Teodora Vásquez, activista salvadoreña: “Para la justicia salvadoreña, cuando una mujer está embarazada el único ser que tiene derechos es el feto, ella no cuenta”

El Salvador es uno de los siete países del mundo que penaliza el aborto en cualquier circunstancia, provocando que entre 2000 y 2014 fueran procesadas 147 mujeres al morir el feto en los últimos meses de gestación. Veinticuatro de estas mujeres continúan hoy en prisión. Teodora Vásquez fue condenada en 2008 a 30 años por homicidio agravado por supuestamente abortar, aunque según su testimonio sufrió un aborto espontáneo al no recibir ayuda del sistema de emergencias público. Quedó en libertad el 15 de febrero de este año, tras cumplir diez años en prisión, porque le conmutó la pena la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia y Seguridad.

La penalización total del aborto se da en un contexto en el que el 30 por ciento de los embarazos en 2015 fueron de niñas y adolescentes entre diez y diecinueve años (de ellos, 1.444 embarazos fueron de niñas de entre diez y catorce años). Así mismo, la Policía Nacional Civil registró un promedio de cinco casos cada día de violencia sexual, de los que el 80 por ciento son violaciones de niñas y adolescentes por parte de familiares o conocidos.

Durante el mes de abril, Teodora Vásquez visitó varios Estados europeos con el objetivo de visibilizar y buscar apoyos para la Alianza por la Salud y la Vida de las Mujeres de El Salvador, una iniciativa de la sociedad civil que lucha por reformar la legislación actual salvadoreña sobre la interrupción del embarazo. Con este objetivo se han mostrado ya de acuerdo algunos organismos internacionales, que han trasladado al Estado salvadoreño diversas peticiones para que cambie su legislación y garantice los derechos humanos de las mujeres.

Teodora Vásquez, fotografiada en Bilbao en abril de 2018 por Julio César Monge.

 

– ¿Qué objetivos tiene esta gira y cuáles son vuestras reivindicaciones?

– La visita tiene diferentes expectativas. Después haber salido de prisión hace dos meses he decidido viajar y tener entrevistas y encuentros en Europa con el objetivo principal de visibilizar y buscar apoyos para una propuesta de reforma del Artículo 133 del Código Penal de El Salvador en la que estamos trabajando. Esta propuesta busca permitir la interrupción del embarazo en cuatro causales: riesgo de vida o salud de la madre, casos de violación, cuando el embarazo resulte de vulneraciones en contexto de delito de trata de personas y cuando las niñas, específicamente, son víctimas de abusos. Queremos que no se continúe criminalizando y condenando a más mujeres en mi país por este tipo de delitos, pero también queremos denunciar los casos de las compañeras que continúan actualmente en prisión de manera injusta y pedir su liberación.

– ¿Cuántas son las mujeres que has mencionado y continúan en prisión a día de hoy y cuál es su situación?

– Actualmente son 24 las mujeres que continúan retenidas en prisión por los casos que he comentado. Contamos con el apoyo de abogadas y abogados de colectivos como la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que también me apoyaron a mí para que obtuviera mi libertad. Se están presentando recursos de conmutación de pena que esperamos que sigan adelante para que puedan recuperar su libertad, pero sabemos que es complicado.

Se han producido casos extremos en los que las mujeres embarazadas han tenido enfermedades como cáncer uterino, infecciones urinarias o lupus que les han provocado un aborto natural y han tenido que enfrentarse a la justicia salvadoreña bajo la acusación de haber provocado esos abortos, sin ni tan siquiera tener pruebas claras contra ellas.

