El Salvador: Los servicios públicos a merced de las transnacionales

Los procesos de privatización de los servicios públicos en Centroamérica tomaron fuerza en la década de los noventa, iniciados de forma entusiasta por los gobiernos con el apoyo financiero de entidades internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es a mediados de esa década cuando el gobierno salvadoreño impulsa simultáneamente la reforma en los sectores eléctrico y de telecomunicaciones, aprovechando el contexto mundial triunfante del neoliberalismo, las simultáneas reformas del Estado que se estaban impulsando en la región y las (intencionadas) deficiencias de los prestadores estatales de servicios públicos, que se encontraban en la mira de los privatizadores.

En El Salvador fueron los servicios públicos de energía eléctrica y telefonía los primeros en privatizarse, mientras que en el servicio de agua potable el Estado aún se mantiene como el mayor prestador, a través de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Se vislumbra sin embargo su inminente privatización, prevista mediante la implementación de nuevas modalidades de prestación del servicio como la ya conocida figura de las concesiones.

La aprobación de la Ley General de Electricidad (octubre de 1996) facilitó y aceleró la venta de las empresas estatales de distribución de energía eléctrica y de generación térmica. Las primeras las compraron las transnacionales AES-Corporation y Pensylvania Power & Light (PPL), ambas estadounidenses, así como por Electricidad de Caracas (Venezuela). Esta última fue posteriormente adquirida por AES Corporation, lo que permitió a esta empresa el control de casi el 79 por ciento del mercado y dejó el restante 21 por ciento en manos de PPL.

Las empresas generadoras térmicas fueron adquiridas por DUKE Energy y El Paso, también de los Estados Unidos. Posteriormente se inició el proceso de concesión de la generación geotérmica, que fue adjudicada a la transnacional Enel Group, de origen italiano. Como puede observarse, en el caso de la distribución de energía eléctrica la privatización se convirtió en el paso de un monopolio público a un oligopolio en manos de empresas privadas: no existe competencia entre las empresas sino una clara posición de dominio y de reparto de mercado.

También en telefonía

La situación es muy similar en cuanto a los servicios de telefonía, ya que con la venta en 1998 de la empresa estatal ANTEL (Administración Nacional de Telecomunicaciones) se abrieron las puertas a la instalación de nuevas transnacionales. Uno de los argumentos utilizados para la privatización de la telefonía en el país fue el de que se generaría competencia en el mercado, lo que traería servicios de calidad, mejores tarifas y mayor cobertura.

Han pasado nueve años desde la privatización y lo que puede observarse en El Salvador es un mercado de telefonía fija controlado mayoritariamente (el 90 por ciento) por una sola empresa, CTE-Telecom [1]. El diez por ciento restante se reparte entre la española Telefónica (3,5 por ciento), Telemóvil (3,1 por ciento), El Salvador Network (1,7 por ciento) y otro conjunto de empresas con apenas el 1,7 por ciento de participación. Con sede en Luxemburgo, Telemóvil (Millicom Internacional Cellular, S.A, MIC) es uno de los operadores celulares líderes a nivel mundial.

En el caso de la telefonía móvil, son principalmente cuatro las empresas que se reparten el mercado, tres de ellas con mayor participación: CTE-Personal (32 por ciento), Telefónica (30 por ciento), Telemóvil (29 por ciento) y Digicel, de capital estadounidense-venezolano (9 por ciento). CTE S.A. de C.V., que durante los primeros cinco años fue propiedad de la transnacional francesa France-Telecom, está hoy en manos de América Móvil. Esta empresa mexicana es la actual propietaria del 95,2 por ciento de las acciones de CTE, lo que consolida su posición de dominio en el mercado salvadoreño.

Como ya hemos mencionado, CTE S.A. de C.V. es el mayor operador de telefonía fija y uno de los principales participantes en telefonía móvil, pública y servicio de Internet. Además, CTE-Telecom (ahora con su marca Claro) brinda otros servicios: arrendamiento de canales, transmisión de datos, televisión vía satélite, venta y alquiler de equipos de telecomunicaciones, edición de directorios, contestación de llamadas tipo call center e interconexión a su red local de operadores nacionales de larga distancia, de servicio local y de compañías de celulares. Se estima que en 2005 los ingresos de CTE, S.A. de C.V. ascendieron a 445,9 millones de dólares, lo que representa un incremento del 7,06 por ciento con respecto al año anterior. Dentro de los rubros de mayor ingreso de la compañía resalta la telefonía fija nacional, con el 42 por ciento de los ingresos generados en el 2005.

Lecciones ¿aprendidas?

Las experiencias privatizadoras de los servicios públicos en El Salvador nos han ofrecido importantes lecciones. En primer lugar, la lamentable y tibia actuación de los gobiernos, que se han convertido en defensores de los intereses de las empresas transnacionales y han dejado a un lado su verdadero papel como defensores del interés público, particularmente expresado en la defensa de los derechos de los consumidores.

A lo anterior se suma la creación de nuevos marcos legales (Ley General de Electricidad [2] y Ley de Telecomunicaciones [3]) e institucionales (Ley Orgánica de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, SIGET [4]) que, en lugar de fortalecer la actuación del Estado como regulador, han facilitado la libre operación de las empresas. Así, SIGET es una entidad reguladora que parece velar por los intereses de las empresas transnacionales y la defensa de las inversiones privadas, aún a costa de debilitar el rol vigilante del Estado y perder su autonomía e independencia.

