Vivimos en un mundo claramente desigual, un mundo donde el sexo, la raza, la etnia o el lugar de nacimiento son variables que inciden en la desigual inserción social y económica de las personas. Es cierto que la igualdad legal entre mujeres y hombres se logró en la mayoría de los países hace muchos años pero evidentemente alcanzar la igualdad ante la ley, aun siendo un hito histórico y fundamental, no implica la consecución de la igualdad real. Las desigualdades deben de preocuparnos por razones de justicia social pero también por razones instrumentales: “Las profundas disparidades fundadas en la riqueza, la región, el género y el origen étnico son perniciosas tanto para el crecimiento como para la democracia y la cohesión social”. Así se afirma al menos en el último Informe sobre Desarrollo Humano (2005).

En la segunda mitad del siglo XX, la actividad fuera del hogar se ha ido convirtiendo en la norma en todos los países europeos y hoy es mayoritaria la voluntad de las mujeres de obtener un empleo mercantil. Muchos y muy diversos han sido los cambios culturales, sociales y económicos que han impulsado la participación de las mujeres en el mercado. A modo de ejemplo podemos señalar que su compromiso laboral se vio fortalecido por los cambios en la estructura del empleo, con la creación de muchos puestos de trabajo “femeninos” en los servicios. Especialmente positivo fue también el papel que desempeñó la construcción y el desarrollo del Estado de Bienestar.

Este cambio en el comportamiento laboral de las mujeres es un fenómeno generalizado en los países de nuestro entorno y si en algunos como Francia el comienzo de la entrada masiva se fija en los años 60, en otros como España la denominada “revolución silenciosa de las mujeres” no comienza hasta los años 80.

El gradual ascenso de la tasa de actividad laboral femenina durante los últimos 20 o 30 años ha producido una clara feminización del mercado laboral y con ello también un reequilibrio por sexo en el mercado de trabajo de la Unión Europea. Pero conviene resaltar que dentro de la Unión la relación de las mujeres con el empleo difiere mucho entre los Estados. Las tasas de actividad laboral femenina son más elevadas en Dinamarca (60 por ciento), Suecia (58 por ciento), Holanda (56 por ciento) y Reino Unido (55 por ciento), países todos ellos en los que la entrada de las mujeres al mundo laboral fue temprana. En el otro extremo estarían países como Italia (37 por ciento) y Grecia (38 por ciento) en los que esta entrada ha sido más tardía. De todas maneras, se observa que en todos los países de la Unión Europea la tasa de actividad laboral de los hombres es claramente superior a la de las mujeres.

El aumento de la actividad laboral femenina ha venido acompañado de un aumento del empleo femenino. A pesar de ello, en 2004 la tasa de ocupación de las mujeres en la UE-25 (55,7 por ciento) no alcanza el 60 por ciento, que es el objetivo fijado por la Estrategia Europea de Empleo para el año 2010. Sólo en nueve países de los 25 de la Unión Europea, la tasa de ocupación femenina superaba este objetivo. En concreto en Estonia, Eslovenia, Austria, Portugal, Finlandia, Reino Unido, Holanda, Suecia y Dinamarca. Junto a ellos, países como España, con una tasa del 48,3 por ciento, Polonia, Irlanda y Grecia están muy lejos del objetivo europeo.

La “doble” jornada

Los cambios protagonizados por las mujeres han transformado tanto el mercado laboral como el modelo familiar tradicional en el que los hombres son los responsables de aportar al hogar los recursos monetarios y el papel de las mujeres es el de esposas y madres. En el modelo tradicional, al estar perfectamente distribuido el tiempo dedicado a trabajo familiar y a trabajo de mercado, las tensiones de organización del tiempo son casi inexistentes. De las nuevas formas familiares, una de las más relevantes es el modelo de doble presencia para las mujeres y la unipresencia para los varones: los hombres participan a jornada completa fuera de casa y si bien su implicación en el trabajo familiar ha aumentado un poco, sigue siendo bastante insignificante. Por su parte las mujeres han pasado de ser amas de casa a tiempo completo a realizar los dos trabajos, el familiar y el mercantil.

Entre las consecuencias de esta transformación destacan el logro de una mayor autonomía e independencia por parte de las mujeres, más opciones de vida o de elección de las formas familiares pero también mayores conflictos de organización del tiempo, dificultades para garantizar las tareas de cuidados e incremento de situaciones de riesgo. Y es que a pesar de los cambios, no se ha producido una transformación institucional global que suponga dejar de percibir las tareas de cuidado como un asunto de mujeres. Quienes mayores dificultades experimentan son evidentemente las mujeres más desfavorecidas: para ellas, la ganancia de independencia económica ha venido acompañada, a veces, de una pérdida de calidad de vida. Aunque parezca increíble, los cambios culturales y de comportamiento realizados por las mujeres no han tenido el eco correspondiente en el resto de la sociedad; no ha habido ni respuesta social ni respuesta por parte de los hombres.

La sobrerrepresentación de las mujeres en el paro

Si miramos hacia Europa, constatamos que la realidad con respecto al desempleo es muy diversa y lo es más, sin duda, desde la ampliación de la Unión a los países del Este. Las tasas de paro oscilan entre el 18,8 por ciento de Polonia y el 4,6 de Holanda. La tasa de paro media en 2004 de las mujeres en UE-25 es de 10,2 por ciento mientras que la de los hombres es 8,1. En la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea el paro es mayor entre las mujeres que entre los hombres. Las excepciones son Estonia, Suecia y Reino Unido. Los diferenciales entre las tasas de desempleo masculinas y femeninas (tasas masculinas superiores a las femeninas) en Grecia, Italia y España son de los mayores de Europa y en el caso de Grecia, incluso han aumentado ligeramente en el último decenio.

