En la última década, Colombia ha vivido un crecimiento exponencial de los proyectos mineros auspiciado por las diferentes administraciones, que han tratado de convertir el sector en el revulsivo económico del país. El anterior ejecutivo suscribió tratados de libre comercio y desarrolló una legislación permisiva para la concesión de títulos mineros buscando, junto a la implementación de políticas que conllevaban exenciones tributarias a multinacionales y una mayor flexibilidad laboral, captar la inversión extranjera.
La puesta en marcha de alternativas locales, tanto a nivel institucional como desde las organizaciones sociales, que puedan servir de contrapoder frente a las empresas transnacionales y disputarles la centralidad en el sistema socioeconómico choca, aquí y ahora, con la fortaleza de la lex mercatoria. No en vano, el objetivo del entramado jurídico global que durante las últimas décadas han venido construyendo las grandes corporaciones, las instituciones económico-financieras internacionales y los Estados centrales es precisamente ese: asegurar los negocios de las multinacionales y blindar sus “derechos”, pasando por encima de los derechos fundamentales de las mayorías sociales, la soberanía de los pueblos y la propia democracia[1].
¿Será que es posible que las compañías multinacionales puedan llevar ante la justicia internacional a Estados soberanos cuyas políticas puedan tener un efecto restrictivo sobre sus beneficios y sean contrarias a sus intereses privados? Y tanto que sí: esa es, precisamente, la función que desde hace varias décadas cumplen los tribunales de arbitraje como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
“Débiles a la hora de controlar los abusos cometidos por las empresas transnacionales e imponerles sanciones, los Estados se hacen fuertes ante hombres, mujeres, niños y niñas que huyen de la guerra”, sostienen los autores.
