Las luchas contra la privatización de la energía en México

En las últimas décadas México ha vivido una transformación profunda, pasando de un modelo económico nacionalista y desarrollista a un modelo neoliberal, basado en la desregulación, las privatizaciones y la internacionalización de la economía. Uno de los ejes más importantes de este cambio de modelo ha sido la privatización del sector energético, especialmente en cuanto al petróleo y la electricidad, a través de un proceso progresivo que culminó con la reforma energética de Peña Nieto en 2013.

Esta reforma suscitó una enorme oposición social, con casi cinco millones de firmas recabadas por la Campaña Ciudadana por una Consulta Popular Única sobre la Reforma Energética, que sumó a diversas agrupaciones sociales, no gubernamentales defensoras de derechos humanos, sindicatos, organizaciones campesinas, intelectuales y artistas.

El proceso de privatización ha dado pie a enormes conflictos, tanto por la pérdida de derechos laborales y la subida de las tarifas, como por la profundización de los conflictos sociales y ambientales generados por los nuevos proyectos de explotación, como el caso del gaseoducto Tlaxcala- Morelos o el de los parques eólicos del Istmo de Tehuantepec, ambos con grandes empresas españolas detrás. Es imposible en este artículo referirnos a todas las luchas y resistencias frente al nuevo modelo energético que profundiza el extractivismo y la pérdida de soberanía; nos centraremos, por tanto, en las luchas de los trabajadores de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro, cerrada a raíz del proceso privatizador, y las luchas de las usuarias para defender el acceso a la electricidad.

Privatización silenciosa

En los años ochenta, a raíz de la crisis económica y política (marcada por el estallido de la deuda en 1982), las políticas neoliberales se empiezan a abrir paso. Las impulsan tanto sectores del gobierno y de la élite empresarial nacional como actores internacionales, que utilizan los préstamos condicionados y las negociaciones de la deuda para imponer la liberalización, desregulación y privatización económica.

En este contexto, Estados Unidos (junto al FMI y el Banco Mundial) juega un papel importante, ya que gracias a sucesivos rescates y renegociaciones de la deuda consigue ir abriendo los sectores protegidos de la economía mexicana a las empresas extranjeras. En un proceso de cesión de soberanía, beneficioso tanto para las élites locales como internacionales, que se profundiza en 1994 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y que se consolida en 2013 con la reforma energética.

En el caso de la energía, se empieza con una “privatización silenciosa”[1], a través de la división de las empresas públicas, la firma de contratos con grandes corporaciones para la explotación de pozos de petróleo y la generación eléctrica, y la creación de nuevos mecanismos de “asociación público privada” para conseguir financiación. Este proceso genera graves problemas de sostenibilidad y mala calidad del servicio, debido a la desinversión y subcontratación (como demuestran los dos apagones de inicios de 2001, que afectaron, el primero, a más de un millón de personas y, el segundo, a dos millones)[2]. Esto contrasta con las tesis neoliberales, según las cuales la liberalización y la competencia solucionarían todos los problemas del sector.

Además, este proceso fue muy beneficioso para las empresas transnacionales, ya que la CFE (empresa pública de electricidad) se comprometió a pagar por la capacidad de generación disponible, independientemente de si se generaba o no electricidad, siendo las eléctricas españolas las principales beneficiadas (Iberdrola, Unión Fenosa y Endesa).

Siguiendo esta política se priorizó la generación de electricidad en las plantas privadas, dejando a las plantas públicas con poca actividad. Una decisión fatídica que se encuentra detrás de las inundaciones de Tabasco en 2007, ya que el bajo funcionamiento de la planta generó una sobreacumulación de agua, lo que impidió utilizar la presa para controlar la inundación y hubo millones de damnificados.

El poder corporativo
tras la reforma energética

El papel de las empresas eléctricas y petroleras, especialmente las extranjeras, también ha sido importante en la transformación del modelo energético, con servidores públicos actuando como agentes de los intereses de las empresas energéticas transnacionales. Así, vemos como el papel de los think tanks empresariales (Consejo Coordinador Empresarial, Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Instituto Mexicano para la Competitividad, etc.) y de las agencias y consultoras privadas (Mercer, AON Consulting, Manpower, Baker y McKenzie, KPMG, etc.) ha sido clave para legitimar la reforma a través de la publicación de informes y la presión en diferentes foros nacionales e internacionales[3].

