Organizaciones de la sociedad civil vs. empresas transnacionales

Estrategias frente al poder corporativo

El papel de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) ha sido fundamental para confrontar al poder corporativo. Cuando los Estados fallan en sus obligaciones de respetar los derechos humanos y proteger el medio ambiente frente a las actividades empresariales, las OSC han respondido mediante una variedad de estrategias y tácticas para intentar corregir las externalidades negativas características del actual modelo económico global.

El modus operandi de las corporaciones transnacionales genera graves impactos socioambientales, que tienen sus peores repercusiones en el Sur global. Los Estados, principales garantes del respeto de los derechos humanos y de la protección del medio ambiente, deben responder con acciones legales y políticas para corregir las externalidades negativas del modelo de desarrollo capitalista heteropatriarcal impulsado por estos agentes ajenos a cualquier control democrático. Sin embargo, los cambios en la distribución de poder y riqueza en este mundo globalizado han restringido la capacidad regulatoria y de fiscalización de los Estados para controlar de manera efectiva las actividades de las corporaciones.

En este contexto, el trabajo de las OSC, a menudo arriesgado, poco valorado y desacreditado, ha marcado las pautas para generar un cambio de paradigma. Consolidándose como contrapoder, las OSC han organizado la resistencia y la denuncia al poder corporativo fortaleciendo redes de activismo y de capacidades, exigiendo a los Estados y a las corporaciones en diversos foros y procesos consultivos, a nivel nacional e internacional, una mayor transparencia y responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos y la degradación ambiental.

A pesar de las limitaciones de las OSC (temporales, económicas, etc.), su labor no solo ha servido de contrapeso al enorme poder de las corporaciones transnacionales, sino que han brindado un fuerte apoyo a las víctimas de sus abusos. Por ello, merecen especial atención sus principales estrategias y acciones.

Documentación
de abusos corporativos

Ante la incapacidad o falta de voluntad de algunos Estados de supervisar eficazmente el cumplimiento de las normas socioambientales, las OSC desempeñan la función de vigilantes (watchdog) del comportamiento de las corporaciones transnacionales. Así, una de las estrategias consiste en recopilar información sobre el terreno para poner al descubierto las consecuencias negativas de las malas prácticas empresariales que los Estados y las corporaciones a menudo intentan ocultar para negar la problemática y no afectar a los intereses económicos en juego (que no suelen ser pocos).

Desde la sociedad civil se han seguido minuciosa y metodológicamente las actividades de las corporaciones y se han documentado conflictos en distintas partes del mundo. Por ejemplo, el objetivo del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos es motivar a las empresas a respetar los derechos humanos, constituyendo la principal fuente de información sobre el tema y encargándose de dar seguimiento al desempeño de más de 7.000 empresas en más de 180 países[1]. De manera similar, el Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas), creado por el Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha documentado 2.181 casos de conflictos sociales y ambientales[2], en los que suelen estar implicadas grandes corporaciones transnacionales.

Otras OSC se han centrado en casos o en regiones específicas. Por ejemplo: Amnistía Internacional reunió y verificó la información que destapó el impacto de las actividades de las empresas del sector extractivo en el delta del Níger[3], el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad[4] documenta y sistematiza la información sobre los impactos generados por las corporaciones españolas en América Latina, y Sherpa se encargó de llevar a cabo su propia investigación y recolección de testimonios y pruebas en la tragedia de Rana Plaza en Bangladesh en 2013[5].

Difusión de los abusos

Otra de las estrategias de las OSC para hacer frente al poder corporativo consiste en visibilizar los conflictos que han generado las grandes corporaciones. El conjunto de información sobre los abusos corporativos está disponible al público a través de diversos medios, lo que permite visibilizar y atraer la atención de la comunidad internacional hacia una problemática global que requiere medidas urgentes.

La divulgación de los abusos corporativos también presiona a las empresas, que temen las posibles consecuencias negativas en su imagen y reputación, con repercusiones económicas y financieras. Aunque que no todas, la mayoría de las corporaciones consideran relevantes estos riesgos.

Asimismo, la divulgación empodera a la población, ya que les brinda la información necesaria sobre las externalidades negativas (sociales y ambientales) que se generan en y por la producción de los productos, contribuyendo así a cambiar patrones de consumo insostenibles.

Apoyo a las víctimas de abusos
en el acceso a justicia

Las personas más afectadas por el poder corporativo suelen pertenecer a los grupos más vulnerables de población, a los que resulta complicado contar con los recursos económicos para asumir los costosos y complejos procesos judiciales.

En el conflicto ambiental del delta del Níger, por ejemplo, las comunidades indígenas han sido las principales afectadas. Mientras tanto, la petrolera Shell, una de las implicadas, es una de las diez empresas con mayores ingresos a nivel global[6], por lo que puede contratar costosos despachos de abogados para hacer frente a cualquier posible acción por los daños causados.

Por lo general, las víctimas han encontrado un mayor apoyo jurídico y técnico en las OSC que en los Estados. Muchos de estos casos se han llevado ante los tribunales de los Estados de origen de las corporaciones debido a los diversos obstáculos que implica conseguir justicia allí donde se cometieron las violaciones de derechos humanos.

Por ejemplo, con el apoyo de OSC alemanas fue posible interponer la demanda contra la empresa KiK en Alemania por el incendio en la fábrica de su proveedor en Pakistán en 2012, en el que murieron más de doscientas personas y otras tantas resultaron heridas debido a la falta de condiciones de seguridad en el trabajo[7]. Asimismo, las comunidades afectadas en el delta del Níger han encontrado un fuerte apoyo de diversas OSC para interponer acciones legales en diversos Estados y responsabilizar a las empresas petroleras implicadas[8]. El sindicato IndustriALL, la Campaña de Ropa Limpia y el Consorcio por los Derechos de los Trabajadores fueron los que presionaron para que las personas afectadas por el derrumbe del Rana Plaza en Bangladesh en 2013 reciban algún tipo de indemnización[9].

Cuando el acceso a la justicia parece técnica y económicamente imposible, las organizaciones de la sociedad civil invierten esfuerzos y recursos en recurrir a los tribunales para hacer efectiva la responsabilidad de las corporaciones y compensar a las víctimas.

Incidencia para la rendición de cuentas
y reparación de abusos corporativos

A pesar de que las grandes corporaciones han ganado relevancia en diversos foros para ejercer presión en la toma de decisiones políticas y legislativas en función de sus intereses, las OSC intentan mantener el equilibrio para evitar que los Estados queden totalmente sujetos a su disposición.

A nivel nacional, las OSC desarrollan importantes campañas y estrategias para que los Estados ejerzan un mayor control en las actividades y cadenas globales de suministro de las grandes corporaciones a través de mecanismos que permitan identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos y daños ambientales.

En Francia, los esfuerzos y las campañas de la OSC hicieron posible que el Parlamento adoptara una ley pionera de deber de vigilancia. La ley obliga a las grandes corporaciones en Francia a diseñar e implementar un plan de vigilancia destinado a prevenir y detectar abusos en todas las filiales y cadena de suministro[10].

En Suiza, un grupo de OSC lanzó la iniciativa “Coalición Suiza por la Justicia Corporativa” con el objetivo de presionar a las corporaciones transnacionales para que respeten los derechos humanos y el medio ambiente. La iniciativa consiste en reformar la constitución para que el Parlamento suizo adopte un marco normativo que regule la diligencia debida de las empresas[11].

A nivel internacional, las OSC también realizan una labor de incidencia importante para la adopción de normas internacionales de carácter vinculante que contrarresten el poder y la impunidad corporativa[12]. Así, las actividades de la Alianza para el Tratado (Treaty Alliance) fueron determinantes para que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptara en 2014 la Resolución 26/9, que estableció un Grupo de Trabajo Intergubernamental (GTI) de composición abierta para elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades empresariales en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

Varias organizaciones están teniendo una fuerte presencia en el proceso de negociación y participación, formal e informalmente. En las tres sesiones del GTI que han tenido lugar, han incidido a través de consultas y de actividades de cabildeo velando para que el contenido del futuro tratado responda a las necesidades de las personas afectadas por los abusos corporativos y para evitar los bloqueos por parte de algunos Estados y corporaciones que se oponen y descreditan cualquier avance hacia un tratado vinculante. En un proceso de negociaciones complejo y de opiniones polarizadas, como bien señala Ruggie (arquitecto de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos), “cuando los Estados están divididos y son ambivalentes, el liderazgo de las OSC es necesario”[13].

Por todo esto, las OSC han sido y seguirán siendo fundamentales para enfrentar al poder corporativo y, sobre todo, para avanzar en la agenda internacional de empresas y derechos humanos.


Daniel Iglesias Márquez (@Daniel_IgleMar) y Beatriz Felipe Pérez (@beaifp), investigadoras asociadas al Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT-URV) y voluntarias de Enginyeria Sense Fronteres.

Artículo publicado en el nº77 de Pueblos – Revista de Información y Debate, segundo cuatrimestre de 2018.


NOTAS:

  1. Lazala, Mauricio (2011): El trabajo del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), Aporte DPLF, nº4.
  2. Los resultados del proyecto completo pueden consultarse en: www.ejolt.org.
  3. Amnesty International (2018): Negligence in the Niger Delta Decoding Shell and Eni’s Poor Record on Oil Spills, Amnesty International Ltd, Londres.
  4. Ver: www.omal.info.
  5. Artículo “Sherpa launches petition asking for official investigation into Auchan’s role at Rana Plaza”, 23/10/2015, en www.corporatejustice.org.
  6. Más información: http://fortune.com/global500.
  7. Ver informes en: www.ecchr.eu/en/.
  8. Artículos: “Shell: clean up your mess in Nigeria” (5/07/2013, www.foeeurope.org), “Nigerian community sues Italian oil giant Eni” (04/05/2017, www.foeeurope. org), “Investigate Shell for complicity in murder, rape and torture” (28/11/2017, www.amnesty.org).
  9. Pérez, Sofía (14/09/2013): “Las multinacionales siguen frenando las indemnizaciones de las víctimas de Bangladesh”, en www.eldiario.es/desalambre.
  10. Cossart, Sandra; Chaplier Jérôme; Beau de Lomenie, Tiphaine (2017): “The French Law on Duty of Care: A Historic Step Towards Making Globalization Work for All”, Business and Human Rights Journal, vol. 2.
  11. Ver: http://konzern-initiative.ch/coalition/?lang=en.
  12. Bernaz, Nadia; Pietropaoli, Irene (2017): “The Role of Non-Governmental Organizations in the Business and Human Rights Treaty Negotiations”, Journal of Human Rights Practice, vol. 9, no. 2.
  13. Ruggie, John G. (2015): “Get Real, or We’ll Get Nothing: Reflections on the First Session of the Intergovernmental Working Group on a Business & Human Rights Treaty”. Puede consultarse en: www.hks.harvard. edu.

 

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