Esto nos lleva a la conclusión de que para la justicia salvadoreña, cuando una mujer está embarazada, el único ser que tiene derechos es el feto, la mujer no cuenta. Conocemos el caso de una mujer que estaba enferma de cáncer y embarazada de un futuro bebé con malformaciones genéticas que afectaban a su cerebro gravemente, hasta el punto de que había una alta probabilidad de que naciera muerto. Ante esta situación se buscaron los medios para extraer el feto y que no muriera ella, pero fue imposible debido a la legislación salvadoreña. Durante el sexto mes de embarazo, y en situación de reposo absoluto, la salud de la mujer empeoró notablemente, pero tampoco se autorizó el aborto. La mujer murió y el feto también, dejando además a otros hijos suyos huérfanos, cuando al menos una de las dos vidas se podría haber salvado: la de la mujer.

– ¿Qué opciones crees que tienen esas mujeres de salir de prisión?

– En el Estado salvadoreño estamos viviendo una crisis bastante aguda en este sentido, ya que no quieren agilizar este tipo de procesos, los alargan durante meses o incluso años. Por ejemplo, en mi caso estuve esperando el resultado o respuesta de la conmutación desde 2015, que fue cuando la presentamos. No fue hasta el 2018 que nos llegó la resolución favorable, a pesar de que tenía muchas pruebas a mi favor.

– ¿En qué momento está el proceso de la reforma de código penal para despenalizar el aborto en El Salvador?

– La reforma que estamos presentando, en la que llevamos trabajando varios años trabajando, prevé la despenalización del aborto en los cuatro casos que he mencionado anteriormente. Personalmente me he agregado a la campaña a favor de la reforma de manera activa hace dos meses, desde mi liberación.

Lo que estamos solicitando es una reforma del Código Penal para que no sigan condenando a más mujeres por el delito de aborto. Se dan situaciones muy graves en los que incluso mujeres jóvenes menores de edad, algunas de diez o doce años, que han sido violadas, no pueden acceder a un aborto ya que prevalece la vida que se están formando dentro del vientre. No importan las circunstancias que rodean a las mujeres gestantes, ni tan siquiera el riesgo sobre sus propias vidas: en ningún caso puede practicarse el aborto según la ley actual.

– En algunas de tus declaraciones públicas has comentado que en la cárcel las mujeres como tú están estigmatizadas. ¿Ocurre lo mismo a nivel social? En tu caso, ¿te has sentido rechazada y criminalizada o, al contrario, reconocida y apoyada?

– Por parte de determinados colectivos y organizaciones sociales me he sentido totalmente apoyada. Nos han brindado apoyo legal, psicológico, etc. Hay ONGD, agrupaciones y personas que nos están apoyando con la campaña, tanto en El Salvador como durante esta gira internacional, que nos han recibido y abierto las puertas de sus casas. Una muestra clara de esto, por ejemplo, fueron las numerosas visitas que recibía cuando estaba en la cárcel, acompañándome en todo momento, tanto de personas de mi propio país como de otros. El esfuerzo que ha hecho cada una de esas personas ha aportado mucho para que yo finalmente pueda estar libre, y ojalá que las compañeras que continúan en prisión lo estén pronto también.

En cuanto a la justicia salvadoreña y a una gran parte de la sociedad, que mantiene una manera de pensar cerrada sobre este tema, en cierta manera nos han discriminado totalmente al no reconocer nuestros derechos como mujeres.

– Después haber pasado diez años en la cárcel, ¿qué te gustaría conseguir para sentir que la injusticia que sufriste ha sido reparada?

– El Estado salvadoreño todavía no ha reconocido mi inocencia, lo que ha hecho simplemente es rebajar mi pena, que es lo me ha permitido salir en libertad. Así que actualmente sigo luchando junto con mis abogados y abogadas para lograr demostrar mi inocencia. No podemos dejar este caso así, ya que a pesar de que estoy en libertad para ellos sigo siendo culpable. Quiero llegar al fondo de todo esto para demostrar a El Salvador y a todas las personas que me acusaron que todo este tiempo que pasé en prisión fui inocente.


Javier González Álvarez forma parte del consejo de redacción de Pueblos-Revista de Información y Debate y Paz con Dignidad. Tamara de Gracia forma parte de Mugarik Gabe.


 

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