Así mismo, podemos encontrar varios casos de conflicto de interés y puertas giratorias. La mayoría de altos funcionarios que estuvieron involucrados en la reforma han acabado en el sector privado: por ejemplo, Jesús Reyes Heroles, director de Pemex (2006-09), embajador en EEUU (1997-2000) y secretario de Energía (1995-1997), ha acabado en el consejo de accionistas de OHL y del Santander; o Georgina Kessel, secretaria de Energía durante el mandato de Calderón, ocupó un lugar en el Consejo de Administración de Iberdrola[4].

Por otra parte, como hemos mencionado, no podemos olvidar el papel de Estados Unidos en el impulso de las reformas neoliberales en México, un papel que ha sido especialmente importante en el sector energético. Como afirma Ornelas[5], “la política energética mexicana está en completa sintonía con la ‘integración energética’ de la administración Bush”, que busca afianzar la seguridad energética gracias al petróleo mexicano.

Documentos desclasificados por el Departamento de Estado de EEUU muestran la “asistencia discreta” de esta institución durante el mandato de Hillary Clinton como secretaria de Estado, en las áreas de interés del gobierno mexicano[6]. También filtraciones de WikiLeaks[7] reflejan las conversaciones de la secretaria de Energía durante el sexenio Calderón, Kessel, con el embajador estadounidense, en el marco de las negociaciones del Acuerdo Transfronterizo sobre el petróleo.

Este papel ha sido reforzado por el Banco Mundial, como demuestran los “documentos estratégicos” confidenciales filtrados, que se siguieron al pie de la letra por el gobierno, así como por las sucesivas recomendaciones de la OCDE favorables a la privatización. El gobierno español tampoco se quedó al margen, con viajes como el de 2007 de la vicepresidenta del gobierno Zapatero, Fernández de la Vega, para apoyar la primera reforma de Calderón, o el del ministro Soria en 2014 para reunirse con el secretario de Energía, Coldwell.

Por su parte, la comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, también manifestó el interés de la UE en “el acceso a los mercados en sectores como las telecomunicaciones y la energía” en México, un sector que también entra en las negociaciones del nuevo tratado de libre comercio e inversión entre la UE y México[8].

Sindicato Mexicano de Electricistas (SME ):
De la resistencia a las alternativas

Un hito clave en el proceso de privatización fue el desmantelamiento de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en 2009, que supuso el despido masivo de 44.000 trabajadores[9] afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en un intento de atacar a uno de los sindicatos independientes más combativos contra las políticas de privatización[10]. En palabras de Juan José Gómez Beristain[11], miembro del SME, este sindicato era el “principal bastión de resistencia” contra la reforma. La extinción de LyFC no hizo desaparecer al sindicato, sino que dio inicio a una dura lucha que ha llegado hasta hoy para conseguir frenar el desmantelamiento del sistema público de electricidad.

Actualmente, después de casi diez años de movilizaciones y negociaciones con el gobierno, una cooperativa creada por el sindicato ha empezado a operar parte de las instalaciones de la antigua empresa pública. Aunque no hayan podido frenar la privatización en su totalidad, han conseguido que parte de la generación y suministro eléctrico quede en manos de la autogestión de los trabajadores. El camino hasta constituir la cooperativa ha sido largo y aún sigue en proceso. Desde 2009 se han realizado innumerables marchas, plantones y ocupaciones, siendo una de las movilizaciones más importantes el plantón (acampada) en el Zócalo del año 2011, que duró medio año.

Durante todo este proceso, las mujeres, aunque solo representan un diez por ciento del SME, también tuvieron un papel relevante. La reactivación de la movilización las empujó a recuperar sus espacios de organización y ganaron voz dentro del sindicato. Además, junto a las familiares, protagonizaron el ayuno del verano de 2010 o la lucha por conseguir que se les mantuviera el seguro médico. Sin olvidar que la resistencia del SME, con 15.000 trabajadores y trabajadoras negándose a ser liquidados y movilizándose permanentemente, no hubiera sido posible sin el sustento brindado por las mujeres, a través del trabajo informal y la asunción de las tareas de cuidados[12].

