El Acuerdo Global de Derechos Humanos recogió, en sus nueve puntos, elementos que en su mayoría siguen vigentes después de una década. Respecto al compromiso general con los derechos humanos, se manifestó la voluntad política de hacerlos respetar (Compromiso 1), aunque, sin embargo, no se cuenta con una política estatal integral en esta materia. En cuanto al fortalecimiento de las instancias de protección de los derechos humanos, especialmente del Organismo Judicial, el procurador de los Derechos Humanos y el Ministerio Público (C2), es claro que, pese a los diferentes esfuerzos y una importante cantidad de fondos de la cooperación internacional invertidos, el Sistema de Justicia y la Procuraduría de Derechos Humanos no han logrado fortalecerse como la situación requiere.
Sobre compromiso en contra de la impunidad (C3), sí se logró la modificación del Código Penal para la tipificación y sanción como delitos de especial gravedad de las desapariciones forzadas o involuntarias, así como de las ejecuciones sumarias o extrajudiciales. Sin embargo, esta medida no favorece la lucha contra la impunidad de los crímenes del pasado, por la irretroactividad de la ley, en tanto que las deficiencias en la administración de justicia contribuyen al mantenimiento de la impunidad también respecto al presente, pues la delincuencia común y el crimen organizado cometen igualmente delitos de forma impune.
En cuanto al compromiso de que no existan cuerpos ilegales, ni aparatos clandestinos de seguridad (C 4.1), los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil para la creación de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) han encontrado constante oposición y la iniciativa sigue pendiente de discusión en el Congreso de la República.
Por su parte, los Comités Voluntarios de Defensa Civil (C 5.2) fueron desmantelados, pero sus miembros nunca perdieron el poder en las comunidades y han encontrado los mecanismos para insertarse en espacios locales como los Comités Comunitarios de Desarrollo (COCODES). El gobierno del FRG alentó su reorganización al ofrecerles una compensación económica por servicios prestados, decisión mantenida por el gobierno actual.
Protección de los defensores de los derechos humanos
El Compromiso 7 indica que se tomarán medidas especiales de protección en beneficio de aquellas personas o entidades que trabajan en el campo de los derechos humanos, pero sólo entre enero y septiembre de este año, la Unidad de Defensores del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos (MNDH) ha registrado 180 ataques. También es preciso mencionar que, a fin de investigar las denuncias sobre actos o amenazas que pudieren afectar a defensores/as de derechos humanos, se ha creado dentro del Ministerio Público, una Fiscalía de Derechos Humanos.
Tras reconocer (C 8) que es un deber humanitario resarcir y/o asistir a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, se indicó que se haría efectivo por medio de medidas y programas gubernamentales de carácter civil y socioeconómico dirigidos en forma prioritaria a quienes más lo requirieran. Tras casi 10 años, el 11 de abril de 2003, durante la gestión de Alfonso Portillo se creó, mediante Acuerdo Gubernativo, el Plan Nacional de Resarcimiento. Este plan ha enfrentado problemas burocráticos y conceptuales (la no inclusión del delito de genocidio como causa del resarcimiento), así como la falta de entendimiento entre las organizaciones sociales, el desconcierto sobre la reparación económica acordada para los ex patrulleros y el riesgo de que, en el contexto de pobreza extrema en que vive la población afectada por el conflicto priorice el contenido meramente económico del resarcimiento y no sus otras dimensiones (psicológica, social, cultural).
En cuanto al resarcimiento, hay que mencionar que en el ámbito del Sistema Interamericano, merced a los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos, se logro en 2004 una sentencia histórica por el caso de la masacre de Plan de Sánchez, Rabinal Baja Verapaz. La Corte Interamericana de Derechos Humano impuso al Estado guatemalteco la obligación de indemnizar a las víctimas, lo que debe hacerse efectivo en diciembre de este año.
