Colombia se ha dispuesto, en medio de muchas contradicciones, a buscar una salida política a un conflicto social y armado que lleva más de cincuenta años.
Desde la antigüedad, los sistemas penitenciarios se han ido acoplando a las necesidades políticas y económicas de cada momento. A lo largo de su sombría historia, siempre han existido revueltas, hacinamiento y masacres, y siempre las cárceles han sido un instrumento para castigar y deshacerse de la oposición. A pesar de que son innumerables los informes y estudios que explican que las prisiones no sirven para prevenir los delitos ni transformar a las y los transgresores, en todos los puntos del planeta hay cárceles abiertas, y en muchas ocasiones incluso podemos decir que éstas han sufrido pocos cambios en los últimos siglos. Las cárceles colombianas, desde la década de los veinte del siglo pasado, han ido sufriendo cambios para servir principalmente al objetivo de lucha contra la insurgencia.
¿Carece el Estado colombiano de capacidad para descubrir a los autores de las numerosas y constantes amenazas producidas por los grupos neoparamilitares? ¿O carece de la voluntad necesaria para lograrlo?