A las elecciones legislativas nacionales de Brasil, marcadas para octubre, llegarán con fuerza candidatos y candidatas de fuera de los partidos políticos para intentar sacar votos a nombres históricos, que ocupan desde hace décadas cargos en la Cámara Federal y en los estados.
Ni un guión de ciencia ficción podría competir con el surrealismo de los hechos, en el caso brasileño: una presidenta electa con más de 54 millones de votos es retirada de su puesto por el Congreso, bajo supervisión y complicidad de la Corte Suprema, antes de cumplir la mitad de su mandato bajo el argumento -o más bien la excusa- de haber recurrido a una maniobra fiscal ampliamente utilizada por sus antecesores, detractores y hasta su vicepresidente, que se consolida ahora como presidente, aunque sea inelegible[1] por ocho años.