La Misión de Verificación
de la ONU
El AGDH también estableció la Misión de Verificación de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA). Es importante recordar que el mandato de MINUGUA incluía contribuir a fortalecer los mecanismos constitucionales permanentes y otras entidades gubernamentales y no gubernamentales nacionales de protección de los derechos humanos, con las cuales debía colaborar, propiciando programas de cooperación técnica, y realizar actividades de fortalecimiento institucional, ofreciendo apoyo al Organismo Judicial y sus organismos auxiliares, al Ministerio Público, al procurador de los Derechos Humanos y a la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos. Todo ello para ayudar al perfeccionamiento y consolidación de instancias nacionales de protección de los derechos humanos y del debido proceso legal. Entendiendo que la sola acción de MINUGUA no lograría el cumplimiento de estos objetivos, que requerían también de voluntad y de responsabilidad política por parte de las instituciones mencionadas. Luego de 10 años, es clara la debilidad en que se encuentran dichas instituciones.
Otra parte del mandato era contribuir al fomento de una cultura de observancia de los derechos humanos en cooperación con el Estado y las diversas instancias de la sociedad. Sin embargo, el cumplimiento de este objetivo, pese a los esfuerzos de MINUGUA y distintas organizaciones sociales, es poco significativo, dadas las dimensiones y características de la violencia, que es practicada no sólo por el Estado sino también por la sociedad y tiene múltiples causas en el pasado y en el presente 1.
Además del Acuerdo Global de Derechos Humanos que se refiere a los derechos humanos más violados en el contexto del conflicto armado, los Acuerdos de Paz incluyen acuerdos sustantivos que si bien no se expresan en términos de derechos humanos, contemplan un contenido que tiende a reconocer y garantizar los derechos humanos. Entre ellos, el acuerdo que estableció la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), que elaboró y entregó su informe, Memoria del Silencio el 25 de febrero de 1999, el cual no ha sido divulgado por el Estado como sus mismas recomendaciones piden.
Se puede afirmar que la mayor parte de los esfuerzos para dar cumplimiento a las recomendaciones de la CEH corresponden a las organizaciones de derechos humanos y a la Procuraduría de Derechos Humanos, que aunaron esfuerzos para conformar la Instancia Multiinstitucional, organizada para incidir en el Estado a fin de que se cree la Fundación por la Paz y la Concordia (Recomendación VII) y la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñez Desaparecida (CNBND, Recomendación III). Las recomendaciones también contemplaban la creación del Plan Nacional de Reparación aludido anteriormente.
Pese a su densidad, el informe de la CEH es sólo el punto de partida para el estudio del pasado, lo que impone importantes tareas en muy diversos campos: histórico, sociológico, antropológico, psicosocial. También genera importantes retos sobre el presente: ¿qué hacemos con la verdad? ¿Qué hacemos cuando descubrimos que las causas del conflicto permanecen intactas y que aquellos en cuyo nombre se hizo lo que se hizo mantienen el poder en sus diversas expresiones?
Exclusión, desigualdad
y pobreza
La CEH indicó que la estructura y la naturaleza de las relaciones económicas, culturales y sociales en Guatemala han sido profundamente excluyentes, antagónicas y conflictivas, y que desde la independencia, se configuró un Estado autoritario, excluyente de las mayorías y racista en sus preceptos. Este Estado sirvió para proteger los intereses de sectores privilegiados y el carácter antidemocrático de la tradición política tiene sus raíces en una estructura económica caracterizada por la concentración en pocas manos de los sectores productivos 2.
¿Cómo transitar de víctimas a sujetos de derechos y sujetos/as sociales cuando el presente ofrece tantas causas para seguir siendo víctima de la violencia común, de la violencia estructural, de las catástrofes naturales que ponen en evidencia la catástrofe política y social? ¿Cómo dejar de ser víctimas cuando sabemos tan poco de nuestras luchas pasadas? El informe de la CEH dedica escasas páginas a la reconstrucción de la lucha por los derechos humanos en Guatemala, por lo que es una tarea pendiente recuperar críticamente esta parte de nuestra verdad.
