Manifestarse pacíficamente. Cárcel. Tirar piedras. Cárcel. Llamar al boicot, desinversiones y sanciones. Cárcel. Lucir emblemas de partidos políticos. Cárcel. Pegar una bofetada al soldado que rebanó media cabeza a un primo tuyo. Cárcel. Denunciar violaciones de Derechos Humanos. Cárcel. Cárcel solo en caso de que la nacionalidad sea palestina, se viva bajo ocupación e Israel esté deseando buscar la mínima excusa para acallar voces de activistas defensoras y defensores de Derechos Humanos en Palestina y lanzar una clara advertencia a quiénes sigan esta misma senda.
Modificación de leyes por decreto, imposición de jueces sin respetar los mecanismos institucionales, presos políticos, persecución a periodistas por su ideología y agresiones crecientes de las fuerzas de seguridad a la población, en especial a las y los jóvenes, son algunas de las acciones del gobierno que ponen a la Argentina en un camino que la aleja del Estado de Derecho y la lleva al desfiladero del estado de excepción.
2017 es un año de aniversarios para Addameer. La organización cumple 25 años defendiendo los derechos humanos de las presas y presos políticos palestinos y sus familias y sensibilizando por todo el mundo sobre lo que ocurre en Palestina, que vive bajo ocupación desde hace 50 años. Se están organizando multitud de eventos que conmemorarán esta efeméride. Aquí recogemos uno de ellos en una conversación con Sahar Francis, abogada, activista por los Derechos Humanos y directora de Addameer. Sahar nos invita a tomar conciencia, justo el significado del nombre de la organización en castellano, y actuar en pro de los derechos humanos.
El 16 de enero de 2016, un mes después de la asunción del presidente Mauricio Macri, fue apresada la dirigente social Milagro Sala en la provincia de Jujuy, un hecho por el cual Naciones Unidas solicitó la liberación inmediata de esta líder de la organización Tupac Amaru. Tras su detención levantaron diversas causas y la condenaron a tres años de prisión por un episodio en el que no se comprobó su presencia: arrojarle huevos a Gerardo Morales, hoy gobernador de Jujuy. Su encierro y las condiciones en las que se encuentra prisionera violan derechos y principios elementales que buscan adoctrinar al campo social y popular ante medidas de ajuste crecientes y a la vez ensuciar, con la anuencia de los medios de comunicación hegemónicos, la imagen de su organización y la de los gobiernos kirchneristas.
Desde la antigüedad, los sistemas penitenciarios se han ido acoplando a las necesidades políticas y económicas de cada momento. A lo largo de su sombría historia, siempre han existido revueltas, hacinamiento y masacres, y siempre las cárceles han sido un instrumento para castigar y deshacerse de la oposición. A pesar de que son innumerables los informes y estudios que explican que las prisiones no sirven para prevenir los delitos ni transformar a las y los transgresores, en todos los puntos del planeta hay cárceles abiertas, y en muchas ocasiones incluso podemos decir que éstas han sufrido pocos cambios en los últimos siglos. Las cárceles colombianas, desde la década de los veinte del siglo pasado, han ido sufriendo cambios para servir principalmente al objetivo de lucha contra la insurgencia.
20 de Septiembre de 2015 es una fecha más en el calendario para la inmensa mayoría de las personas, pero para Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar es la fecha próxima al cumplimiento de seis meses de prisión en una cárcel de Guatemala capital. Y es importante resaltar esta situación geográfica pues ayuda a ubicar mejor la enorme lejanía que este encarcelamiento supone para estos dos líderes qanjobales; tan cerca del centro del poder que les encarcela, tan lejos de sus territorios ancestrales en el extremo occidental de Guatemala, el país de la eterna primavera, aunque ésta siempre se retrasa para los pueblos indígenas.
