El sueño de muchas y muchos periodistas es informar desde zonas de conflicto. Pero con Palestina casi nadie sueña, ya no… Oriente Medio da otros titulares de, con suerte, consumo máximo en 24 horas en los últimos años. Solo si hay muerte, bombardeos o apuñalamientos habrá, como mucho, 60 segundos de telediario entre la cartelera de cine y la sección de breves de noticias internacionales. La misma lógica puede aplicarse a casi cualquier otro conflicto o situación de vulneración de Derechos Humanos que ocurra a más de 1.000 kilómetros de distancia de nuestro hogar. La distancia inmuniza al ser humano ante la desgracia que cree ajena.
“El gobierno que salga de esta moción de censura iniciará la derogación de los aspectos más virulentos de la Ley Mordaza”. Lo dijo Pedro Sánchez el jueves de la moción de censura, en un discurso en el que se refirió también a otra de las cuestiones más graves que estos últimos años han venido encogiendo la libertad de expresión y de información: la manipulación política en RTVE.
La Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador cumple dos años de vigencia en el país andino. La polémica norma, que en su momento fue bautizada por los sectores de oposición como “ley mordaza”, aspiraba a democratizar el acceso a la comunicación de la ciudadanía a través del reparto equitativo del espectro radioeléctrico y el fortalecimiento del sector comunitario. Dos años después de su aprobación, el sector privado mantiene prácticamente la totalidad de la propiedad del radioespectro, mientras que los movimientos sociales critican las dificultades para acceder a la asignación de frecuencias.
Carmen baja del cercanías que la lleva de Leganés a Madrid escuchando música por los auriculares al tiempo que, de forma minuciosa, desplaza su dedo por el teléfono móvil. Carmen parece leer y escribir algo interesante en la pantalla mientras espera la conexión de metro. Carmen viene de una ciudad dormitorio y va hasta una plaza de la capital desde la que Pablo tuitea que unas cuarenta personas debaten sobre si acampar o no esa noche a dormir. Podríamos coger unos sacos, unas esterillas y quedarnos, dice alguno de los cuarenta, casi todos jóvenes, que se observan las caras, todas nuevas, en círculo. A Alba, Pablo y los demás no los une su amor por el camping, sino una situación vital similar, unas expectativas parecidas de futuro y una lectura política de lo que está ocurriendo en su país. “Lo llaman democracia y no lo es”, corean algunos de los cuarenta tras decidir que van a quedarse. Celebración de manifestación sin autorización, multa de hasta 600 euros para los participantes y convocantes.