Finalmente, después de años de movilizaciones, marcados también por la criminalización, la represión y el encarcelamiento de varios dirigentes, el SME consiguió que el gobierno, a cambio de todas las deudas que tenía con el sindicato (pasivos laborales, indemnizaciones por antigüedad, etc.), se comprometiera a entregarles gran parte de las instalaciones de la empresa Luz y Fuerza del Centro, entre las que se encontraban más de diez centrales hidroeléctricas, plantas generadoras y plantas de distribución, además de conseguir un compromiso de compra de energía por 15 y 30 años.

De esta forma, gracias a las instalaciones cedidas por el gobierno, junto a las indemnizaciones de los más de 15.000 trabajadores que siguieron con el SME, consiguieron conformar una cooperativa que ha empezado a funcionar recientemente a través de un acuerdo con la empresa portuguesa Mota-Engil. De momento solo se ha logrado reinsertar al 6,6 por ciento de los electricistas que formaban parte de LyFC, pero se espera que crezca con la entrega de más instalaciones por parte del gobierno y el inicio de nuevos proyectos.

Por otra parte, también se espera que la comercializadora creada por el SME, la empresa SUBACE, empiece a operar cuando se cierre el periodo de licitaciones. Como cuenta Héctor Valadez[13], miembro de la coordinación nacional de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), la creación de una comercializadora es una apuesta clave del SME en su alianza estratégica con el movimiento de usuarios y usuarias, ya que se busca poder suministrar electricidad a precio de coste, con lo que se podrían combatir las altas tasas que está imponiendo la CFE.

Un elemento clave en el trabajo del SME de los últimos años ha sido, por tanto, su alianza con otros movimientos y organizaciones. En los meses posteriores a la liquidación de la empresa en 2009, el apoyo recibido fue enorme, como se demostró en la huelga de 2010 en la que participaron el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) o la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), entre otros. Además, durante los últimos ocho años de resistencia también se han generado importantes alianzas con la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), la Nueva Central de Trabajadores y la campaña presidencial de Marichuy Patricio Martínez, vocera del Congreso Nacional Indígena (CNI).

Consumidoras organizadas
por el acceso a la electricidad

Los conflictos por el alto precio de la electricidad y el surgimiento de organizaciones sociales en defensa del derecho a la energía eléctrica a precios justos se remontan a la década de los noventa y 2000 en el Estado de Chiapas y el sur del país, movimientos que acaban confluyendo en la Red Nacional de Resistencia Civil. En el centro del país surge en 2010 la ‘Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica’ (ANUEE), motivada por la subida desproporcionada de los recibos de luz (los llamados “cobros locos”) tras la extinción de LyFC. Ambas luchas responden, por tanto, a la subida de los precios debido a la entrada masiva de las multinacionales en la generación de electricidad. Un conflicto que se agrava con la contrarreforma de agosto de 2013, que intensifica la privatización del sector energético.

La ANUEE cuenta con más de cien mil activistas y se organiza en los barrios para defender el acceso a la energía eléctrica. Realizan tanto acciones de movilización y denuncia como de desobediencia civil, promoviendo el impago de las facturas de la luz y bloqueando los intentos de cortar el suministro a los hogares que no pagan. Algunos de sus objetivos son organizar la lucha de los y las usuarias para defenderse de los altos cobros del gobierno, la supresión de las deudas de los hogares por el impago de las facturas eléctricas (defendida con el lema “¡borrón y cuenta nueva!”), la renacionalización de la industria eléctrica y el fin de la corrupción en el sector.

En abril de 2016 presentaron, junto al SME y la Red Nacional de Resistencia Civil, una iniciativa ciudadana avalada por más de 400.000 firmas para incorporar en la Constitución el acceso a la electricidad como “derecho humano”, además de exigir el establecimiento de una “tarifa social justa en beneficio de las clases más desprotegidas”[14].

