La Misión de la ONU en la República Democrática del Congo

MONUC es una operación gigantesca que presenta a la vez la construcción e imposición de la paz, y cuya actuación se inscribe bajo el mando integrado. Pero la Misión carece de la flexibilidad y de los medios para desempeñar un mandato complejo.

El pasado marzo, el Consejo de Seguridad transformó el mandato inicial de MONUC de favorecer el desarme voluntario de los grupos armados de la República Democrática del Congo (RDC) en un mandato coercitivo enmarcado en el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas. Esa Resolución 1596 obliga a MONUC a asumir dos tareas: seguir apoyando el proceso de transición iniciado en julio de 2003 y eliminar el riesgo de enfrentamientos armados Ello significa poner fin, recurriendo incluso a la fuerza, a algunos de los principales responsables del genocidio perpetrado en Ruanda en 1994, los ex-FAR e Interahamwe1, al tiempo que desmoviliza a una pléyade de milicias locales. En ambos casos, se trata de grupos armados que no han firmado los acuerdos de paz o no han mostrado intención de cumplirlos, denominados “fuerzas negativas”.

Antecedentes de MONUC

El genocidio ruandés contra la población de origen tutsi y el éxodo subsiguiente de más de un millón de personas, a través de la localidad fronteriza de Goma, pueden considerarse el origen del foco de tensión que alimentó la violencia en el entonces Zaire. En esa región, miles de antiguos genocidas, que escaparon amparándose en el flujo de refugiados de origen hutu, mantienen como rehén a la población civil de origen ruandés y a la población local. Esa situación alimenta la espiral de violencia y ofrece argumentos, además de a las “fuerzas negativas”, a quienes no desean la paz en los Grandes Lagos para esquilmar su riquísimo patrimonio natural.

Desde su estallido en agosto de 1997, la guerra fue convirtiéndose en una mezcla de intervención externa, insurgencia local y fenómenos paramilitares. La ruptura del ya presidente Kabila con Ruanda y Uganda contribuyó a la expansión del conflicto, a la espectacular incursión del ejército ruandés en el territorio de la RDC y al surgimiento de grupos armados apoyados por Angola o Zimbabwe, entre otros Estados. Ante el temor a las consecuencias desestabilizadoras de una partición del entonces Zaire, los esfuerzos para lograr la paz condujeron a la firma del Acuerdo de Lusaka en 1999 2. Sus objetivos eran la seguridad de las fronteras, el control del tráfico ilícito de armas y de la infiltración de elementos armados, la creación una mesa de diálogo nacional sobre el futuro gobierno del Congo, germen del Diálogo Inter-Congoleño que ha permitido poner en marcha el proceso de transición, y el desarme de las milicias y grupos armados presentes en la RDC.

El Acuerdo de Lusaka constituye el fundamento jurídico sobre el que se basó inicialmente la creación de MONUC en 1999. Las partes beligerantes, con apoyo de representantes de la sociedad civil, decidieron pedir a la ONU un plan de acción para la aplicación del alto el fuego. Este plan debía verificar y supervisar el desarme, la desmovilización, el reasentamiento y la reinserción a la vida civil de los grupos armados, así como la retirada de las fuerzas extranjeras del territorio de la RDC. Pero aun cuando Lusaka preveía una operación coercitiva, el mandato encomendado a MONUC por el Consejo de Seguridad excluyó el uso de la fuerza hasta la primavera de 2005 3.

En cuanto al proceso de transición hacia la democracia, el Diálogo Inter-Congoleño se inició en 1999, otorgando representación política a los principales grupos armados y con una participación simbólica de la sociedad civil. Mientras los informes de la ONU calificaban la situación en la RDC como catastrófica desde el punto de vista humanitario, las tropas ruandesas y ugandesas ocupaban la mitad oriental del país, las milicias locales -en particular los Maï-Maï- multiplicaban sus acciones y se recrudecía el enfrentamiento entre los lendu, apoyados por Uganda, y los hema, apoyados por Ruanda. El asesinato de Laurent-Desiré Kabila en 2001 y la ascensión al poder de su hijo Joseph Kabila auspiciaron un clima político que permitió el final negociado de la violencia. Pese a que se incumplieron los acuerdos bilaterales de paz, se alcanzó un amplio consenso en Sun City, Sudáfrica, en 2002, que se concretó en la firma del Acuerdo Global e Incluyente sobre la transición en la RDC 4. Éste estableció los criterios de formación de un Gobierno de transición, el contenido esencial de la Constitución provisional de la RDC y los plazos para la organización de elecciones legislativas.

No es tarea sencilla lograr que la democracia representativa sea el resultado natural de una transición basada en el realismo político avalado por la comunidad internacional. En virtud de él, los grupos que usaron ilegítimamente la fuerza armada tal vez acaben convertidos en representantes del pluralismo político, pero la democracia se resiente gravemente antes de haber sido instaurada. Tal como señala un responsable político europeo citado por Richard Youngs, ese reparto de poder es aceptado por la Unión Europea, pese a carecer de base democrática, con la esperanza de que los tres grupos beligerantes impulsen un proceso de transición que les permita influir más allá de las zonas en las que venían ejerciendo el control territorial 5.

Aunque MONUC ha carecido de los recursos necesarios, el reciente incremento de sus medios impide justificar su ineficacia. Esas carencias se pusieron de manifiesto con ocasión de la intervención armada que la Unión Europea realizó en la región de Ituri en 2003 y que hizo patente que MONUC no tenía capacidad para cumplir su mandato de proteger a la población civil 6.

En los últimos meses, MONUC se ha fortalecido, emprendiendo acciones ofensivas en apoyo de las fuerzas armadas congoleñas (FARDC) en Ituri, y actuando mediante la fuerza en los Kivus para lograr la repatriación forzosa de los últimos grupos de ex-FAR/Interahamwe. Además de que esta intervención lograría el cese de una de las amenazas a la población local en la zona oriental del país, los informes de la ONU identifican la presencia de antiguos genocidas ruandeses en la RDC como la fuente de la discordia en el conjunto de la región de los Grandes Lagos y el principal obstáculo al proceso de transición en la RDC 7.

Una paz duradera

Desde la sociedad civil y los principales centros de análisis internacional no se han alzado voces que cuestionen la necesidad de recurrir a la fuerza en la RDC para imponer la paz y proteger a la población civil. Sí existen, manifestaciones de apoyo al propósito expresado en las recientes resoluciones del Consejo de Seguridad 8. Todo hace prever que el proceso de transición de la RDC podrá completarse por lo que se refiere al referéndum constitucional y las elecciones para la instauración de un gobierno democrático antes del límite autorizado por el Acuerdo de Lusaka (30 de junio de 2006). Pero las posibilidades de que la paz y la democracia sean duraderas en la RDC siguen siendo exiguas y dependen de que la comunidad internacional se proponga detener el expolio de sus riquezas naturales y exija al gobierno actual y a los futuros una gestión transparente de los ingresos por su exportación.

La principal razón de la esperanza no es, sin embargo, la conciencia internacional. Una vez que la respuesta de la ONU ha adquirido proporciones casi insólitas, hemos de confiar en la necesidad de buscar una estrategia que permita la viabilidad del Estado congoleño. Tal como afirmó un embajador europeo al que tuve la oportunidad de entrevistar en Kinshasa, “los Estados ricos han invertido ya demasiado en MONUC como para dejar que la región vuelva a sumirse en una guerra abierta”.


Notas a pie de página

1 Los ex-FAR pertenecieron a las antiguas Fuerzas Armadas de Ruanda, mientras que los Interahamwe formaban parte de las milicias paramilitares, de origen hutu, que contribuyeron con igual crueldad a ejecutar las masacres en 1994.

2 Vid. texto en http://www.iss.co.za/AF/profiles/DRCongo/cdreader/bin/2lusaka.pdf, consultado el 20 de agosto de 2005. El acuerdo fue suscrito por los jefes de Estado de la RDC, Namibia, Ruanda, Uganda y Zimbabwe, además de por el ministro de Defensa de Angola, y, durante el mes de agosto, por el Mouvement pour la Libération du Congo (MLC, apoyado por Uganda) y dos facciones escindidas del Rassemblement Congolais pour la Démocratie – RDC.

3 Resolución 1596 del Consejo de Seguridad, de 18 de abril, en relación con Resolución 1592, de 29 de marzo, que extendía el mandato de MONUC hasta octubre de 2005.

4 Vid. texto en http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/MHII-65G8B8?OpenDocument, consultado el 16 de agosto de 2005

“A New Approach in the Great Lakes? Europe’s Evolving Conflict-Resolution Strategies”, en Journal of Contemporary African Studies, vol. 22, n. 3, Septiembre de 2004, p. 317.

6 La Operación ARTEMIS fue en realidad una operación francesa bajo cobertura de una acción común del Consejo de la UE, de 5 de junio de 2003, que a su vez se amparaba en la Resolución 1484 (2003) del Consejo de Seguridad de la ONU, de mayo de 2003. Sobre esta operación, vid. en particular Ulriksen, Stale; Gourlay, Catriona; Mace, Catriona; y Youngs, Richard: “Operation Artemis: the Shape of Things to Come?” en Internacional Peacekeeping, vol. 11. n. 3, 2004, p. 508 y ss.

7 Ad. ex., el secretario General afirmaba en agosto de 2004 que las acusaciones cruzadas entre la RDC y Ruanda, así como que ciertos elementos del Gobierno de transición de la RDC brindasen apoyo a los ex-FAR/Interahamwe, cuyo número se cifraba en 8.000 o 10.000, seguía siendo el principal impedimento de la normalización de las relaciones entre los dos países y un factor clave para el desarrollo del proceso de transición (“Third Special Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo”, Doc. S/2004/650, pár. 73)
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8 El International Crisis Group pedía, en un comunicado de 14 de septiembre, que la comunidad internacional se ocupase de desarmar a los rebeldes del FDLR, mientras que su presidente, Garreth Evans, se dirigía a los líderes de la RDC y Ruanda, pidiéndoles que mostrasen con claridad su determinación a utilizar la fuerza armada en caso de que estos grupos no adoptasen la decisión de desmovilizarse de modo inmediato (http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3662&l=4&m=1, consultado el 16 de septiembre).


*Luis Peral es investigador del Área de Paz y Seguridad de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE). Esta artículo es un resumen del documento de trabajo de “FRIDE MONUC en los Grandes Lagos. Dilemas actuales de la función de mantenimiento de la paz” (octubre 2005). Este artículo fue publicado originalmente en la Revista PUEBLOS de Diciembre de 2005.

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