Indígenas de la Sierra Nevada de Colombia luchan por un territorio libre de minería

La Línea Negra es la delimitación territorial de cuatro pueblos ancestrales indígenas de la Sierra Nevada de Colombia, un territorio que resiste incansablemente a la minería y lucha por los derechos de autonomía y gobierno otorgados constitucionalmente a esta ecorregión.
Fotografía facilitada por Colombia Informa.

 

Arhuacos, koguis, wiwas y kankuamos son los cuatro pueblos indígenas que habitan y comparten el territorio, es allí donde están los sitios sagrados imprescindibles para esta población, que encuentra en la naturaleza y en sus culturas la razón de reivindicarse. La Línea Negra comprende 17 municipios y un distrito en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira.

La expansión de un modelo económico extractivista, impuesto por el Gobierno Nacional, ha llevado a que la minería legal e ilegal afecte gravemente el modo de vida de estos pueblos ancestrales, que denuncian la falta de diálogo con las comunidades indígenas y la vulneración al derecho de consultas previas reconocido en la sentencia T849-14 promulgada por la Corte Constitucional a través de las resoluciones de 1973 y 1995, en la que dicta que la Sierra es:

“Una zona de especial protección, debido al valor espiritual y cultural que tiene para los cuatro pueblos indígenas, por esa razón, esas comunidades deben ser consultadas cuando un proyecto pueda afectar el ejercicio de sus derechos, no hacerlo constituiría un incumplimiento del Estado colombiano de sus obligaciones y una vulneración de los derechos de la comunidad”.

Pero la lista es larga cuando se hace una mirada de los proyectos mineros que han tenido la aprobación de la Agencia Nacional de Minería (ANLA). En un proceso de verificación hecho en el 2017 se constató que habían más de 132 títulos mineros activos y 395 solicitudes de títulos de la misma naturaleza, todo ello en falta de acuerdos con los pueblos indígenas.

Es por esta razón el 13 de febrero de 2016 el Consejo Territorial Indígena de la Sierra Nevada (CTC), decidió no participar en ninguna consulta previa hasta que se garantizara un proceso en el que reamente tuvieran en cuenta los puntos planteados por los indígenas ante los megaproyectos y la reparación a la usurpación realizada por estos entes en lugares sagrados.

Tal es el caso del pleito de la construcción del Puerto Brisas en el municipio de Dibulla, La Guajira. Nunca se llegó a un acuerdo con la comunidad indígena, pero sí “afectó física y espiritualmente más de quince sitios sagrados y partió en dos a Jukulwa, un cerro muy importante para el pagamento y el control de las enfermedades en la Sierra Nevada. Fue tan grande la tragedia cultural que, en 2010, el mamo Valencia del pueblo kogui, cuidador y poseedor espiritual de Jukulwa, “murió de pena moral”, según lamentó Jaime Arias, gobernador del Cabildo del resguardo kankuamo, en una entrevista a la revista Semana.

Ante la preocupación de estas situaciones reiterativas, el CTC presentó un documento en septiembre del año pasado a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y a la Corte Constitucional, en el que dio a conocer el panorama ambiental relacionado con los efectos nocivos de la minería. Se está atentando contra más de 300 fuentes hídricas y de los 36 ríos que nacen de la Sierra, 30 han bajado gravemente su caudal. Ríos como el Manzanares, Piedras o Gaira han reducido sus niveles con más del 70 por ciento debido a estos proyectos extractivistas.

“Hemos visto que la minería no respeta zonas de especial protección, espacios sagrados, asentamientos humanos, glaciares, nacientes de agua, cabeceras de cuencas ni ecosistemas frágiles. La actividad minera es de alto efecto negativo, quien diga que no tiene impactos ambientales está mintiendo”, expresaba el documento presentado.

De acuerdo con las luchas y resistencias organizadas por estos cuatro pueblos indígenas a través de innumerables acciones jurídicas y protestas, como la minga realizada en el 2017 por más de 2.000 personas de esta población en Valledupar (César), se ha puesto sobre la mesa varios puntos álgidos que se han venido trabajando en conjunto con el Gobierno durante los últimos años.

Fotografías facilitadas por Colombia Informa.

¿Qué exigen los cuatro pueblos indígenas?

Estos pueblos exigen la declaratoria del territorio de la Línea negra como Sujeto de Especial Protección, para así blindarlo de toda intención y acción que busque desequilibrar el modo de vida del ecosistema y de las comunidades nativas, haciendo uso de la Sentencia T622 de 2016. Fue esta sentencia la que reconoció al río Atrato como sujeto de derechos con efectos de protección, conservación y restauración.

Así mismo, también exigen la fijar nuevos protocolos en la realización de consultas previas, la construcción de políticas públicas que garanticen una real protección ambiental y cultural, teniendo en cuenta la visión de ordenamiento autónomo que tienen estos pueblos sobre el territorio, lo que significa replantear el modelo económico del Gobierno, que se basa en la minería, infraestructura y turismo.

Por causa de lo comentado, y ante la minga realizada en Valledupar de septiembre del año pasado, el Ministerio de Ambiente tomó la decisión en noviembre de blindar 585.000 hectáreas de las 1.600.000 exigidas por CTC. La Confederación Indígena Tayrona no aceptó las hectáreas anunciadas por el gabinete y anunció la búsqueda incansable de instrumentos jurídicos que realmente protejan todo el territorio de la Línea Negra, pues la situación ambiental lo requiere urgentemente. El Ministerio de Ambiente, por su parte, expresó que estas hectáreas congeladas son un primer paso para que este territorio esté libre de minería.

Mientras tanto, las solicitudes formales al Gobierno continúan, los pueblos siguen reivindicando lo que se les ha conferido y reconocido durante años, ejerciendo resistencias jurídicas. Es el caso del proceso que desató el pueblo Arhuaco durante siete años para impedir la exploración petrolífera que proyectaba realizar la empresa canadiense Energy Co en la Sierra Nevada de Santa Marta y que finalizó en marzo de este año favor de los indígenas.

En el mismo sentido, en mayo, el pueblo indígena Arhuaco ganó una tutela interpuesta a la multinacional canadiense de hidrocarburos Azabache. La población indígena denunció que la ANLA autorizó a esta multinacional para realizar actividades de extracción petrolera en la cuenca hidrográfica de Aracataca sin antes consultarla con la comunidad Arhuaca… y aun así la empresa había empezado a hacer perforación petrolera.

Mientras tanto, la esperanza persiste y resiste para salvaguardar todo el territorio de la Línea Negra de una economía destructiva y que desacata los derechos fundamentales de estos pueblos indígenas.

“Sentimos tristeza porque el gobierno de Yugayinna no le cumplió las promesas a una cultura viva que no está en libros o museos. Ahora esperamos que no nos falle”, lamentó Saday Rosado, economista del pueblo Arhuaco, refiriéndose al modo de proceder del presidente de la República De Colombia, Juan Manuel Santos.


Andrea Ojeda es corresponsal de Colombia Informa – Bucaramanga.


 

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