Se bautizó “Reconversión”, pero lo cierto es que el cierre continuado de industrias desde 1980 en el Estado español, el abandono de naves y la creación de polígonos fantasmales, la deslocalización todavía creciente o la turistificación exagerada de algunas zonas no coincide con la definición propuesta por RAE: “Proceso técnico de modernización de industrias”.
Resulta contradictorio, a la par que indignante, que en un momento de la historia en el que se promociona el “mundo” como campo libre para las actividades económicas, la fuerza del Estado-nación blinde de las fronteras para impedir la libre movilidad de personas. Desde las instituciones internacionales se les obsequia a las empresas de seguridad privada el poder de decidir quién puede cruzar y quién se queda, actuando impunemente como mercenarias de unos derechos humanos ya desgastados de tanto nombrarlos.
Las noticias sobre acuerdos de seguridad (y negocios de toda índole) de los gobiernos de América Latina con el de Israel aparecen con frecuencia en los medios informativos. Y aun así, sabemos que esas noticias son sólo la punta del iceberg de relaciones de todo tipo que no salen a la luz pública. Para eso no hay matices ideológicos: con excepción del ALBA (y aun ahí no hay uniformidad), los gobiernos latinoamericanos parecen pelearse por quién tiene más acuerdos firmados con Israel. Los ‘progresistas’ del Mercosur lideran la tendencia, con Brasil a la cabeza[1].
