A pesar de la Nakba, a pesar de Israel, de Eurovisión y de la inacción de la comunidad internacional, la solidaridad con Palestina se multiplica

La creación del Estado de Israel en 1948 y su consolidación en la región están sujetas a un cúmulo de mitos que por repetición han formado parte de la propaganda sionista para justificar la ocupación de Palestina y la limpieza étnica de su población. Unos mitos que vienen a confirmar lo que el historiador israelí Slhomo Sand llama la “invención del pueblo judío”, ese corpus colectivo construido por el sionismo con la finalidad de modelar una futura nación.
Marcha por la conmemoración del 70 aniversario de la Nakba (Catástrofe) en Ramallah el 14 de mayo de 2018. Fotografía: Elizabeth Masero.

 

Uno de los mitos sionistas más importantes y de mayores consecuencias para el pueblo palestino es aquel de “una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra”, completado por la famosa frase de Golda Meir en la que negó la existencia de los palestinos. La mentira sionista es que Palestina era una “tierra sin pueblo”, un desierto sin habitantes que ellos lograron florecer. Pero la realidad es que tras la violenta creación del Estado de Israel en 1948 (y la posterior guerra), las fuerzas militares israelíes expulsaron a más de 750.000 palestinos y palestinas de sus casas y destruyeron más de 500 ciudades y pueblos. Por lo tanto, el Estado de Israel es creado sobre una limpieza étnica del territorio. Así lo afirman además algunos historiadores israelíes, como Ilan Pappé en su libro La limpieza étnica de Palestina.

Este libro también desmiente la propaganda sionista de que la expulsión de la población palestina fuese una consecuencia “desafortunada” ocasionada por la guerra, o que las matanzas que se perpetraron contra la población palestina fuesen resultado de actos de grupos extremistas incontrolados. Al contrario, esa expulsión correspondió a una estrategia planificada llamada por los propios israelíes Plan Dalet, que formaba parte además, del deseo y la estrategia sionista de un objetivo mayor: la transferencia masiva o traslado de la población palestina, es decir, la expulsión a gran escala.

La población refugiada y el derecho al retorno

Actualmente, más de la mitad de la población total palestina (12 millones) es refugiada o desplazada interna. Así lo señala la organización palestina de Derechos Humanos Badil, especializada en investigación con enfoque de derechos de la situación de la población palestina refugiada y desplazada. Del total de los 7,9 millones de población refugiada, el 40 por ciento vive en Jordania, el 24 en Gaza, el 17 por ciento vive en Cisjordania, el diez en Siria y el nueve por ciento restante en Líbano, además de existir comunidades palestinas importantes en otros países del mundo, como Chile.

Además, es importante señalar que alrededor de la mitad de las personas refugiadas son apátridas, es decir, no poseen ninguna nacionalidad, ningún país quiere/puede reconocerles ciudadanía propia. Por otro lado, hay que puntualizar que no todas las personas refugiadas viven en campos de refugiados de la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio). UNRWA maneja en total 41 campos (diecinueve en Cisjordania, diez en Jordania y doce en Líbano), donde vive el 60 por ciento de la población palestina, y solo a esta población registrada es a quién ofrece sus servicios.

La resolución de Naciones Unidas 194/1948 dice literalmente que “debe permitirse a los refugiados que deseen regresar a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos, que lo hagan así lo antes posible, y que deberán pagarse indemnizaciones a título de compensación por los bienes de los que decidan no regresar a sus hogares y por todo bien perdido o dañado cuando, en virtud de los principios del derecho internacional o por razones de equidad, esta pérdida o este daño deba ser reparado por los gobiernos o autoridades responsables”. Esta resolución no solo no se ha cumplido, sino que Israel ha desarrollado una serie de políticas que impiden de facto una solución viable, duradera y basada en Derechos Humanos, al violar la legislación internacional como potencia ocupante.

Un derecho negado a unos pero reconocido a otros. La ley israelí de retorno (oficialmente Law of Return) constituye el núcleo del Estado judío. A través de esta Ley todas las personas judías o descendientes de judíos hasta tercera generación (hijos, nietos, sus cónyuges e hijos menores de edad de los cónyuges) tienen derecho a inmigrar a Israel y recibir la ciudadanía israelí con sus beneficios, derechos y obligaciones. Una ley que facilita la inmigración judía y poder, así, garantizar el carácter judío del Estado israelí.

Marcha por la conmemoración del 70 aniversario de la Nakba (Catástrofe) en Ramallah el 14 de mayo de 2018. Fotografías: Elizabeth Masero.

La Nakba de hoy

Hoy, 70 años después, el pueblo palestino sigue sufriendo cada día las consecuencias de la Nakba. Siguen sufriendo diariamente las consecuencias de aquella catástrofe: la limpieza étnica continúa, ahora de forma más descarada, sistemática y represiva, y con el apoyo incondicional de los Estados Unidos; si bien envuelta en un papel sutil pero opaco para que Europa y el resto del mundo puedan seguir de espaldas a su responsabilidad, algo que reclaman las organizaciones de derechos humanos palestinas e internacionales. 

La Nakba es una familia dividida en dos: Gaza y Cisjordania. Gaza, gobernada de facto por Hamás, considerado grupo terrorista por Israel y su enemigo máximo, está asediada por tierra, mar y aire desde hace once años. Bloqueada, asfixiada y con servicios colapsados. La emergencia humanitaria sobre la que ha llamado la atención hasta el propio secretario general de la ONU no parece ser suficiente para que Israel levante el bloqueo. Cisjordania se ecuentra bajo políticas de ocupación que restringen también la libertad de movimientos de su población, la posibilidad de comprar una tierra, construir una vivienda, cultivar los campos y vivir de las aceitunas, ir al colegio o mantener viva la cultura y tradición palestinas.

