La Línea Negra es la delimitación territorial de cuatro pueblos ancestrales indígenas de la Sierra Nevada de Colombia, un territorio que resiste incansablemente a la minería y lucha por los derechos de autonomía y gobierno otorgados constitucionalmente a esta ecorregión.
Don Alejandro se termina su atol de elote y mira hacia el cielo. Está anocheciendo y empieza a refrescar. Las noches de enero en Patzún, departamento de Chimaltenango, Guatemala, acostumbran a ser bastante frías, así que abandonamos el patio, entramos las sillas al saloncito de su humilde casa y nos despedimos. Don Alejandro es maya kaqchikel y es ajq’ij, guía espiritual, sacerdote maya. Antes de irme toma mi mano y con una sonrisa me dice: “Pon cuidado siempre en tu viaje de regreso y recuerda que lo más importante para la vida es el equilibrio. Mira los astros en el firmamento, su perfecta armonía. El cosmos, la naturaleza, los elementos, todas las energías y los seres vivos deben convivir en equilibrio para proteger y perpetuar la vida”.
Recientemente se celebró en Neuquén, territorio mapuche en Argentina, un encuentro internacional sobre estrategias indígenas para la defensa de sus derechos. Al mismo acudían organizaciones de diferentes países del continente americano a fin de compartir problemas y avances en sus respectivas luchas, así como dialogar sobre las posibilidades de fortalecer la coordinación. Esto último, desde la constatación de la coincidencia de las violaciones de derechos que sufren, especialmente las referidas a sus territorios y a la entrada en los mismos de las transnacionales extractivas, con el beneplácito de los respectivos gobiernos.
Ana María es una joven aymara, lideresa de una de las provincias del departamento de La Paz en Bolivia. Viste la tradicional pollera, manta, sombrero de copa alta y va cargada con un aguayo multicolor. Está claro que el hecho de ser mujer y aymara ha sido determinante para que su nivel de estudios sea bastante bajo y que, en la actualidad, cualquier nuevo reto formativo se le presente como un proceso costoso. Apenas dispone de recursos económicos y asume, sin ayuda de su pareja, el cuidado de sus hijos e hijas a tiempo completo, junto con todas las labores domésticas. Ana María tiene acceso a las computadoras a través de un telecentro aunque, por supuesto, no sabe cómo utilizarlas. Eso sí, es consciente de que como lideresa de su comunidad es importante que aprenda a manejar estas herramientas para acceder al ejercicio de su derecho a la información y a la comunicación a través de ellas, tal y como se recoge en la Constitución Boliviana.
Dentro de los años que nos ha tocado asumir-vivir el ejercicio de la comunicación de manera autónoma a través del colectivo informativo Mapuexpress y a través de lo recabado en diversos encuentros, hemos comprendido que la comunicación es un derecho humano que es fundamental y necesario para la organización y los procesos sociales en pro de derechos y justicia.
Diciembre de 2009, décimo tercer año de la paz y vigésimo cuarto de gobiernos democráticos. El balance resulta pobre: violencia, feminicidio, inseguridad, incertidumbre económica y social, incremento de la miseria, remilitarización, represión. Siete de cada diez mujeres y hombres sobreviven en condiciones de pobreza y pobreza extrema (distinción que apenas remarca la línea divisoria entre lo inadmisible y lo inaceptable)1. El 49 por ciento de la población padece desnutrición crónica. Se mueven anualmente 50 millones de municiones y circulan tres millones de armas ilegales. Son asesinadas 18 personas diariamente, 40 niñas y niños al mes, más de 600 mujeres cada año, estas últimas en contexto de tortura (al menos el 35 por ciento de los casos) y violación (al menos el 45 por ciento). Los dirigentes sociales sufren amenazas, persecución, encarcelamiento. ¿De verdad corresponden estas cifras a una realidad democrática y una convivencia pacífica?
