Patricia Carrillo, activista del Movimiento Manuela Ramos de Perú: “En cuanto a las esterilizaciones forzadas tenemos que hablar de impunidad porque hasta ahora las mujeres no han recibido justicia”

Patricia Carrillo es coordinadora del programa de Sexualidad y Autonomía Física del Movimiento Manuela Ramos de Perú[1]. En esta entrevista reflexiona sobre las esterilizaciones forzadas en el contexto del indulto a Fujimori y el peligro de impunidad que, como recalca: “significa una re-victimización para estas mujeres que esperan justicia hace más de veinte años”.
Patricia Carrillo, fotografiada en Donostia-San Sebastián por Nora Arroita.

 

Las esterilizaciones forzadas tuvieron lugar en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) llevado a cabo en Perú entre 1996 y 2000, con Alberto Fujimori en el gobierno. Tal y como se recoge en el archivo PNSRPF, este programa se aplicó sin el consentimiento genuino de las víctimas. Alrededor de 300.000 mujeres[2] en Perú fueron esterilizadas, mujeres en su mayoría en situación de vulnerabilidad, aunque se desconoce la cifra exacta de cuántas de estas esterilizaciones fueron forzadas. 2.166 mujeres hace quince años presentaron una denuncia ante la fiscalía por estos casos, nos explica Patricia Carrillo en esta entrevista.

– ¿Por qué recalcar que se trataba de una política de Estado?

– Quienes decimos que era una política de Estado somos las organizaciones que estamos defendiendo los derechos de estas mujeres, que son también las víctimas. Pero para el gobierno no fue una política. Lo niega. Hay mucho negacionismo frente a esto porque reconocerlo significaría reconocer que se han cometido crímenes, feminicidios, crímenes contra las mujeres, contra la salud, contra su derecho a decidir sobre los métodos y la forma de controlar su fecundidad. Estos son crímenes de lesa humanidad. Se dice que se trataría de excesos que parte del personal de salud cometió, que la política era informar, que se respetaban los derechos humanos. Que fueron unos excesos cometidos por algunos funcionarios. Esto no es así.

Era una política porque había disposiciones desde los varios ministros de salud hacia el personal de salud para cumplir con metas de anticoncepción quirúrgica y vasectomías. Acudieron básicamente a zonas rurales, donde captaron a mujeres con engaños, con amenazas. Hay testimonios de mujeres que cuentan: “a mí me dijeron ‘te van a llevar presa por tener más de cinco hijos’, yo me asusté y accedí”. Fue una política que usó la ignorancia y el miedo de las mujeres pobres en las zonas rurales del país y Fujimori tiene que responder por eso. Estas mujeres hasta ahora claman justicia y Fujimori tiene que responder porque es también el autor mediato de toda esta operación, de esta política que se ejecutó a través del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF).

– Tal y como han denunciado algunas organizaciones de mujeres indígenas (como ONAMIAP y IWGIA)[3], ¿fue un proyecto específicamente dirigido a las poblaciones indígenas?

– Sí, definitivamente. Las víctimas de las esterilizaciones forzadas fueron mujeres indígenas, andinas, también amazónicas pero principalmente andinas. Mujeres que además ya vivían una exclusión y una marginación. Esto ha significado también un daño y un dolor cultural, que creo que no tiene forma de ser reparado. Definitivamente, hay una deuda también del Estado peruano con los pueblos indígenas, con lo pueblos originarios del Perú, que además tendría que dolernos a todas y a todos los peruanos, porque todas y todos venimos de esa matriz andina y amazónica de los pueblos originarios que habitaron nuestro territorio.

Patricia Carrillo, fotografiada en Donostia-San Sebastián por Nora Arroita.

– ¿Cómo se ha podido reivindicar justicia después de lo sucedido?

– En realidad, en cuanto a las esterilizaciones forzadas tenemos que hablar de impunidad porque hasta ahora las mujeres no han recibido justicia. Lo más importante que se ha podido hacer, en todos estos más de 20 años que las mujeres han clamado por justicia, ha sido justamente el documentar y darle judicialización al caso. Sin embargo, en este momento hay un peligro de impunidad, porque Pedro Pablo Kuczynski, cuando era presidente, con el indulto a Alberto Fujimori le concedió también el derecho de gracia, que lo eximía de la investigación por otros delitos, por otras denuncias, entre ellas, las esterilizaciones forzadas. Por esta razón, las feministas y las organizaciones de derechos humanos nos hemos opuesto firmemente al indulto.

Se abre la posibilidad de que Fujimori sea investigado, pues aun estando vigente su indulto y derecho de gracia, un fiscal superior ordenó el pasado 26 de abril denunciarlo a él y a varios de sus ex ministros de Salud por las esterilizaciones forzadas ocurridas durante su mandato. La orden es denunciar a Fujimori como autor mediato por la ligadura de trompas sin consentimiento previo realizada a cinco mujeres y por lesiones graves en contexto de violaciones a los derechos humanos, por las 2.166 mujeres que hace quince años presentaron la denuncia ante la fiscalía. En esta denuncia están implicados tres ex ministros de Salud: Marino Costa Bauer, Eduardo Yong y Alejandro Aguinaga, quien es también médico de cabecera de Fujimori.