La Nakba es no poder ir a rezar a Al Aqsa, el tercer lugar sagrado para la religión musulmana. Es tener un muro dividiendo una avenida de antaño, es necesitar tres horas para llegar cada mañana al colegio, es sufrir vejaciones a manos de un chico o chica haciendo el servicio militar en el checkpoint de Qalandia. O, lo peor, es morir asesinado en una manifestación, es pagar por demoler la casa en la que vivieron generaciones por orden de un tribunal israelí  o pasar la mitad de la vida en la cárcel por expresar oposición a la ocupación. En la actualidad, más de 6.000 personas palestinas están en cárceles israelíes, 300 de ellas menores de edad (como el caso de Ahed Tamimi). 63 de las personas encarceladas son mujeres. Del total hay 430 personas en situación de detención administrativa, sin cargos ni un proceso judicial justo, que se puede prorrogar sine die. 

La Nakba es hacer insostenible la vida y acabar provocando otro exilio, silencioso, fuera de las cámaras, desterrado por el foco del show “trumpiano”: otra Nakba.

Y la Nakba también es la complicidad y corrupción de la Autoridad Nacional Palestina. Cada vez más, palestinos y palestinas reivindican regresar a la época de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), de forma que Israel como potencia ocupante fuese obligada a satisfacer las necesidades y derechos básicos de la población palestina en Territorio Ocupado, obligaciones que emanan de la IV Convención de Ginebra, que regula la protección de civiles en tiempos de  guerra.

Los Acuerdos de Oslo firmados en 1993 fueron una trampa para el pueblo palestino, porque además de la creación de las áreas A (bajo control de la ANP, 18,00 por ciento), B (bajo control civil de la ANP y militar israelí) y C (bajo control total de Israel, 60% de Cisjordania), también eximieron a Israel de sus obligaciones como potencia ocupante.

El BDS como herramienta de presión

Frente a esta situación de frustración y descontento, en 2005 más de 170 organizaciones civiles de Palestina lanzaron la campaña internacional de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), con el principal objetivo de presionar a Israel para que cumpla con el Derecho Internacional. La campaña se basa en tres premisas:

  • El fin de la ocupación y el desmantelamiento de los asentamientos en Territorio Ocupado;
  • El derecho al retorno de la población palestina refugiada;
  • La igualdad de derechos para la población árabe–israelí que vive dentro de Israel.

En definitiva, esta campaña persigue acabar con la colonización, el Apartheid y la limpieza étnica que el pueblo palestino sufre injustamente. No discrimina a ningún particular ni a ningún colectivo por su identidad religiosa, étnica, nacional, cultural o lingüística. No es una campaña racista. Es más, busca acabar con la discriminación, la segregación y el racismo. Una campaña que dota de herramientas al movimiento de solidaridad con Palestina para confrontar la manipulación de la opinión pública y normalización del Apartheid israelí a través de sus múltiples formas: económicas, empresariales, académicas, científicas, culturales, deportivas, etc.

Es tanto el miedo que ha generado en las instituciones israelíes que en 2017 la Knesset (Parlamento israelí) aprobó una ley que prohíbe conceder visados de entrada y derechos de residencia a extranjeros y extranjeras que llamen al boicot económico, cultural, académico y de cualquier otro tipo contra Israel o las colonias judías en territorio ocupado.

Una solidaridad mayor 70 años después

Quienes pensaron que iban a acabar con el pueblo palestino se equivocaron. Nunca hubiesen pensado que hoy, a pesar de las  constantes y cínicas bofetadas en la cara a la población palestina y a defensores y defensoras de derechos humanos, a pesar de que Israel gane Eurovisión y EEUU traslade su embajada a Jerusalén en el 70 aniversario de la Nakba, la solidaridad con el Pueblo palestino es cada vez mayor.

Tampoco imaginaron que la campaña BDS podría ser hoy la expresión de la solidaridad internacionalista y que cada vez somos más quienes nos unimos a ella. Que hoy son más de un centenar de ayuntamientos, instituciones y organizaciones sociales en el Estado español las que se han declarado Espacios Libre de Apartheid Israelí (ELAI). Que en 2017 varias personalidades de la cultura decidieron cancelar sus actuaciones en Israel, como la cantante australiana-británica Natalie Imbruglia o Princess Nokia. O que decenas de empresas e instituciones como Ikea u Orange, en algunos países, suspendieron sus contratos con la compañía G4S, proveedora de sistemas de seguridad para las cárceles israelíes y los asentamientos en Territorio Ocupado Palestino.

Y lo más importantes es que hoy, 15 de mayo de 2018, miles de ciudadanos y ciudadanas en todo el Estado español saldrán a las calles para conmemorar el día de la Nakba y denunciar la nueva masacre que cometió ayer Israel contra el pueblo palestino. Asesinó a más de 60 personas en la movilización realizada en la frontera de Gaza. Esta protesta del 14 de mayo fue una más de las que se vienen desarrollando cada viernes desde el 30 de marzo, Día de la Tierra Palestina, y que se han llamado “Gran Marcha del Retorno”. Desde entonces son más de cien las personas asesinadas por las fuerzas de ocupación israelíes y más de 5.000 las heridas. La catástrofe continúa, sin duda.


Elizabeth Masero Visiga (Ramallah) y Eneko Calle García (Bilbao) forman parte de Paz con Dignidad y del consejo de redacción de Pueblos-Revista de Información y Debate.


 

Print Friendly, PDF & Email

Un comentario sobre “A pesar de la Nakba, a pesar de Israel, de Eurovisión y de la inacción de la comunidad internacional, la solidaridad con Palestina se multiplica”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *