El agua, recurso mágico, fuente de vida y emociones, ha sido lealmente custodiada por nuestros ancestros. Su importancia para los pueblos del mundo la ha elevado a categoría de diosa, como Chalchiuhticue, en la cultura tlaxcalteca (México), Ganga, en la India, o Njord, en la mitología nórdica. La historia nos muestra el fuerte vínculo entre el agua y la identidad de las personas, sus creencias, sus lazos emocionales y su visión de la belleza.
La Organización Mundial del Comercio (OMC) y los acuerdos de comercio e inversión apuntalan un modelo de agricultura y alimentación convertido en negocio, no en derecho. En la actualidad la Unión Europea está embarcada en la negociación de nuevos acuerdos que representan la mayor amenaza para la agricultura campesina, pequeña y de mediana escala; la pérdida de la soberanía alimentaria, del derecho a la alimentación sana para toda la población y de la vida en nuestros pueblos.
La Unión Europea negocia actualmente con una veintena de países nuevos tratados de comercio e inversión, similares a los que firmó con Canadá (CETA) e intentó pactar (infructuosamente) con Estados Unidos (TTIP). “La UE quiere abrir nuevos mercados con un tratado comercial cada seis meses”: así de avaricioso se expresó recientemente Jyrki Katainen[1], vicepresidente de la Comisión Europea, ante el Consejo Atlántico en Washington, un lobby corporativo influyente en las relaciones transatlánticas.
Las transnacionales aumentan su poder y beneficios gracias a mecanismos como los acuerdos de comercio e inversión; los acuerdos permiten la explotación de recursos y personas; las personas buscan otros lugares donde vivir. Profesor en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad y activista en Ongi Etorri Errefuxiatuak, Juan Hernández Zubizarreta argumenta en esta entrevista la necesidad de desobedecer las leyes que vulneran los derechos humanos. A las personas que huyen de lo que este sistema provoca “vamos a seguir llevándolas a vivir a nuestras casas, se pueda o no”.
Las voces de activistas y comunidades afectadas por los impactos de las empresas trasnacionales se volvieron a expresar en octubre del pasado año en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Era la tercera sesión del grupo de trabajo intergubernamental que tiene el mandato de crear normas que obliguen a las compañías multinacionales a respetar los derechos humanos.
“Tenemos la firme intención de firmar un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea durante el segundo semestre de este año”[1]. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, se mostraba así de categórico en una entrevista a un diario suizo en abril de 2017. Estas manifestaciones se producían en la antesala de una visita del mandatario al país centroeuropeo y en el marco de una intensa actividad diplomática al máximo nivel que ha venido desplegando a lo largo de todo 2017, con la revitalización de este proyecto como punta de lanza.
