España vuelve a la mina

En los últimos años se ha producido un resurgimiento de la minería escenificado en grandes proyectos de extracción a cielo abierto y en un sinfín de solicitudes de investigación. Una ley que data de 1973 y una Unión Europea con millones de euros destinados al sector son el soporte de una realidad que cada vez tiene más contestación ciudadana.

De litio, estaño, wolframio y tántalo, apenas a dos kilómetros de la ciudad de Cáceres. De uranio en la llanura del Campo Charro salmantino. De feldespato en la Sierra de Ávila. De tierras raras en Campo de Montiel, Ciudad Real. De oro en la provincia coruñesa. De cobre en el bajo Guadalquivir. De zinc y plomo en la comarca cántabra del Besaya. De potasa entre Navarra y Aragón. Desconfíe de cualquier mapa de la Península Ibérica cuya leyenda no incluya cientos de (solicitudes de) explotaciones mineras. O bien sería una cartografía deliberadamente engañosa o bien no pertenecería a este siglo.Pasear por la orografía española[1] hoy, principalmente por la de suelo silíceo (parte Oeste del país, con ramificaciones en otras latitudes), es enredar los pies entre decenas de proyectos prospectivos. Tantos, que no existe un recuento medianamente fiable. “¡Bastantes centenares! La realidad nos supera y nos tenemos que centrar en los más urgentes”, adelanta Santiago Martín Barajas, miembro de Ecologistas en Acción y de Equo. 85 permisos de investigación minera en Extremadura, por encima del centenar en Madrid (al menos once en la capital), más de 40 en Ávila… no hay provincia que se resista a la última moda geodésica.

Los últimos datos que ofrece la Subdirección General de Minas[2], pertenecientes al ejercicio de 2016, incluyen 2.807 explotaciones, 29.520 empleos directos y un valor de producción de 2.890 millones de euros. Hasta aquí, los guarismos de un sector dependiente del Ministerio de Energía, Industria y Turismo que, por cierto, no facilita ninguna entrevista al respecto.

Los vericuetos del resurgimiento del sector minero, un fenómeno en el que coinciden todas las fuentes consultadas, generan sin embargo posturas enfrentadas. Geológicamente un suelo privilegiado, la presencia minera en el Estado español se remonta mucho atrás en el tiempo. Tras unos años de relativo barbecho, España regresa a las minas, ¿oportunidad o amenaza?

Antecedentes y matices

Ya en el siglo XIX y hasta el final de la llamada II Guerra Mundial, la Península Ibérica fue un privilegiado distrito minero que surtía de materias primas al mundo entero. A partir de los años cuarenta y cincuenta, cuando se multiplicó el tamaño de las industrias, llegó el tiempo dorado para el carbón y el hierro, minerales de muy bajo precio pero que movían grandes toneladas. Las minas eran rentables sobre todo como proyectos logísticos, como sucede actualmente en Australia y en Brasil.

Poco a poco, España dejó de ser competitiva y sus pequeñas explotaciones fueron desapareciendo; de hecho, el modelo de negocio viró a menos minas pero más grandes, tratando de rebajar los precios. Un cambio de tendencia que supone, por ejemplo, que actualmente las minas a cielo abierto, al mover un mayor tonelaje y resultar más baratas, sean más frecuentes que las de interior, paradigma de la minería pretérita.

El boom de la minería contemporánea en el Estado español se produce en este contexto, aunque no se trata de un resurgir generalizado. La apuesta actual es por los minerales con precios más altos, por las materias primas más peculiares. Atrás quedan el sector del carbón, que no llega a los tres millones de toneladas frente a las catorce de hace una década; los hidrocarburos líquidos y gaseosos, que no alcanzan el uno por ciento del consumo; además de los áridos y los materiales para construcción, que tradicionalmente han representado más del 50 por ciento del sector, pero cuya presencia “se ha desplomado con la crisis, manteniéndose actualmente en niveles muy inferiores a los de 2008”, completan desde el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) su director del Departamento de Recursos Geológicos, Juan José Duran, y su jefe del Área de Recursos Minerales, Roberto Martínez.

