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Clasismo y meritocracia: ¿Para qué sirve el sistema educativo?

Félix García Moriyón*

Viernes 27 de julio de 2012, por Revista Pueblos

Se conmemora este año el segundo centenario de la Constitución de 1812, uno de los textos fundacionales de la España contemporánea. De entre las diversas razones para celebrar aquel acontecimiento, una de ellas es el hecho de que en esa constitución se aprueba por primera vez en la historia de España la creación de un sistema educativo universal y obligatorio. Su artículo 366 es claro: “En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles”.

La escuela pasa así a ser una institución fundamental para garantizar que los niños aprenden la alfabetización básica (leer, escribir y contar) y los valores que cimentan la vida social (catecismo católico y obligaciones civiles). No se dice nada expresamente de la exigencia de una enseñanza universal y gratuita, pero es algo que está implícito en el texto.

Durante muchos decenios se va avanzando mucho para lograr ese objetivo final, proceso que podemos dar por terminado de hecho con la Ley de 1970 [1], en la que por fin se logra implantar la escolarización universal y obligatoria, para niños y para niñas, desde los 6 hasta lo 14 años (ampliada por la LOGSE [2] de 1990 hasta los 16). Durante todo ese largo período, la educación ha sido uno de los ámbitos en los que más se han enconado los enfrentamientos; todos eran conscientes del poder de control social que tenía la institución y era fundamental ponerla al servicio de los propios intereses de grupo o clase social.

La justificación inicial de la escolarización era doble. Por un lado, el objetivo de convertir el país en una democracia en el sentido moderno de la palabra exigía una educación básica para todos los ciudadanos, sin la cual sería prácticamente imposible que llegaran a convertirse en ciudadanos democráticos activos y participativos. Por otra parte, la escuela está relacionada con los procesos de socialización y, además, con el desarrollo material y económico. No olvidemos nunca que es una institución creada por la burguesía para garantizar el logro de sus objetivos sociales y políticos, y también económicos.

Si nos centramos en el primer objetivo, podemos señalar, siguiendo unas ideas de Guy Coq [3], que se mantienen dos lógicas. La primera es igualitaria: la escuela tiende a ofrecer una enseñanza unificadora, a retrasar la diferenciación entre las personas; lo que impone un predomino de lo pedagógico, tomando a los niños como centro de su actividad. Son ideales democráticos de la liberación por el saber, de la realización de la justicia en la sociedad mediante una democratización del aparato escolar. Late en el fondo la idea profundamente ilustrada, retomada por la pedagogía libertaria, que identifica ignorancia y esclavitud. La segunda es la lógica elitista, pues la escuela es el lugar donde se selecciona a los mejores, en parte presionada por las capas sociales privilegiadas y por el propio Estado para que realice esa selección precozmente. Busca la excelencia y legitima la división social. Se enfrenta ese modo al modelo previo de la sociedad estamental en el que no era posible la movilidad social, siendo la herencia de sangre la que permitía acceder a los puestos de mando de la sociedad. La sociedad burguesa vincula el ascenso social al mérito personal y es la escuela la que se hace cargo de dar la formación para lograr ese ascenso y, sobre todo, acreditar mediante un sistema de títulos qué personas han acumulado los méritos suficientes para acceder a esos puestos.

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María José Comendeiro.

Los objetivos son, sin duda, loables e impecables desde el punto de vista de la filosofía social y política. Otra cosa bien distinta es su logro efectivo. Son frecuentes los estudios que avalan el predominio del papel de control social sobre el de formación democrática, y podemos recordar las reflexiones de Foucault [4] o de los partidarios de la desescolarización. Según esos críticos, el sistema educativo es, sobre todo, una poderosa máquina de control que impone una determinada ideología al mismo tiempo que imbuye en la mente de los niños los valores fundamentales de la sociedad, incluidos, claro está, los que fundamentan y legitiman las actuales relaciones sociales de producción y la desigual distribución del poder. Comparto sustancialmente esa crítica puesto que desvela con precisión cuál es el papel que desempeña la escuela realmente existente, pero no es de eso de lo que quiero hablar aquí. Voy más bien a centrarme en el segundo objetivo.

