El sueño de muchas y muchos periodistas es informar desde zonas de conflicto. Pero con Palestina casi nadie sueña, ya no… Oriente Medio da otros titulares de, con suerte, consumo máximo en 24 horas en los últimos años. Solo si hay muerte, bombardeos o apuñalamientos habrá, como mucho, 60 segundos de telediario entre la cartelera de cine y la sección de breves de noticias internacionales. La misma lógica puede aplicarse a casi cualquier otro conflicto o situación de vulneración de Derechos Humanos que ocurra a más de 1.000 kilómetros de distancia de nuestro hogar. La distancia inmuniza al ser humano ante la desgracia que cree ajena.
Manifestarse pacíficamente. Cárcel. Tirar piedras. Cárcel. Llamar al boicot, desinversiones y sanciones. Cárcel. Lucir emblemas de partidos políticos. Cárcel. Pegar una bofetada al soldado que rebanó media cabeza a un primo tuyo. Cárcel. Denunciar violaciones de Derechos Humanos. Cárcel. Cárcel solo en caso de que la nacionalidad sea palestina, se viva bajo ocupación e Israel esté deseando buscar la mínima excusa para acallar voces de activistas defensoras y defensores de Derechos Humanos en Palestina y lanzar una clara advertencia a quiénes sigan esta misma senda.
La noche en que Trump ganó las elecciones a la presidencia de los EE UU, muchas palestinas y palestinos de Ramallah, la ciudad de Cisjordania donde se encuentra el Gobierno de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), estaban pegados, como no podía ser de otra manera, a las pantallas de sus televisores, esperando a que el pueblo estadounidense, con sus papeletas electorales, determinara el futuro de su propio país. Un país que aún está por nacer, tras 24 años de los Acuerdos de Oslo, que reconocía el derecho a la autodeterminación de Palestina, y 15 años después de que el Cuarteto de Oriente Medio diseñase la Hoja de Ruta para la paz.
A principios del siglo pasado, Mohammad, el abuelo de Lalia, recorría el Desierto del Sáhara con su caravana de dromedarios para conseguir vender la sal y el oro que transportaban desde el Golfo de Guinea a las costas del Norte de África. Hoy, en el siglo XXI, Lalia espera las caravanas de alimentos que miles de personas solidarias del Estado español envían cada año a los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf (Argelia), ciudad a la que llegaba el abuelo de Lalia para vender sus mercancías. Terrible condena para un pueblo cuyo único delito es haber querido ser sólo saharauis, en su tierra (la que sobrevive en los mapas de su memoria, en la geografía de sus sueños), el Sáhara Occidental, ilegalmente ocupado por el Reino de Marruecos tras el vergonzoso abandono de España, que dejó a su colonia al albur de las rapiñas.
Cuarenta años después, el conflicto saharaui sigue afectando a la vida de miles de personas a las que se niega el ejercicio del derecho a la libre determinación. Empieza a nacer otra generación (la segunda) que sólo conoce la vida en el exilio o bajo la ocupación marroquí. Como en el resto de países del entorno, la población joven se rebela ante la falta de oportunidades y la imposibilidad de trazar un proyecto vital. En ese contexto, enfrentar de manera pacífica la vulneración de derechos civiles y políticos, pero también económicos sociales y culturales, se convierte en una batalla cotidiana.