Ahora lo que se lleva es la minería metálica, si bien “el número de explotaciones activas es muy bajo en el conjunto del país, con la aportación al PIB y al empleo de la industria extractiva en declive”, inciden los expertos del IGME. El número de este tipo de instalaciones llegó a ser nulo en 2008, pero en los últimos años se han recuperado explotaciones en Riotinto (cobre), Sotiel y Aguas Teñidas (cobre- zinc); abriéndose además las de Cobre Las Cruces y Mina Magdalena (cobre, zinc, plomo y plata, en ambos casos), todas ellas en la Faja pirítica andaluza. Están acompañadas por las asturianas de El Valle-Boinás (oro y cobre) y Penouta (estaño, niobio y tántalo). Otros proyectos en ciernes son los coruñeses de Touro (cobre) y San Finx (estaño), la sevillana de Aznalcóllar (zinc), y la pacense de Aguablanca (níquel). No son las únicas y las hay muy polémicas.

Subida de precios, eficiencia técnica, especulación…

Son varios los motivos que explican el renovado interés por estos metales. Si bien habría que ir caso por caso, tres argumentos transversales aclaran este resurgimiento minero. En primer y segundo lugar, el alza de los precios de estas materias primas, unida a una mayor eficiencia en las técnicas de extracción, provoca que se recuperen yacimientos que fueron abandonados por falta de rentabilidad. Y es aquí donde empieza a deshacerse todo quorum, pues donde quienes defienden este modelo de desarrollo hablan de crecimiento y empleo, los opositores alertan del deterioro social y medioambiental que produce.

“Auge económico, regeneración del medio rural, puestos de trabajo estables, salarios altos; desaparición de problemas como el de las pensiones o el de la emigración juvenil, y consolidación de una base suficiente para sostener el estado del bienestar. ¡Ya existe tecnología suficiente como para hacer una minería sostenible!”, enfatiza el ingeniero de minas César Ayllón, para quien “los Estados más ricos del mundo son los que explotan sus recursos naturales: Canadá, Australia, Estados Unidos y los países del Golfo Pérsico”. Dedicado profesionalmente a promover y asesorar sobre proyectos mineros, Ayllón no niega los “disparates ambientales del siglo XX”, pero pide que las demandas de protección ambiental no se conviertan “en una exageración, en prohibiciones”.

En el extremo opuesto se sitúan quienes, como Martín Barajas, alertan de que la minería actual es “tremendamente impactante, mucho más dura que la de antes, llevándose por delante pueblos y montañas enteros”. Desde Ecologistas en Acción, este ingeniero agrónomo desmonta la imagen de “esa mina como conjunto de galerías con los siete enanitos. Hoy se resume en explosiones diarias, en gigantescas excavadoras moviendo materiales, en camiones enormes… Y una vez hecho el movimiento de tierras, entran en juego productos muy tóxicos que causan gran contaminación, por ejemplo, a las aguas. Cuando una mina cae en un territorio, ese territorio desaparece, casi como una bomba”, asegura, subrayando que la empleabilidad también es muy engañosa, pues suelen ser puestos muy especializados, cubiertos con profesionales “de fuera, no les vale cualquiera”.

Mientras, la subida de precios invita a la especulación financiera, el tercer factor. Y es que, buena parte de las empresas responsables de las extracciones son extranjeras que cotizan en las bolsas internacionales, lo que da pie a una desvergonzada lucha de estadistas preocupados principalmente por llenar sus bolsillos y aumentar sus dividendos.

“La corrupción es la razón de ser del resurgimiento, aunque luego las consecuencias también sean medioambientales. Siempre es el mismo modus operandi: aterrizan en una pequeña mina agotada, trucan los estudios de viabilidad, compran espacios mediáticos, manipulan la imagen y la proyección del proyecto, cotizan en bolsa, especulan y, finalmente, revenden las concesiones llevándose los réditos de proyectos que no son rentables”, puntualiza una activista que, desde el anonimato, pone el ejemplo del Proyecto Salamanca (uranio): “Detrás de la minera Berkeley lo que hay son contables, economistas y financieros que se mueven mejor en los tribunales y en las bolsas que en ningún otro lado”.

