Adriana Arboleda, defensora de derechos humanos en Colombia: “Queremos que la mesa de negociación no se rompa antes de que haya un nuevo gobierno, para que este tenga que retomarla”

La Corporación Jurídica Libertad (CJL), creada en 1993 en Medellín, es una organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos. Acompaña a las víctimas de crímenes de Estado y trabaja por la reconstrucción de la verdad, la memoria histórica y la construcción de paz. Adriana Arboleda Betancur, directora de la CJL, participó en febrero en una gira política organizada por Paz con Dignidad. Con ella charlamos en Bilbao sobre la implementación de los acuerdos de La Habana y los avances de la mesa con el ELN.
Adriana Arboleda, fotografiada en Bilbao por Andrea Gago Menor.

 

– ¿Se están cumpliendo las expectativas que tenía el movimiento social colombiano respecto a los procesos de paz entre el gobierno y las insurgencias FARC y ELN?

Creo que esas expectativas han ido bajando. Hemos pasado por todos los estados de ánimo. En el caso de las FARC, de ser un proceso con pocas expectativas, se alcanzó un acuerdo de paz con muchas posibilidades. Pero esas expectativas han variado en la medida en que el proceso de reglamentación e implementación ha venido sufriendo cambios y obstáculos. Por una tradición alocada que hay en Colombia de darle un papel preponderante a  todo el tema jurídico, hoy hay un exceso de normatividad para la implementación de los acuerdos y eso ha sido aprovechado por el Congreso de la Republica para hacer los ajustes o los cambios que no lograron hacer cuando se estaban desarrollando las negociaciones en La habana. Es decir, el Congreso ha desconocido los acuerdos y ha legislado en contra, modificando, entre otros, aspectos para favorecer a terceros (empresarios, ganaderos, políticos), y recortando las garantías para el reconocimiento de los derechos de la víctimas.

Ha sido así por dos factores. Primero, porque es un Congreso con un alto porcentaje de la derecha y la extrema derecha, que históricamente se opuso al proceso de paz. El otro factor es que se perdió el plebiscito y eso hizo que la maniobrabilidad política del gobierno quedara muy cuestionada.

– Esa normativización de los acuerdos de La Habana también los hace incompresibles para gran parte de la sociedad. ¿Cómo se hace pedagogía para la paz?

– Es terrible, sí. No hubo pedagogía para el acuerdo de paz. Y mucho menos para la reglamentación y la implementación de los acuerdos. Es imposible seguirles la pista. Voy a poner solo un ejemplo. La jurisdicción especial para la paz, el punto cinco del acuerdo, que contempla el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, contempla cinco medidas: la jurisdicción especial para la paz, la comisión de la verdad, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, las medidas de reparación colectiva y las garantías de no repetición. Solo la jurisdicción especial para la paz tiene: un acto legislativo; la sentencia del Corte Constitucional que revisó ese acto legislativo; una ley, la 18/20, que crea la jurisdicción especial para la paz; tres decretos, cada uno para otorgarle beneficios especiales a los terceros y militares; una ley estatutaria que está pendiente de ser revisada por la Corte Constitucional, y faltaría una ley que determine cual va a ser el procedimiento de implementación. Eso es una locura.

Desde ese punto de vista se vuelve imposible la pedagogía con las comunidades. Toda esa estrategia jurídica juega en contra de la implementación, se vuelve muy complejo sacar adelante todas estas normas y hacerlas asequibles para la ciudadanía común y corriente, que en este caso son las víctimas que deben ser beneficiarias del procedimiento.

– Has hablado de incumplimiento de los acuerdos. ¿Por parte de quienes? 

– Recientemente, la Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia ha presentado un informe en el que viene a decir que el acuerdo lleva un cumplimiento del 18,5%. Uno podría pensar que eso es normal, que un proceso de paz  que solo tiene un año necesita de más tiempo. ¿Cual es el problema? Si miras realmente los compromisos que las FARC adquirieron, el porcentaje de cumplimiento está por encima del 70%, mientras que en los compromisos del gobierno colombiano el porcentaje baja al 15-18%. Esa asimetría que se da en el cumplimiento da lugar a valoraciones de todo tipo. Algunos valoran que las FARC realmente han cumplido con los compromisos básicos: desmovilización, reincorporación y desarme. Por el contrario, el gobierno nacional no ha puesto voluntad en temas específicos, por ejemplo, no entregó las leyes  a tiempo para que en el Congreso fueran debatidas.