– ¿Y cómo es la atención a las víctimas en la actualidad?

– En este momento no hay una política de reparación. Solamente hay un registro. El hecho de no poder ya tener hijos ha significado un aislamiento, una muerte social, y creo que se necesitan también servicios psicológicos especializados. Hay secuelas en la salud de las mujeres que no están siendo atendidas. No podemos hablar todavía de reparaciones ni de atenciones que estén focalizándose en estos aspectos, que además hay que reconocer que ya están instalados en la vida de las mujeres desde hace más de 20 años, sin resolverse. Mientras más tarde el Estado en resolver y atender, mayor es el daño.

Manifestación del 8 de Marzo de 2018 en Lima. Fotografía: Movimiento Manuela Ramos.

 

– ¿Cual es el trabajo del Movimiento Manuela Ramos, en particular, para incidir en este tema?

– En el marco de las esterilizaciones forzadas, somos parte de CLADEM. En todas nuestras demandas, cada vez que estamos en un espacio con el sector de salud, con el sector público, con la defensoría del pueblo, estamos levantando estas demandas. Mi participación aquí en este curso tiene que ver también con contar a las estudiantes de la Universidad Pública del País Vasco lo que fueron las esterilizaciones forzadas como política de Estado y cuál es la situación que viven las mujeres.

En una de las sesiones pedí a las estudiantes, después de ver un vídeo y de conversar sobre esta situación, que a partir de sus reacciones construyeran mensajes. Hicieron unas pancartas como para colocar en una marcha. Unos modelos pequeños de pancartas de solidaridad con las mujeres peruanas víctimas de esterilizaciones forzadas. Fue muy interesante.

– ¿Y en Perú?

– Es importante que, en nuestro país, esto que les pasó a las mujeres forme parte de la historia que se estudia en las escuelas. De una historia que no se debe volver a repetir. También tiene que formar parte de las evaluaciones de las políticas públicas. Es muy difícil, pero es crítico. Esta parte de la historia de las mujeres tiene que hacerse visible para que no se repita. Creo que las escuelas y los estudios de política tienen ahí una tarea pendiente.

– ¿Cómo se han documentado los métodos a través de los cuales se llevaron a cabo estas esterilizaciones forzadas? ¿Qué concluyen las investigaciones?

– Se ha documentado a través de testimonios. Primero, los testimonios de las mujeres, y también testimonios de algunos profesionales de la salud que participaron de estas esterilizaciones forzadas. También se ha logrado conseguir documentos oficiales, tomar fotografías de carteles colocados en los establecimientos de salud que señalaban que había cuotas para las AQV, como se llamaban, “anti-concepción quirúrgica voluntaria”. También hay documentos internos donde se señalaba que tenía que cumplir con una cuota y, si no, iban a ser sancionados con algún tipo de medida disciplinaria, por llamarlo de alguna manera.

Con algunos documentos internos que se han conseguido se ha podido documentar que esto era parte de una política, que había directivas, que había metas que cumplir y que el personal estaba también coaccionado para implementarla.

– ¿Qué papel han tenido los medios de comunicación locales?

– Los medios han recogido investigaciones importantes, como el informe que hizo CLADEM[4] y el de la Defensoría del Pueblo, que concluyen, efectivamente, que se trató de una política que vulneró los derechos de las mujeres. Han recogido los testimonios de las funcionarias, de la Defensoría y de las representantes de CLADEM, y también han ido a recoger testimonios de algunas mujeres.

Ese ha sido el rol de los medios. Los medios han respondido cuando las organizaciones de mujeres hemos puesto en la agenda estas cuestiones, pero no hay ninguno que haya hecho una investigación especializada o una campaña. O sea, los medios están respondiendo cuando las organizaciones de mujeres estamos colocando el tema, pero investigaciones especializadas en medios de comunicación no ha habido.

– ¿Se podría decir que ha habido cierto silenciamiento de estas reivindicaciones en los medios?

– Hay un silenciamiento cultural. No creo que haya habido una directiva desde el gobierno a los medios, así de manera explícita. Pero los derechos de las mujeres no son noticia. Hay un silenciamiento que tiene que ver con esta poca importancia que le da la sociedad, la política, a los derechos de las mujeres. Los medios reproducen también ese patrón cultural de que lo que pertenece a las mujeres no es parte de la agenda, no es importante. Las agendas  de las mujeres, si no las estamos levantando con movilizaciones, se pierden, dejan de estar en primer plano.

– Desde los movimientos sociales, ¿cuándo piensan que va a comenzar el reconocimiento de responsabilidades?

