En El Salvador, la Asociación Nacional de la Empresa Privada cada año realiza un encuentro en que dan a conocer de manera pública los principales lineamientos que requiere al gobierno de turno para continuar desarrollando el modelo económico adecuado a los intereses del gran capital. En anteriores ediciones se han presentado como resoluciones urgentes priorizar la desregulación del mercado laboral o la privatización de la salud, entre otras medidas.
Casi al cierre del año 2005, la empresa privada celebró su acostumbrada reunión de empresarios y empresarias. En esta ocasión presentó la proyección de cómo será nuestro país dentro de veinte años y a pesar de que las proyecciones son complicadas y duras en diferentes aspectos, lo paradójico es que las soluciones a dichas problemáticas están distantes de ir colocando bases para transformar la lógica del empobrecimiento y destrucción de los recursos del país.
En la memoria de dicho evento se destacan diversos tópicos, pero mi asombro particular sobre esta reunión fue constatar que sus proyecciones plasman en temas como el trabajo que el modelo económico no genera empleos y que caminamos hacia la acelerada destrucción de trabajo remunerado en todos los ámbitos de la economía. Esta conclusión se desprende de su afirmación de que en el “año 2025, el 75 por ciento del trabajo en el país será informal”.
Esta afirmación no concuerda con la propaganda que ha precedido a la ratificación de los acuerdos comerciales con países como los Estados Unidos o México, donde la carta de presentación ha sido “creación de más y mejores empleos”.
Responsabilidades reproductivas
A diferencia de otras administraciones de la derecha, el actual gobierno ha retomado el tema de la pobreza, a través del programa denominado Red Solidaria, el cual tiene como meta mejorar los indicadores implicados en los Objetivos del Milenio en los temas de generación de ingresos, salud y educación.
El programa consiste en retomar el rol reproductivo de las mujeres y ha colocado en sus manos la responsabilidad de ser las receptoras de 30 dólares USA cada dos meses a cambio de que aseguren la vacunación de hijos e hijas, que asistan a las consultas de control de dichos infantes, que acudan a controles de pre y postparto, y que aseguren la asistencia de hijos e hijas de hasta 12 años a la escuela, recibiendo para ello una cantidad similar adicional.
La lógica de dicho programa es someter a la mujer de cada grupo familiar, previamente identificado, al compromiso de rendir cuentas sobre esta responsabilidad al gobierno y con ello asegurar el cumplimiento de la meta presidencial de mejorar los índices de vacunación y de asistencia escolar en el rubro de lo infantil; con el control de sus embarazos se podría pensar que, de forma muy superficial, quieren reducir los casos de mortalidad materna.
Así, son ahora ellas el pilar fundamental del éxito del plan de la derecha de paliar algunos de los efectos que el modelo genera y de ganar las simpatías, entre otras, electorales, de las comunidades beneficiadas, y en este caso de las mujeres, para mantener su continuidad en el poder de las alcaldías y la Presidencia.
Al programa se le pueden señalar muchas críticas en diversos aspectos: su financiamiento se sufragará a través de préstamos, lo cual incrementa la deuda externa y el déficit fiscal; la propuesta no es integral, por ejemplo, no considera a la salud como una categoría holística, ya que no se trata solamente de que las mujeres vayan a consultas médicas, sino de que su nivel de vida les posibilite contar con salud, que tengan acceso a agua potable, vivienda y un empleo digno. Tampoco menciona nada de cambiar la lógica económica, que es al fin y al cabo la que genera el empobrecimiento y la exclusión social de grandes segmentos de la población.
Menores ingresos y baja cualificación
En relación a la situación de las mujeres en el trabajo remunerado, ésta no dista de lo que organizaciones internacionales como la OIT expresa en sus planteamientos al describir el estado de las mujeres en el mercado laboral. Es decir, representamos el 40 por ciento de la población económicamente activa y nuestra presencia es del 61 por ciento en los sectores de servicios y comercio, ocupando puestos de trabajo con menores ingresos (30 por ciento de diferencia con respecto de los hombres) y en niveles menores de cualificación técnica. Y además, continuamos desarrollando actividades que corresponden a la división tradicional sexual del trabajo.
En este entorno, hablar de las condiciones laborales en que las mujeres realizan sus trabajos en el ámbito formal de la economía es describir lo que implica la aplicación de medidas de flexibilización laboral, es decir, no contar con prestaciones a salud y pensiones, negación de permisos para el cumplimiento de responsabilidades familiares y personales, ser despedidas sin derecho a indemnizaciones, despidos por estar embarazadas o no acceso a empleo, sufrir maltratos verbales y psicológicos, cumplir altas metas de producción y con ello cumplir horas extras que son obligatorias y no pagadas conforme a la ley, no gozar de vacaciones, despidos ante la posibilidad de crear sindicatos…
Asimismo, el gobierno y la empresa privada ha utilizado la complicidad de dirigentes sindicales de organizaciones como FENASTRAS o la Federación Sindical Revolucionaria para presentarlos a nivel internacional como expresiones reales de organización de trabajadoras y trabajadores que velan por sus reivindicaciones laborales. Pero a nivel nacional, su labor es la de cooptar los intentos de reclamos por mejorar condiciones laborales o detener los reclamos de pago de indemnizaciones ante las instituciones gubernamentales, a fin de que los plazos determinados por la normativa laboral expiren y con ello dejar sin efecto las acciones judiciales y administrativas que intenten emprender las trabajadoras y trabajadores.
