Mariana Zaragoza, colaboradora de la Universidad Ibero: “Existe una solidaridad histórica con las personas migrantes, pero a medida que se haga más visible que México es un país de llegada esto se va a complicar”

Millones de personas abandonaron en las últimas décadas sus hogares en El Salvador, Guatemala, Honduras y otros países latinoamericanos emprendiendo un camino hacia el norte en busca de nuevas oportunidades de vida. El tránsito de personas migrantes por México hacia EEUU continúa en la actualidad y ocupa numerosos titulares en los medios de comunicación de masas, al mismo tiempo que este país se convierte, en cierto modo, en un país también de destino, lo que abre nuevos retos para la asistencia y la integración. Mariana Zaragoza trabaja en un programa de incidencia acerca de las migraciones de la Universidad Ibero, en México. En esta entrevista nos habla, entre otras cuestiones, de las necesidades de las personas migrantes y de las defensoras de derechos humanos, de los vínculos entre universidad y sociedad civil, de la criminalización de las mujeres migrantes y de las posibilidades que podría abrir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Mariana Zaragoza, fotografiada en Bilbao por Andrea Gago Menor.

 

– ¿Cuáles son los objetivos y líneas de trabajo del Programa sobre Asuntos Migratorios de Ibero?

– El PRAMI es un programa de incidencia de esta universidad jesuita. Hay un programa de derechos humanos, otro de interculturalidad, de medio ambiente y de género, así como el Foro Mexicano para la Seguridad Democrática. La idea es usar la fuerza de la universidad para fortalecer el trabajo que hacen las organizaciones sociales, por eso se trabaja en red con albergues y asociaciones defensoras de migrantes, sobre todo con las obras sociales jesuitas.

Tenemos tres líneas de trabajo estratégicas: albergues, personas defensoras y hospitalidad e integración. En el primer caso, intentamos fortalecer la labor de los albergues para que vayan caminando hacia la autogestión y la autonomía, que vayan mejorando la atención que dan a las personas migrantes en tránsito, porque son albergues muy humildes que han surgido de la necesidad pero muchas veces no tienen todas las herramientas. Muchas otras veces también el tema del autocuidado de las personas defensoras se olvida, así como la seguridad, que no se abordan en el día a día de la atención humanitaria en los albergues más sencillos.

La situación de las personas defensoras que han sido criminalizadas o que están en situación de riesgo es un tema que también nos preocupa. Tenemos un encuentro anual de defensores de personas migrantes que se llama Ellas y ellos tienen la palabra. Al principio era un espacio de los defensores para encontrarse y hablar del tema migratorio, ahora ya se está viendo qué se necesita para los propios defensores. El año pasado, en vez de hacer conferencias en la universidad con los  defensores más conocidos, lo que hicimos fue traer a defensores y defensoras del día a día que están más en los albergues, para trabajar con un enfoque feminista y psicosocial. Participaron cuarenta de toda la ruta migratoria.

Se hizo un taller cerrado con herramientas de autocuidado para defensores y defensoras, sobre todo mujeres, con enfoque feminista. Se habló desde la teología acerca de cómo se ve el autocuidado, porque la mayoría son religiosas. Ahora queremos hacer un manual de autocuidado para el contexto del albergue.

La tercera línea de trabajo es la de hospitalidad e integración. Trabajamos con el Servicio Jesuita a Refugiados para hacer incidencia política en cuanto a integración y acceso a derechos, porque es un tema que se necesita impulsar mucho en México. La situación de precariedad ya es terrible en sí y para las personas migrantes es todavía más difícil. Es un porcentaje chiquito el de las personas reconocidas como refugiadas, son muchísimas las que están en situación irregular y que se van a quedar en esta situación en México, con una frontera norte cerrada que hace que cada vez haya más personas con necesidades de integración.

Cuando hablo de integración me refiero a acceso a trabajo y acceso a derechos, no hablo de una política para que lleguen y se adapten a las condiciones del país, sino de que el país también genere condiciones para que las personas puedan tener una vida digna. Con el Servicio Jesuita a Refugiados estamos intentando, primero, entender. Es un tema nuevo para nosotras: ha habido antes personas refugiadas en México, pero era en contextos diferentes y las respuestas del gobierno mexicano de entonces también eran diferentes. Ahora tenemos que entender qué significa esto, comprender los perfiles de las personas que están llegando y empezar a ver de qué hablamos cuando hablamos de integración, o de medios de vida, que es un término que viene del Servicio Jesuita de Colombia. Hay que buscar formas para generar medios de vida y acceso al trabajo, pero tenemos claro que no queremos generar mano de obra barata para las empresas.

– ¿Habéis llevado a cabo alguna experiencia concreta al respecto?

