Siete preguntas para que Ecuador decida, de nuevo, su futuro en las urnas

Ecuador está convocado este próximo domingo a participar en la primera consulta popular que celebra el país bajo la presidencia de Lenín Moreno. A las pocas semanas de iniciar su mandato, el sucesor de Rafael Correa demostró que la suya iba a ser una gestión marcada por el distanciamiento de la figura del líder de la Revolución Ciudadana.

Interesado en promover el diálogo con la ciudadanía y con los sectores de oposición, el nuevo gobierno preparó un referéndum en el que se recogen siete preguntas acerca de algunos de los temas más emblemáticos en los gobiernos correístas. Los resultados del 4 de febrero determinarán el futuro proyecto del país y la correlación de fuerzas tanto en el interior del partido de gobierno como en el resto el escenario político.

Propaganda en el interior de la sede de Alianza País. Quito. Fotografía: Mari Cruz Tornay.
Pintadas en el interior de la sede de Alianza País. Quito. Fotografía: Mari Cruz Tornay.

 

La victoria de Lenín Moreno en abril del pasado año hacía prever una continuidad del proyecto de la Revolución Ciudadana liderada por Rafael Correa en la última década. Moreno, vicepresidente en el primer gobierno de Correa, fue elegido por este para darle el relevo en unas elecciones en las que la popularidad del primer mandatario acusaba un notable desgaste. Aunque el discurso y la consonancia mantenidas durante la campaña electoral hacían prever pocos cambios con el liderazgo de Moreno, lo cierto es que el acercamiento del nuevo presidente a los sectores más opuestos a la gestión de Correa, especialmente a la patronal empresarial, fue interpretada como una derechización del nuevo ejecutivo, cuando no una “traición” personal a Rafael Correa y a los votantes que defendieron en las urnas la continuidad del proyecto de Revolución Ciudadana.

Moreno justificó el acercamiento a los grupos que habían llevado a cabo la oposición más beligerante a Correa como una estrategia para favorecer el diálogo social y rebajar la tensión y el autoritarismo que habrían caracterizado el último periodo del anterior presidente. Aunque hacía meses que venía anunciado su descanso de la vida política ecuatoriana, Correa recibió la actuación de Moreno como un ataque personal que fue respondido efusivamente través de las redes sociales, impidiendo al ex mandatario ceder el protagonismo al nuevo presidente. El enfrentamiento entre ambos líderes derivó en la fractura del movimiento Alianza País, precipitada por la condena por el caso Odebrecht de Jorge Glas (vicepresidente de Rafael Correa y, también de Lenín Moreno, hasta su detención), y por la convocatoria de la consulta popular que, en caso de lograr una mayoría del Sí, supondría el fin del correísmo ante la imposibilidad de una futura candidatura del ex presidente y por la derogación de algunos de sus proyectos más emblemáticos.

La del próximo domingo es la tercera consulta popular que celebra el país andino desde que esta figura jurídica fuera aprobada en la Constitución de Montecristi de 2008. Sin embargo, la coyuntura en la que fue convocada e, incluso, las dudas respecto a su constitucionalidad por parte de algunos sectores, conduce a diversas interpretaciones respecto a la estrategia oficialista que subyace al referéndum. Las personas afines a Correa sostienen que esta no es una consulta popular, sino una tercera vuelta con la que Moreno buscaría legitimar su gobierno después de la ajustada victoria electoral obtenida el pasado año, a la vez que un amplio apoyo al Sí sostendría su liderazgo en el interno de Alianza País.

Como no podía ser de otro modo, las disputas domésticas en el partido de gobierno han sido oportunamente capitalizadas por los sectores de derecha, que incluso han llegado a atribuirse, como lo hiciera el candidato de CREO, Guillermo Lasso, el papel determinante en la convocatoria realizada por el gobierno. Precisamente, el apoyo al Sí por parte de los sectores que mayor oposición demostraron a las políticas de Correa (solo hay que recordar las protestas de 2015) da argumentos suficientes a las y los defensores del No para interpretar la consulta como una estrategia para poner fin al legado correísta.

La heterogeneidad de actores que suscriben el Sí a las respuestas contempladas en la convocatoria también es vista como un guiño de Moreno a los sectores desencantados o abiertamente enfrentados a las políticas de la Revolución Ciudadana, lo que le permitiría ampliar su base de apoyo social tanto a la derecha como a la izquierda. En este amplio espectro de críticos con la anterior etapa se ubican, además de la oposición partidista de derecha, las élites interesadas en empujar al gobierno de Moreno hacia un modelo económico de carácter neoliberal, pero también las organizaciones y movimientos que, pudiendo haber sido aliados coyunturales del proceso, terminaron situándose en la oposición de izquierda.

Entre quienes protagonizaron graves disputas con el entonces presidente se identifican los movimientos indígena, sindical, ecologista y feminista, que denunciaron la deriva derechista de Correa en sus últimos años de mandato a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con Europa, la firma de alianzas público-privadas o las concesiones a transnacionales para la explotación energética.