Respecto al problema del desempleo femenino cabe plantearse, entre otras cuestiones, por qué no se le da la importancia social que merece. Coincidimos con Teresa Torns (2000) en percibir una gran tolerancia social hacia el problema incluso en los años en que el paro azotaba masivamente a las mujeres con tasas que se acercaban e incluso superaban el 30 por 100. Por ejemplo, en 1994, cuando el paro alcanzó en España su máximo nivel, la tasa de desempleo de las mujeres era del 32 por 100, mientras que la de los hombres “sólo” del 19 por 100. Ni siquiera entonces este problema centró los debates, debates que se ocupaban mucho más del paro que afectaba a los trabajadores industriales o del desempleo de larga duración. Se puede hablar, pues, de una sobrerepresentación de las mujeres en el paro y una subrrepresentación en el debate social y político en torno al él. Tal vez sea porque todavía persiste la idea de que para las mujeres participar en el mercado laboral es una opción, tan válida como la de dedicarse en exclusiva al cuidado de la familia, mientras que los hombres no tienen otra opción que la de participar en el mercado. De ahí que, si bien nadie se ha atrevido a discutir la importancia estadística del problema del desempleo femenino, sí que hay voces que consideran que socialmente es menos importante que el de los hombres.

Las desigualdades salariales entre mujeres y hombres

Según estimaciones de Eurostat, en la UE-25, el año 2005 el salario de las mujeres es como media un 15 por ciento inferior al de los hombres. Las diferencias son especialmente elevadas en países como Alemania (23 por ciento) o Reino Unido (22 por ciento) e inferiores a la media, por ejemplo, en Portugal (9 por ciento) o Grecia (11 por ciento). Constatamos, por tanto, que a pesar de las numerosas iniciativas legales en las que se reclama la igualdad salarial para mujeres y hombres, las desigualdades siguen existiendo.

Cuando se mencionan estas diferencias inevitablemente surge la pregunta de si se tratan de salarios distintos por el mismo trabajo. La respuesta es que no, que en general las mujeres no cobran menos que los hombres por el mismo trabajo porque hacerlo iría contra la ley. Si mujeres y hombres no perciben el mismo salario es, en buena medida, porque no ocupan los mismos empleos debido a la persistencia de la segregación ocupacional tanto vertical como horizontal. Es decir, mujeres y hombres no hacen los mismos trabajos, ni en casa ni fuera de casa. Así, las diferencias salariales pueden ser el resultado de la distinta importancia institucional y social que se concede a las diferentes actividades y pueden considerarse como una discriminación indirecta.

Esto nos lleva a hacer algunas puntualizaciones sobre el concepto de cualificación relacionado con el nivel salarial. La cualificación es un concepto social íntimamente unido al de la división sexual del trabajo (Dex, 1985). En el mercado de trabajo las mujeres se concentran en los servicios, que se diferencian de los empleos industriales por el hecho de que los primeros ponen en juego, junto a unas competencias técnicas, competencias personales difíciles de medir. Mientras que el dominio de una técnica y, por tanto, la eficacia del operador se puede evaluar a partir de las cantidades producidas, en la calidad del servicio prestado intervienen capacidades de contacto, de comunicación, de diplomacia, difíciles de evaluar y que se adquieren más a través de la experiencia y la socialización que como resultado de una formación estructurada.

Los empresarios, y a menudo también las propias empleadas, perciben dichas competencias adquiridas en el ámbito privado de la familia y en las tareas de atención a los demás como cualidades que forman parte de su identidad personal y femenina. Es decir, se considera que no se adquieren como resultado de un esfuerzo de aprendizaje o de la experiencia sino que corresponden a “cualidades femeninas innatas”. Dado que su adquisición no se entiende como fruto de una formación, se supone que no merecen una remuneración específica en el mercado de trabajo (Echebarría y Larrañaga, 2004).

Diferente incidencia de la precariedad laboral

Una de las consecuencias de los elevadísimos niveles de paro vividos en años pasados ha sido la progresiva desregulación y felxibilización del mercado laboral. Ello ha supuesto un incremento muy importante de los denominados empleos atípicos, entre ellos los empleos a tiempo parcial. Las condiciones precarias aumentan la vulnerabilidad y exponen a quienes las padecen a riesgos de empobrecimiento, exclusión y discriminación. Pues bien, en la Unión Europea, el empleo parcial es un asunto de mujeres. Se evidencia, por un lado, que la importancia del empleo parcial es muy desigual y por otro, que en los 25 países el porcentaje de empleo parcial de las mujeres es claramente superior al masculino. Como media en la UE-25 trabajan a tiempo parcial el 31,5 por ciento de las mujeres y sólo el 7 por ciento de los hombres.

Estos datos sugieren que persiste la idea de que el empleo parcial es adecuado para las mujeres porque les permite conciliar el empleo con las responsabilidades familiares. Esto supone, por un lado, aceptar lo que podríamos denominar “nueva” división sexual del trabajo: hombres trabajando a tiempo completo en el mercado y mujeres trabajando a tiempo parcial en el mercado y compatibilizándolo con el trabajo familiar. No se cuestionan pues los roles tradicionales de mujeres y hombres, y se admite que el salario de las mujeres (un salario parcial) es complementario del de el hombre que se mantendría como el principal sustentador económico de la unidad familiar. Además, el trabajo a tiempo parcial supone, entre otras cosas, la marginación del colectivo femenino de los puestos de mayor responsabilidad y poder que exigen una dedicación plena (Wirth, 2002).

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