En las últimas décadas México ha vivido una transformación profunda, pasando de un modelo económico nacionalista y desarrollista a un modelo neoliberal, basado en la desregulación, las privatizaciones y la internacionalización de la economía. Uno de los ejes más importantes de este cambio de modelo ha sido la privatización del sector energético, especialmente en cuanto al petróleo y la electricidad, a través de un proceso progresivo que culminó con la reforma energética de Peña Nieto en 2013.
Los Estados miembro e instituciones de la UE han ratificado en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Nueva York y la financiación del desarrollo de Addis Abeba, comprometiéndose a cumplir con la nueva Agenda 2030 y la necesidad de “ir más allá de la AOD”, para lo que afirman que van a tratar de ayudar a reorientar los ingresos nacionales, las inversiones extranjeras y los flujos financieros internacionales a estos nuevos objetivos de lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible. Europa se compromete con esta revisión parcial de las propuestas de desarrollo mundial para los próximos 15 años, y trata de compatibilizarla con su agenda neoliberal capitalista, que sigue otorgando poder económico y jurídico a las empresas transnacionales[1], y que es profundamente insolidaria con el bienestar y desarrollo de los países del Sur. Algo no casa.
En épocas de “bonanza” pasaban desapercibidas, hoy no. La crisis económica que atraviesa España desde hace casi una década ha puesto el foco sobre cuestiones económicas y sociales que venían desarrollándose en el país mucho antes del estallido de la misma, entre ellas prácticas fiscales de grandes empresas y fortunas que se han caracterizado por evitar contribuir a los presupuestos del Estado. Diferentes instituciones y voces expertas proponen alternativas que abogan por la creación de un sistema fiscal basado en los principios de eficiencia, equidad y suficiencia.