Siete preguntas en el debate

Las preguntas que conforman la consulta ciudadana responden a algunos de los asuntos que mayor polémica causaron en los dos mandatos del ex presidente o a aquellos que en los últimos meses han generado alarma en la sociedad. Cuatro de las siete preguntas afectan directamente a los intereses del correísmo.

Un respaldo afirmativo a la primera pregunta supondría la inhabilitación en la vida política ecuatoriana de aquellas personas condenadas por casos de corrupción, como lo están siendo algunos de los miembros de los últimos gobiernos, incluido Jorge Glas, el político más cercano a Correa y cuya inocencia es defendida por el ex presidente a pesar de la existencia de una condena.

La segunda pregunta se refiere a la derogación de la enmienda constitucional por la que quedaría sin efecto la reelección indefinida de cargos públicos y cuya aprobación en diciembre de 2015 se convirtió en un argumento más de la oposición para denunciar el rumbo antidemocrático que había tomado la gestión de Correa. El respaldo afirmativo a esta pregunta cerraría tanto al ex mandatario como a los dirigentes que le acompañaron desde el inicio de su proyecto político cualquier posibilidad de presentar una candidatura que le permitiera regresar las instituciones ecuatorianas.

La tercera pregunta de la consulta se refiere al futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), una institución autónoma nacida de la Función de Transparencia y Control Social, una de las cinco funciones del Estado. Los partidarios del No sostienen que la inclusión de esta pregunta supone un ataque al espíritu de la Constitución de Montecristi, que, con esta institución, trataba de promover la transición hacia una democracia participativa, mientras que los partidarios del Sí denuncian la instrumentalización partidista de este organismo fiscalizador.

El escándalo provocado por los casos de abusos sexuales hacia niños y niñas en diferentes colegios del país justifica la cuarta pregunta sobre el acuerdo para enmendar la Constitución e impedir la prescripción de los delitos sexuales. Aunque el lema “Siete veces no” persigue evitar confusiones el día la votación, lo cierto es que el rechazo en bloque a todas las preguntas incluiría una cuestión sobre la protección a la niñez en la que existe un acuerdo social.

En sexto lugar se recoge la pregunta acerca de la derogación de la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como “Ley de Plusvalía”. La presentación de este proyecto de ley, que perseguía evitar la especulación inmobiliaria sobre el suelo, motivó en 2015 protestas lideradas por unos sectores de derecha que, de manera habilidosa, fueron capaces de movilizar a las clases medias, a pesar de tratarse de una medida que solo podía afectar a una reducida élite propietaria. La presión obligó al presidente Correa a retirar el proyecto de ley que, finalmente, pudo ser aprobado un año después.

Las preguntas cinco y siete de la consulta se dirigen sin duda a dos de los sectores enfrentados a Correa durante gran parte de su mandato: el movimiento ecologista, que retiró su apoyo al presidente a partir del anuncio de explotación del Yasuní-ITT, y los pueblos y nacionalidades indígenas que habitan en los territorios amenazados por la concesión del Estado a transnacionales extractivistas.

La quinta cuestión se refiere a la prohibición de la minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, mientras que en la séptima y última pregunta se plantea el apoyo al aumento de la protección al Parque Nacional Yasuní y a la reducción de la zona de explotación petrolera que en su momento fue aprobada por la Asamblea Nacional. Para el movimiento ecologista, no obstante, estas preguntas responden más a los intereses en juego al interior del partido de gobierno que a una intención real de poner fin a un modelo desarrollista, en tanto que, por ejemplo, la pregunta sobre minería, tal y como está formulada, no resolvería el escenario actual.

El día después de la consulta

De las cuarenta organizaciones inscritas en el Consejo Nacional Electoral para participar en la campaña por la consulta popular, 36 apoyan las tesis por el Sí y solo cuatro defienden el No. Ante una previsible victoria del Sí, la cuestión fundamental el día después de la consulta es determinar quién o qué sectores tendrán la habilidad de capitalizar la victoria del oficialismo.

El No solo es atribuible a los grupos leales al ex presidente, de manera que, si el rechazo a las preguntas obtiene el 25 o 30 por ciento de los votos, el sector liderado por Correa se convertiría en la segunda, o incluso, primera fuerza política del país, ante la fragmentación de los resultados del Sí.

Cualquier escenario pone a Lenín Moreno en una situación de debilidad. El actual presidente deberá compartir los resultados del Sí con los actores que han apoyado la consulta, especialmente los partidos de derecha, que no perderán la oportunidad de capitalizar una probable victoria y obtener legitimidad para presionar al actual gobierno. Por otro lado, la fractura de Alianza País también en el bloque de la Asamblea Legislativa dificultaría la gestión del ejecutivo, que se verá en la necesidad de negociar con más actores en la cámara de representación.

Ante este escenario, las personas críticas pero aún leales al proyecto de la Revolución Ciudadana advierten que esta fractura solo favorecerá a una derecha que hasta el momento no había sido capaz de traducir en votos el desgaste de Rafael Correa, quien por otra parte, perdió la oportunidad de crear una base popular sólida con capacidad para defender un proyecto de izquierda a su salida del gobierno.


Mª Cruz Tornay es colaboradora de Pueblos – Revista de Información y Debate.


 

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