– Estamos en un proyecto piloto de integración de personas refugiadas en una empresa. Una empresa con la que creemos que podemos dialogar en cuanto a lo que entendemos por vida digna, sobre los sueldos, etc. Tampoco queremos que tengan unas condiciones excepcionales frente al resto de la población mexicana, esto tampoco sería positivo.

Estamos haciendo un estudio de campo de una zona en particular,  Querétaro, para ver si pueden acceder a salud pública, a educación, saber cómo los recibiría la sociedad, con un grupo que les acompañaría en su llegada. En este proyecto hablamos de “casos de esperanza” y “rutas de entrada” para las personas refugiadas.

Tenemos también una línea de investigación para la incidencia, hacemos informes con organizaciones defensoras. Acabamos de sacar, por ejemplo, un informe sobre mujeres migrantes criminalizadas por trata, que hicimos con el Centro Prodh y con el Centro de Derechos Humanos Fray Matías. Nosotras hicimos la parte de las historias de vida y de los testimonios con enfoque feminista y ahora estamos haciendo incidencia.

Mariana Zaragoza y Júlia Martí. Fotografía: AGM.

 

– Estas acciones, ¿se enmarcan en el trabajo en red del que hablabas antes?

– Sí. También colaboramos con la REDODEM, la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, que agrupa a 23 albergues que comparten una base de datos de toda la ruta migratoria. Desde que entran por la frontera sur se registran y así se puede ir monitoreando su ruta. Es la única base de datos desde sociedad civil que documenta el tránsito. No es representativa, porque solo son 23 albergues y las rutas cambian, pero el año pasado (entre mayo y diciembre) se registraron aproximadamente 28.000 migrantes, como queda documentado en el informe El Estado indolente.

Esta base de datos se alberga en la universidad, aunque nosotras no tenemos acceso a ella. Incluye el perfil sociodemográfico, motivos de salida, vulnerabilidades (violencias en tránsito tanto por agentes privados como por agentes del Estado) y refugio (perfiles de las personas solicitantes, para saber cuántas personas lo podrían solicitar aunque no lo estén pidiendo).

Ahora nos pidieron apoyo para redactar el informe de la sección del sur. Esta base de datos es muy importante para buscar personas desaparecidas, porque te puede decir el último punto al que llegó el migrante. Además.

– ¿Abordáis de algún modo cómo hacer frente al discurso del odio en los medios de comunicación?

– Hay una campaña que se llama Campaña por la Hospitalidad, que impulsa la Red Jesuita con Migrantes de Latinoamérica y el Caribe. El hashtag es #SoyH. Soy hija, soy hijo, soy hermana, soy humana. Nos mandan las narrativas y la estructura desde Colombia, pero la adaptamos a nuestro contexto.

También hemos hecho actividades culturales alrededor de los albergues. Hicimos un concurso de fotografía de México como país de destino, donde convocamos a estudiantes para tomar fotografías que cambiaran la lógica de los migrantes como personas en tránsito y verlos en nuestros contextos, entendiendo que esto va a ser una nueva realidad para el país.

Ahora, para el Foro Social Mundial de las migraciones, que va a ser en México en noviembre, vamos a continuar con la campaña y vamos a organizar una acción con Payasos sin Fronteras para hacer dos rutas migratorias pasando por los albergues, además de actividades en la frontera, etc.

– Hablas de personas en tránsito y también de cambios en las migraciones. ¿Nos puedes explicar algo más acerca de esto?

– Es un tema que nos está preocupando mucho. Antes, cuando hablábamos de personas en tránsito, la hospitalidad se entendía de otra forma. Además, México es un destino forzado, ni siquiera es el destino al que quieren llegar las personas, un poco como pasa en Marruecos, que muchas personas están allí pero tampoco quieren estar allí en concreto.

Es un tema complejo porque tampoco queremos construir la narrativa de México como país de destino, porque tampoco es el destino que quieren. La gente huye de Centroamérica por la misma violencia que se vive en México, así que muchas veces ni siquiera está segura en México, no hay condiciones para que estén en México. Ojalá las hubieran y ojalá las creemos, no es que no queramos que estén ahí.

– Las personas de los municipios que no están organizadas, ¿qué acogida dan a estas iniciativas?

Creo que es por zonas y según contextos. En Tapachula, en la frontera sur, hay mucha xenofobia y discriminación. Es raro, porque, siendo una ciudad fronteriza, vive de esto: Tapachula fue fundada por personas migrantes chinas, alemanas, mexicanas, de Guatemala… El discurso xenófobo está aumentando ahora y tiene que ver con la llegada de las personas como destino.