Un estudio realizado por la organización argentina Poli – Lat refiere que Guatemala obtuvo 1,6 puntos, en una escala de 1 a 10, en cuanto a desarrollo democrático (construido con base a un conjunto de 31 indicadores entre los que se encuentran el gasto en educación, equidad de género, capacidad para solucionar crisis políticas y libertades civiles), lo que indica el acelerado deterioro de la ya frágil democracia que intentan construir los Acuerdos de Paz 3.
Por otro lado, el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ubica a Guatemala entre los cuatro países más desiguales del mundo, junto a Namibia, República Centroafricana y Brasil, pues el 20 por ciento de las personas más ricas percibe el 64,1 por ciento de los ingresos en tanto que el 10 por ciento más pobre percibe el 1,7 por ciento de los ingresos totales. Guatemala ocupa el lugar 117 entre 177 países; el 16 por ciento sobrevive con menos de un dólar USA al día (pobreza extrema) y el 37,4 por ciento, con dos (pobreza). Cumplir las metas del milenio, como reducir la pobreza a la mitad y eliminar el hambre, llevará unos 40 años, pues Guatemala ha sido durante 184 años una nación con un modelo agroexportador basado en materias primas, lo que requiere mano de obra barata y poco calificada, y con una reducida industria dominada por monopolios y en animadversión a pagar impuestos. El PNUD reporta también que el sector más dinámico es el de la exportación de vegetales, pero indica, al mismo tiempo que sólo el tres por ciento de los campesinos participan en este sector y que están siendo expulsados por los exportadores relacionados con el mercado norteamericano 4.
En cuanto al problema de la tenencia de la tierra, la institucionalidad establecida por los Acuerdos de Paz no ha sido capaz de retar el modelo estructural, modelo que no genera avances para el campesinado porque responde a los intereses de los terratenientes. Las políticas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y del Fondo de Tierras persiguen crear condiciones para la inversión, tomando a la tierra como mercancía, y la reducción de la conflictividad para generar gobernabilidad, lo que afecta particularmente a las mujeres. 5
De víctimas a sujetos sociales
A fin de mostrar la voluntad para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, el Congreso de la República la sancionó en agosto de este año el Decreto No. 52 – 2005, Ley Marco de los Acuerdos de Paz que regirá los procesos de elaboración, ejecución, monitoreo y evaluación de las acciones del Estado para el cumplimiento de tales acuerdos, reconociendo que éstos tienen carácter de compromisos de Estado. Esta ley crea el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz (CNAP), que estará integrado por miembros designados de los tres organismos del Estado, partidos políticos y la sociedad, y determina que el Congreso de la República asignará anualmente en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación el dinero necesario para su funcionamiento.
Ante este panorama tan poco halagüeño, el tema de los derechos humanos al igual que los Acuerdos de Paz poco o nada tienen que decir a los guatemaltecos y las guatemaltecas. Sin embargo, seguiremos apostando por su contenido, viéndolo más allá de la dimensión jurídica para entenderlo como una opción de vida y clave para la construcción de un verdadero poder social; para coadyuvar a las víctimas del pasado y del presente a reconocerse como sujetos sociales.
1 “Guatemaltecos, acostumbrados a la violencia. ¿Por qué somos violentos?” En Prensa Libre. Guatemala, 9 de octubre de 2005. Pp. 16 y 17.
2 Comisión para el Esclarecimiento Histórico. “Guatemala, memoria del silencio”. Tomo V. Conclusiones y Recomendaciones. Guatemala, 1999. Párrafos 3 y 4.
3 “Guatemala, último lugar en desarrollo democrático”. En El Periódico, Guatemala, 7 de octubre de 2005.
4 “PNUD: brecha entre ricos y pobres frena el desarrollo de Guatemala”. En El Periódico, Guatemala, 7 de octubre de 2005.
5 “Seguimos con la vieja receta de las instituciones”. En La Cuerda, año 8, No. 83. Guatemala, octubre de 2005.
*Anantonia Reyes Prado es antropóloga,
investigadora en el campo de los derechos
humanos y miembro del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos (MNDH). Este artículo fue publicado originalmente en la Revista PUEBLOS de Diciembre de 2005.