Falta de derechos laborales
Otro aspecto importante es la contradicción identificada en cuanto al incremento de la inversión de la maquila textil y la creación de más puestos de trabajo debido a los tratados de libre comercio. Los discursos del gobierno no encajan con las declaraciones hechas por algunos personeros de la misma industria, quienes han expresado el cierre del equivalente de un tercio de casi 90.000 empleos en los próximos dos años, debido al impacto de la liberalización de cuotas de la OMC a los países de Asia.
Acorde a esta proyección, para el año 2005, los datos preliminares obtenidos desde la Concertación por un Empleo Digno en la Maquila1, instancia de coordinación interinstitucional interesada en la defensa de los derechos laborales, señalan que se han cerrado 14.000 puestos de trabajo en este sector.
Y aunque existe la tendencia de sobreexponer las realidades que desde la industria de la maquila textil se desprenden y todo aquello que se refiera a la producción en serie, ya sea ésta electrónica o agrícola industrial, lo cierto es que el empleo y las trabajadoras de cualquier sector económico también están expuestas a vivir este tipo de dinámicas violatorias de sus derechos laborales. A esto se le agrega el hecho de que entre los años 2003 y 2004, según datos proporcionados por el Ministerio de Economía, sectores como el público y privado han disminuido cerca de 20.000 plazas.
En este sentido, la defensa de los derechos laborales para cualquier persona en El Salvador pasa por tomar la decisión de reclamar ante las instancias gubernamentales como el Ministerio de Trabajo o en los juzgados de lo laboral una vez el despido se ha hecho efectivo, buscando la asesoría e instancias para reclamar el pago de su indemnización y prestaciones adeudadas. Bajo la amenaza del despido, son pocos los casos en que los/as trabajadores/as se atreven a denunciar violaciones, mientras que se sujetan de manera cotidiana a los atropellos que se cometen en las empresas, alcaldías o las oficinas publicas.
Un caso como otros tantos que ejemplifica esta afirmación es el cierre de la empresa Hermosa Manufacturing, la cual contaba con más de 2.000 trabajadoras y trabajadores. Hace un par de años el empresario cerró de manera paulatina puestos de trabajo, afectando a cientos de trabajadores y trabajadoras. El último grupo, con cerca de 400 personas, fue afectado el año pasado y fue al cierre de operaciones que los/as trabajadores/as se organizaron y están desarrollando una serie de diligencias ante diferentes instancias para que sea reconocido su derecho a recibir indemnizaciones y prestaciones adeudadas. La resolución del caso todavía sigue pendiente.
Las estadísticas oficiales de reclamos presentados ante las instancias gubernamentales y del ministerio público señalan que el mayor porcentaje de los mismos supera el 60 por ciento en este tipo de situaciones y que los porcentajes de indemnización obtenidos mediante esta vía oscilan alrededor del 30 por ciento en promedio al monto total de lo reclamado. Esto ocurre cuando las personas pueden obtener la presencia de la empresa en audiencias conciliatorias ante la Cartera de trabajo, situación que no es la misma cuando pasan a reclamar su derecho ante las instancias judiciales, ya que el trámite es tortuoso y lento hasta el punto de que puede pasar más de un año antes de que obtengan una sentencia que al final puede resultar negativa a sus intereses.
Panorama y desafíos
Otro aspecto a señalar es la inserción mayoritaria de las mujeres en el sector informal de la economía, con las características de jornadas intensas de trabajo diarias, todos los días de la semana, sin acceso al sistema financiero debido a la ausencia de garantías que garanticen a este sistema el pago de la deuda y con una obtención de ingresos que no cubre los costos de la canasta familiar, que bordea el promedio de 650 dólares USA mensuales.
A pesar de ello, al revisar los planteamientos de estudios realizados en el año 2005, los datos indican que las mujeres en el área rural están recibiendo mayores ingresos en relación a los hombres, debido a que ellos han abandonado las actividades agrícolas, como lo fueron las cosechas del café, y las mujeres han suplido este ingreso a través de la realización de actividades comerciales o de remesas de familiares o de compañeros de vida que se encuentran en el exterior del país. Pero en estos datos no se analiza el entorno en que las mujeres desenvuelven sus actividades personales, familiares y comunitarias, así como los costos que acarrea para ellas la asunción de las responsabilidades reproductivas y productivas de sus hogares.
A manera de cierre decir que el panorama es difícil para las mujeres salvadoreñas, pues se enfrentan en desventaja no sólo ante un sistema que genera condiciones no equitativas en el plano económico, laboral, social y político, sino también respecto al movimiento social que tiene poco respeto e interés por sus reivindicaciones, algo que se constata en las prácticas machistas llevadas a cabo en diferentes espacios.
Los desafíos están colocados en las expresiones organizativas de mujeres y feministas. Deberemos retomar y validar los diversos esfuerzos que los colectivos de mujeres implementan para diseñar propuestas de alternativas sociales que enfrenten escenarios dinámicos y complejos. Estas propuestas deberán conformar un bloque común que enfrente al sistema patriarcal y pueda retroalimentar las esperanzas de cambio a favor de la situación de las mujeres.
Notas al Pie de página
1 Integrada por Las Melidas, Organización de las Mujeres salvadoreñas ORMUSA, Mujeres Transformando, Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador y las Dignas.
Nora Hernández es coordinadora del programa Justicia Económica para las Mujeres, de la ONG Las Dignas de El Salvador.
Artículo publicado en el nº 20 de Pueblos- Revista de información y Debate, marzo de 2006.
