El agua frente a la embestida de los nuevos tratados: ¿elemento de vida o recurso económico?

El agua, recurso mágico, fuente de vida y emociones, ha sido lealmente custodiada por nuestros ancestros. Su importancia para los pueblos del mundo la ha elevado a categoría de diosa, como Chalchiuhticue, en la cultura tlaxcalteca (México), Ganga, en la India, o Njord, en la mitología nórdica. La historia nos muestra el fuerte vínculo entre el agua y la identidad de las personas, sus creencias, sus lazos emocionales y su visión de la belleza.

En un mundo globalizado que  juega con los límites de la biodiversidad  del planeta, esta  cultura del agua ha quedado reducida  al único valor que parece importar: el  económico. El sistema capitalista y heteropatriarcal  en el que nos vemos inmersas  ha intentado, con cierto éxito,  simplificar todas sus dimensiones hasta  convertirla en un recurso productivo,  en el oro azul. Como consecuencia,  cerca de 700 millones de personas carecen  de acceso al agua potable y 2.600  millones de un saneamiento adecuado,  situación especialmente alarmante habiéndose  declarado en 2010 derecho  humano por parte de Naciones Unidas[1].  Estos datos, que nos pueden parecer  vacíos, generan sufrimiento a millones  de personas que conviven con la  carencia de oportunidades, la pobreza,  la falta de sustento o los desplazamientos  forzados, incrementando la brecha  entre el norte y el sur global y potenciando  las desigualdades de género.

La crisis global del agua se enmarca  en una crisis sistémica mucho más  amplia. Sus causas son múltiples y están  interrelacionadas, siendo su análisis  crítico una tarea compleja. El cambio  climático, los procesos de privatización,  la construcción de grandes obras  hidráulicas, la agricultura intensiva, el  modelo productivo y energético basado  en combustibles fósiles, son solo algunos  de los factores más relevantes que  dibujan este escenario. Estas causas responden  al modelo capitalista neoliberal  imperante, en el que la sostenibilidad de  la vida se encuentra en la cuerda floja.

El proceso de apropiación 

Bajo la lógica del libre mercado y con  las empresas transnacionales como  agente central, el poder corporativo  se está apropiando de los bienes comunes  como el agua, los bosques, la  tierra, o bienes más intangibles, como  el conocimiento, amparándose en una  arquitectura jurídica de la impunidad.   Los organismos multilaterales, el Banco  Mundial (BM), el Fondo Monetario  Internacional (FMI) y la Organización  Mundial del Comercio (OMC), junto  con gran parte de los Estados, sostienen  este modus operandi. La nueva  oleada de tratados de comercio e inversión  (TCI) es la herramienta perfecta  para este engranaje.

Para comprender los impactos potenciales  que los TCI pueden generar  en los bienes comunes y en concreto en  el agua, es importante realizar un repaso  de lo que han supuesto los procesos  de privatización. “Las guerras de paradigmas  del agua”, como las define Vandana  Shiva, han cobrado fuerza manteniendo  un pulso entre, por un lado,  una visión holística del recurso (que  entiende el agua como un activo ecosocial,  poniendo en valor sus funciones  de biodiversidad, identitarias, emocionales)  y, por el otro, una visión reduccionista  en la que se presenta como un  input económico. Una pulsión entre  una gestión pública, ecofeminista y  participada, vinculada al territorio, que  mantenga el agua como bien común,  frente a otra en la que los procesos de  privatización son aliados en la obtención  de beneficios de las transnacionales  del sector. Como muestra, un botón:  solamente las grandes empresas Veolia  y Suez controlan el acceso al agua de  más de 100 millones de personas, ocupando  el lugar 97 y 153 respectivamente  en la lista de Fortune[2].

