Impactos sobre la clase trabajadora de los tratados de comercio e inversión

La nueva oleada de tratados de comercio e inversión supondrá un paso más en la presión a la baja también en materia de derechos laborales, en la medida en que son considerados un obstáculo para los intereses de las transnacionales, que priman la maximización de sus beneficios por delante de los derechos de las personas y de la sostenibilidad de la vida.

El impacto de los tratados de comercio e inversión sobre la clase trabajadora va mucho más allá de sus efectos en materia de empleo y condiciones laborales, pero este artículo se centrará fundamentalmente en estos dos aspectos.

Como consecuencia del bloqueo de las negociaciones en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC), estos últimos años se ha producido una considerable proliferación de acuerdos de libre comercio1.

Probablemente el TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement), cuya negociación entre la Unión Europea y los EEUU se encuentra en stand-by, sea el más conocido y analizado, aunque paradójicamente las negociaciones se hayan llevado en el más absoluto secreto.

Con el TTIP se nos encendieron todas las luces de alarma al ver las implicaciones que tendría sobre todas las facetas de nuestra vida. Aunque el debate sobre los tratados de libre comercio no es nuevo y las movilizaciones sociales contra los mismos tampoco, la respuesta social al TTIP marcó un hito y nos permitió poner también el foco sobre el CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), ya firmado y actualmente en proceso de ratificación, y sobre otros acuerdos en negociación.

Objetivos claros y compartidos

Bajo unas siglas u otras, todos estos acuerdos buscan los mismos objetivos: acabar con los obstáculos que quedan para la total liberalización del comercio internacional y garantizar, por encima de todo, los derechos de las transnacionales, creando un marco regulatorio a la medida de las mismas.

Los promotores de estos acuerdos prometen grandes beneficios en forma de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) y generación de empleo, y se basan para ello en estudios económicos encargados al efecto.

En el caso del TTIP, la Comisión Europea se apoya en diferentes estudios que, pese a estar financiados por ella misma2, prevén beneficios muy moderados: un crecimiento del 0,48 por ciento del PIB Europeo para 2027 en el escenario más ambicioso.

Además, hablan de “desplazamientos” de personas trabajadoras de unos sectores a otros, sin tener en cuenta sus impactos negativos (pérdida definitiva del empleo, disminución de la calidad de los nuevos empleos, coste social, etc). Los estudios cifran entre 680.000 y 1,3 millones las personas trabajadoras que serán temporalmente desplazadas en la Unión Europea, y entre 325.000 y 715.000 en EEUU. En total, al menos un millón de trabajadores y trabajadoras perderán sus empleos.

Los estudios independientes están resultando menos optimistas. Uno de ellos concluye que, teniendo en cuenta el contexto de políticas de austeridad, tasas elevadas de desempleo y bajo crecimiento, se perderán más de 600.000 empleos sólo en la UE y que los salarios sufrirán una bajada importante. Además, bajarán las exportaciones y el PIB, al igual que los ingresos para todos los gobiernos3.

La experiencia, un grado

Por otra parte, tenemos la experiencia previa del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte suscrito por EEUU, Canadá y México), vigor desde 1994. Tras el mismo, el crecimiento del PIB per cápita en México fue de tan solo un uno por ciento en los siguientes 23 años. Entre 1994 y 2007 hubo una pérdida neta de 1,9 millones de puestos de trabajo, los salarios aumentaron solo un 4,1 por ciento en 20 años y la tasa de pobreza superó la de 1994. Como consecuencia de todo ello, la emigración a EEUU aumentó un 79 por ciento entre los años 1994 y 20004.

El TLCAN también tuvo un impacto negativo sobre la clase trabajadora estadounidense. Se estima que se perdieron un millón de empleos netos en Estados Unidos. Datos del propio gobierno norteamericano sobre ayudas a personas trabajadoras despedidas como consecuencia del TLCAN a través del programa TAA (Trade Adjustment Assistance) hablan de 720.000 empleos perdidos debido al incremento de las importaciones y deslocalizaciones. Si tenemos en cuenta que solo una décima parte de las personas que perdieron su empleo por esta razón recibió asistencia del programa TAA, las cifras resultan devastadoras.

Además, más de un tercio de estos trabajadores y trabajadoras que perdieron su empleo no volvió a trabajar5. Los salarios cayeron hasta un 20 por ciento6 para aquellas que encontraron un nuevo empleo.

Derechos laborales, burocracia y regulaciones

Además del impacto en el empleo, estos acuerdos empeoran también las condiciones de trabajo. Las cuestiones laborales en los tratados de libre comercio, al igual que las relacionadas con el desarrollo sostenible, se vienen abordando a través de cláusulas sociales que se integran en los acuerdos o se añaden a los mismos en un documento anexo. El número de acuerdos comerciales que incorporan este tipo de cláusulas ha pasado de cuatro en 1995 a 76 en 20157. Aunque tanto la UE como EEUU los vienen incorporando de forma generalizada en los acuerdos que suscriben, estas cláusulas se limitan a contener una referencia general a los instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sin capacidad vinculante real.

Se da la paradoja de que EEUU, uno de los países que menos convenios de la OIT ha ratificado, es pionero en el impulso de estas cláusulas y llega a establecer como condición para sus contrapartes respetar convenios que ellos mismos no han suscrito.

La escasa eficacia de estas cláusulas, que responden más a motivos de imagen, es evidente8. Baste decir que el primer Tratado con una cláusula social significativa fue el TLCAN, cuyas consecuencias en materia de empleo acabamos de analizar.

