¿Por qué un gobierno que viola incesantemente los Derechos Humanos goza del beneplácito de la Comunidad internacional, que ante tales atropellos calla, o lo que es peor habla, para calificarlo de “Estado democrático”? ¿Por qué la cobertura mediática que se da al conflicto colombiano sigue creando las condiciones idóneas para que mientras el pueblo se desangra bajo el brazo de Uribe, el ciudadano europeo piense que en Colombia hay “mucha guerrilla y mucha coca”? La respuesta se encuentra más cerca de lo que muchos piensan: intereses transnacionales varios, entre ellos, españoles.
En estos meses, desde la investidura de Uribe, hemos sido ya testigos de asesinatos, amenazas, persecuciones, fumigaciones, detenciones masivas de miembros de organizaciones sociales… toda una apuesta en firme a la militarización y paramilitarización como solución al conflicto colombiano. Se confirma la imposición del conflicto armado al pueblo colombiano a través de la política de seguridad democrática, y la negación de contenido político y social a cualquier acción de resistencia no violenta, mientras que se consolida la guerra como instrumento de sometimiento de la voluntad del pueblo colombiano a las decisiones gubernamentales, dejando así pista libre a las operaciones descaradas de saqueo de las transnacionales.
Así lo demuestran desde luego los últimos episodios protagonizados por el aparato militar. En Arauca, en el mes de octubre el ejército detuvo a más de 100 personas miembros de organizaciones sociales, con el claro interés de acabar con la oposición que estas organizaciones vienen realizando a la entrada en la región de transnacionales petroleras, entre ellas, la española Repsol. Así como en el Sur de Bolívar, las acciones del operativo militar se han cobrado la vida de varias personas, entre ellas un líder de la región minera, que luchaba desde hacía años contra la entrada de una transnacional extractora de oro, en este caso británica. Y es que sin duda, el Estado colombiano sabe muy bien dónde apunta, y especialmente bien dónde dispara.
El frente paramilitar no se ha quedado rezagado y no solamente consolida su actividad en las zonas tradicionales, sino que expande su accionar, llegando en los últimos tiempos hasta la ciudad de Bogotá, donde activistas y miembros de organizaciones sociales ya han sido retenidos e interrogados.
Y es que a estas alturas está claro que el enemigo del gobierno colombiano no es la guerrilla, ni mucho menos el narcotráfico, esa explicación queda ya demasiado pequeña para quien tenga intención de comprender. El enemigo son las organizaciones de Derechos Humanos, los sindicatos, las asociaciones campesinas y las comunidades en territorio de interés transnacional. Ellos aportan las resistencias y ellos ponen también los muertos. Ambas cosas las hacen en medio del más absoluto silencio internacional, auspiciado por los medios de comunicación. Ambas cosas, durante más de 50 años ya.
Este artículo fue publicado originalmente en la edición impresa de la Revista Pueblos de Diciembre de 2006
