Tierra y mujeres libres en Venezuela

La subvaloración de la fuerza de trabajo oculta en el término ‘ama de casa’ esconde jornadas de más de doce horas diarias para las mujeres campesinas venezolanas: cuidado y crianza, atención del conuco[1], cría de animales, recolección y preparación de alimentos. La posesión y uso de la tierra es un elemento central para la autonomía económica de las campesinas, de ahí que estén presentes en los procesos históricos de lucha, resistiendo en primera fila la mercantilización de la agricultura y la consecuente expulsión del pueblo campesino de sus territorios.

La lucha por la tierra en Venezuela es tan antigua como la resistencia indígena contra la invasión española. El régimen colonial estableció un sistema agrario basado en el despojo de la tierra, en su concentración en pocas manos y en el contraste entre enormes extensiones ociosas y grandes masas poblacionales explotadas y sin derecho a usar esa tierra. El pueblo campesino de hoy, con las desigualdades patriarcales que prevalecen, es prolongación histórica de ese despojo.

La agricultura desarrollada en la colonia fue una agricultura de puertos: se exportaban hacia la metrópoli rubros como cacao y café en bruto; se importaban productos elaborados. El régimen agrario, controlado por la Corona, se basó en el establecimiento de enormes plantaciones de estos rubros distribuidas entre pocos propietarios, y en la esclavitud y vasallaje. Ese orden se mantuvo hasta principios del siglo XX.

Cuando irrumpe la explotación petrolera, la propiedad del 80 por ciento de las tierras estaba bajo control del cuatro por ciento de los propietarios. Desde los años veinte la dependencia de la renta petrolera pasó a ser el centro de la economía. La exportación de café pasó del 53,5 por ciento de las exportaciones en 1908 al 0,2 en 1969. El campo fue abandonado y su gente condenada a la exclusión y a migrar a las ciudades para sobrevivir, generando en ellas cinturones de miseria.

Hubo quienes se mantuvieron resistiendo contra los mismos enemigos: el latifundio y el poder ejercido desde las instituciones estatales para privilegiar al terrateniente y al magnate agroindustrial. Su lucha siguió siendo la misma: pelear por el derecho a poseer la tierra en que vive, a trabajarla para su propio beneficio y a que el fruto de su trabajo se tradujera en el desarrollo integral del campo.

Con la llegada de la revolución bolivariana esta situación comienza a tener un giro. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario promulgada en 2001 plantea “la eliminación del latifundio como sistema contrario a la justicia, la igualdad, al interés general y a la paz social en el campo”. Ocurre un avance en la democratización de la tierra.

En 1998 existía una superficie agrícola de 30.052.358 hectáreas. De esa superficie, el 0,49 por ciento de los predios concentraba el 22,6 por ciento de la totalidad de esas tierras. Menos del dos por ciento de terratenientes tenían el 60 por ciento y más del 60 de campesinos tenían el tres por ciento.

El rescate, expropiación y regularización de seis millones de hectáreas (hasta hoy) ha implicado un giro importante. En ello ha sido clave el pueblo campesino organizado. El costo principal de esa lucha, aún en revolución, lo sigue pagando el pueblo campesino, al alcanzarse la cifra de más de 300 campesinos asesinados por sicariato terrateniente.

Ahora bien, ¿se expresa esta lucha del campesinado del mismo modo en mujeres y varones? Poco o nada sabemos de la realidad de la mujer campesina venezolana: ¿cuántas son y dónde están?, ¿cuál es su nivel de incorporación a espacios de organización campesina y los roles de jerarquía que ocupan?, ¿son propietarias individuales, colectivas o de derechos de uso de la tierra?, ¿tienen acceso a créditos, dotación, formación y acompañamiento técnico?, ¿son reconocidas como agricultoras?, ¿qué roles ocupan en la producción, el manejo de la maquinaria, la comercialización?, ¿qué violencias sufren?, ¿cómo es su salud sexual y reproductiva? Ese escaso conocimiento responde a su vez a la ausencia de políticas específicas para ellas.

La Ley de Tierras establece que “las ciudadanas que sean cabeza de familia que se comprometan a trabajar una parcela para manutención de su grupo familiar e incorporación al desarrollo de la Nación. A las ciudadanas dedicadas a la producción agrícola se les garantizará subsidio especial alimentario pre y post natal por parte del Instituto de Desarrollo Rural”. Cabe preguntarse: ¿qué ha pasado con la implementación concreta de este logro legislativo?

¿Hasta qué punto quienes vivimos en las ciudades acompañamos y nos integramos a esta lucha siendo quienes más beneficios tenemos? Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), el 70 por ciento de la población mundial se alimenta de lo que producen campesinos y campesinas. El 50 por ciento de la producción de alimentos recae en manos de las mujeres, sin embargo, ellas son apenas el dos por ciento de las propietarias de la tierra. Avanzar en su autonomía económica es avanzar también en el desarrollo campesino integral y el bienestar del pueblo todo.


Gioconda Mota Gutiérrez forma parte de la Red de Colectivos La Araña Feminista (Venezuela). 

Artículo publicado en el nº77 de Pueblos – Revista de Información y Debate, segundo cuatrimestre de 2018.


NOTAS:

  1. En Venezuela, pequeña porción de tierra cultivada con rubros diversos, principalmente con fines de autosustento familiar.

“Llegué al rescate hace dos meses, sola con mi hija de veinte años y mi nieto de seis meses.
Siempre había sido ama de casa. Me separé de mi esposo y me vine.
Me enteré del rescate y me metí en el consejo campesino. Lo primero es ganar la titularidad de la tierra”.
Deyra Carrizo, Fundo El Carmen
(Sur del Lago, Edo. Mérida, Venezuela)


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