La escolarización se asocia según la segunda lógica antes señalada a la meritocracia, un elemento central para la legitimación del sistema social. Existen desigualdades, sin duda, pero son legítimas en la medida en que todos los ciudadanos tienen la misma posibilidad de acceder a las posiciones de poder. Son muchas las evidencias en este caso a favor de que no es eso lo que está ocurriendo. No llegan a los puestos de mando quienes hacen méritos en el sistema educativo, sino que son sobre todo la inteligencia innata y la pertenencia a un determinado estatus sociocultural (más que económico), lo que mejor predice quién va a llegar lejos en la sociedad. En algunos períodos de cambios sociales acelerados, el sistema escolar ha servido para reclutar personas procedentes de diferentes clases sociales para acceder a los títulos universitarios (por ejemplo, España en los años sesenta y setenta del pasado siglo), pero la escuela no ha dejado de desempeñar un papel puramente instrumental en la movilidad social ascendente que deja de cumplir cuando cambian las circunstancias sociales y económicas (por ejemplo, en España desde 1990 en adelante). Ni la meritocracia ni la igualdad de oportunidades se cumplen.

Nos lleva este problema a otro íntimamente relacionado con él. La meritocracia y la selección de las élites van unidas (en el imaginario que legitima moralmente cómo funciona nuestra sociedad) al papel que desempeña la educación en la generación de riqueza, tanto para el individuo como para la sociedad. Constituye un pilar fundamental de la implantación y crecimiento del sistema educativo la convicción de que permite el enriquecimiento de la persona y de la sociedad. Por lo que se refiere a la riqueza individual, se repite hasta la saciedad, con mucha frecuencia con el aval de datos y estudios más o menos solventes, que el nivel de estudios alcanzado está relacionado poderosamente con el nivel de ingresos que posteriormente alcanza un individuo. El paro y los trabajos mal remunerados se ceban en aquellas personas que no lograron terminar el nivel escolar obligatorio con un dominio suficiente de las competencias básicas, del mismo modo que se incrementan las perspectivas de empleo y de buenos salarios conforme se sube en la escala educativa.

Titulación y PIB

Otro tanto se dice respecto a la economía del país en general. La riqueza de las naciones está profundamente asociada al nivel de conocimientos alcanzado por los ciudadanos del país. A mayor nivel educativo, mayor es la riqueza social. Lo primero suele medirse con el número de personas que logran una titulación secundaria o universitaria. Lo segundo se mide al final con el dato del incremento del Producto Interior Bruto. Son discutibles probablemente los dos indicadores, pero no cabe la menor duda de que son manejados con mucha frecuencia para apuntalar la validez de la tesis que establece esa relación entre nivel educativo y riqueza. Es más, esta tesis ha tomado más fuerza al socaire de la llamada sociedad del conocimiento: parece ser que avanzamos hacia una sociedad en la que sólo harán falta puestos de trabajo de alta cualificación. En el específico caso de España se suele insistir en la baja cualificación educativa de nuestra población para explicar los problemas de excesivo paro y de incapacidad de articular una economía solvente.

Sigue siendo dominante el grupo de quienes defienden las bondades del sistema educativo para la riqueza del país y de las personas. Estos últimos, que suelen dejar en segundo plano su posible compromiso, nunca del todo cumplido, a favor de la formación de ciudadanos críticos y participativos, presionan para que el sistema educativo consolide una educación cuyos objetivos básicos sean la adaptación al mercado de trabajo con formación de personas de mayor cualificación y proceso verdaderamente selectivo de las élites, lo que es más importante que el principio de igualdad de oportunidades. Es más, mantienen la comparación de la educación con la empresa que busca la obtención de beneficios y se guía por principios de eficacia económica: los individuos y el país invierten en educación porque confían en la obtención de un rédito económico traducido en mejores empleos y en un sistema económico más competitivo. El alumnado pasa a ser considerado como capital humano.

