Del ordenamiento jurídico general a escala mundial y regional desarrollado en materia de Derechos Humanos en los últimos cincuenta años se desprenden las obligaciones del Estado de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, que exige acciones u omisiones que constituyen medios o medidas estatales y resultados concretos que se espera tengan esos medios o medidas para el cumplimiento de estas obligaciones. En última instancia, la efectividad de una acción se mide por su resultado; es decir, por el modo en que las personas y los pueblos disfrutan o no de sus derechos.
Reformas y avances
En ese sentido, para intentar tener una aproximación a la situación de los derechos humanos en Bolivia es necesario comenzar analizando el desarrollo de la institucionalidad estatal y el marco normativo, para luego, mirar la situación de los derechos en particular.
Con relación a la primera, las reformas introducidas en el país en materia judicial durante la última década significaron un proceso sostenido, pero es la reforma constitucional de 1994 la que determina el inicio de estas importantes transformaciones. Fue entonces que se crearon el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura, y el Tribunal Agrario, lo que implicó una redistribución de las funciones y competencias administrativas y judiciales; también se establecieron mecanismos para evitar el “cuoteo” político en la designación de autoridades judiciales, es decir, la distribución de estos cargos entre los partidos con presencia parlamentaria, ignorando los méritos de las y los postulantes. De todas formas, esta situación continuo resultando casi inevitable y, más allá del campo judicial, se convirtió en una práctica rechazada por la ciudadanía.
Por otro lado, la creación del defensor del Pueblo, a partir también de esta reforma, es uno de los mayores avances habidos, por su acción en la promoción y protección de derechos. Lamentablemente, su acción se ve limitada en la actualidad por el incumplimiento de sus resoluciones. Así, sólo el 51 por ciento de ellas1 fueron observadas por las instituciones denunciadas de acuerdo al seguimiento realizado en la gestión 20042. También debe destacarse que se ha incrementado3 el número de servidores públicos que subsana la violación durante el proceso, es decir, antes de que se emita la resolución. Sin embargo, en los casos en que esto no sucede y se utiliza el mecanismo de informe al Congreso, pocos son en los que éste, a través de sus comisiones, ha tomado medidas.
En lo que toca al Poder Ejecutivo, un aspecto altamente preocupante es que siendo fundamental que existan políticas de Derechos Humanos, éstas no se han planteado y mucho menos incorporado en programas de desarrollo o estrategias para reducir la pobreza, metas para la realización de Derechos Humanos, por lo que su contenido, el manejo y destino de los recursos no han estado orientados a este fin.
Capacitación sobre Derechos Humanos
Otro factor importante en la institucionalidad para una adecuada protección a los Derechos Humanos es la calidad de los recursos humanos. Es por ello que el defensor del Pueblo, el viceministerio de Justicia y varias organizaciones no gubernamentales han impulsado procesos de promoción y capacitación con resultados sin duda muy importantes. Sin embargo, en lo que hace a la generalidad de la administración pública tanto a nivel central como local, los avances son muy limitados. Los servidores públicos desconocen sus obligaciones en materia de derechos humanos siendo que es en ese ámbito donde se desarrolla de manera permanente la relación Estado-ciudadano/a. No se ha logrado aún penetrar en las instituciones responsables en la capacitación de servidores públicos de manera efectiva, formal y permanente, pues se han dejado de lado aspectos como la ética y los valores y deberes en materia de derechos humanos. No obstante, los pasos avanzados han permitido crear capacidades y condiciones para plantear un programa de educación que convoque a otras instituciones estatales que han estado ausentes de estos procesos. Estas instituciones podrían contribuir a desarrollar una cultura de derechos, promoviendo en los servidores públicos la visión de garantes de derechos, como representantes del Estado y en consecuencia responsables, en el marco de sus competencias, del respeto, protección y cumplimiento de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos.
Existen también otros ámbitos en los que el Estado tiene tareas pendientes: la ratificación de importantes instrumentos de Derechos Humanos como el Pacto de San Salvador (sobre DESC); la ausencia de mecanismos institucionalizados para el cumplimiento de sentencias y resoluciones internacionales de Derechos Humanos; la armonización de la legislación interna con estándares internacionales de Derechos Humanos establecidos en la normativa internacional ratificada por Bolivia como el Estatuto de Roma; la presentación de informes ante comités de supervisión de la ONU, que, de manera positiva en 2005, se comenzaron a elaborar a partir de la creación (DS 27420) de la Comisión Interministerial de Derechos Humanos. Éstas son tareas que el nuevo gobierno y el Congreso deberán cumplir a partir de 2006.
Sin restar la importancia que merecen estas acciones, serán las políticas y medidas encaminadas a la realización de derechos las que deberán concentrar la atención de las nuevas autoridades, siendo algunos de los casos más preocupantes los siguientes:
• Respecto a los Derechos Humanos civiles y políticos, los problemas más críticos para la población son los referidos al acceso y, dentro de éste, la retardación de la justicia y la impunidad. Otro de los problemas detectados es el de la corrupción, no sólo en el ámbito judicial, sino en toda la administración pública, señalando que las y los ciudadanos al acceder o bien proponer sobornos también son parte de la corrupción.