– En relación a la mesa con el ELN, ¿cómo afecta este escenario de incumplimientos y de desilusión en gran parte de la sociedad colombiana? 

– Es fatal. ¿Qué opciones tiene un gobierno que quiere negociar con una guerrilla si lo que le puede mostrar es que a una que ya negoció le ha incumplido todo? Eso es totalmente desmotivante. La posibilidad de una negociación pasa por la presión social, la presión política. Si esos sectores sociales están desmotivados, no se la van a jugar frente a un proceso de negociación. Por eso es tan importante mostrar resultados.

– ¿Cómo se está articulando el primer punto de negociación con el ELN, el de la participación de la sociedad civil?

– El ELN plantea que debe haber un papel activo y decisivo, no solamente deliberante, de la sociedad civil. Es un enfoque que hasta ahora no se ha aplicado en ningún proceso de negociación en Colombia. Eso implica que el gobierno entienda qué participación tiene la sociedad, que el mismo ELN decida con claridad qué papel juega esa sociedad ahí y que la sociedad, nosotros, entendamos cuál es nuestro rol. Estamos en una primera parte de entender eso. Que el hecho de que sea un modelo democrático de negociación también implica dificultades por la realidad política en el país.

Primero, porque toca definir qué es sociedad y cual es el alcance de esa sociedad. Entendemos que la sociedad civil son todos los sectores sociales que no participan de las hostilidades: organizaciones de DDHH, campesinas, de víctimas, gremiales, indígenas… Pero el gobierno dice que también son los empresarios, los ganaderos o los gremios económicos, es decir, sectores que también han participado indistintamente en las acciones de guerra. Quizá no directamente, pero muchos han patrocinado grupos paramilitares. Sentarse a negociar es difícil.

En segundo lugar está la discusión de si esa sociedad puede tomar parte en las decisiones. El ELN ha planteado que la sociedad tiene que ser parte activa en lo que se negocie a partir de lo que han llamado un gran diálogo nacional. El problema es que el gobierno no acepta eso. Y no solamente el gobierno, incluso hay sectores mismos de la sociedad civil que opinan que eso es un obstáculo porque sería tener una mesa ya no bilateral, sino trilateral, gobierno, insurgencia y sociedad, algo muy complejo políticamente, que lo que va a hacer es desgastar la mesa, haciendo muy difícil llegar a acuerdos.

– ¿Y qué te parece a ti?

– Me parece que es muy importante ese enfoque del ELN de garantizar una participación activa en la mesa. Sin embargo, comparto que eso tiene sus dificultades y que tendrá que ser la misma mesa la que delimite y defina con claridad el alcance de esa participación. Porque, además, no podemos decir que en la sociedad todas tengamos la misma opinión, hay diferencias.

Lo que sí es muy importante es que una mesa de negociación tenga en cuenta lo que las comunidades, las víctimas, han padecido en sus territorios. Eso es clave, porque evitaría lo que está pasando hoy con la implementación del acuerdo con las FARC, y es que la sociedad no se siente estimulada, no se siente responsable de lograr la implementación de este acuerdo, no hay una movilización masiva para garantizar que el acuerdo se cumpla.

– Entre los diversos actores y países garantes que participan de la mesa con el ELN destaca la Iglesia. ¿Qué papel está jugando en este proceso?

– Fue el ELN quien solicitó la participación de la Iglesia,luego se sumó el gobierno nacional también, porque la Iglesia católica en Colombia tiene presencia en todos los territorios, incluso en aquellos donde tiene presencia el ELN. Además, ya había algunos obispos comprometidos con el proceso de paz y el ELN quería que jugaran un papel más activo.