Por el contrario, lo que sí constituye un contenido esencial de este tipo de acuerdos es la eliminación de las regulaciones que supongan un obstáculo al comercio. De hecho, se estima que un 80 por ciento de las ganancias que generará el TTIP vendrán fundamentalmente de la reducción del “coste” que implican la burocray las regulaciones. Se busca hacer compatibles las diferentes regulaciones existentes a través de diversos mecanismos, como el reconocimiento mutuo o la armonización, que abrirán la puerta a la convergencia a la baja cuando existan diferencias entre las regulaciones.

Así se entiende que los convenios colectivos se mencionen entre las medidas que representan un obstáculo para el comercio entre la UE y los EEUU9. Teniendo en cuenta las diferencias existentes entre las regulaciones de la UE y de los EEUU en materia laboral, y siendo en términos generales más protectoras las normas europeas, parece evidente que el TTIP entrañaría un serio riesgo de empeoramiento de nuestras condiciones laborales.

Volvemos a referirnos en esta cuestión a lo ocurrido con el TLCAN. Desde su entrada en vigor se produjo una presión a la baja sobre los salarios en Estados Unidos, forzando a las personas trabajadoras en el sector manufacturero con salarios decentes a competir con las importaciones de productos hechos por trabajadoras y trabajadores mal pagados en México. Esto presionó también a la baja los salarios del sector servicios, al aumentar el excedente de personas demandantes de empleo.

La mera amenaza de deslocalización supuso igualmente una enorme presión sobre los procesos de negociación salarial. En términos generales, se produjo un declive del empleo estable y de altos salarios. También bajaron los salarios en México, donde la enorme pérdida de empleos en el sector agrícola desplazó a millones de campesinos y campesinas, presionando a la baja los ya reducidos salarios en las maquilas fronterizas. Es necesario subrayar también que estos fenómenos tienen un impacto mayor sobre las mujeres, más numerosas en los puestos de baja cualificación y de bajos salarios.

La conclusión es que tanto en EEUU como en Canadá y en México el empleo se ha precarizado, los salarios han perdido poder adquisitivo, las desigualdades han crecido de forma alarmante y la protección social y las tasas de sindicalización10 se han debilitado. La productividad aumentó, pero sin que esa riqueza fuera a parar a las y los trabajadores.

Esta presión existe ya en el seno de la UE, donde, como consecuencia de las diferencias entre sus miembros y la falta de voluntad política, se produce el llamado dumping salarial y social. A esto contribuye la Directiva de Desplazamiento de Trabajadores11, que posibilita la discriminación salarial de las personas trabajadoras desplazadas.

La estrategia de las instituciones europeas se enmarca en la misma lógica que estos tratados, al considerar las regulaciones como una “carga”. Un programa estratégico de la Comisión Europea es la agenda Better Regulation, que busca “aligerar” el “exceso” de reglamentación en la UE. No es casualidad que las primeras normas que se han echado atrás sean de protección medioambiental y laboral. Parece que con este programa la UE estaba preparando el camino al TTIP, para avanzar en el objetivo común de acabar con las regulaciones “excesivas”, las que protegen nuestros derechos12.

Otro factor de riesgo para los derechos laborales se deriva del procedimiento de resolución de conflictos inversor- Estado, que implica la creación de un sistema judicial paralelo. Los inversores extranjeros pueden denunciar a los Estados por las pérdidas que sufran o puedan sufrir como consecuencia de sus decisiones en materia de política pública. El riesgo a ser demandado puede provocar que se renuncie a regular para mejorar las condiciones laborales. El ejemplo de Veolia y Egipto es muy ilustrativo: la multinacional francesa demandó al gobierno egipcio porque sus márgenes de beneficio en la gestión de residuos en Alejandría se vieron reducidos al aumentar este último el salario mínimo.

Por todo lo anterior, no podemos sino esperar que estos tratados incrementen la presión a la baja también en materia de derechos laborales. Las cláusulas sociales no son la solución. Estos acuerdos no son enmendables. La lógica a la que responden es aplastante: priman los intereses comerciales de unos pocos sobre la soberanía de los pueblos, de sus gobiernos, de los derechos de las personas y la sostenibilidad del planeta.

Hay que pararlos y revertir este proceso de mercantilización de la vida. Lograr una nueva perspectiva frente al comercio, que ponga en el centro los derechos de las personas y la sostenibilidad de la vida y el planeta, en línea con la contenida en el Mandato de Comercio Alternativo, es posible y absolutamente necesaria.


 

Laura González de Txabarri es responsable de Relaciones Internacionales de Euskal Langileen Alkartasuna (ELA).

Artículo publicado en el nº76 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer cuatrimestre de 2018, monográfico “Tratados comerciales, ofensiva contra nuestras vidas”.

 


NOTAS:

  1. Myant, M. (2017): The impact of trade and investment agreements on decent work and sustainable development, European Trade Union Institute (ETUI). Ver en www.etui.org.
  2. VVAA (2009): Non-Tariff Measures in EU-US Trade and Investment. An Economic Analysis, ECORYS.
  3. Capaldo, J. (2014): The Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership: European Desintegration, Unemployment and Instability, Global Development and Environment Institute.
  4. Weisbrot, Mark (2014): ¿El TLCAN ayudó a México? Una valoración tras 20 años. Washington, Center for Economic and Policy Research.
  5. AFL-CIO (2014): NAFTA at 20.
  6. Public Citizen (1997): Executive Summary NAFTA’s Broken Promises: Fast Track to Unsafe Food.
  7. Myant, M.; op. cit.
  8. Guamán, A. (2016): “Cláusulas laborales en los acuerdos de libre comercio de nueva generación”, en Revista de Trabajo y Seguridad Social.
  9. Ver cita 2.
  10. Ver: http://stats.oecd.org/.
  11. Directiva 96/71/CE.
  12. Ponce del Castillo, A. (2015): TTIP: fast track to deregulation
    and lower health and safety protection for EU workers, European Trade

 

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