Pero no todo el mundo tiene esta actitud, los contrastes son muy fuertes. En toda la zona fronteriza hay comunidades que han recibido de forma histórica, comunidades de base muy hospitalarias. Hay un concepto, el de “hospitalidad popular”, que se refiere a esta gente muy humilde que desde los años 80 recibe a gente, metidas en la selva, que dan de comer a las personas en tránsito y que siempre las ha recibido. Los albergues son una muestra de esto, salen de la nada, de las comunidades de base de la Iglesia católica, para echar una mano a las personas.

Existe una solidaridad histórica con las personas migrantes, pero a medida que se haga más visible que México es un país de llegada esto se va a complicar. Con los contrastes: la solidaridad histórica frente a una xenofobia más de una clase media que rechaza a las personas migrantes.

– ¿Qué impactos diferentes tienen las migraciones, y también el crimen organizado, sobre las mujeres y la infancia?

– En 2014 se instaló el Programa Integral Frontera Sur, que generó una militarización de la frontera con un enfoque de seguridad muy restrictivo. Esto, mezclado con ciudades transfronterizas y un sistema patriarcal y machista, ha sido la fórmula perfecta para la criminalización de las mujeres.

En 2012, en una caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos, ellas entraron en la cárcel para ver si estaban allí porque muchas veces les detienen y no pueden comunicarse con sus familias. A un colaborador del programa se le acercaron las mujeres encarceladas y le contaron que se las habían llevado en operativos y estaban detenidas por trata de personas. Lo que descubrimos es que había toda una construcción del delito de trata a raíz de la Ley contra la Trata de 2012, que desde mi punto de vista tiene una visión abolicionista del trabajo sexual y ha llevado a la criminalización de las mujeres que trabajan en bares o a trabajadoras sexuales.

Cuando se aprobó la ley, el Estado de Chiapas aceptó implementarla, en el marco, también, de la campaña por la lucha contra la trata con fines de explotación sexual de Naciones Unidas Corazón Azul. Empezaron a hacer operativos y redadas en bares de Tapachula, principalmente, y detuvieron a las mujeres, se las llevaron.

Hay un testimonio de una mujer guatemalteca indígena Mam, Doña Lupita, muy claro. Ella llevaba 20 años viviendo en Motozintla, una ciudad fronteriza. Estaba lavando los platos en un bar, llegan en una redada, preguntan quién es la encargada, casualmente cuando hacen estas redadas no está el dueño, Doña Lupita sale y dice que ella, porque no está el dueño. Entonces separan a hombres y a mujeres, lo hombres se van, los sacan del bar. Y a las mujeres las separan en dos grupos, a unas se las llevan por trata y las otras son las víctimas. Es decir, se construye absolutamente todo.

A Doña Lupita se la llevan sin decirle porqué, a las hijas les dicen que si consiguen 20.000 pesos sale libre, ellas los consiguen pero, obviamente, no sale libre. Ella no sabe leer ni escribir, le dicen que ponga su huella en un documento, que es una declaración autoinculpatoria. Llegando a la cárcel le dicen “tú estás detenida por trata”, ella no entiende muy bien el español, no entiende muy bien ni qué es trata de personas. Entonces fue cuando nosotras la conocimos, llevamos una traductora Mam, y al final afortunadamente Doña Lupita salió absuelta, pero por falta de pruebas. Por tanto, no se reconocen las violaciones a sus derechos humanos y no hay ninguna posibilidad de reparación del daño.

A otras mujeres centroamericanas, sobre todo hondureñas, se les construye el caso de otras formas. Con muchos casos de torturas. Por ejemplo el caso de una mujer hondureña que fue a denunciar la desaparición de su sobrina y le dijeron que volviera al cabo de dos semanas, y al cabo de dos semanas se la llevaron presa acusada de haber tratado a su sobrina. Pasó cinco años y medio en la cárcel, sin saber leer ni escribir.

Además, en Chiapas hay una cosa muy extraña, la Mesa de Reconciliación, un órgano conformado por diferentes instituciones el Estado de Chiapas, que se creó en el marco del conflicto Zapatista. Es una mesa de diálogo político para liberar a presos políticos. El problema es que esta mesa se utilizó en Tapachula para el caso de estas mujeres, para otorgarles una especie de perdón, que consiste en “te detengo, te sentencio, te libero, a través de la mesa, sentenciada, y te deporto”. Lo que pasa es que se queda el registro de estas sentencias. Además, con una visión de una Ley de Trata como está construida en México, destinada a impulsar mecanismos de rescate, el Estado de Chiapas genera muchos números en la lucha contra la trata, pero es muy engañoso.

Consideramos que habría que revisar la manera en que se implementa la Ley contra la Trata, y en general el tema de los operativos, porque en Ciudad de México, por ejemplo, muchas mujeres trans, trabajadoras sexuales, dicen que en la calle no están las mujeres que están siendo tratadas. Es un tema muy difícil, hay mucha división entre las que tienen una visión abolicionista y las que tienen una visión más regulatoria del trabajo sexual.