Sin embargo, esa participación de la Iglesia ha sido muy irregular, porque que inicialmente ha estado muy concentrada en el papel que ha jugado Monseñor Dario Monsalve, arzobispo de la arquidiócesis de Cali, zona del Pacífico. Él ha estado muy implicado en el proceso de paz, tanto con las FARC como ahora con el ELN, abrió las puertas de su arquidiócesis para que algunos lisiados del ELN pudieran vivir allí y eso facilitó que la mesa se instalara el 7 de febrero del 2017. También ha apoyado abiertamente la figura de la gestoría de paz, que son dos integrantes del ELN, presos políticos, que quedaron en libertad para que hicieran un trabajo de enlace entre la mesa y la sociedad civil. Ese papel que él ha cumplido ha sido muy importante en los momentos de crisis que ha vivido la mesa.

Por otro lado, la Conferencia Episcopal en Colombia decidió crear  una comisión para hacer el acompañamiento de la mesa, conformada por cinco obispos, entre los que se encuentra el señor Monseñor Dario Monsalve. Pero ahí hay varios problemas. El primero, que ni el gobierno ni el ELN tienen todavía claro qué esperan del papel de los obispos. Porque ellos no son realmente ni garantes, ni son facilitadores, no hacen parte de la mesa, ellos son acompañantes. A su vez, la Conferencia Episcopal tampoco tiene muy claro el alcance de su papel, porque además es una Conferencia diversa, no hay un único punto de vista. De hecho, en la negociación con las FARC para el plebiscito muchos obispos hicieron abierta campaña por el no, se opusieron al proceso de paz.

Durante el reciente cese bilateral al fuego que duró 101 días, se logró estructurar una comisión de la Conferencia Episcopal, conocida como los comités diocesanos, con presencia en al menos 20 diócesis, para que empiecen a jugar un papel más activo de acompañamiento, de apoyo. Pero está por definir.

– ¿Cómo llega la mesa a la coyuntura electoral de este año? ¿Y a un posible nuevo gobierno?

– Es difícil. Se intuye que tienen claro que ya no van a lograr nada con este gobierno, que es muy difícil llegar a un acuerdo. Creo que su expectativa y también la de la sociedad civil que acompañamos el proceso es que la mesa quede abierta, que por lo menos no se rompa antes de que haya un nuevo gobierno, de tal manera que un nuevo gobierno imperativamente si hay una mesa abierta tendrá que retomarla.

Pero es muy incierto y va a depender de quién gane las elecciones presidenciales. La extrema derecha ya ha dicho abiertamente que no quiere el proceso de paz, ha hecho todo lo posible porque la mesa en Quito se cierre. A lo que sí todo el mundo le apuesta es a que no se cierre la mesa antes del 27 de mayo, la primera vuelta para las presidenciales.

– Para finalizar, ¿cómo es esa Colombia que sueñas?

– Nosotros acompañamos sobre todo a víctimas de crímenes de Estado. Con ese criterio y con ese principio es que fuimos a La Habana y vamos ahora a la mesa con el ELN. Creo que el proceso de paz nos tiene que servir como mínimo para garantizarles los derechos a las víctimas.

No creo que una mesa de negociación nos garantice transformaciones profundas en las desigualdades sociales y en el déficit democrático que tenemos en el país, eso hace parte de la agenda que tenemos los movimientos sociales y nos lo tendremos que seguir peleando.

Pero el proceso de paz sí es una oportunidad para hacer un poco más fáciles esas luchas que tenemos y, sobre todo, para evitar más muertes en los territorios, para evitar que las comunidades sigan sufriendo los rigores de la represión, sobre todo la represión estatal, y que se garantice un mínimo de acceso a los derechos de las víctimas, el derecho a la verdad, a la reparación y a las garantías de no repetición. El Estado colombiano sigue estando en una política de negación, de ir como una víctima más, desconociendo toda su política de represión. Por eso nuestro papel es poder abrir ese camino para que se garantice ese reconocimiento y se logre de alguna manera satisfacer los derechos de las víctimas.


Eneko Calle García forma parte de Paz con Dignidad y de Pueblos – Revista de Información y Debate.


 

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