Una muestra del papel poco diligente de la autoridad reguladora la constituyen las decisiones tomadas a favor de los intereses empresariales. Citamos tres de ellas: la firma de contratos entre operadores nocivos al consumidor, la demora para realizar reformas a la Ley General de Electricidad y los sustanciales atrasos que suponen el incumplimiento de importantes reformas aprobadas en 2003. Estas últimas nacieron como resultado de una presión social que perseguía lograr beneficios para el interés del país y los usuarios del servicio. En el caso de la telefonía el Estado también ha tomado decisiones que afectan a los consumidores, como la firma de un contrato con CTE-Telecom que aprueba incrementos progresivos de las tarifas o la falta de iniciativa para corregir irregularidades y reformar la Ley de Telecomunicaciones (algo que no se ha hecho desde su formulación en 1998).

Por otro lado, tras nueve años de operación de empresas privadas en los sectores de telefonía y electricidad puede comprobarse la tendencia hacia la concentración tanto del capital accionario como de los mercados de servicios. En relación al primero se observa como, por ejemplo, la empresa CTE-Telecom ha concentrado su participación en un 95,2 por ciento. Lo mismo sucede en el caso del mercado de servicios, en el que cuatro de las cinco empresas distribuidoras de energía eléctrica se encuentran en manos de una misma transnacional (AES-Corp.). La tercera lección está relacionada con los intereses de las personas consumidoras, que han sufrido los efectos negativos de la voracidad del mercado y de la privatización de las empresas estatales por causa de los incrementos en las tarifas, del deterioro de la calidad de los servicios y de los abusos e irregularidades.

Impacto en la capacidad de consumo

Las tarifas de energía eléctrica y telefonía presentan una tendencia alcista desde su privatización, generando un fuerte impacto en la economía de las familias salvadoreñas. En energía eléctrica se han incrementado en un 107 por ciento, pasando de un promedio de 12,17 en 1997 a 25,13 dólares en 2007 (consumo promedio residencial de 154 Kwh/mes). Esto supone una subida de un 14,4 por ciento en relación a un salario mínimo nominal urbano (unos 174,24 dólares mensuales). En telefonía la situación se repite, ya que los incrementos han alcanzado el 30 por ciento desde la privatización y de un promedio de 23,18 se ha pasado en diez años a uno de 30,18 dólares (2007). La tarifa consumo promedio residencial es de 13,59 horas, lo que se traduce en un 17,3 por ciento del salario mínimo nominal urbano.

La brecha entre el costo de los servicios públicos y el ingreso de las familias que cuentan con un salario mínimo nominal urbano es cada vez mayor, ya que el pago de tres servicios (agua potable, energía eléctrica y telefonía) les significa un promedio de 65 dólares mensuales. Si a esto le agregamos el costo de la canasta de mercado en su conjunto, que para el mes de marzo de 2007 alcanzó un valor de casi 700 dólares mensuales, resulta patente el progresivo deterioro en la calidad de vida de las y los salvadoreños. Además, la población rural aún presenta bajos niveles de cobertura: datos oficiales sobre 2004 muestran que la del servicio de energía eléctrica alcanzó un 71,9 por ciento y la telefónica un 15,1 por ciento.

Por si fuera poco, a lo anterior hay que sumar los problemas relacionados con la calidad de los servicios. Datos de SIGET indican que el número de cortes de energía eléctrica ha ido en aumento: de 16.673 en el año 1999 a 75.782 en el 2005. En telefonía los problemas están relacionados con la mala atención a los usuarios, cobros injustificados e interrupciones, entre otros. Por estas razones es creciente el descontento de los usuarios con respecto a las empresas que prestan ambos servicios.

Sin embargo no todo es negativo, ya que los recurrentes problemas y la ausencia de voluntad política para atender las necesidades de los ciudadanos han promovido una importante participación de la ciudadanía y la organización de al menos quince Comités Locales de Defensa del Consumidor. Existe una mayor exigencia en cuanto al cumplimiento y fortalecimiento de la regulación, la institucionalidad pública y las leyes, así como una demanda dirigida al establecimiento de mecanismos que aseguren mayor inversión pública y privada. La finalidad es mejorar tanto el acceso y la cobertura como los espacios y procedimientos que hagan posible la participación de los usuarios en el debate de temas importantes.

Lamentablemente, hasta hoy no existe por parte de las autoridades competentes interés ni por reconocer la importancia de la participación ciudadana ni tampoco por resolver el origen de los problemas, en esencia causados por procesos de privatización amañados, con claros privilegios para el interés empresarial.

Es importante aprender de estas lecciones y avanzar hacia mecanismos ciudadanos que defiendan el agua como un bien común, ya que hoy sigue latente la amenaza de su privatización. Por ello, consideramos urgente la creación de un nuevo marco legal e institucional del agua que asegure, entre otros aspectos, que este recurso es un derecho humano y una responsabilidad del Estado, razones por las que se debe prohibir cualquier modalidad de privatización. En este marco se cuenta ya con una propuesta ciudadana de Ley de Agua Potable y Saneamiento, que se espera sea retomada por el gobierno para su discusión.

El Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) de El Salvador es una Organización No Gubernamental constituida en 1991. Desarrolla procesos de investigación, formación, educación y orientación, así como acciones de incidencia sobre las políticas públicas. Este artículo ha sido publicado en el nº 27 de la revista Pueblos, julio de 2007, Especial América Latina.