Los procesos de privatización a  nivel mundial se han establecido por  medio del sutil modelo francés, la  asociación público-privada (APP). Se  puede definir como el contrato entre  un gobierno y una empresa privada  que financia, construye y opera algún  elemento de servicio que estuvo bajo  dominio público. A menudo son implantadas  por los gobiernos locales  con la esperanza de reducir la deuda  pública, aumentar la eficiencia del servicio  e introducir nuevas tecnologías e  inversiones en las infraestructuras.

Monopolios e ineficiencia 

Las ventajas de las APP son bastantes  cuestionables, y más cuando hablamos  de la gestión del agua. Se considera  que los servicios de abastecimiento  constituyen lo que se denomina un  monopolio natural, estado tremendamente  peligroso para someterse a un  proceso de privatización. Las APP, en  este caso, pueden promover opciones  de competencia por el mercado, pero  no de competencia en el mercado. Es  decir, existe una efímera competencia  para conseguir la concesión en concurso  público, cuando no se produce  una adjudicación directa. Una vez adjudicada  la concesión, el servicio pasa  a ser gestionado en régimen de monopolio  privado por largas décadas, en  condiciones difícilmente revisables y  con duras cláusulas de reversión.

Lo que suele ocurrir en la práctica  es que se reduce el nivel real de competencia  en los mercados. Cuando la  gestión es municipal, la adquisición  de nuevas tecnologías, los trabajos  de mantenimiento y modernización,  así como otras múltiples acciones  específicas, suelen ser contratadas  acudiendo al mercado, donde compiten,  en concurso público, multitud  de pequeñas y medianas empresas altamente  especializadas. Es lo que se  conoce como el mercado de inputs secundarios,  en el que suele producirse  un volumen de negocio mayor que en  la gestión misma del servicio.

Sin embargo, cuando el servicio  queda concesionado a alguno de los  grandes operadores transnacionales, el  mercado de inputs secundarios suele  quedar bloqueado y blindado a la competencia,  en la medida que estas empresas  disponen de sus propios recursos  para cubrir tales necesidades. El resultado  final es que se reduce la competencia  de mercado. De esta forma, queda  en evidencia la situación de monopolio  natural, dado que el argumento del control  de la ciudadanía sobre el operador,  a través de sus derechos como clientes, tampoco funciona, pues tales derechos  suelen ejercerse en la medida que pueda  cambiarse de proveedor, opción que  en este caso no es posible.

En este andamiaje, las APP, habitualmente  conformadas por filiales de  las grandes transnacionales del agua,  obtienen sus beneficios de forma segura  para poder especular en otros sectores.  El tribunal portugués de auditores reveló  la falta de transparencia en los contratos  entre los municipios y las empresas  privadas, lo que hace complicado evaluar  la calidad de las inversiones y las  implicaciones financieras. Investigaciones  empíricas basadas en la experiencia  de comunidades en todo el mundo  muestran que son un fracaso en materia  de eficiencia de los servicios ofrecidos,  incrementando además las tarifas[3].

Remunicipalización  y control democrático 

Tal es así que la respuesta colectiva a  los procesos de privatización abanderados  por las APP ha sido la remunicipalización  de los servicios. Es decir, el  retorno de la gestión del ciclo integral  del agua, abastecimiento y saneamiento,  a la gestión pública y el pleno control  democrático. En los últimos quince  años son 235 los casos de remunicipalización  del agua, lo que involucra a  más de 100 millones de personas[4], incluyendo  ciudades emblemáticas como  Berlín, París o Buenos Aires. Existen  fuertes evidencias de que la remunicipalización  aporta un ahorro inmediato  de costos. Por ejemplo, París economizó  35 millones de euros[5] en el primer  año. Además, aumenta la eficacia y los  niveles de transparencia, permitiendo  construir modelos de gestión sostenibles  para la naturaleza y las personas.

Esta esperanzadora fuerza ha sido  alentada por los deseos en clave de  justicia climática de la ciudadanía, organizada  en iniciativas a nivel europeo  como Right2water, o a nivel estatal  de la mano de la Red de Agua Públi ca (RAP), con el Pacto Social por el  Agua. De estos movimientos subyace  la importancia de definir un modelo de  gestión pública determinada, un modelo  democrático y ecofeminista.