Por eso nosotras abordamos el tema de la criminalización de las mujeres. Decimos que es por trata pero podría ser por muchísimas otras cosas. En el resto del país, por ejemplo, hay muchas mujeres criminalizadas por política de drogas. Es la política de seguridad, securitizadora, la que también está permitiendo la criminalización de la migración a través de drogas, trata, tráfico…

– En los medios europeos se ha hablado estos meses bastante de la política migratoria de Trump, pero también hay voces que insisten en que lo actual es una continuación de políticas que ya se llevaban a cabo. ¿Qué opinas?

– En junio saltó la noticia de los menores separados de sus padres en la frontera porque ya era una cosa intolerable, a lo que llevó esta política de “tolerancia cero” contra la inmigración. La separación de las familias paró, pero las detenciones siguen, ahora de familias completas. Hay miles de niños y niñas que los papás no saben dónde están.

Como mexicana, me indigna un poco porque es algo que se toca en Estados Unidos pero que el gobierno mexicano lleva a cabo desde hace muchísimo tiempo. El drama de la detención de menores no acompañados centroamericanos es terrible en México.

¿Hay redes transfronterizas de la sociedad civil para trabajar este tema en México y Estados Unidos?

– Tenemos contacto con la organización transnacional de personas mexicanas en Estados Unidos, Alianza Américas, y también con la Iniciativa Kino, en Nogales, Sonora. Quiero destacar también el trabajo de KIND (Kids in Need of Defense). El año pasado, el Comité por los Derechos de la Infancia hizo una consulta en México sobre la situación de los menores no acompañados y la detención, la protección a la infancia es uno de los temas que más preocupa.

– ¿Qué perspectivas abre en cuanto a las migraciones la elección de López Obrador?

– Tenemos esperanza. Durante la campaña vimos qué es lo que decían los candidatos sobre temas migratorios y la verdad es que no decían mucho. El tema migratorio en México se reduce casi siempre a la protección de mexicanos en el extranjero, a la migración a EEUU o a la respuesta frente a Donald Trump. Pero no hablaban nunca de tránsito. Hicimos un seguimiento de los temas que consideramos vitales, para ver si había un enfoque de seguridad humana o un enfoque de seguridad nacional, el de la securitización.

Olga Sánchez Cordero, que va a ser la Secretaria de Gobernación, el cargo más importante después de la Presidencia, es una jueza que fue ministra de la Suprema Corte de Justicia y sacó bastantes sentencias con enfoque de derechos humanos. Fue bastante progresista en su momento, con el tema LGTBI, por ejemplo. Ella estuvo en un debate sobre migración y dijo que iba a haber una política de protección a la migración, de libre tránsito, que iban a desaparecer las estaciones migratorias. Estas son centros de detención, son peores que cárceles. Al ser declarados como centros de seguridad nacional tienen restringidas las visitas y se basan en una política de detención y deportación.

López Obrador ha hablado de dar oportunidades laborales a las personas migrantes. Sin embargo, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública está Alfonso Durazo, que  tiene un enfoque de seguridad que nos preocupa. Ya ha hablado de hacer una policía fronteriza en la frontera sur, algo contrario al diálogo que se está proponiendo desde universidades y organizaciones sociales.

Hay estos claroscuros, estos contrastes, aunque no entre a gobernar hasta el 1 de diciembre. Hay que ir despacio.

-¿Nos puedes hablar un poco de la campaña liderada por Marichuy?

– Tenemos el interés de acercar el movimiento desde abajo que representa Marichuy al tema de los albergues, para poder unir las luchas por la defensa del territorio y de los pueblos indígenas con las luchas por las migraciones. En realidad, lo cruzas con desplazamiento forzado y tiene mucho que ver.

Difundieron un comunicado que decía: “Podrá cambiar el finquero pero la finca sigue siendo la misma”. Pero esto todo el mundo lo sabíamos, llegara quien llegara, aunque López Obrador sea de izquierda, nunca ha habido un diálogo entre esta izquierda y el movimiento zapatista y del Congreso Nacional Indígena.

Una buena señal sería que retomasen los Acuerdos de San Andrés, manifestaría las buenas intenciones del gobierno federal hacia la lucha de los pueblos, pero no sé si va a pasar. López Obrador tiene una visión del desarrollo muy extractivista. La idea es aprovechar los recursos naturales y eso a mí me suena a conflicto. No me quiero adelantar, queremos dar señales de colaboración con el gobierno pero sin perder el enfoque crítico.


Júlia Martí Comas es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad. Andrea Gago Menor coordina Pueblos – Revista de Información y Debate.

Esta entrevista se realizó en julio de 2018 en Bilbao y se actualizó en octubre por correo electrónico.


 

 

 

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