Y una ley franquista

Tres factores que se entremezclan con las particularidades españolas. “Es una economía de casino, una especulación piramidal, un negocio internacional que, en España, está sostenido por un sistema profundamente corrupto”, argumenta esta activista, que resalta cómo la vía de entrada para los capitales extranjeros son los “alcaldes favorables que se ponen de rodillas ante la promesa del empleo, con la connivencia de los sindicatos y los partidos que se han creído el cuento”. Desde la plataforma Salvemos La Montaña de Cáceres, Eduardo Mostazo corrobora que “se trata de un negocio especulativo que hace grandes promesas, pero contrata y despide gente según las circunstancias del mercado”.

Consultados los tres sindicatos mayoritarios, el único que ha mostrado su postura al respecto es USO (Unión Sindical Obrera), precisamente, la primera fuerza sindical en el sector de la minería metálica. A través de su Federación de Industria, hablan de una “alternativa viable”, con expectativas “muy positivas en cuanto a facturación, empleo y exportación. La minería metálica está creando empleos estables, con salarios superiores a la media y se establece en zonas rurales, con lo que asienta población y revitaliza estas zonas, por la vía directa de los salarios e indirecta de los impuestos y las cotizaciones”. Desde FI-USO esperan que “una buena campaña de sondeos y unos permisos de investigación bien planteados, con una escasa o nula contestación social”, faciliten que “muchas de estas minas superen los veinte años de vida útil”.

La principal normativa que regula el aterrizaje, las solicitudes de permiso y el posterior inicio de los proyectos extractivos es la Ley de Minas de 1973, parcialmente modificada en 1980. Sus 45 años de vigencia se sitúan en el centro de la diana tanto para quienes aspiran a impedir el resurgimiento minero como para quienes quieren agilizarlo. “Es preconstitucional e inconstitucional. Está al servicio de las empresas y no tiene en cuenta elementos ambientales ni sociales”, resume Martín Barajas. Precisamente desde Ecologistas en Acción están trabajando en un nuevo proyecto de ley, si bien aún no se han sentado a hablar con los partidos políticos.

“España no es un sitio fácil para los inversores extranjeros, que a veces no sé ni cómo se atreven a venir, pues todo son impedimentos y problemas. La estructura es antieconómica: impuestos altos y una burocracia desmedida, con las administraciones poniendo muchas trabas”. Bajo su punto de vista, además de los escollos burocráticos y medioambientales, “cada comunidad autónoma funciona como un reino de taifas. Para nada es un entramado legal cómodo para los inversores”, apunta Ayllón.

La competencia de legislación básica en esta materia corresponde al Estado, mientras que su posterior desarrollo está transferido a las autonomías. Y ahí reside una de las principales críticas a la ley, pues su data es anterior a la realidad autonómica española, además de que en 45 años se han producido evidentes cambios tanto ambientales como sociolaborales. ¿Por qué entonces no se ha modificado la legislación?

Hasta ahora, los sucesivos intentos de impulsar una nueva normativa (significativamente en 2003 y 2015) han fracasado, según explican desde el Instituto Geológico y Minero, porque “la Ley 22/1973 cumple con su principal función de ordenar el sector y contiene los elementos principales del procedimiento (propiedad estatal de los recursos, iniciativa del sector privado mediante concesión, permisos para la exploración, seguridad, protección ambiental…), de forma que es complicado elaborar una legislación que mejore la actual y cuente con el beneplácito de todos los agentes. Adicionalmente, no ha habido continuidad ni una dirección clara desde la política minera, por lo que no es fácil vislumbrar las características de la posible nueva ley”.

Por ahora, la Ley de Minas no está sobre la mesa de los partidos políticos en el Congreso. A finales de 2016, Ciudadanos preguntó al Gobierno, vía parlamentaria, por la posible actualización de la legislación, según explican a Pueblos por correo electrónico, “entendiendo que había diversos aspectos que modernizar”, entre ellos, “la sostenibilidad de las explotaciones, la seguridad jurídica y la promoción de las empresas medioambientales responsables”. El Ejecutivo del PP contestó que “la actual Ley de Minas ha permitido el desarrollo del sector minero en España de forma considerable, lo cual provoca que se encuentre en una mejor situación, en términos relativos, que en la mayoría de los países del entorno”. Por su parte, Podemos no ha promovido ninguna iniciativa parlamentaria estatal, aunque sí lo ha hecho en las comunidades con proyectos. El PSOE no ha respondido a este medio.