Los TCI frente a las  remunicipalizaciones 

Pero esta apuesta se encuentra fuertemente  amenazada por los diferentes  tratados de comercio e inversión, que  o bien están sobre la mesa de negociaciones  opacas, como Mercosur, o  bien han sido ratificados recientemente,  como el CETA. Estos no negocian  de manera directa la forma en la que  la administración pública se organiza,  pero, transversalmente, las reglas para  el comercio internacional de servicios  tienen un gran impacto en la autonomía  de cada municipio.

Si nos centramos en el CETA,  aprobado por el Senado a finales de  octubre, la ambigüedad y los términos  legales confusos tienen un importante  peso en el texto. El agua no es  considerada mercancía ni producto  en su estado natural, pero sí podría  considerarse, con lo que esto implica,  en prácticamente todos sus usos:  consumo humano, saneamiento, usos  productivos o regadío.

El CETA es el primer TCI negociado  por la Unión Europea bajo el  enfoque de la lista negativa, es decir,  que todo lo que no está recogido en  esa lista está afectado por el tratado.  Así, ni en abastecimiento, ni en saneamiento  (a excepción de Alemania) se  puede aplicar una reserva que proteja  a los servicios de su privatización.

Junto a esta ambigüedad, otra de las  cuestiones más preocupantes es el muro  infranqueable que este y otros tratados  imponen a la remunicipalización, a través  de los mecanismos de cooperación  regulatoria, efecto trinquete y arbitraje  privado inversor-Estado.

Con la cooperación regulatoria,  las empresas transnacionales pueden  bloquear la aprobación de legislación  en materia de servicios públicos. Con  la aplicación del efecto trinquete, una  vez que un sector es liberalizado no  hay marcha atrás. Es decir, se bloquea  toda la tendencia actual a la remunicipalización.  Se favorecen entonces las  APP en monopolio natural, blindando  los mercados secundarios y subiendo  las tarifas a las personas para obtener  beneficios seguros con los que especular  en otros sectores. Por si esto  no fuera suficiente, bajo el arbitraje  entre inversor y estado, las empresas  transnacionales pueden acudir a un  tribunal privado para demandar a los  gobiernos, si consideran que sus beneficios  se ven afectados por un cambio  de legislación.

Los TCI son un tremendo instrumento  del poder corporativo con el  que las empresas transnacionales se  manejan en su zona de confort, priorizando  sus beneficios y tensionando el  conflicto capital-vida.[6] Es un reto urgente  proteger los bienes comunes con  la energía e inteligencia que los movimientos  sociales han manifestado en la  construcción de alternativas contrahegemónicas.  El agua, recurso extraordinario,  necesita reconocerse en una  Nueva Cultura del Agua, como la diosa  Chalchiuhticue, poniendo en el centro  la vida de las personas y el planeta.


 

Ruth Pérez Lázaro, investigadora en gestión integrada de aguas, forma parte de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

Artículo publicado en el nº76 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer cuatrimestre de 2018, monográfico “Tratados comerciales, ofensiva contra nuestras vidas”.

 


NOTAS:

  1. OMS (2016): “Progress on sanition and drinking-water”.
  2. Fortune Magazine (2015).
  3. EPSU (2014): Public and Private Sector Efficiency: a briefing for the EPSU congress by PSIRU. Informe disponible en www.psiru.org.
  4. Kishimoto S., Lobina E. & Petitjean O. (2015): Our Public Water Future. The global experience with remunicipalisation. Ver en: www.tni.org.
  5. EPSU (2016): Water Remunicipalisation Tracker, Paris.
  6. Pérez Orozco, A. (2017): Aprendizajes de las resistencias feministas latinoamericanas a los tratados de comercio e inversión. Del ‘No al ALCA’ al cuestionamiento del capitalismo patriarcal. Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad. Disponible en www.omal.info.

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