Educación, riqueza y exclusión

No obstante, hay algunos datos que cuestionan esta correlación entre riqueza y educación. Cierto es que hay una correlación potente entre exclusión social y fracaso escolar, pero más bien en el sentido de que aquella genera este, que a su vez, en un proceso de retroalimentación, refuerza la exclusión. Como decía antes, es la clase sociocultural la variable que, junto a la inteligencia, más incide en el éxito académico. Incapaz el modelo realmente existente de llevar a cabo una genuina igualdad de oportunidades, lo que hace es sancionar la desigualdad de partida, atribuyendo además a los estudiantes la responsabilidad de un fracaso que se ha jugado en un campo ajeno y previo a la escuela.

El discurso constante actual a favor de la excelencia no hace sino reforzar una dualización del sistema educativo: centros que van a seguir formando a quienes ya vienen preparados para ascender en la escala social frente a centros que cumplen una pura tarea de formación rudimentaria y socialización controladora, a la espera de generar mano de obra poco cualificada que pueda desempeñar los puestos de trabajo peor remunerados.

Esa es la segunda cuestión importante. No parece cierto que el modelo de producción actual demande multitud de trabajadores bien cualificados. Siguen siendo legión los puestos de trabajo que exigen poca cualificación, para los que se asignan salarios exiguos que son compatibles con la caída en la zona de la pobreza; esto es, salarios de miseria que apenas permiten la subsistencia básica de los trabajadores y su familia, en el caso de que tengan una. La única cualificación que se necesita es la básica: saber contar, leer y escribir y, sobre todo, saber ser disciplinado y obediente. La escasa formación profesional necesaria en esos trabajos podrá ser adquirida en el puesto, impartida por la empresa, que, además, irá adaptándola a las cambiantes necesidades del sector o a las innovaciones tecnológicas.

Por otra parte, España es un país que cuenta con un exceso de personas con titulación superior, que el mercado laboral no puede absorber. Su destino termina siendo la emigración o un trabajo para el que tienen sobretitulación, lo que no deja de ser un serio problema para empleador y para empleado. Son frecuentes los casos en los que las personas ocultan parte de su currículo para poder encontrar un trabajo de lo que sea. Otros países, como Estados Unidos o el Reino Unido hacen frente a un problema peculiar. Las tasas universitarias son allí muy caras, por lo que los estudiantes tienen que pedir cuantiosos créditos que les permitan cursar los estudios, confiando en poder pagar al final. La evolución real del mercado laboral está poniendo difícil que encuentren puestos de trabajo bien remunerados, por lo que algunos expertos hablan ya de una burbuja educativa que puede estallar en cualquier momento con un crecimiento enorme de la morosidad en la devolución de la deuda.

Se puede, por tanto, cuestionar el modelo meritocrático por no cumplir sus objetivos, al estar trucado el proceso selectivo desde el principio. Igualmente se puede cuestionar la igualdad de oportunidades, invalidada por el indiscutible hecho de que el mundo del trabajo es un mundo profundamente jerarquizado, en cuya cúspide de excelentes condiciones laborales sólo puede estar una reducida minoría, siendo muy amplia la base de la pirámide para la que se necesitan trabajadores poco cualificados. La tesis de la correlación estrecha entre nivel educativo y riqueza no parece tan sólida como algunos pretenden; se trata más bien de una creencia irracional que sirve para encubrir el hecho más claro de que el sistema educativo refuerza la formación de una sociedad claramente clasista y fuertemente jerarquizada.


*Félix García Moriyón, militante de la Confederación General del Trabajo (CGT), es profesor en un instituto de enseñanza secundaria de Madrid y de la Universidad Autónima de Madrid (UAM).

Este artículo ha sido publicado en el nº 51 de Pueblos - Revista de Información y Debate - Segundo Trimestre de 2012

Notas

[1] Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa.

[2] Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), 3 de octubre de 1990. Fue derogada por la Ley Orgánica de Educación (LOE) en 2006.

[3] Autor de Démocratie, religion, éducation (1993).

[4] Michel Foucault (Poitiers, 15 de octubre de 1926 - París, 25 de junio de 1984).

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