• El derecho a la vida y la integridad, vinculados directamente con la inseguridad ciudadana, aparecen como los derechos más afectados. En el ámbito familiar, la violencia intrafamiliar se ha incrementado notoriamente y en el ámbito público, los delitos violentos que ponen en riesgo a la población.
• El derecho a la participación política requiere refuerzos para documentar a la población y fortalecer su participación en los procesos electorales y de control social.
• Con relación a la libertad de expresión, la necesidad de una mejor regulación del manejo de información es necesaria y también que los medios cumplan con un papel más claro en la promoción de derechos con mayor apertura a la población, en especial de los grupos vulnerables y discriminados.
Del trabajo forzoso al analfabetismo
• Respecto a la situación de los derechos humanos económicos, sociales y culturales, encontramos que el derecho humano al trabajo y los derechos laborales en general se encuentran amenazados permanentemente por la inseguridad laboral y la imposibilidad de acceder a empleos plenos. Resulta indispensable que las políticas de reactivación económica contemplen la búsqueda de efectos en el trabajo. En general, se requiere una visión del papel de la industria en la economía nacional y políticas sectoriales que tengan como orientación la generación de empleo productivo, pleno y protegido. Sólo han crecido algunos sectores que generan pocos puestos de trabajo.
• En cuanto a la situación del trabajo forzoso, Bolivia ha asumido la obligación de adoptar medidas inmediatas y eficaces para lograr la prohibición y efectiva erradicación de éste con carácter de urgencia, por la gravedad que reviste su vigencia que, aunque parezca increíble, sigue existiendo y afectando principalmente a los indígenas de las tierras bajas en el país. Para ello, es imprescindible contar con una legislación adecuada, que posibilite la adopción de políticas nacionales y su efectiva aplicación, así como la prohibición y sanción de aquellas prácticas que promueven o posibilitan la inserción de familias o grupos poblacionales vulnerables al mercado laboral en condiciones consideradas como formas análogas a la esclavitud o la servidumbre.
• Con relación al derecho humano a la salud, se presentan importantes mejoras respecto a la mortalidad materno infantil; pero pese a ello, las limitaciones de cobertura de servicios de salud en el área rural determinan que gran parte de las mujeres, niños y niñas que mueren habiten en estas zonas. Lo anterior revela que las brechas en materia de salud son aún grandes. Otro problema también preocupante es el de la cobertura del seguro social vinculado a la inestabilidad laboral: casi el 80 por ciento de la población no puede acceder a él.
• Algunos de los temas más preocupantes respecto al derecho humano a la educación tienen que ver con el analfabetismo. Éste especialmente afecta a la población del área rural debido al acceso insuficiente a la educación básica y la calidad de la educación.
• El derecho humano a la alimentación adecuada está presente con la desnutrición de niños y niñas menores de cinco años, en particular en el área rural de los departamentos de Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y La Paz.
• Esta situación general de algunos de los derechos se ve aún más agravada cuando ligamos a ella la exclusión social como uno de los factores que afecta al ejercicio de derechos y que se traduce en brechas cada vez mayores, siendo los sectores peri-urbanos, provinciales y campesinos los más afectados por las condiciones de marginalidad y pobreza en las que viven.
• La discriminación también es otro factor que restringe o niega derechos a varios sectores de la población, sea por su edad, sexo, opción sexual, condición social u otras causas que los colocan en condiciones de desigualdad; es el caso de las mujeres, las y los jóvenes, migrantes, afrodescendientes, personas que viven con VIH y/o SIDA, personas de diversidades sexuales, trabajadoras y trabajadores sexuales, y personas privadas de libertad.
• Además de la exclusión y la discriminación, tenemos sectores vulnerables por condiciones propias como son niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad que no reciben una adecuada atención y, por tanto, tienen las posibilidades de ejercer sus derechos limitadas.
Por ello, es necesario comprender y asumir que si bien los derechos humanos son universales, resulta indispensable brindar una protección y medidas especiales o diferenciadas para grupos que se encuentran en condiciones de desigualdad y de riesgo de violación de sus derechos, es decir, de vulnerabilidad.
Es ante esta situación que las próximas autoridades deberán asumir acciones en la esperanzadora construcción de un nuevo Estado que se plantea reconfigurarse a partir de la Asamblea Constituyente. Los cambios que ha logrado el voto ciudadano exigirán al entrante Gobierno que los Derechos Humanos en Bolivia no podrán ni deberán seguir siendo postergados. Por el contrario, deberán constituir una prioridad y la finalidad de las políticas que se han planteado en el proceso electoral y que se desarrollen, no sólo en esta gestión gubernamental, sino también en las venideras. Porque ese es el único camino para garantizar la estabilidad y la paz social que todos los bolivianos y bolivianas deseamos.
Notas al pie de página
1 Es facultad del defensor del Pueblo emitir resoluciones defensoriales sobre los casos investigados en los que se ha constatado violación de derechos que no han sido subsanada por la autoridad durante la investigación iniciada por el defensor. El dato es del VII Informe del defensor del Pueblo al Congreso Nacional.
2 Seguimiento a resolución activa de la gestión 2004 y gestiones anteriores.
3 VII Informe del defensor del Pueblo al Congreso Nacional.
*Mónica Bayá es secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos y miembro del directorio del Programa de Justicia
Comunitaria de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UMSA, en Bolivia.
Artículo publicado en el nº 20 de Pueblos- Revista de información y Debate, marzo de 2006.
