En las últimas décadas México ha vivido una transformación profunda, pasando de un modelo económico nacionalista y desarrollista a un modelo neoliberal, basado en la desregulación, las privatizaciones y la internacionalización de la economía. Uno de los ejes más importantes de este cambio de modelo ha sido la privatización del sector energético, especialmente en cuanto al petróleo y la electricidad, a través de un proceso progresivo que culminó con la reforma energética de Peña Nieto en 2013.
La Unión Europea negocia actualmente con una veintena de países nuevos tratados de comercio e inversión, similares a los que firmó con Canadá (CETA) e intentó pactar (infructuosamente) con Estados Unidos (TTIP). “La UE quiere abrir nuevos mercados con un tratado comercial cada seis meses”: así de avaricioso se expresó recientemente Jyrki Katainen[1], vicepresidente de la Comisión Europea, ante el Consejo Atlántico en Washington, un lobby corporativo influyente en las relaciones transatlánticas.
La internacionalización empresarial es un elemento clave en la construcción del relato del modelo económico dominante. En la actualidad juega un papel fundamental en la propuesta política que muchos gobiernos están aplicando como receta frente la crisis económica que se inició en el 2007. Este crash que todavía estamos sufriendo no es sino una de las dimensiones de una crisis sistémica, cuyo origen de más larga data se sitúa en la propia naturaleza del capitalismo, que se vincula con una noción de desarrollo y bienestar ligada exclusivamente al crecimiento ilimitado. Crecimiento que, como es sabido, no puede dar lugar a otra cosa que no sea la reproducción de un sistema agotado y de sus terribles impactos sobre las personas, los pueblos y el medio ambiente.
Puertas giratorias. Rescates a la banca. Exención del pago de impuestos. Tolerancia con los paraísos fiscales. Corrupción. Desregulación sistemática de las actividades empresariales. Lobbies corporativos. Estas son solo algunas de las manifestaciones y consecuencias más elocuentes de lo que se ha venido denominando en los últimos años como colaboraciones o alianzas público-privadas.
Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Equo, Paz con Dignidad-OMAL, ATTAC-Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Anticapitalistas, Corazón Verde de Chamberí y la Federación Los Verdes
Nueve organizaciones sociales y políticas han presentado una querella en la que se suman a las diligencias que está desarrollando el juez Velasco en la Operación Lezo. Pero además aportan una argumentación consistente como para imputar a Esperanza Aguirre y otras personas, e incluso al propio Partido Popular, por un delito contra la Hacienda Pública, delito electoral y otros.
Paz con Dignidad cumplió 20 años en 2015. Veinte años en los que hemos puesto toda nuestra ilusión y nuestras ganas en generar pensamiento y ciudadanía crítica para avanzar hacia la justicia social.
