamericanos suelen estar, en buena medida, atravesados por el carácter cíclico de nuestras economías, que influye poderosamente en las movilizaciones sociales, en la legitimidad del sistema político, en la relación entre el poder constituido y el poder constituyente, y en la composición política del Estado en un momento determinado. Esto evidentemente ha marcado las dinámicas de transformación de los últimos años, y marcará las que vendrán en el futuro.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabiliza al Estado colombiano por la operación militar Génesis (1997) en la que se produjo el desplazamiento forzado de las comunidades afrodescendientes del Cacarica, en el departamento del Chocó, y el asesinato del campesino Marino López, como mecanismo de terror para quedarse con las tierras.
El fenómeno Uribe es una contradicción: lo que lo fortalece lo hace también débil y vulnerable. Si los huevitos son vacíos, cualquiera puede identificarse con ellos dándole su propio contenido e interpretación. Pero quienes encuban los “huevitos” pueden tener riñas e intereses contrapuestos, como sucede ahora en el Uribe Centro Democrático.
Nadie se opone a la paz. La palabra paz llena los anaqueles de la opinión pública con soterrada abundancia. Como horizonte, la paz parece unir tanto a las fuerzas del Estado, de la insurgencia y de la sociedad. Parece ser imposible que alguien no quiera la paz, hasta el punto que incluso los señores de la guerra la buscan indefectiblemente. Pero esta evidencia resulta ser limitada y contradictoria en Colombia: si bien todos queremos la paz, varios sectores dominantes de la opinión pública no quieren o no creen en el actual proceso de paz. Sin duda, el expresidente Uribe Vélez es quien recoge con más fuerza este tipo de ideas, pero no se puede negar que hay un clima de opinión más o menos generalizado de escepticismo hacia el proceso.