– Una primera cosa que tenemos que asegurar es que no haya impunidad. En este momento hay impunidad, gracias al indulto y al derecho de gracia que se le ha concedido a Fujimori. Por eso es que una de las cosas que estamos esperando es el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ojalá sea la recomendación al Estado peruano para que retroceda en la concesión del derecho de gracia. Si esto se produce, inmediatamente las organizaciones y la sociedad civil exigiremos al Estado el cumplimiento de esa recomendación y, en cuanto se cumpla, activaremos de nuevo las denuncias y exigiremos la investigación judicial.

– ¿Cuál ha sido la reacción de la población y de los movimientos sociales en Perú frente a la decisión del presidente actual de conceder el indulto?

– Ha sido un rechazo inmediato. Se conoció la noticia del indulto en la noche del 24 de diciembre, cuando la mayoría de las familias peruanas estaban preparándose para la cena de Navidad y, en ese momento, mucha gente sale a las calles a protestar. Se convocó una marcha nacional el 28 de diciembre y hay marchas en las principales ciudades del Perú contra el indulto y lo que significaría.

Entre las banderas que enarbola el movimiento feminista entonces está justamente el rechazo a la impunidad frente a las esterilizaciones forzadas. La consigna general de la marcha fue “el indulto es un insulto”. Definitivamente, ha habido un rechazo absoluto nacional al indulto a Fujimori. Con esto no quiero decir que todas las personas se opongan: en el Perú hay un sector fujimorista que avala todo lo que hizo Fujimori, que justifica las violaciones de derechos humanos.

Pero no es la mayoría, como los y las fujimoristas quieren hacer ver cuando están en los medios, sobre todo a la prensa internacional. La mayoría del pueblo peruano no quiere más violencia ni injusticia ni vulneración de los derechos humanos. En estos últimos años, las marchas contra el fujimorismo, por los derechos humanos y en la defensa de los derechos de las mujeres, especialmente de las vulneraciones de su derecho a la vida, a una vida libre de violencia y a decidir sobre su cuerpo, han sido masivas.

– ¿Cómo se vio reflejada esta indignación en las movilizaciones del 8 de Marzo?

– El 8 de Marzo hemos marchado por justicia, ese ha sido nuestro lema: “todas por justicia”. El Movimiento Manuela Ramos ha marchado con las banderas de los derechos de las mujeres, y las esterilizaciones forzadas son parte de la agenda por la justicia de las mujeres.

Al final de la marcha hubo un estrado desde donde hablaron representantes del movimiento feminista y de las organizaciones de mujeres que fueron víctimas de esterilización. No solamente la marcha ha levantado sus banderas, sino que ellas también han sido actoras importantes y oradoras en el pequeño mitin que se hizo en la ciudad de Lima.

– A lo largo de estos años, ¿han conocido alguna otra experiencia parecida de casos de esterilizaciones forzadas y de movimientos sociales que se hayan organizado para reivindicar justicia?

– Conocemos un caso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la esterilización forzada en Chile. Una ciudadana chilena, Francisca, fue esterilizada sin su consentimiento, al igual que otras mujeres con VIH, luego de dar luz a su primer y único hijo. Quince años después sigue pidiendo justicia. El año pasado llevó su caso ante la CIDH, con sede en Washington, donde los defensores y defensoras de derechos humanos que la acompañaron pidieron al Estado chileno una reparación en forma de indemnización y medidas de rehabilitación médica y social. El Estado chileno, a través de sus representantes, tuvo que reconocer que se violaron los derechos de Francisca, porque no hay ningún supuesto en el que la esterilización no requiera el consentimiento de la mujer. Ofrecieron negociar una solución amistosa.

Pero este caso no es aislado, ya que en 2010 un estudio del Centro de Derechos Reproductivos y Vivo Positivo destapó un abuso generalizado a las mujeres con VIH por parte del personal sanitario chileno, incluyendo la esterilización sin su conocimiento ni autorización durante otros procedimientos médicos. También se han conocido denuncias de esterilizaciones forzadas a mujeres indígenas en México, Bolivia, Guatemala, El Salvador y Brasil.


Amaia Landaburu es técnica de Comunicación en medicusmundi Gipuzkoa. Esta organización trabaja con el Movimiento Manuela Ramos desde 2001 por el derecho a la salud en Perú, los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos.

Artículo publicado en el nº77 de Pueblos – Revista de Información y Debate, segundo cuatrimestre de 2018.


NOTAS:

  1. La entrevista se realizó el 20 de marzo de 2018 durante la visita de Patricia Carrillo a Donostia-San Sebastián. Allí participó como ponente en el curso sobre salud sexual y reproductiva organizado por medicusmundi Gipuzkoa en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU).
  2. Datos del informe de la Defensoría del Pueblo: 272.028 mujeres y 22.004 hombres fueron esterilizados entre 1996 y 2001.
  3. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), www. onamiap.org. Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), www.iwgia.org/es.
  4. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (1999): Nada personal: Reporte de derechos humanos sobre la aplicación de la anticoncepción quirúrgica en el Perú, 1996-1998.

 

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