Otros hitos clave en su lucha fueron “el plantón indefinido” entre abril y junio de 2017 a las puertas de la CFE, gracias al que consiguieron negociar con el gobierno el fin de la represión, así como la promesa de perdonar las deudas pendientes y permitir a los consumidores firmar un contrato con la compañía de su elección para continuar el servicio. De esta forma podrían contratar la electricidad con la cooperativa del SME, que, como decíamos, tiene un acuerdo con la ANUEE para cobrar una “tarifa social” preferencial. Sin embargo, a fines de julio y principios de agosto se reactivó la represión y en noviembre de 2017 se realizó otra marcha para exigir al gobierno que cumpliera los acuerdos.

El balance de estos ocho años de movilización es ambivalente. Por un lado, no se consigue hacer efectivos los compromisos del gobierno, pero, por otro, se ha conseguido consolidar una organización con capacidad de negociar con el gobierno y de articular a las usuarias de los barrios más empobrecidos.

Este proceso ha sido especialmente significativo para las mujeres, quienes son una gran mayoría en la organización y cada vez más asumen su liderazgo. Por primera vez, para muchas, se han organizado para defender sus derechos, en una experiencia política que ha transformado sus vidas y que se ha convertido en una herramienta clave en la lucha cotidiana para sostener a sus familias. Además, su papel protagonista en la esfera pública también ha transformado los roles en la familia, demostrando que la lucha de la ANUEE va mucho más allá de la reivindicación de una energía pública, convirtiéndose así los derechos de las mujeres en un eje que poco a poco va tomando peso dentro de la organización[15].

A pesar de toda la represión y criminalización que sufren los movimientos sociales en México, la capacidad de organización y resistencia sigue siendo fuerte. Vemos también cómo algunas claves del éxito de estas luchas han sido la construcción de alianzas, especialmente entre trabajadores y usuarias, pero también con otros sectores; así como la capacidad de extender la lucha del mundo sindical a los hogares y barrios, generando respuestas y estrategias a la necesidad de sostener la vida en un contexto cada vez más precarizado.


Júlia Martí Comas es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

Artículo publicado en el nº77 de Pueblos – Revista de Información y Debate, segundo cuatrimestre de 2018.


NOTAS:

  1. Ornelas, Raúl (2008): “Saberes de la dominación. Panorama de las empresas transnacionales en América Latina. Agenda de investigación”, en A. E. Ceceña (Ed.), De los saberes de la emancipación y de la dominación, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO.
  2. Campos, Leticia (2005): La electricidad en la Ciudad de México y área conurbada, Siglo XXI Editores.
  3. Mendoza, Gabriel (2006): “El poder empresarial. Esbozo de la estructura del campo económico-político en México”, en Revista Xipe Totek, nº60. Ver en: https://xipetotek.iteso.mx.
  4. Salas-Porras, Alejandra, (2014): “Las élites neoliberales en México: ¿cómo se construye un campo de poder que transforma las prácticas sociales de las élites políticas?”, en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales.
  5. Ornelas, op.cit.
  6. Horn, Steve (07/08/2015): “Exclusive: Hillary Clinton State Department Emails, Mexico Energy Reform and the Revolving Door”, en Desmog.
  7. WikiLeaks (2009): “Transboundary reservoirs – A window of opportunity”. Ciudad de México: WikiLeaks.
  8. Olivet, Cecilia, y Pérez-Rocha, Manuel, (2016): Desenmascarados. Los derechos corporativos en el renovado TLC México-Unión Europea, TNI, Ámsterdam/Washington.
  9. Hablamos de trabajadores debido a que los integrantes del SME son en su gran mayoría hombres, aunque también nos queremos referir a las mujeres sindicalistas, que del mismo modo han formado parte de esta lucha.
  10. Tribunal Permanente de los Pueblos – TPP (2012): El despojo y depredación de México. Acusación General de la sociedad civil ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, Ciudad de México, TPP y Fundación Lelio Basso.
  11. Entrevista realizada por Júlia Martí Comas en mayo de 2016.
  12. Cruz, Guadalupe (26/07/2010): “Mujeres, sustento de la resistencia de trabajadores del SME”, en Cimac Noticias.
  13. Entrevista realizada por Júlia Martí Comas en octubre de 2017.
  14. Esparza, Martín (13/10/2017): “Bloqueo del Congreso a iniciativas ciudadanas”, en Contralínea, www.contralinea.com.mx.
  15. Arruzza, Cinzia (12/11/2017): “Energy and roses”, Jacobin Magazine, www.jacobinmag.com.

 

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