Las empresas siempre han participado del sistema de cooperación. En un principio, fundamentalmente, como proveedoras de bienes y servicios de distintos proyectos, tanto de la cooperación gubernamental como de las ONGD. Sin embargo, es en la ayuda oficial al desarrollo en la que nos vamos a centrar, por dos motivos: se utilizan fondos públicos y su orientación es muy sensible a las directrices políticas y gubernamentales. Estas dos características hacen que esta cooperación deba tratarse de manera especialmente escrupulosa, mucho más cuando se está relacionando con entidades privadas con ánimo de lucro.