Una nueva oleada de tratados de comercio e inversión (en adelante, TCI) se cierne sobre nosotrxs[1]. ¿Cómo abordarla? Este texto lanza propuestas basadas en los aprendizajes de las resistencias feministas en Abya Yala a la anterior oleada[2]. Está escrito desde el norte global, aunque desearía establecer diálogos más amplios. Como los acuerdos son, al fin y al cabo, un montón de páginas escritas, nos hemos preguntado: ¿cómo leerlos? Van aquí unas instrucciones para abrir el debate.
La nueva oleada de tratados y acuerdos de comercio e inversión es uno de los principales hitos de la agenda de reconfiguración del capitalismo en el siglo XXI. Este, en un contexto de profunda crisis, necesita garantizar su reproducción y lanza una ofensiva definitiva de mercantilización y dominación del espectro completo de la vida, eliminando toda traba al comercio y a la inversión.
Acuerdo económico integral y de comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés); Acuerdo de comercio de servicios (TISA); Acuerdo trasatlántico de comercio e inversión (TTIP); Acuerdo transpacífico (TPP); Acuerdo de libre comercio Japón-Unión Europea (JEFTA). Estos son solo algunos de los principales tratados de comercio e inversión actualmente en negociación o recientemente aprobados, la punta del iceberg de un fenómeno político de enorme trascendencia.
La puesta en marcha de alternativas locales, tanto a nivel institucional como desde las organizaciones sociales, que puedan servir de contrapoder frente a las empresas transnacionales y disputarles la centralidad en el sistema socioeconómico choca, aquí y ahora, con la fortaleza de la lex mercatoria. No en vano, el objetivo del entramado jurídico global que durante las últimas décadas han venido construyendo las grandes corporaciones, las instituciones económico-financieras internacionales y los Estados centrales es precisamente ese: asegurar los negocios de las multinacionales y blindar sus “derechos”, pasando por encima de los derechos fundamentales de las mayorías sociales, la soberanía de los pueblos y la propia democracia[1].
Los Estados miembro e instituciones de la UE han ratificado en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Nueva York y la financiación del desarrollo de Addis Abeba, comprometiéndose a cumplir con la nueva Agenda 2030 y la necesidad de “ir más allá de la AOD”, para lo que afirman que van a tratar de ayudar a reorientar los ingresos nacionales, las inversiones extranjeras y los flujos financieros internacionales a estos nuevos objetivos de lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible. Europa se compromete con esta revisión parcial de las propuestas de desarrollo mundial para los próximos 15 años, y trata de compatibilizarla con su agenda neoliberal capitalista, que sigue otorgando poder económico y jurídico a las empresas transnacionales[1], y que es profundamente insolidaria con el bienestar y desarrollo de los países del Sur. Algo no casa.
“Débiles a la hora de controlar los abusos cometidos por las empresas transnacionales e imponerles sanciones, los Estados se hacen fuertes ante hombres, mujeres, niños y niñas que huyen de la guerra”, sostienen los autores.
