Jaque-mate electoral: La prisión de Lula como golpe a la esperanza de un futuro progresista en Brasil

Brasil vive días turbulentos. Ánimos a flor de piel, tensión palpable. Mucha incertidumbre acerca de lo que está por venir. Las informaciones nuevas cada momento cumplen el ambiguo papel de esclarecer pero a la vez sumar nuevos puñados de dudas, cada vez más densas y profundas. Cada paso es un salto hacia la oscuridad. Lo que queda es el sabor de la certeza de un futuro oscuro para los próximos años, marcado, posiblemente, por retrocesos democráticos sin antecedentes.
Filipe Araujo /Fotos Publicas.

 

El miércoles 4 de abril, el Supremo Tribunal Federal (STF), la cumbre del poder judicial brasileño, determinó por seis votos frente a cinco la invalidez del habeas corpus preventivo solicitado por la defensa del ex presidente Luís Inácio Lula da Silva. La decisión fue el jaque-mate de ese extraño ajedrez político que se comenzó a jugar hace años y cuyas reglas se han mostrado tan variables como aleatorias, a merced de la necesidad de quien las ejecuta.

Como apunta la especialista en Derecho Constitucional Eloísa Machado, no solo el resultado de la votación, sino también el propio contenido de los votos de los magistrados, simbolizan la cima de la “agenda de moralización” del Supremo, marcada por decisiones extravagantes y excepcionales, regidas por una interpretación interesada de la Constitución realizada al calor del momento.

Este golpe es el más duro de los realizados contra el Partido dos Trabalhadores (PT), contra los sectores de izquierda y contra la esperanza de tener alguna fuerza progresista capaz de disputar la Presidencia, con posibilidad de victoria, en las elecciones de octubre. Ni siquiera la destitución de Dilma Rousseff es comparable.

En cuanto a los hechos, el recurso en el Supremo Tribunal Federal (STF) era una de las últimas esperanzas del ex presidente, condenado en segunda instancia a doce años de prisión por haber recibido un apartamento como soborno durante su gobierno.

Quedan todavía, sin embargo, fuertes dudas, puestas de manifiesto por especialistas y organismos internacionales, en relación con el proceso judicial, la calidad del relato de los testigos y la falta de evidencias y documentos de la acusación.

Fotografía: Ricardo Stuckert.

 

Tan solo 19 minutos después de la puesta en libertad por parte del Tribunal Regional Federal de la cuarta región (TRF-4), el juez de primera instancia Sergio Moro, símbolo de la Operación Lava Jato y nuevo héroe de la derecha brasileña, expidió la orden de prisión para Lula, convirtiéndose esta orden de prisión en la expedida más rápidamente de toda la Operación.

El juez ordenó que Lula se entregase voluntariamente antes de las cinco de la tarde del día 6 (horario de Brasilia). Por ley, el ex presidente debe cumplir con, al menos, una sexta parte de la pena en régimen cerrado, lo que equivale a dos años. De acuerdo con la llamada “Lei da Ficha Limpa”, que impide optar a cargos públicos a las personas condenadas por crímenes, Lula no podría ser candidato a la Presidencia, aunque tendría posibilidad de presentar un recurso.

La mañana de ese día, el ex presidente anunció que no se entregaría. Las personas que lo apoyan hablan de resistencia y de desobediencia civil. Forman un cordón humano para proteger a Lula de una posible intervención policial.

Se realizó una convocatoria general para que todas las personas acudiesen a un gran acto público en frente del Sindicato dos Metalúrgicos, en São Bernardo do Campo, la tierra natal de Lula. Desde la noche del día 5 se realizaron vigilias en solidaridad con el político. Allí también, a puerta cerrada, el líder diseñó con su equipo estrategias para revertir o aplazar la decisión del STF mediante recursos al propio órgano judicial o al Tribunal Superior de Justicia.

No es posible comprender el clima de las calles, el sentimiento de indignación, el lamento profundo, sin un análisis del contexto actual. La joven democracia brasileña ha sufrido hace muy poco la destitución de una presidenta elegida de manera legítima, en un proceso marcado por las razones políticas de una derecha que nunca aceptó su derrota y, como posteriormente se ha sabido, realizado mediante un gran pacto que implicó, incuso, al mismo Supremo Tribunal Federal que ahora condena Lula.

Por otro lado, el país se está militarizando de manera gradual. La culminación, por el momento, es la intervención federal en la seguridad pública del estado de Rio de Janeiro, donde hay militares en las calles que pasan revista a los niños y niñas, apresando a las personas negras y pobres que viven en las favelas, profundizando en la criminalización de la pobreza que ya encarcela y mata cada día a estas mismas personas.

Hace poco más de 20 días que una concejala de Rio de Janeiro negra, Marielle Franco, lesbiana y defensora de derechos humanos, fue ejecutada poco después de denunciar las agresiones de un batallón de la Policía Militar carioca. Y, por último, crecen los apoyos para la Presidencia de la República a Jair Bolsonaro, un diputado que representa a la ultraderecha, el fascismo, la homofobia y la intolerancia.

Independientemente de la simpatía que cada persona pueda sentir por Lula o de si se cree o no en su culpabilidad, es inevitable reconocer que él fue responsable de la mayor reducción de desigualdad social y pobreza en Brasil. Logró el mayor crecimiento de la economía brasileña en décadas y terminó su mandato con un grado de aprobación record.

Mientras muchas personas aplauden la condena de prisión argumentando que nadie está por encima de la ley, aquellos que de hecho sí lo están celebran su mejor y más arriesgado movimiento retirando del juego piezas que van más allá de Lula y que son fundamentales para preservar la Constitución y la democracia.


João Paulo Brito / Periodista / São Paulo .


 

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