La ley se complementa con otras normativas y reales decretos. “Desde un punto de vista estrictamente conservacionista, lo que se necesita no es solo una reforma de una ley técnica como la Ley de Minas, sino que es preciso proteger el subsuelo y los recursos geológicos, que carecen de una ley marco. Ningún otro sector (montes, aguas…) carece de una regulación tal”, denuncia SEO Birdlife en un informe[3] de abril de 2018.

 

Fotografía: Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres.

 

Cáceres, la polémica está a escasos metros

La contestación social a muchos de los proyectos mineros es sonada. Uno de los casos recientes más emblemáticos es la mina a cielo abierto que pretenden construir Valoriza Minera SL (filial de la española Sacyr) y la australiana Plymouth Minerals en el entorno próximo de Cáceres, a unos dos kilómetros de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad y a cerca de 600 metros del Santuario de la Virgen de la Montaña, la patrona del municipio. “Es aberrante. Incluso incumple el Plan General Municipal. ¡Pero los promotores quieren seguir adelante!”, lamenta el portavoz de la de la plataforma ciudadana, Eduardo Mostazo.

El proyecto se enfrenta con la oposición del Ayuntamiento (en un reciente pleno, votaron en contra 21 de los 24 concejales, de cuatro partidos políticos) y de gran parte de la población. “La Junta de Extremadura está promoviendo estos negocios, incumpliendo las leyes”, asegura Mostazo, quien tampoco se cree las promesas laborales: “Hablan de que no hace falta cualificación, de que ellos formarían a la gente. Y prometen puestos de trabajo con 40.000 euros de salario medio anual. Pero no nos dicen en cuánto se queda la media descontando el salario de los directivos. Y habría que ver el balance neto de los empleos que se destruyen ligados al turismo natural que implica la ciudad de Cáceres”.

Con el beneplácito de la UE

“España tiene la posibilidad de aprovechar su riqueza geológica. Todos utilizamos móvil, tablet, ordenador… ¿de dónde vienen sus componentes? ¿Solo nos interesa que no lo hagan de la mina de al lado de casa? Si España tuviera la política de aprovechar sus recursos geológicos, tendría mucha más actividad económica”, considera Ayllón.

Este horizonte (¿oportunidad o amenaza?) que se le abre a España, y por el que han apostado las diferentes comunidades autónomas a juzgar por las cifras de prospecciones y permisos, cuenta con el respaldo europeo. “Existe voluntad política de que todo esto salga adelante”, resume Martín Barajas. La Unión Europea entiende que los elementos metálicos y los minerales industriales son una estrategia capital tanto para que el crecimiento económico no dependa del exterior (actualmente importa cerca del 90 por ciento de los materiales básicos para su desarrollo) como para la transición energética que vislumbran: el programa Horizonte 2020 destina 80.000 millones de euros para revitalizar la inversión minera en los Estados. El objetivo[4] es que la cuota de la industria minera alcance el veinte por ciento del PIB en 2020, con no menos de 30 millones de empleos directos.

Mientras las instituciones europeas y autonómicas caminan por un lado, la ciudadanía de la zona en la que nace un nuevo proyecto se posiciona de manera clara en la vereda opuesta. Y cada vez de manera más unida: ya ha habido movilizaciones conjuntas de plataformas como No a la mina en la Sierra de Ávila, No a la mina en la Sierra de Yemas y No a la mina en el Valle del Corneja, la coordinadora que aglutina a las plataformas contra la mina de uranio de Salamanca y Salvemos la Montaña y La Raya sin Minas, estas dos últimas cacereñas.


Mª Ángeles Fernández y J. Marcos son periodistas freelance, especializados en temática internacional. www.desplazados.org.

Artículo publicado en el nº77 de Pueblos – Revista de Información y Debate, segundo cuatrimestre de 2018.


NOTAS:

  1. Información geocientífica del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), info.igme.es.
  2. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, www.minetad.gob.es/energia/mineria.
  3. La situación legal de la minería en España y su relación con la conservación ambiental, disponible en www.seo.org.
  4. “The European Innovation Partnership (EIP) on Raw Materials”, ver nota en: https://ec.europa.eu/growth/ tools-databases.

 

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