EDITORIAL

Ahora, ya: No a la Ley Mordaza y sí a una RTVE independiente

“El gobierno que salga de esta moción de censura iniciará la derogación de los aspectos más virulentos de la Ley Mordaza”. Lo dijo Pedro Sánchez el jueves de la moción de censura, en un discurso en el que se refirió también a otra de las cuestiones más graves que estos últimos años han venido encogiendo la libertad de expresión y de información: la manipulación política en RTVE.

Los aspectos “virulentos” de los que habló el nuevo presidente del Gobierno de España son los artículos recurridos en mayo de 2015 ante el Tribunal Constitucional por el Partido Socialista y por los grupos parlamentarios de la oposición. Este recurso de inconstitucionalidad se centraba en cuestiones como las diligencias de identificación y registro, registros corporales, manifestaciones frente al Congreso, fotografías a policías, infracciones en el ejercicio del derecho de manifestación, responsabilidad solidaria en la convocatoria, restricciones en el itinerario, ocupación pacífica de vías o inmuebles y devoluciones en caliente.

La vulneración de derechos fundamentales durante estos tres años de aplicación de Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza ha ido mucho más allá. Como documenta y denuncia la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), las sanciones contra la libertad de expresión se están produciendo principalmente por otros supuestos, como “desobediencia”, “resistencia a la autoridad” o “faltas de respeto y consideración”, y se viene aplicando contra periodistas, artistas o movimientos sociales.

La misma PDLI bautizó 2017 como “El año de los delitos de opinión”. La última semana de febrero de 2017, por ejemplo, se alcanzaba el récord de siete juicios por enaltecimiento del terrorismo en redes sociales, frente a uno de integración en organización terrorista, según la agenda de señalamientos de la Audiencia Nacional. Siguiendo con los datos que ofrece la PDLI, este año entró en prisión el primer tuitero por opinar en redes sociales. También fueron condenados a penas de cárcel el líder de Def con Dos, César Strawberry, la tuitera Cassandra, el rapero Valtonyc y el colectivo La Insurgencia.

Resulta interesante en este sentido consultar el Mapa de la Censura, una iniciativa del Observatorio Mèdia.cat para mapear y visibilizar los casos de censura, agresiones a periodistas o medios y amenazas a las libertades de expresión e información, así como restricciones a expresiones artísticas o académicas, a lo largo de los territorios de habla catalana. Basándose en este Mapa de la Censura, Mèdia.cat, el Observatorio Crítico de los Medios, impulsado por el Grupo de Periodistas Ramon Barnils, publicó a finales del pasado año 1-O. Libertad de información en la cuerda floja, un informe que documenta las restricciones a periodistas, medios de comunicación y ciudadanía en el contexto del referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre de 2017.

Los expedientes sancionadores generan una enorme indefensión, por ser la Administración a la vez juez y parte, quien denuncia y quien sanciona, así como por aplicarse la presunción de veracidad a las declaraciones del agente. La Ley de Seguridad Ciudadana ha demostrado también ser una máquina de recaudar muy eficaz. Según datos del Ministerio del Interior, desde la entrada en vigor de la Ley Mordaza y hasta finales de 2016, se habían impuesto 285.919 multas, con una cuantía total de 131.470.206 euros.

La Ley Mordaza debe derogarse completa, pues solo está hecha para atemorizar a la ciudadanía y lograr que acepte abusos e injusticias. La libertad de información es una pieza básica e irrenunciable de los sistemas democráticos, contemplada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950. No basta derogar los artículos recurridos en 2015, sino su conjunto, dejando la Ley Mordaza en una vitrina como testimonio de una época en la que un gobierno quiso pisar un derecho humano… y tuvo que hacer frente a multitud de movilizaciones y protestas.

También es buena noticia para la libertad de información la mención de Pedro Sánchez a la manipulación en RTVE y a MujeresRTVE, el colectivo que está liderando las protestas con la campaña #AsíSeManipula. Pero no puede quedarse en el discurso: abordar la renovación del Consejo de Administración del ente público, pospuesta desde junio de 2017, debe ser otra de las prioridades.

Para alimentar la libertad de información queda pendiente, también, terminar con la precariedad laboral en el periodismo, con la desigualdad salarial entre mujeres y hombres y los obstáculos que impiden la promoción de las periodistas. Es necesario igualmente que se planifiquen frecuencias para las radios y televisiones comunitarias sin ánimo de lucro, medidas para fomentar este sector, revisar las normas de adjudicación y revisión de las licencias y crear un organismo audiovisual independiente e imparcial.

Como declaraba el pasado mes de abril la radio libre Hala Bedi después de confirmarse la sanción contra uno de sus periodistas por grabar una intervención policial en Errekaleor (Vitoria-Gasteiz), mientras: “Seguiremos realizando nuestro trabajo, como hemos hecho hasta ahora. Ese será el mayor acto de desobediencia posible frente a esta injusticia. Sin callarnos, sin mordaza. Por nosotras, por todas”.


Editorial del nº77 de Pueblos – Revista de Información y Debate, segundo cuatrimestre de 2018.


 

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